María Mercedes Arias Martínez

Expediente 345/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
345/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
14/04/2023

Partes del expediente

  • María Mercedes Arias Martínez
  • Simona Torres de la Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mesa 2. Catorce de abril de dos mil veintitrés. Causa estado, se archiva el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    mesa 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se tiene a la coordinadora de Actuarios del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por medio del cual, manifiesta que se adhiere al diverso ******, remitido por su superior el quince de marzo del año actual, por el que rindió informe justificado; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que el dieciséis de marzo siguiente, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto. Notifíquese.

  3. Principal

    mesa 2.- dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN ESTABLECIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. MESA 2 Villahermosa, Tabasco, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Vistos; agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Magistrada Presidenta sustituta por ministerio de ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, en atención a su contenido, se acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que le fue requerido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable, las documentales que anexó. Ahora bien, la Magistrada Presidenta sustituta por ministerio de ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, anexó al oficio que se provee, copia certificada del auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, dictado en los autos del expediente laboral 636/2015, así como del escrito de siete de noviembre de dos mil veintidós, signado por el apoderado legal de la parte actora; documentos que gozan de pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su artículo 2o., al ser emitidos por una autoridad en uso de las facultades que le confiere la ley, y porque de ella se advierte la dilación reclamada. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Quinta Época, Materia Común, del Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto que a continuación se trascriben: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, y atendiendo a que las quejosas Simona Torres de la Cruz y María Mercedes Arias Martínez, promovieron el presente juicio de amparo contra la omisión de acordar el escrito de siete de noviembre de dos mil veintidós, en el juicio laboral 636/2015; y, la autoridad responsable el ocho de marzo de dos mil veintitrés acordó dicho escrito; de ahí que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que es evidente que en la especie el acto reclamado cesó en sus efectos porque la autoridad responsable restituyó a los quejosos en el goce de sus derechos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la jurisprudencia invocada se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Es decir, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. Consecuentemente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia 404, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 425 del Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte- SCJN, Segunda Sección Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común Novena Época del Apéndice 1917- Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación con el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, se dejan sin efectos la hora y fecha de la audiencia señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. No es obstáculo a lo antes decretado, la circunstancia de que el Tribunal responsable no haya enviado la constancia de notificación efectuada a la parte quejosa respecto del proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral 636/2015, de su índice, ya que conjuntamente con el presente auto se ordena al fedatario de la adscripción notifique en forma personal el citado acuerdo a la parte quejosa, y le corra traslado con copia simple de éste para su debido conocimiento. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 36/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 469, del Tomo IX, Mayo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto dicen: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Aunado a lo anterior, la actualización de la causa de inejercitabilidad del juicio de amparo promovido se erige en el caso de manera manifiesta e indudable, ya que a nada práctico conduciría la tramitación del presente medio de control constitucional, debido a su propia naturaleza excepcional y práctica, si los efectos que podrían lograrse con el mismo han sucedido al haber emitido el Tribunal responsable, el proveído de ocho de marzo del año actual, de ahí que de continuar el trámite del mismo, se afectaría la naturaleza jurídica de éste, sin poder concretarse los efectos de la concesión que, en su caso, se llegara a otorgar. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado.

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