Maria Minerma Cruz Jimenez
Expediente 481/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 481/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Maria Minerma Cruz Jimenez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de agosto de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), se determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción I (expedientes de juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) Carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 481/2023; y R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. ********************, por conducto de su apoderado ********************, mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, y turnada a este Juzgado Federal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a los Integrantes y Presidente de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez; que estimó violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 1º, 14, 17, 115, fracción VIII, 123 y 133 de la Constitución Federal, y que se precisarán en el considerando segundo de este fallo. SEGUNDO. Admisión y trámite. A este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por razón de turno, le correspondió conocer de la referida demanda, que se registró con el número de juicio 481/2023; y en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, previo cumplimiento al requerimiento de veintidós de los referidos mes y año (fojas 11 - 14 y 21 - 24), este órgano jurisdiccional determinó admitir la demanda de amparo, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de veintitrés de junio del año que transcurre, se ordenó emplazar a la persona moral tercera interesada ******************** y la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que tienen su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, lo siguiente: De los Integrantes y Presidente de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca: 1. La omisión de proveer el escrito de veinte de enero de dos mil veintitrés, en que la parte actora solicitó que se declarara firme el laudo dictado el quince de diciembre de dos mil veintiuno, en el expediente laboral ********************, se procediera a su ejecución y se requiriera a la demandada, el cumplimiento voluntario de lo condenado en el laudo. 2. La omisión de hacer cumplir el laudo dictado en el juicio laboral ********************. 3. La omisión de dictar las medidas necesarias para ejecutar el laudo de quince de diciembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral ********************. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Presidente de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en representación de los integrantes de la misma, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados, pues refirió que dentro de sus atribuciones no se encuentra la de ejecutar el laudo, emitido en el expediente laboral ********************. Luego, como lo refiere la responsable, el acto que se le atribuye es inexistente, pues los actos relacionados con la ejecución del laudo, se encuentran conferidos a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de las Juntas Especiales, en términos de lo previsto por el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, aplicable en la tramitación de dicho juicio, que dice: "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita." Por lo tanto, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna para comprobar lo contrario, ni de autos se desprende su existencia; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. En apoyo a lo anterior se cita la tesis 1a. XXIV/98, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo VII, Junio de 1998, que aparece publicada en la página 53 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital 196080, que dice: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Por su parte, el Presidente de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al rendir su informe justificado, convino en la existencia de los actos reclamados (fojas 31 - 32), consistentes en la omisión de proveer el escrito signado por el apoderado de la trabajadora, de veinte de enero de dos mil veintitrés, en que solicitó que se declarara firme el laudo dictado el quince de diciembre de dos mil veintiuno, se procediera a su ejecución y se requiriera a la demandada, el cumplimiento voluntario de lo condenado en el laudo, dictado en el expediente laboral ********************, así como la omisión de dictar las medidas eficaces para hacer cumplir el referido laudo. Lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio laboral ********************a las que se les le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo al diverso numeral 2° de la Ley de Amparo, de donde se advierte que en la fecha de la presentación de la demanda no se había dado respuesta a la petición formulada por la actora, mediante ocurso de veinte de enero de dos mil veintitrés y tampoco se habían dictado las medidas necesarias encaminadas a cumplir el laudo; de ahí la existencia de los actos que se le atribuyen. Por lo que se tienen por ciertos los actos reclamados. QUINTO. Causas de improcedencia. Antes de estudiar la materia de fondo de la litis constitucional, se debe analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que de advertir que se actualiza una causa de improcedencia que impida la resolución de la contienda en el fondo, se debe sobreseer; tópico que es de obligado examen lo invoquen o no las partes, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Este Juzgado Federal considera que en cuanto al acto reclamado consistente en la omisión de proveer el escrito de veinte de enero de dos mil veintitrés, en que se solicitó que se declarara firme el laudo dictado el quince de diciembre de dos mil veintiuno, se procediera a su ejecución y se requiriera a la demandada, el cumplimiento voluntario de lo condenado en el laudo, dictado en el expediente laboral ********************, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." De tal dispositivo se deduce que el juicio de amparo carece de razón cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica. En efecto, la citada causa de improcedencia se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o son destruidos en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo cual el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; por lo que resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, con número de registro digital 193758, de epígrafe y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De las constancias deducidas del juicio laboral de origen ********************, se advierte que en auto de siete de junio de dos mil veintitrés (foja 47), la autoridad laboral responsable proveyó la solicitud del apoderado de la quejosa, presentado el veinte de enero de dos mil veintitrés, en que se solicitó que se declarara firme el laudo dictado el quince de diciembre de dos mil veintiuno, se procediera a su ejecución y se requiriera a la demandada, el cumplimiento voluntario de lo condenado en el laudo. En dicho auto, la Presidenta Ejecutora dictó auto de requerimiento de pago o en su caso embargo, con efectos de mandamiento, comisionando al Actuario adscrito para que en compañía de la actora se constituyera en el domicilio de la demandada ********************. ********************, le requiriera el pago de la cantidad a que fue condenada en el laudo firme de quince de diciembre de dos mil veintiuno, por la cantidad de ********************y en caso de negativa de pago, embargara bienes de su propiedad suficientes para cubrir el monto de la condena. El referido acuerdo fue notificado a la parte actora el catorce de junio de dos mil veintitrés (foja 48). De lo anterior se deduce que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -dieciocho de mayo de dos mil veintitrés -, el Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en el juicio laboral ********************, de su índice, mediante proveído de siete de junio del año que transcurre, dio contestación de manera congruente a lo solicitado por ********************, apoderado de la actora ********************, por escrito de veinte de enero de dos mil veintitrés, presentado en la misma fecha. También se actualiza la referida causa de improcedencia, por lo que hace a los diversos actos reclamados consistentes en la omisión de hacer cumplir el laudo dictado el quince de diciembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral ******************** y de tomar las medidas necesarias para ejecutarlo, por lo siguiente. De las copias certificadas obtenidas del citado juicio laboral, se tiene que: 1. El quince de diciembre de dos mil veintiuno, la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el juicio laboral ********************, dictó el laudo que en sus puntos resolutivos primero a quinto, dice (fojas 33 - 37): "[.] PRIMERO. Se deja insubsistente el laudo de veintiuno de octubre del año dos mil diecinueve, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en los ********************, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito. SEGUNDO. La parte actora probó parcialmente su acción y los demandados acreditaron parcialmente sus defensas y excepciones. TERCERO. Se condena a ********************a reinstalar a la actora en términos de la presente resolución, al pago de salarios caídos, incrementos, ordenándose la apertura del incidente de liquidación, por lo que respecta a esta prestación, hasta por la cantidad de $********************), salvo error u omisión aritmética involuntaria, lo anterior en términos de la presente resolución. CUARTO. Se absuelve a la demandada ********************prima vacacional, aguinaldo, media hora de descanso, días de descanso semanal y obligatorio, horas extras, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, cuotas al IMSS, INFONAVIT Y AFORE y diferencias salariales, lo anterior en términos de la presente resolución. QUINTO. Se absuelve a los codemandados físicos de todas y cada una de las prestaciones que les reclama la parte actora, en términos de la presente resolución. [.]" 2. Mediante acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintidós, se agregó el oficio 1524, proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, por el que informó que fue negado el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********************en el juicio de amparo directo ******************** (foja 42). 3. Mediante escrito presentado el veinte de enero de dos mil veintitrés, ********************, apoderado de la trabajadora, solicitó que se declarara firme el laudo dictado el quince de diciembre de dos mil veintiuno, se procediera a su ejecución y se requiriera a la demandada, el cumplimiento voluntario de lo condenado en el laudo, dictado en el expediente laboral ******************** (foja 45). 4. En respuesta a dicha petición, el Presidente Ejecutor de la Junta responsable, emitió el proveído de siete de junio de dos mil veintitrés (foja 47), en que a efecto de tener por cumplido el laudo dictado en el juicio laboral, realizó lo siguiente: * Comisionó al Actuario adscrito para que en compañía de la actora se constituyera en el domicilio de la demandada ********************. ********************, le requiriera el pago el cumplimiento del laudo firme de quince de diciembre de dos mil veintiuno, por la cantidad de ********************y en caso de negativa de pago, embargar bienes de su propiedad suficientes para cubrir el monto de la condena. De ahí que, el siete de junio de dos mil veintitrés, se emitió auto en que se adoptaron las medidas necesarias con la finalidad de que la persona moral demandada ********************. ********************, cumpla con la totalidad de las prestaciones que fueron materia de análisis en el procedimiento laboral de origen. Lo anterior demuestra, que si bien la autoridad responsable ocasionó la paralización del expediente laboral de origen (al omitir dictar la determinación correspondiente al escrito que presentó la ahora quejosa, el veinte de enero de dos mil veintitrés), dicha omisión cesó con la emisión del referido auto de siete de junio del año en curso (fecha posterior a la presentación de demanda, que ocurrió el dieciocho mayo de dos mil veintitrés). En tales condiciones, si la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo, debido a la omisión de la autoridad responsable, en dictar las medidas pertinentes para lograr el cumplimiento del laudo emitido el quince de diciembre de dos mil veintiuno, dejó de existir la situación que dio motivo a la interposición del presente juicio, reponiéndose a la quejosa el derecho fundamental que consideró vulnerado. Máxime, que resulta indispensable, que la actora solicite al presidente ejecutor que continúe la ejecución del laudo, puesto que la ley laboral no contiene precepto alguno que establezca la obligación de las Juntas de impulsar de manera oficiosa el procedimiento de ejecución del laudo, ni de requerir al trabajador para que promueva a fin de hacer valer su derecho adquirido e interrumpir el término de su prescripción. Lo expuesto, encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo aplicable en el trámite del citado juicio, que establece, lo siguiente: "Artículo 771.- El Tribunal cuidará, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante él se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar sentencia, salvo disposición en contrario." Dicho precepto expresamente establece que los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario; lo que pone de manifiesto que la autoridad laboral sólo tiene la obligación de impulsar el procedimiento cuando se encuentre en trámite para que no opere la caducidad, no así respecto a la ejecución del laudo, pues respecto de ella es susceptible de operar la prescripción en perjuicio del trabajador. Así es, ningún precepto de la Ley Federal del Trabajo dispone tal circunstancia, sino por el contrario, el artículo 519, fracción III, prevé el término prescriptivo, así como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la que deriva la jurisprudencia 2a./J. 9/2000, Novena Época, publicada en la página 130 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Febrero de 2000, con número de registro digital 192369, de rubro y texto: "LAUDOS. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE EJECUCIÓN. De lo dispuesto por los artículos 519, fracción III y 521 de la Ley Federal del Trabajo deriva que prescriben en dos años, contados a partir del día siguiente al en que hubiese quedado notificado el laudo, las acciones para solicitar su ejecución y que la prescripción se interrumpe por la sola presentación de cualquier promoción ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Por su parte, los diversos preceptos 945 y 950 de la invocada ley disponen que los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación y que, transcurrido este término, el presidente de la Junta, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo. De estos preceptos legales se advierte que es requisito indispensable para dictar auto de requerimiento y embargo o de ejecución de laudo, el que la parte que obtuvo lo solicite expresamente, lo cual debe hacer dentro del término de dos años que señala el citado artículo 519, fracción III, de la ley en comento, so pena de que su acción se declare prescrita en atención a que dicha promoción, solicitando la ejecución del laudo o el dictado del auto de requerimiento y embargo, únicamente tiene por efecto interrumpir la prescripción, inutilizando el tiempo transcurrido antes de la interrupción, pero en forma alguna puede tenerlo en el sentido de que con su dictado la prescripción no vuelva nuevamente a correr a partir de éste o después del acto interruptivo; por tanto, es necesario solicitar, antes de que transcurra el término fatal, auto de ejecución, lo cual debe hacerse cada vez que sea necesario, pues, de no interpretarse en ese sentido se contravendría la garantía de certeza jurídica tutelada por el artículo 14 de la Carta Magna, la cual debe prevalecer sobre el interés particular." De ahí que al actualizarse la citada causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 481/2023, promovido por ********************, en términos de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Informes justificados. Agréguense los oficios del presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante los cuales rinde informe justificado por 1) sí y 2) en representación de la citada Junta, como órgano colegiado; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Prueba documental. Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba documental, las que remiten con el oficio de cuenta, consistentes en copia certificada de diversas constancias deducidas del expediente laboral 270/2017; mismas que se desahogan en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional respectiva. Emplazamiento de la parte tercera interesada. Por otra parte, tomando en consideración que de las constancias remitidas, se advierte que le asiste el carácter de tercera interesada a la parte demandada en el juicio laboral de origen "Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotibank", quien, según lo referido por la parte quejosa, tiene su domicilio en la avenida Heroico Colegio Militar número 203, interior 1, colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 fracción I inciso b de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario de la adscripción, para que se haga presente en el domicilio indicado y con copia de a) la demanda de amparo, b) de este auto y c) del diverso acuerdo de admisión, emplace a esta instancia constitucional a la citada persona jurídica, por conducto de su representante legal, a quien deberá requerir para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de esta determinación, señale domicilio en este municipio, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, o zona conurbada, para recibir notificaciones, apercibiéndola que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes, aun aquéllas de carácter personal, se le harán mediante lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, hasta en tanto subsane tal omisión. Se precisa al fedatario de la adscripción, que deberá de cerciorarse que la persona física a la que realice la notificación respectiva, realmente tenga el carácter de apoderado o representante legal de la citada responsable, lo que deberá corroborar con documento idóneo. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INTERESADA.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el escrito de Wilver Quintas Cortez, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de veintidós de mayo del año en curso, para acreditar la personalidad como apoderado de María Minerva Cruz Jiménez, en el expediente laboral J-32/0270/2017 del índice de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, exhibe las siguientes documentales: Carta poder otorgada por María Minerva Cruz Jiménez, el tres de abril de dos mil diecisiete a Wilver Quintas Cortez y otros. Copia con firmas autógrafas de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, celebrada el doce de septiembre de dos mil diecisiete, en los autos del expediente laboral J-32/0270/2017, del índice de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en la que se reconoce a Wilver Quintas Cortez, como apoderado de María Minerva Cruz Jiménez, en ese asunto. Por tanto, se tiene por reconocida la personalidad de Wilver Quintas Cortez, como apoderado de María Minerva Cruz Jiménez, en el expediente laboral J-32/0270/2017, del índice de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca ,y en relación a la demanda inicial se provee: Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por María Minerva Cruz Jiménez, por conducto de su apoderado Wilver Quintas Cortez, contra actos del presidente de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca y otra autoridad. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Requerimiento de informes. Pídase a las responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio que lo solicita, y acompañen copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia de este juicio de amparo, las cuales deberán remitirse digitalizadas y físicamente, aunado a que se exhorta a que sean remitidas mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de la fracción II del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Apercibidas que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, cualquiera de las partes, deberán informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. De igual forma, requiérase a las autoridades responsables para que al momento de rendir su informe justificado, de ser cierto el acto reclamado, manifiesten si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente, del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señalen ante qué autoridad federal se radicó y remitan las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndolas que de no hacerlo, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 259 del mismo ordenamiento. Audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Terceros interesados. Se reserva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5°, fracción III, de la ley de la materia, hasta en tanto las autoridades responsables rindan su informe justificado. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales de la parte quejosa, la que anexa a su escrito inicial de demanda así como las que exhibió a su escrito aclaratorio, mismas que se tienen por desahogadas en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. Autorizados. Téngase a la parte quejosa autorizando en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, a las personas que señala, conforme a la certificación de cuenta. Consulta del expediente electrónico. Toda vez que el promovente proporcionó los usuarios "********************" y "********************" - que se localizaron como válidos conforme a la certificación de cuenta-; por consiguiente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 13 y 14 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, se le autoriza únicamente la consulta vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo. Datos de contacto. Téngase proporcionando los correos electrónicos y números telefónicos que se indican en la demanda de amparo, como medios de contacto no procesal en casos necesarios. Exhortación a tramitar el asunto en línea. Se exhorta a las partes para que durante la tramitación de este asunto, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; para lo cual deberán proporcionar el nombre de usuario con que se encuentra registrados en el citado portal; además, del acceso al expediente electrónico, soliciten la práctica de notificaciones electrónicas con su nombre de usuario, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, a efecto de continuar con el trámite de este asunto en "Línea". Intervención. Dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Otras providencias. Finalmente, respecto del domicilio, habilitación de horas, uso de medios electrónicos, integración del expediente físico y electrónico y consulta del expediente electrónico; no es el caso realizar pronunciamiento al respecto, dado que en auto de radicación de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, se proveyó al respecto. NOTIFÍQUESE.
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