Maria Mavinena Cahum Tuz
Expediente 522/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 522/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Agente del Ministerio Publico de la Federacion Adscrito
- Maria Mavinena Cahum Tuz
Actuaciones
- Principal
III.- Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él
- Principal
III.- Vista la demanda de amparo promovida por MARÍA MAVINENA CAHUM TUZ, como representante de María Vianney Tamay Cahum, contra el acto que reclama del Procurador Agrario de la Procuraduría Agraria, con sede en Valladolid, Yucatán y de otras autoridades, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, es procedente DESECHARLA DE PLANO, por actualizarse un motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, el amparo deviene improcedente al actualizarse una causa que impide su admisión y tramitación, la cual es oficiosa por ser de orden público en términos del artículo 62 de la citada ley. En el caso, el amparo deviene improcedente al actualizarse una causa que impide su admisión y tramitación, la cual es oficiosa por ser de orden público en términos del artículo 62 de la citada ley. Efectivamente, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé la inejercibilidad del juicio constitucional contra resoluciones dictadas por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Lo anterior, debido a que debe cumplirse con lo requerido por los principios rectores del juicio de amparo, siendo uno de éstos el de definitividad que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional. Dicho principio se encuentra contemplado en la fracción IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone la procedencia del juicio de amparo contra actos emitidos por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo cuya ejecución sea de imposible reparación, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; ello, con la finalidad de que hasta en tanto sean adversos los resultados que se obtengan en los recursos ordinarios, no será posible acudir a la Justicia Federal que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa. Es aplicable la jurisprudencia: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVITAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo". (Época: Novena Época, Registro: 193142, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, Materia(s): Común, Administrativa, Tesis: 2a./J. 115/99, Página: 448). Como se vio, la peticionaria del amparo reclama a través del presente juicio de amparo, se duele del acuerdo de la asamblea ejidal de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, en la que el Comisariado Ejidal de Dzonot Carretero, Tizimín, Yucatán, determinaron enajenar una pequeña parcela que desde el mes de mayo de dos mil catorce, tiene en posesión y explotación ganadera su hija menor de edad María Vianney Tamay Cahum; atribuyéndole diversas violaciones, entre las que destacan las emitidas por las autoridades agrarias al actuar como órganos rectores y auxiliares de la misma, al no apegarse a los términos establecidos en la Ley Agraria; así como el desalojo de dicha parcela y los actos de ejecución del mismo No obstante, es importante precisar que ello no es impugnable en la instancia que se intenta, porque en contra de tales actos procede el juicio agrario establecido en el artículo 163 de la Ley Agraria. Efectivamente, se tiene que acorde a lo establecido en el artículo 1° de la Ley Agraria, es el ordenamiento que reglamenta el artículo 27 Constitucional, que prevé todo lo relacionado con las tierras y aguas de la nación, además de dar vida jurídica a diversas instituciones como lo es la propiedad comunal y ejidal. Ahora, el capítulo I del título décimo de la legislación en comento, regula la jurisdicción en materia agraria, para la correcta solución de controversias que surjan con la aplicación de las disposiciones que la propia Ley Agraria establece.Luego, el arábigo 163 de la Ley Agraria prevé el juicio agrario o acción agraria, y, su objeto es dirimir, substanciar y resolver toda controversia motivada con la aplicación de las disposiciones contenidas en la ley en comento. Asimismo, el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, establece la competencia de dichos Tribunales, y en sus fracciones IV, VI y IX, señala que conocerán de los juicios de nulidad promovidos contra resoluciones de las autoridades agrarias, en este caso la Procuraduría Agraria del Estado de Jalisco y el Registro Agrario Nacional, que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; asimismo, conocerán de las controversias en materia agraria surgidas entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí, o las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población (Comisariado Ejidal); y, de las omisiones que incurra la propia dicha procuraduría y que deparen perjuicio a los ejidatarios. A su vez el numeral 166 de la Ley Agraria establece los requisitos para la tramitación de las diligencias precautorias a fin de proteger a los interesados, en la especie, la suspensión del acto de autoridad que se reclame. Por ende, previo a promover juicio de amparo debió promover el juicio agrario ante el Tribunal Unitario Agrario, por ser el órgano competente para dirimir la controversia planteada, medio de defensa que prevé la suspensión de los actos reclamados. Resulta aplicable por las razones que la informan, la jurisprudencia 31 (9°), con número de registro 920377, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TRIBUNALES AGRARIOS. EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA Y 9o., FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS ES IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DICTADAS EN CONTROVERSIAS DONDE SE RECLAMA PRINCIPALMENTE LA NULIDAD DE UN ACTA O RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE UN NÚCLEO DE POBLACIÓN".En esos términos, se colige que contra el acto que reclama la quejosa, existe medio ordinario de defensa a través del cual es posible modificar, revocar o nulificar el acuerdo de la asamblea ejidal de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. Además, el presente caso no se ubica en ninguno de los supuestos de excepción previstos por la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia; es decir, la ley secundaria prevé la suspensión del acto reclamado, sin exigir mayores requisitos que los señalados por la Ley de Amparo, puesto que el diverso 166 de la Ley Agraria, que prevé la suspensión del acto de autoridad, remite a las disposiciones aplicables en ese rubro de la propia Ley de Amparo; la inconstitucionalidad del acto reclamado se hace depender de violación a leyes secundarias.
- Principal
III.- Vista la demanda de amparo promovida por MARÍA MAVINENA CAHUM TUZ, como representante de María Vianney Tamay Cahum, contra el acto que reclama del Procurador Agrario de la Procuraduría Agraria, con sede en Valladolid, Yucatán y de otras autoridades, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, es procedente DESECHARLA DE PLANO, por actualizarse un motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, el amparo deviene improcedente al actualizarse una causa que impide su admisión y tramitación, la cual es oficiosa por ser de orden público en términos del artículo 62 de la citada ley. En el caso, el amparo deviene improcedente al actualizarse una causa que impide su admisión y tramitación, la cual es oficiosa por ser de orden público en términos del artículo 62 de la citada ley. Efectivamente, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé la inejercibilidad del juicio constitucional contra resoluciones dictadas por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Lo anterior, debido a que debe cumplirse con lo requerido por los principios rectores del juicio de amparo, siendo uno de éstos el de definitividad que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional. Dicho principio se encuentra contemplado en la fracción IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone la procedencia del juicio de amparo contra actos emitidos por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo cuya ejecución sea de imposible reparación, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; ello, con la finalidad de que hasta en tanto sean adversos los resultados que se obtengan en los recursos ordinarios, no será posible acudir a la Justicia Federal que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa. Es aplicable la jurisprudencia: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVITAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo". (Época: Novena Época, Registro: 193142, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, Materia(s): Común, Administrativa, Tesis: 2a./J. 115/99, Página: 448). Como se vio, la peticionaria del amparo reclama a través del presente juicio de amparo, se duele del acuerdo de la asamblea ejidal de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, en la que el Comisariado Ejidal de Dzonot Carretero, Tizimín, Yucatán, determinaron enajenar una pequeña parcela que desde el mes de mayo de dos mil catorce, tiene en posesión y explotación ganadera su hija menor de edad María Vianney Tamay Cahum; atribuyéndole diversas violaciones, entre las que destacan las emitidas por las autoridades agrarias al actuar como órganos rectores y auxiliares de la misma, al no apegarse a los términos establecidos en la Ley Agraria; así como el desalojo de dicha parcela y los actos de ejecución del mismo No obstante, es importante precisar que ello no es impugnable en la instancia que se intenta, porque en contra de tales actos procede el juicio agrario establecido en el artículo 163 de la Ley Agraria. Efectivamente, se tiene que acorde a lo establecido en el artículo 1° de la Ley Agraria, es el ordenamiento que reglamenta el artículo 27 Constitucional, que prevé todo lo relacionado con las tierras y aguas de la nación, además de dar vida jurídica a diversas instituciones como lo es la propiedad comunal y ejidal. Ahora, el capítulo I del título décimo de la legislación en comento, regula la jurisdicción en materia agraria, para la correcta solución de controversias que surjan con la aplicación de las disposiciones que la propia Ley Agraria establece. Luego, el arábigo 163 de la Ley Agraria prevé el juicio agrario o acción agraria, y, su objeto es dirimir, substanciar y resolver toda controversia motivada con la aplicación de las disposiciones contenidas en la ley en comento. Asimismo, el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, establece la competencia de dichos Tribunales, y en sus fracciones IV, VI y IX, señala que conocerán de los juicios de nulidad promovidos contra resoluciones de las autoridades agrarias, en este caso la Procuraduría Agraria del Estado de Jalisco y el Registro Agrario Nacional, que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; asimismo, conocerán de las controversias en materia agraria surgidas entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí, o las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población (Comisariado Ejidal); y, de las omisiones que incurra la propia dicha procuraduría y que deparen perjuicio a los ejidatarios. A su vez el numeral 166 de la Ley Agraria establece los requisitos para la tramitación de las diligencias precautorias a fin de proteger a los interesados, en la especie, la suspensión del acto de autoridad que se reclame. Por ende, previo a promover juicio de amparo debió promover el juicio agrario ante el Tribunal Unitario Agrario, por ser el órgano competente para dirimir la controversia planteada, medio de defensa que prevé la suspensión de los actos reclamados. Resulta aplicable por las razones que la informan, la jurisprudencia 31 (9°), con número de registro 920377, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TRIBUNALES AGRARIOS. EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA Y 9o., FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS ES IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DICTADAS EN CONTROVERSIAS DONDE SE RECLAMA PRINCIPALMENTE LA NULIDAD DE UN ACTA O RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE UN NÚCLEO DE POBLACIÓN". En esos términos, se colige que contra el acto que reclama la quejosa, existe medio ordinario de defensa a través del cual es posible modificar, revocar o nulificar el acuerdo de la asamblea ejidal de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. Además, el presente caso no se ubica en ninguno de los supuestos de excepción previstos por la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia; es decir, la ley secundaria prevé la suspensión del acto reclamado, sin exigir mayores requisitos que los señalados por la Ley de Amparo, puesto que el diverso 166 de la Ley Agraria, que prevé la suspensión del acto de autoridad, remite a las disposiciones aplicables en ese rubro de la propia Ley de Amparo; la inconstitucionalidad del acto reclamado se hace depender de violación a leyes secundarias. Así las cosas, al haberse actualizado la causa prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113 de dicho ordenamiento legal, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia
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