María Minelia Pool Cob
Expediente 1362/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1362/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María Minelia Pool Cob
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de veintiuno de julio de dos mil veintidós, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar, se declara que CAUSA EJECUTORIA la referida sentencia que en su punto resolutivo primero, sobreseyó en el presente asunto. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del referido Acuerdo. Como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con cinco minutos del veintiuno de julio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del licenciado Diego Jezreel Nieto Bianchi, Secretario con quien actúa y da fe, procede a celebrar la misma. Acto seguido, el Secretario procede a dar cuenta al Juez con las constancias que integran el presente sumario, con el emplazamiento del tercero interesado Raúl del Socorro Echeverría Monsreal (fojas 14 a 16) y con el informe del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad (promoción 14419, fojas 17 a 117). A lo que el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede, por rendido el informe de la responsable en comento, el cual obra agregado con conocimiento de las partes. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la autoridad responsable. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, por lo que se declara cerrada esta etapa. A continuación, se declara abierto el periodo de alegatos y el Secretario hace constar que no fueron formulados por las partes, ni por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; por lo que se cierra este periodo procesal. Seguidamente, al no existir diligencias pendientes por desahogar, el Juez que preside esta audiencia pronuncia la resolución que corresponde, en los siguientes términos: Visto para resolver el juicio de amparo 1362/2022-IX-A, promovido por María Minelia Pool Cob; y RESULTANDO: Primero. Demanda. Por escrito presentado el veintisiete de mayo de este año, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el treinta de mayo siguiente a este órgano jurisdiccional, compareció María Minelia Pool Cob, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Segundo. Trámite. Por auto de treinta y uno de mayo de la anualidad, se admitió a trámite la demanda bajo el número 1362/2022-IX-A; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 61 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. Fijación de lo actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclamó del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad: - La omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 233/2018. Tercera. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad (promoción 14419, foja 17), pues no obstante que en su informe justificado lo acepta, de las constancias que remitió como a poyo a éste, se desvirtúa dicha certeza. Documentales que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. En efecto, de dichas constancias se aprecia que a la fecha en la que se promovió la demanda (veintisiete de mayo de la anualidad), la responsable no se encontraba en posibilidad de emitir el laudo en el juicio de origen, con motivo de que faltaba el desahogo de una probanza a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, relativa al informe respecto de una cuenta bancaria de la parte demandada; incluso, mediante auto de catorce de junio de este año, la Junta responsable giró nuevo oficio a esa dependencia con el fin de precisar la institución bancaria a la que pertenece ésta (foja 113). De ahí que no pueda establecerse que a esa fecha había la omisión imputada a la autoridad laboral, al no encontrarse ésta en posibilidad de dictar el laudo respectivo, puesto que de conformidad con el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, primero se tendría que haber desahogado la indicada probanza con el fin de que la Junta responsable se encontrara en posibilidad de otorgar el plazo correspondiente para los alegatos y, posteriormente, declarar cerrada la instrucción, para estar en aptitud de resolver en definitiva la controversia laboral planteada. Al respecto, cabe acotar que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de no ser así la sentencia se ocuparía de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Por ende, si como ocurre en el presente caso, a la fecha en la que se presentó la demanda, la Junta responsable no se encontraba en posibilidad de emitir el laudo dentro del juicio de origen, es innegable que deviene inexistente la omisión que se le atribuye. Así, ante la inexistencia del acto atribuido a dicha autoridad, sin que la parte quejosa lo hubiere desvirtuado, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobran aplicación al caso particular por analogía, la jurisprudencia número 10, consultable en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que en su orden indican: "AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." Cuarta. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. Quinta. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. Sexta. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por María Minelia Pool Cob, contra el acto reclamado a la autoridad responsable señalada en la consideración tercera de este fallo, por el motivo ahí indicado. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración cuarta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración quinta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el veintinueve de junio pasado, se ordenó remitir este expediente al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, de conformidad a lo dispuesto en los oficios SECNO/STCCNO/586/2022 y SECO/STCCNO/676/2022, ambos de veintisiete de junio del año en curso, del Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la concentración de expedientes SECNO/CE/VGDH/1/2022, respecto de 180 juicios de amparo en los que el acto reclamado está relacionado con alguna determinación de prisión preventiva justificada, que se estime arbitraria o de duración desproporcionada. Por lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veintiún minutos del once de julio de dos mil veintidós, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Así mismo, junto con este expediente, se ordena remitir al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, el incidente de suspensión que deriva de este juicio constitucional, para los efectos a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por oficio al Fiscal investigador tercero interesado, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y a las autoridades responsables.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Agréguense a los autos para los efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta y anexo que al mismo se acompaña, de la Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3 Tres de la Fiscalía General del Estado, que remite en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en acuerdo de catorce del actual mes. Ahora bien, tomando en consideración que el acto reclamado dictado en el expedientillo 209/2021, que se inició ante el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, deriva de la carpeta de investigación UNADTD-35-GC/000992/2020, del índice de la Fiscalía Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3 Tres de la Fiscalía General del Estado. En la que, como informa la Fiscal remitente, por una parte ha decretado la extinción de la acción penal ejercida en contra de ********************, y por otra, el no ejercicio de la acción penal a favor de ********************, y********************, archivándose dicha indagatoria como asunto concluido; lo que desde luego, podría conllevar a la actualización de una causa de improcedencia, habida cuenta que son de orden público y de estudio preferente a la cuestión de fondo de la Litis constitucional y que deben analizarse de oficio; SE ACUERDA: Mediante oficio que al efecto se le dirija, infórmese lo anterior a la Juez responsable, remitiéndole copia certificada de las actuaciones allegadas por el aludido Fiscal Investigador, para que se sirva proveer lo que en derecho corresponda. Hecho que sea lo anterior, lo comunique a este Juzgado dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo que para tal fin se le confiere, se impondrá multa de cien unidades de Medida y Actualización, que equivale a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, 00/100 moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 515 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable en la página 454, Octava Época, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000, con número de registro 918,049, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SI HAY EVIDENCIA SOBRE SU EXISTENCIA DEBE INDAGARSE Y, EN SU CASO, RECABARSE OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ACREDITARLA. De conformidad con el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia, por lo general, deben ser examinadas de oficio. Por ende, si de autos se advierte alguna evidencia sobre su existencia como la indagación y, en su caso, recabación de pruebas necesarias para acreditar dichas causales también debe hacerse de oficio y en cualquiera de las instancias en que se encuentre el procedimiento en el juicio de garantías. Desatender tal obligación transgrede las reglas fundamentales que rigen dicho procedimiento y hace necesaria su reposición en términos del artículo 91, fracción IV, de la ley de la materia". Notifíquese y cúmplase.
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