María Mercedes Velasco Gómez

Expediente 1035/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 22 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1035/2017
Año
2017
Actuaciones
22
Última actuación
04/05/2018

Partes del expediente

  • María Mercedes Velasco Gómez
  • Esaú Morales Pérez
  • Esther González Ibarra
  • Presidenta Municipal de Zacatecas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Incidental

    Zacatecas, Zacatecas, cuatro de mayo de dos mil dieciocho. Visto; desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en esta fecha fue decretado el archivo definitivo en el juicio de amparo 1035/2017-II, del que deriva el presente incidente de suspensión, por tratarse de un asunto concluido; que en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el cuadernillo original del incidente de suspensión y el duplicado del citado son destruibles, en atención al mencionado acuerdo.

  2. Principal

    Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interesadas interpusieran recurso de revisión contra la resolución de trece de abril de dos mil dieciocho, dictada en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha hayan presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, ya que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    Se dicta la sentencia respectiva, cuyo único punto resolutivo es el siguiente: único. Se Sobresee en el presente juicio de amparo.

  4. Principal

    Visto; el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que por auto de tres de enero del año en curso, se reservó acordar lo conducente a las pruebas anunciadas por la parte quejosa, hasta en tanto obrara en autos la totalidad de los informes justificados solicitados a las autoridades responsables, lo cual ya acontece; por tanto, se acuerda: Respecto a la testimonial que ofrece la parte quejosa a cargo de los regidores Ana Emilia Pesci Martínez, María Guadalupe Medina Padilla y Heladio Gerardo Verver y Vargas, mismos que tienen el carácter de autoridad responsable en el presente juicio, al formar parte del cabildo municipal de Zacatecas, tal como lo establece el artículo 2°, fracciones III y XI de la Ley Orgánica del Municipio; por tanto, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, dígase a los quejosos, que no ha lugar a tener por anunciada dicha probanza, toda vez que los citados testigos son parte dentro del presente juicio y no puede tener la doble calidad de parte y testigo; ello en virtud que su dicho carecería de credibilidad por tener interés en que se obtenga un fallo favorable en su haber. Al caso resulta aplicable la tesis de jurisprudencia III.T.J/12, Tomo IV, agosto de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PRUEBA TESTIMONIAL. TESTIGOS INTERESADOS EN EL JUICIO, SU DICHO CARECE DE VALOR PROBATORIO. Si de las declaraciones de los testigos presentados por la parte, se desprende que éstos tienen interés en que una de las partes obtenga fallo favorable, su dicho, por ser parcial, carece de credibilidad". Asimismo tiene aplicación a lo anterior por su espíritu la tesis de jurisprudencia I.3º.C.2K, Tomo II, septiembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AMPARO, PRUEBAS EN EL. ES INADMISIBLE LA TESTIMONIAL A CARGO DEL QUEJOSO. Dentro de los medios de prueba reconocidos por las leyes del procedimiento, sin distingo alguno que se conozca, la testimonial es la declaración de un tercero sobre hechos que le constan relacionados con las cuestiones debatidas en juicio o en otro procedimiento en donde es permitida la prueba de esa naturaleza, que, es obvio, en ningún caso puede desempeñarse por alguna de las partes, ya que tocante a éstas el conocimiento de la verdad sólo puede provenir de su confesión, en la demanda, su contestación o cualquier otro estado del procedimiento cuando es de su propia voluntad, y en su defecto por la llamada prueba confesional a través de posiciones a absolver por solicitud de la contraria, dado que su finalidad es obtener una confesión o reconocimiento de hechos que favorezcan las pretensiones del oferente de la prueba. En ese orden de ideas, el ofrecimiento del dicho del quejoso en el amparo, no puede admitirse como prueba testimonial, independientemente de sus fines y en probable beneficio de quien lo propone, y tampoco puede admitirse que deponga el quejoso por medio de la absolución de posiciones, ante la estricta prohibición del artículo 150 de la ley de la materia, al estatuir que "En el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho." No obsta a lo anterior que dentro de la Ley de Amparo no exista precepto que impida que el quejoso pueda rendir declaración, habida cuenta que dentro del derecho, y de sus fuentes, se comprende lo dicho sobre quiénes pueden ser testigos, y en lo que ve a la prueba de posiciones (confesional), su no admisión dentro del juicio constitucional obedece al texto expreso de la ley. Asimismo, si bien es cierto que conforme al artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Civiles, como supletorio de la Ley de Amparo, "Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar, están obligados a declarar como testigos", ello no conduce a variar el criterio de mérito porque de la recta interpretación de dicho numeral se obtiene que la obligación que impone no corresponde a las partes, sino a terceros". De igual manera, respecto a la prueba testimonial a cargo de Rodolfo García Zamora y Francisco Villegas Santillán, dígase a los quejosos que no ha lugar a tener por anunciada dicha probanza, toda vez que las autoridades responsables no negaron haber recibido las peticiones por parte de los quejosos. Por su parte, no ha lugar a tener por anunciadas las pruebas testimoniales a cargo de Arturo Maldonado Romero, Erick Adrián García Bañuelos, Marily Dávila Raygoza y Soledad Cabral Ureño, porque lo que se pretende demostrar con su dicho, es objeto de diversa prueba, a saber, la pericial, toda vez que para la emisión del testimonio relativo, en los términos que se pretenden, se requieren de conocimientos especiales. Ahora bien, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda respecto de la prueba de inspección judicial, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, a que se refiere la fracción II, del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2° de esta última, precise los puntos sobre los que versará el desahogo de la referida probanza. Se apercibe a la parte quejosa que de no acatar lo anterior, se tendrá por desierta la prueba en comento, por falta de interés en su desahogo. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar se fijan las once horas con treinta minutos del trece de abril de dos mil dieciocho, para su verificativo. En otro aspecto, infórmese a las autoridades responsables que tienen la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervengan, toda vez que este juzgado en lo subsecuente, notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación y aquellas que se consideren trascendentes, como lo es, verbigracia, la sentencia que se llegue a dictar; más no, acuerdos de mero trámite y diferimientos de la audiencia constitucional. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil doscientos cincuenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, con registro 2002576, del tenor: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Así como el criterio sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.20o.A.2 K (10a.), publicada en la página dos mil trescientos noventa y nueve, del Libro 36, Noviembre de dos mil dieciséis, tomo IV, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2013030, bajo el rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONFORME AL ARTÍCULO 192, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 26, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE, LA RELATIVA A LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN, DEBE SER REALIZADA POR OFICIO ACOMPAÑADO DEL TESTIMONIO CORRESPONDIENTE ÚNICAMENTE CUANDO SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO. La interpretación histórico-progresiva de las disposiciones de la Ley de Amparo que han regulado las notificaciones a las autoridades responsables en el juicio de amparo indirecto, revela que la legislación abrogada preveía que las ejecutorias recaídas a los procedimientos seguidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito debían dárseles a conocer por medio de oficio acompañado del testimonio de la resolución, sin importar el sentido de ésta; sin embargo, en la ley vigente se estableció esa obligación sólo por cuanto a las ejecutorias en las que se concede el amparo al quejoso, en aras del pronto cumplimiento de aquéllas. En esas condiciones, conforme al artículo 192, en relación con el diverso 26, fracción II, inciso a), de la propia ley, para los casos en que no se concedió la protección constitucional al quejoso, es innecesario que la notificación a las autoridades responsables de la sentencia dictada en el recurso de revisión, se lleve a cabo por medio de oficio acompañado del testimonio respectivo, toda vez que esa obligación fue excluida de la actual legislación de amparo."

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