María Mercedes Silva Luna

Expediente 1422/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 31 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1422/2016
Año
2016
Actuaciones
31
Última actuación
02/05/2018

Partes del expediente

  • María Mercedes Silva Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    VISTA CERTIFICACIÓN, SE DESPRENDE QUE YA TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 202 DE LA LEY DE AMPARO, A FIN DE QUE LAS PARTES RECURRIERAN EL PROVEÍDO DE CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, EN EL QUE SE DECLARÓ CUMPLIDA LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. SE DETERMINA DEPURAR LA PRESENTE PIEZA DE ACTUACIONES. NO OBRAN DOCUMENTOS ORIGINALES. ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO.

  2. Principal

    DEL ESTADO PROCESAL AUTOS SE DESPRENDE QUE AÚN NO OBRA LA CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DIRIGIDO A LA AUTORIDAD SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, QUIEN TIENE EL CARÁCTER DE TERCERA INTERESADA. COMUNICACIÓN OFICIAL CON LA QUE SE LE NOTIFICÓ EL AUTO DE CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, EN EL QUE SE DECLARÓ CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO, GÍRESE ATENTO OFICIO A LA AUTORIDAD, CON LA INSERCIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO Y REQUIÉRASELE PARA QUE EN UN TÉRMINO DE VEINTICUATRO HORAS, ACUSE EL RECIBO CORRESPONDIENTE E INDIQUE LA FECHA EN LA QUE FUE RECEPCIONADO. APERCIBIÉNDOLE QUE DE NO CUMPLIR, SE LE IMPONDRÁ UNA MULTA.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 05 DE MARZO DE 2018, QUE REZALeón, Guanajuato, cinco de marzo de dos mil dieciocho. Calificación de cumplimiento. Mediante resolución de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas (f. 33-45), en apoyo a las labores de este juzgado federal, dictó sentencia en la que, concedió la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Juez Quinto Penal de Partido, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "Deje insubsistente esa resolución, y reponga el procedimiento dentro del término constitucional ampliado, al haberse acordado de conformidad, para que dentro de dicha etapa, subsistiendo la diligencia de declaración preparatoria de dicha quejosa, así como el ofrecimiento y admisión de las pruebas de su defensora particular, procure el desahogo de la diligencia de careo constitucional entre la aludida impetrante y Carlos Manuel Torres Yáñez, quien es apoderado de la Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato, para lo cual deberá fijar fecha para tal efecto, con la debida oportunidad, previendo que puede darse la incomparecencia del ateste, y practicar la cita correspondiente, atendiendo a las formalidades previstas legalmente para ello a fin de tener la mayor posibilidad de lograr su verificativo. Se precisa que la presente concesión no tiene el efecto de que forzosamente se lleve a cabo la probanza omitida y previamente citada, sino sólo de que se lleven a cabo las diligencias necesarias para ello, siendo que en el supuesto de que no se logre su desahogo, el juzgador responsable deberá exponer las causas que justifiquen la imposibilidad jurídica o material de ello. Finalmente, cabe enfatizar, que el sentido de esta resolución no prejuzga sobre el fondo de la controversia, es decir, la autoridad en uso de sus atribuciones puede emitir una nueva resolución ajustándose a los lineamientos expuestos en este fallo, pues la concesión del amparo procede porque se advirtieron vicios procesales, no de fondo. La concesión del amparo y protección de la Justicia Federal se hace extensiva a los actos reclamados a la autoridad ejecutora, por no haberse cuestionado por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo derivar del auto de formal procesamiento imputado a la ordenadora". Por otra parte, atendiendo a la determinación de veinte de octubre de dos mil diecisiete del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital (f. 170-175), en el sentido de dejar sin efectos el auto de veintisiete de febrero del año pasado (f. 56), en el que causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa así como todos autos subsecuentes, asimismo, el diecinueve de enero actual (f. 186-187), se requirió a la autoridad responsable Juez Quinto Penal de Partido de esta localidad, el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Por oficio 156 de veinticinco de enero de dos mil dieciocho y 465 de catorce de febrero del presente año (fojas 194- 226, 237-326), la autoridad responsable comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio constitucional en que se actúa; con ello, por autos de veintinueve de enero actual y dieciséis de febrero del año en curso (f. 227 y 327), se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a sus interés conviniera; tal acuerdo se les notificó el seis de febrero del presente año y diecinueve de febrero del año que transcurre, como se desprende de las fojas (f. 229-233 y 329-333). La parte quejosa y tercera interesada no expresaron nada al respecto, por lo que con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procederá a resolver si la sentencia dictada en el presente juicio se encuentra o no cumplida, o bien si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En principio, se considera necesario hacer las siguientes precisiones. El defecto en el cumplimiento de una ejecutoria se actualiza cuando la autoridad responsable deja de hacer algo o de cumplir en su integridad lo ordenado en la resolución de cuya ejecución se trata; mientras que el exceso se verifica cuando la responsable se extralimita en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. Del mismo modo, se estima cumplida una sentencia de amparo, cuando la responsable acata todos y cada uno de los aspectos definidos en el juicio de amparo como violatorios de derechos fundamentales. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable (f. 195-226, 238-326), las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, tienen valor probatorio pleno, se advierte que en lo medular, se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, pues el Juez Quinto Penal de Partido de esta ciudad, en proveído de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, dejó sin efectos el auto de formal prisión de tres de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en el proceso penal 202/2016-C, y al efecto repuso el procedimiento dentro del término constitucional ampliado, subsistiendo la diligencia de declaración preparatoria de la quejosa, así como el ofrecimiento y admisión de pruebas de su defensor particular, además ordenó realizar jurídicamente lo necesario a fin de lograr el desahogo del careo entre la impetrante y Carlos Manuel Torres Yáñez, apoderado legal de la Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato, como parte ofendida de la causa penal, por lo que se señalaron las doce horas del veinticuatro de enero actual para tal efecto (f. 238 y reverso). Luego, dicho acuerdo se notificó a las partes de manera personal (cédula) el veintitrés de enero actual (f. 243 y 244), asimismo, se desahogó dicho medio de convicción (careo) el veinticuatro siguiente en la hora señalada (f. 245-248). Posteriormente, el veinticinco de enero de dos mil dieciocho el juez responsable dictó auto de término constitucional, y valorados todos los medios de prueba que obraban en el proceso penal de origen tuvo por acreditado el delito de fraude previsto en el artículo 201, en relación con fracción IV, del ordinal 191, de Código Penal vigente al momento de la realización de los hechos, dictando auto de formal prisión en contra de la aquí quejosa María Mercedes Silva Luna (f. 256-288). Así, después de analizar la sentencia protectora en este proceso constitucional, se observa que los efectos jurídicos de la misma fueron cumplidos por la autoridad responsable; de tal suerte que con ese proceder la responsable acató el núcleo esencial del fallo protector. Del mismo modo, se aprecia que no incurrió en defecto, puesto que no omitió dar cumplimiento a alguna parte de la sentencia amparadora, pues como se dijo, observó todos los aspectos sobre los que se concedió el amparo; como tampoco se extralimitó en sus funciones (exceso), sino que su proceder se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de mérito, restituyendo a la quejosa sus derechos fundamentales violados. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo de actual vigencia, se declara cumplida la ejecutoria de amparo en su totalidad; ordenándose hacer del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de los numerales 201 y 202 de la ley de la materia, y una vez transcurrido el plazo legal de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin manifestación al respecto, procédase a determinar lo conducente en relación al caso particular. Dígasele a las autoridades responsables y a las demás partes de este juicio constitucional que, transcurrido el plazo legal para intentar el recurso de inconformidad en contra de la presente calificación de cumplimiento, de no recibir notificación formal por parte de este tribunal, deberá presumirse que no se promovió el medio de impugnación aludido, y que por esa razón la determinación asumida en este proveído adquirió firmeza, sin necesidad de comunicación oficial al respecto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 29 DE ENERO DE 2018, QUE REZA; Vista con cumplimiento. Agréguese el oficio y anexo de cuenta que remite el Juez Quinto Penal de Partido, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y al efecto remite copia de las constancias que así lo avala; con su contenido dése vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que expresen lo que a su interés legal convenga, en el entendido que de no hacer manifestación alguna en el término legal de tres días, este Juzgado de Distrito, de oficio, calificará el aludido cumplimiento

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