María Mirella González Leal
Expediente 1411/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1411/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 29/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- María Mirella González Leal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien se encuentra facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Único. Se sobresee
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Se agrega oficio. Glósese el oficio de cuenta que firma el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado por acuerdo de cuatro de febrero del presente año, remite copia certificada de las constancias, relacionadas con el pago de la pensión que se efectúa a la quejosa, substancialmente las relativas al cálculo de dicho pago y los descuentos efectuados a la pensión de la aquí quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por exhibidas las documentales anexas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, concretamente, el informe justificado rendido por el encargado de despacho de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede de esta ciudad, del cual se advierte que la mencionada autoridad niega el acto reclamado por la quejosa; y, en consideración de que, por otra parte, la diversa autoridad responsable Congreso del Estado de Sonora, admite como cierto la existencia del reclamo que le opone la parte quejosa, consistente en la aprobación de la norma reclamada, lo que implica la aplicación en su caso de la misma. Requerimiento. En tal medida, advirtiéndose que el asunto versa sobre derechos pensionarios, y que el impetrante ofertó solo prueba documental relativa al recibo de pago, por ello, se considera necesario contar con elementos suficientes para dilucidar la materia del fondo del asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias, en relación con el pago de la pensión que se efectúa a la quejosa; substancialmente las relativas al cálculo de dicho pago y los descuentos efectuados a la pensión de la quejosa; o bien, manifieste la imposibilidad legal o material que al efecto tuviere. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo establecido, salvo impedimento legal que al efecto tuviere, con apoyo en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Lo anterior, a fin de estar en aptitud de resolver el presente juicio de derechos. Se cita como apoyo a lo determinado, lo señalado por el alto tribunal, en el criterio contenido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de la Nación, página 1106, Libro 11, octubre de 2014, con registro 2007681, cuyo rubro y texto son: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS. Conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca del juicio deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el administrativo; de lo cual se deduce que si bien esta norma se refiere a determinados sujetos y a dos tipos de relaciones jurídicas específicas, como son, por un lado, las personas que cumplen con su deber social y su derecho al trabajo y, por otra, quienes las emplean, ya sea dentro de un vínculo laboral o de orden administrativo, lo cierto es que las razones que en estos supuestos inspiran la obligación del órgano de amparo para suplir la deficiencia de la queja a favor del trabajador no se agotan con motivo de la jubilación o retiro de quien había estado subordinado a un empleador, pues las causas que originaron el auxilio que la ley les brindaba durante su época laboralmente activa no sólo se mantienen, sino que incluso se agudizan, porque lo habitual es que como pensionistas sus ingresos se reduzcan y, con ello, la posibilidad de contar con asesoría legal adecuada. Así, esta Segunda Sala determina que tratándose de juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contenciosoadministrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, ya sea por los interesados o por sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de tales pretensiones, en la inteligencia de que este deber sólo tiene razón de ser cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, pues si el juzgador no advierte que dicha suplencia lo conduzca a esta finalidad provechosa para el particular, bastará con que así lo declare sin necesidad de que haga un estudio oficioso del asunto, el cual, por carecer de un sentido práctico, sólo entorpecería la pronta solución del litigio en perjuicio de los propios justiciables." Es así, ya que resulta obligación de toda autoridad cuidar y garantizar que los derechos humanos sean respetados en armonía con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, especialmente cuando se trate de derechos de importancia superior, como son la reducción o pago de pensiones, como ocurre en el caso. Se cita también como apoyo, en lo conducente, las consideraciones anteriores, fueron tratadas también en la jurisprudencia IV.2o.A. J/6 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 2, página 1031, Décima Época, con registro digital 2003771, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. SUS ALCANCES A RAÍZ DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 10 DE JUNIO DE 2011." Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las once horas con un minuto del nueve de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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