María Mercedes Sánchez Salazar

Expediente 130/2018 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
130/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
26/02/2018

Partes del expediente

  • María Mercedes Sánchez Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    VISTA LA CERTIFICACION DE CUENTA, SE DECLARA QUE LA SENTENCIA HA CAUSADO ESTADO. ARCHIVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO.

  2. Principal

    Notifiquese Personalmente

  3. Principal

    POR MEDIO DE LISTA, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE NUEVE DE LOS CORRIENTES, QUE A LA LETRA DICE: Por recibida la demanda de amparo promovida por María Mercedes Sánchez Salazar, por su propio derecho y como representante de sus menores hijos Marco y Diego ambos de apellidos Ortega Sánchez, contra el acto que reclama del Juez Séptimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por considerarlo violatorio de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refiere. Formación del expediente. Fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 130/2018. Decisión sobre la instancia constitucional. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo se advierte que es improcedente y por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Expuesto lo anterior, cabe mencionar que, de oficio, este órgano de control constitucional advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el precepto legal aludido en primer término en su fracción invocada dispone que: Por su parte, el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que: Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto excepcionalmente procede contra actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Partiendo de ello, sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no resulta procedente el juicio de amparo indirecto cuando se impugnen violaciones procesales consideradas de afectación en grado predominante o exorbitante. Ahora bien, del análisis de la demanda de protección de derechos fundamentales, se advierte que la parte quejosa reclama el auto de veintidós de enero del año en curso, emitido por el Juez Séptimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, dentro del incidente de reducción de pensión alimenticia 797/2015-BIS 1, de su índice estadístico, a través del cual resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el diverso de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, en el que se admitieron las pruebas testimonial y confesional. En el acuerdo materia del acto reclamado, se tuvo a la demandada incidentista, aquí quejosa, por desistida en su perjuicio de cualquier prueba ofrecida de su parte pendiente por desahogar; se señaló fecha para el desahogo de la audiencia incidental respectiva y se admitió la prueba testimonial ofrecida por el actor incidentista. Determinación que se considera no es un acto de imposible reparación, al no ubicarse en la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de una resolución adversa a los intereses de los promoventes. Lo anterior es así, ya que el acto que se impugna no es de aquéllos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, al no afectarse derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable a sus intereses y, en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama. En ese orden de ideas, en el caso concreto la parte inconforme se duele fundamentalmente del auto de veintidós de enero del año en curso, emitido por el Juez Séptimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, dentro del incidente de reducción de pensión alimenticia 797/2015-BIS 1, de su índice estadístico, a través del cual resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el diverso de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, en el que se admitieron las pruebas testimonial y confesional. En el acuerdo materia del acto reclamado, se tuvo a la demandada incidentista, aquí quejosa, por desistida en su perjuicio de cualquier prueba ofrecida de su parte pendiente por desahogar; se señaló fecha para el desahogo de la audiencia incidental respectiva y se admitió la prueba testimonial ofrecida por el actor incidentista. Por tanto, debe concluirse que tal determinación tiene manifiestamente efectos intraprocesales que no causan una afectación inmediata a los intereses de la parte demandada incidentista, aquí quejosa, que hagan procedente la acción constitucional indirecta, pues no la limitan a obtener una resolución favorable a sus intereses, en razón de que ello trascendería, en su caso, al emitirse la interlocutoria que ponga fin a dicho procedimiento, y siempre y cuando ésta resulte contraria a sus intereses con motivo de que las citadas violaciones procesales hubiesen trascendido en su perjuicio, pues de no ser así, el acto que se reclama se extinguiría, sin haber causado afectación alguna a sus derechos sustantivos. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos, se estima que no se actualiza la hipótesis contemplada por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, y con apoyo en el artículo 113 transcrito, todos de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo. Intervención a las partes del juicio de amparo. Quejosa. Téngase como domicilio para recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rodolfo Salvador Beltrán Rodríguez, en razón de que, como se advierte de la certificación de cuenta, sí tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, y como su autorizado en términos restringidos del numeral en cita, esto es, para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a la diversa persona que refiere, porque así lo señala de manera expresa. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente.

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