María Minerva Contreras Hernández
Expediente 748/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 748/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 04/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María Minerva Contreras Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ciudad de México, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el nueve de febrero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo. En consecuencia, conforme lo establece el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado. En esas condiciones, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, nueve de febrero de dos mil veintidós. V I S T O S para resolver los autos principales del juicio de amparo 748/2021, promovido por María Minerva Contreras Hernández, por propio derecho, contra actos del Director General del Registro Nacional de Población e Identidad de la Secretaría de Gobernación; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el cuatro de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, turnado a este órgano jurisdiccional en la misma materia y jurisdicción el día hábil siguiente, María Minerva Contreras Hernández, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto, en contra de la autoridad responsable y por el acto reclamado siguientes: "III) Señalo como autoridad responsable en el presente juicio a: ÚNICO. Titular del Registro Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación." "IV) Los actos que reclamo de la autoridad señalada como responsable, son: ÚNICO. Reclamo la violación de mi derecho de tener una sola clave única de registro de población, pues se me han emitido dos y no se ha corregido esta situación por parte de la responsable." SEGUNDO. Derechos fundamentales. La quejosa señaló que no existe tercero interesado; narró los antecedentes del acto reclamado; indicó como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 6, 8, 13, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, formuló los conceptos de violación que estimó conducentes. TERCERO. Prevención. Por razón de turno, tocó conocer de la demanda de amparo a este Juzgado de Distrito, el que por auto de ocho de junio de dos mil veintiuno (fojas 15 a 21), la registró bajo el expediente 748/2021; y, previno a la parte quejosa para que aclarara su demanda respecto de los siguientes puntos: "Motivos de la prevención. 1. Precisión de actos reclamados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Tan es así, que el Pleno del Alto Tribunal ha establecido que cuando el Juez de Distrito proceda a la fijación de los actos reclamados no se debe atender a lo que en apariencia dijo el quejoso, sino a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Esta situación obedece a que la precisión del acto reclamado tiene como finalidad poder fijar de manera clara la materia del juicio de amparo, de tal manera que las autoridades responsables estén en aptitud de manifestar con claridad si emitieron ese acto, o bien, como en el caso, si les es atribuible alguna omisión y defender su constitucionalidad. En ese sentido, se tiene que del capítulo correspondiente, se aprecia que la promovente reclama de la autoridad responsable, la omisión para corregir la situación en la que se encuentra la parte quejosa al emitir dos registros de Clave Única de Registro de Población (CURP). Ahora bien, en el numeral "10" del capítulo relativo a los antecedentes de los actos reclamados, señala que la responsable se ha abstenido de dar respuesta a tres escritos elevados ante su potestad. Asimismo, de su concepto de violación CUARTO, la quejosa hace referencia a una violación a los artículos 8 y 14 Constitucionales por parte de la autoridad responsable al ser omisa en otorgarle "la emisión de unas placas para que mi unidad circule", no obstante del capítulo correspondiente, no se advierte que dicho acto haya sido señalado como reclamado. Por lo anterior, deberá precisar los actos que reclama de la autoridad que señala como responsable, esto es, si en el caso es la omisión de corregir su situación y dejar solo una Clave Única de Registro de Población (CURP), o, si lo que reclama mediante la presente vía es la omisión de dar respuesta a los escritos a que hace referencia, de ser este el caso, deberá exhibir los acuses de recibo de los mismos, o si en su caso reclama la omisión de emitir una placa para que su unidad circule. Asimismo, deberá considerar que el correcto señalamiento del acto reclamado es la descripción de la conducta activa (hacer) o pasiva (omisión) que realiza la autoridad y que considera lesiona su esfera jurídica, prescindiendo de adjetivos ajenos, esto es, la actuación específica de autoridad se traduce, en un oficio, resolución, orden, etcétera, los cuales deberá señalar de manera clara y precisa, prescindiendo de elementos ajenos que dificulten su precisión, así como calificativos o argumentos encaminados a demostrar su constitucionalidad o inconstitucionalidad. (.) En el entendido de que el desahogo de la prevención deberá ser de forma clara y precisa sin contener omisiones, ni afirmaciones obscuras e imprecisas. (.)" CUARTO. Escrito aclaratorio. Mediante escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitido a este Juzgado de Distrito el día siguiente (fojas 25 a 28), la parte quejosa en cumplimiento al proveído que antecede, precisó lo siguiente: "(.) 1.- Precise el acto reclamado. El acto reclamado consiste en la expedición de dos claves únicas de registro de población y asociar a una tercera inclusive con datos diferentes como son: Clave Única de Registro de Población COHM550822MDFNRN03. Clave Única de Registro de Población COHM550822MDFNRN11. Haber asociado a la clave COHM550822MDFNRN11, la clave COHM551022MDFNRN09, la cual como se puede apreciar, contiene como mes de nacimiento el de octubre que es el mes 10 en lugar del de agosto que es el 08. Lo cual es completamente improcedente, siendo que solamente debo de tener una Clave Única de Registro de Población. 2.- Aclare el hecho 10 de mi escrito inicial de demanda. (.) Debiendo decir: 10.- Que la responsable se abstiene de resolver en su sistema mis peticiones verbales de aclaración, consistentes en: (.) 3.- Aclare el cuarto concepto de violación. En el cuarto concepto de violación dice: (.) DEBIENDO DECIR: (.)" QUINTO. Admisión de la demanda. Por acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintiuno (fojas 36 a 43), este Juzgado de Distrito tuvo por desahogado el requerimiento formulado en autos; admitió a trámite la demanda de amparo; requirió a las autoridades responsables su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le corresponde y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. SEXTO. Adscripción de nuevo titular de este órgano jurisdiccional. Para efectos del artículo 51 y 52 de la Ley de Amparo, mediante proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 93 y 94), se hizo del conocimiento de las partes que en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó que a partir dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el suscrito Ulises Oswaldo Rivera González, será titular de este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; como se desprende del oficio SEADS/1104/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por Sergio Aldo Lamas Torres, Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. SÉPTIMO. Celebración de la audiencia constitucional. Previos los trámites legales correspondientes, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el juicio de amparo en que se actúa, con apoyo en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos primero, fracción I, segundo, fracción I, numeral 3, y cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama un acto de carácter omisivo de naturaleza administrativa y la demanda se presentó dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Sustenta lo anterior la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, de su escrito aclaratorio, así como de la totalidad de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la quejosa reclama del Director General del Registro Nacional de Población e Identidad de la Secretaría de Gobernación: ? La omisión de corregir la clave única de registro de población de la quejosa, al contar con las diversas COHM550822MDFNRN03 y COHM550822MDFNRN11 y, haber asociado a la COHM550822MDFNRN11, la COHM551022MDFNRN09, cuando sólo debe tener una. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Director General del Registro Nacional de Población e Identidad de la Secretaría de Gobernación (fojas 74 a 77), consistente en la omisión de corregir la clave única de registro de población de la quejosa, al contar con las diversas COHM550822MDFNRN03 y COHM550822MDFNRN11 y, haber asociado a la COHM550822MDFNRN11, la COHM551022MDFNRN09, cuando sólo debe tener una. Pues si bien, dicha autoridad por un lado lo negó, por otro lado lo reconoció, al señalar que no contaba con la documentación suficiente para la corrección correspondiente. No pasa desapercibido para este Juzgado de Distrito el que por oficio DIPE/941/3040/2021 presentado el siete de diciembre de dos mil veintiuno, a través del Portal en Línea del Poder Judicial de la Federación (fojas 97 a 100), la autoridad responsable haya informado sobre la corrección de la clave única de registro de población de la ahora quejosa, exhibiendo al efecto, la constancia relativa a dicha corrección; sin embargo, ello ocurrió con posterioridad a la presentación de la demanda (cuatro de junio de dos mil veintiuno). De ahí que el acto reclamado es cierto. CUARTO. Improcedencia y sobreseimiento. Previamente al estudio de constitucionalidad del acto reclamado, procede el análisis de las causas de improcedencia, toda vez son de estudio oficioso y preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgado de Distrito advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues cesaron los efectos de la omisión reclamada, toda vez que ya se hizo la corrección solicitada por la parte quejosa de su clave única de registro nacional de población. El citado artículo establece: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Conforme al precepto legal transcrito, la actualización de esa causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable derogue o revoque el acto de molestia y, si éste es de carácter omisivo, que realice la conducta cuya omisión se le reclama; de modo tal que se destruyan en forma total e incondicional todos los efectos del acto u omisión y que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Esto es, como si el acto u omisión no hubieren invadido la esfera jurídica del particular, o bien, habiendo irrumpido en ella, no dejen huella de dicha afectación. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Consideración que encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el presente caso, se actualiza la referida causa de improcedencia, porque la autoridad responsable Director General del Registro Nacional de Población e Identidad de la Secretaría de Gobernación, mediante oficio DIPE/941/3040/2021 presentado el siete de diciembre de dos mil veintiuno, a través del Portal en Línea del Poder Judicial de la Federación (fojas 97 a 100), informó sobre la corrección en la duplicidad de la clave única de registro de población de la ahora quejosa, precisando que la única que se encuentra vigente es la COHM550822MDFNRN11. Al efecto, la mencionada autoridad exhibió la constancia de la clave única de registro de población de la quejosa COHM550822MDFNRN11 (foja 100), en la que se precisó que se encuentran asociadas por corrección las claves únicas de registro de población COHM551022MDFNRN09 y COHM550822MDFNRN03. En las relatadas condiciones, se estima que ya cesaron los efectos de la omisión reclamada, en virtud de que la situación jurídica y de hecho que dio origen al presente juicio de amparo quedó extinguida, pues como se advierte de las constancias de autos, ya se efectuó la corrección de la clave única de registro de población de la quejosa; de manera que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada, debido a que ya se alcanzaron los beneficios prácticos que podría reportar la concesión del amparo en contra de la omisión reclamada. En virtud de las consideraciones expuestas, al acreditarse plenamente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, de conformidad con el diverso 63, fracción V, de la citada ley. Sin que proceda hacer mayor pronunciamiento en relación con los alegatos de la parte quejosa, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que los alegatos no forman parte de la litis del juicio de amparo. Sirve de apoyo a la consideración expuesta, la jurisprudencia 27/94 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 80, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, página 14, que dispone: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, 'así como los demás razonamientos de las partes', a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por lo expuesto y fundado; se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese; y, personal a la parte quejosa. Lo resolvió y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Felipe Camacho Silva, Secretario de juzgado que autoriza y da fe, hoy nueve de febrero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA CELEBRADA En la Ciudad de México, a las doce horas con treinta y cinco minutos del trece de enero de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo 748/2021, promovido por María Minerva Contreras Hernández, por propio derecho, en audiencia pública, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido del Secretario Carlos Alberto García López, en cumplimiento al artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a declararla abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el secretario hace relación de todas y cada una de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentran la demanda de amparo y anexos, escrito aclaratorio, auto admisorio, las constancias de notificación a las partes y el informe justificado de la autoridad responsable, así como los acuerdos en donde se proveyó lo conducente. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo de ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales exhibidas en el juicio, así como con la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su propia y especial naturaleza, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, pues es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto. Se cierra el periodo de pruebas. Acto seguido, se procede al desahogo de la etapa de alegatos y el secretario hace constar que la parte quejosa los formuló, no así las demás partes y, que el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito a este Juzgado Federal no formuló pedimento o intervención ministerial. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la parte quejosa, sin perjuicio de tomarlos en consideración al momento de resolver en definitiva; asimismo, se tiene por precluido el derecho de las demás partes para formularlos. Con lo que se concluye el período de referencia. Al no existir diligencias pendientes de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda. Doy fe. El Juez El Secretario
- Principal
En treinta de diciembre de dos mil veintiuno, el Secretario Jorge Alberto González Sosa da cuenta al Secretario Encargado del Despacho, Felipe Camacho Silva, con el escrito registrado en el libro de correspondencia con el folio 24226. Conste. Secretario Ciudad de México, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por la quejosa ********************, a través del cual, desahoga el requerimiento formulado mediante acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, y al efecto realiza diversas manifestaciones respecto del presente sumario, en el sentido de que no han cesado los efectos del acto reclamado, solicita copia de diversas documentales que obran en el presente expediente y ofrece prueba documental. En atención a su contenido, y con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, ténganse por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, sin perjuicio de relacionarlos y tomarlos en consideración en el momento procesal oportuno. Asimismo, dígasele a la ocursante que deberá estarse a lo ordenado mediante acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, mismo en el que se autorizó a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastaría: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Finalmente, con apoyo en el artículo 119, segundo párrafo de la Ley de Amparo, ténganse como prueba de la parte quejosa, la documental que exhibe; sin perjuicio de hacer relación de ésta en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Lo proveyó y firma Felipe Camacho Silva, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de seis de diciembre de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/4780/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo mencionado realizado en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, asistido de Jorge Alberto González Sosa, Secretario de Juzgado, que autoriza y da fe. El Secretario Encargado El Secretario del Despacho mrm
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