Maria Mayela Batres Ramirez
Expediente 326/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 326/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/06/2019
Partes del expediente
- Maria Mayela Batres Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mexicali, Baja California, a catorce de junio de dos mil diecinueve. Adquiere firmeza. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la resolución en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se declara que ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Archivo y anotaciones. En virtud de lo anterior, y dado que en los presentes autos no existe diligencia o promoción pendiente de proveer, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE".
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA ******, NO ATENDIO EL CITATORIO QUE LE FUE DEJADO EL 23 DE MAYO DE 2019, SE LE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN EL MISMO Y SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ESTRADOS EL AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Informe justificado. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado de cuenta, mediante el cual la autoridad señalada como responsable Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, precisa que no son ciertos los actos reclamados, toda vez que el catorce de mayo del año en curso, esa autoridad emitió la resolución correspondiente en el expediente ******, de su índice. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, toda vez la citada autoridad acompaña a su informe justificado original de la resolución aludida, con ello aparece que cesaron los efectos de los actos reclamados, por lo que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por actualizarse la causa que contempla la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI del diverso numeral 61, ambos de la Ley de Amparo en vigor, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Ahora, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. [.] De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. [.] En el caso concreto, la agraviada reclama la omisión por parte de la autoridad señalada como responsable de formular por escrito el proyecto de laudo en el juicio laboral ****, promovido por la aquí quejosa. Por tanto, dado que el acto reclamado versa sobre la omisión de dictar resolución en el expediente promovido por la quejosa, cuya resolución ya se dictó de acuerdo a lo informado y allegado a los presentes autos por la autoridad señalada como responsable con su escrito y anexo de cuenta; en consecuencia, es inconcuso que se está en presencia de una situación que destruyó los efectos del acto negativo que motivó el amparo, dado que fue mediante resolución de catorce de mayo de dos mil diecinueve, la Junta Especial Número Uno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, resolvió el expediente ******; por ende, es indiscutible que con ello se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla omisión, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo, de ahí que proceda sobreseer en el juicio fuera de audiencia. [.] Sin efecto audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente.
- Principal
Y TODA VEZ QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA *******, NO ATENDIO EL CITATORIO QUE LE FUE DEJADO EL 24 DE MAYO DE 2019, SE LE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMENTO CONTENIDO EN EL MISMO Y SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Informe justificado. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado de cuenta, mediante el cual la autoridad señalada como responsable Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, precisa que no son ciertos los actos reclamados, toda vez que el catorce de mayo del año en curso, esa autoridad emitió la resolución correspondiente en el expediente ******, de su índice. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, toda vez la citada autoridad acompaña a su informe justificado original de la resolución aludida, con ello aparece que cesaron los efectos de los actos reclamados, por lo que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por actualizarse la causa que contempla la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI del diverso numeral 61, ambos de la Ley de Amparo en vigor, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Ahora, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. [.] De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. [.] En el caso concreto, la agraviada reclama la omisión por parte de la autoridad señalada como responsable de formular por escrito el proyecto de laudo en el juicio laboral *****, promovido por la aquí quejosa. Por tanto, dado que el acto reclamado versa sobre la omisión de dictar resolución en el expediente promovido por la quejosa, cuya resolución ya se dictó de acuerdo a lo informado y allegado a los presentes autos por la autoridad señalada como responsable con su escrito y anexo de cuenta; en consecuencia, es inconcuso que se está en presencia de una situación que destruyó los efectos del acto negativo que motivó el amparo, dado que fue mediante resolución de catorce de mayo de dos mil diecinueve, la Junta Especial Número Uno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, resolvió el expediente ****; por ende, es indiscutible que con ello se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla omisión, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo, de ahí que proceda sobreseer en el juicio fuera de audiencia. [.] Sin efecto audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del veintitrés de mayo de dos mil diecinueve.
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