María Maura Martínez Durán
Expediente 642/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 32 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 642/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 28/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María Maura Martínez Durán
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz
- Secretaría de Educación del Estado de Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto de seis de junio de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que tanto el presente expediente como el cuaderno original del incidente de suspensión, SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo y negado la suspensión provisional y definitiva, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción de los mismos, ello con posterioridad al VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Asimismo, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por tanto, agréguese copia certificada de este proveído a los cuadernos incidentales. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Téngase por recibido el escrito signado por Karina González Guevara en su carácter de autorizada de la moral tercero interesada "FINANCIERA MAESTRA S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.", a través del cual solicita la devolución del documento consistente en la copia certificada del instrumento público numero cincuenta y cinco mil cuatrocientos uno, de fecha dieciséis de octubre del año dos mil catorce, pasado ante la fe del Notario ciento ochenta y uno, del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, el cual se tuvo por recibido en auto de veintidós de marzo del año en curso; al respecto, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvasele a la ocursante el referido documento, previa copia certificada que se deje en autos para realizar el cotejo correspondiente, quien deberá firmar por su recibo en autos, para debida constancia.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que el término de tres días concedido a la parte tercero interesada CONSUPAGO Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, en proveído de veintiséis de marzo del año en curso, transcurrió del tres al cinco de abril del año en curso, sin que señalara domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el cual fuera conminada, y con fundamento en el artículo 27, fracción III b) de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hágansele por medio de lista de acuerdos, hasta en tanto no subsane dicha omisión. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no obra en autos la notificación de la parte tercero interesada CONSUPAGO Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, del auto de seis de junio del dos mil diecinueve; en tales condiciones, conforme lo señalado en el párrafo que precede, túrnense los autos a cualquiera de los actuarios adscritos, a fin de que efectúe la notificación de mérito, a la citada tercero interesada, por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado. Xalapa-Enríquez, Veracruz, seis de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que en el juicio de amparo número 642/2018-II-A, el término de veinte días a que se refiere el artículo 27 fracción III, inciso b) párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa compareciera ante este órgano jurisdiccional a recoger los edictos, entregarlos para su publicación y acreditar dicha circunstancia, a efecto de llevar a cabo el emplazamiento de la moral tercera interesada GRUPO PREBEN Sociedad Anónima de Capital Variable, transcurrió del nueve de mayo al cinco de junio del dos mil diecinueve, al haber sido notificada del auto de treinta de abril del año en curso, en el que se le dejaron a su disposición, por lista de acuerdos de siete de mayo del dos mil diecinueve, sin que lo hubiera hecho. En tales condiciones, el suscrito estima que opera el sobreseimiento del juicio, en razón a lo establecido en el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27 fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;." Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." De los preceptos legales transcritos se desprende que la autoridad que conozca del juicio de amparo se encuentra obligada a realizar de forma personal el emplazamiento a la parte tercera interesada y en caso de no obrar en autos su domicilio, se dictarán las medidas necesarias a fin de que se investigue su domicilio y si de dicha investigación no arroja ninguna información, dicho emplazamiento se hará mediante edictos a costa de la parte quejosa, quien debe recogerlos y realizar el trámite necesario para su debida publicación, precisándose que si el impetrante de amparo no recoge los aludidos edictos en un plazo de veinte días siguientes en el que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. En este contexto, una vez agotadas las medidas empleadas por este órgano, a fin de lograr el emplazamiento de la moral tercera interesada GRUPO PREBEN Sociedad Anónima de Capital Variable, este juzgado por acuerdo de treinta de abril del año en curso, requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en que se encontrara notificada de dicho acuerdo, compareciera a este juzgado, con el objeto de que le fuera entregados los edictos correspondientes para su oportuna publicación, apercibiéndolo que de no cumplir con lo requerido en el plazo indicado, podría conducir al sobreseimiento del presente juicio. Ahora bien, el aludido proveído se notificó por lista de acuerdos a la promovente el siete de mayo del año en curso, por lo que dicha notificación surtió sus efectos el ocho del mismo mes y año; por tanto, el citado plazo transcurrió del nueve de mayo al cinco de junio del dos mil diecinueve; sin que recogiera los edictos y por ende no haya acreditó la publicación de los mismos o en su caso, realizara alguna manifestación de imposibilidad, lo cual impide al suscrito pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a la persona cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. En esta tesitura, debe decirse que la parte quejosa ha puesto de manifiesto su desinterés en la prosecución del presente juicio de amparo; de ahí, que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa, sin que hubiera acreditado la publicación de los edictos ordenados, no obstante de estar legalmente notificada de ello, provocando con su silencio que se paralice a su voluntad el juicio de amparo en que se actúa, además de que también provoca que se retarde la pronta y expedita administración de justicia. Así las cosas, conforme a los preceptos legales transcritos, se estima que cuando la parte quejosa en un juicio de amparo no acredita la publicación de los edictos que en su caso se ordenen para el emplazamiento de la parte tercera interesada, ni demuestre su pago o contratación, incumple con un presupuesto procesal, que se rige en formalidad esencial del procedimiento, circunstancia que provoca que el órgano jurisdiccional no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por lo que, se actualiza la causa de sobreseimiento en cita, pues sin la publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de amparo al arbitrio de la quejosa, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, sin que ello sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino al promovente de amparo, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la quejosa. Asimismo, es necesario precisar que en el presente juicio, tampoco quedó acreditado que la impetrante de amparo sea una persona de escasos recursos económicos como lo refiere el artículo 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo; por tanto, no es procedente establecer que no cuenta con la capacidad suficiente para sufragar el pago de la publicación de los edictos con efectos de emplazamiento al tercero interesado, como enseguida se expone. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la modificación de jurisprudencia 16/2010, emitió el criterio de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo". Cabe hacer mención que la jurisprudencia en cita, si bien se rige con la Ley de Amparo abrogada, puede ser aplicada al caso concreto, al no oponerse a lo previsto en la Ley de Amparo vigente, en términos del artículo sexto transitorio de la misma. Conforme al citado criterio jurisprudencial, el Máximo Tribunal de la Nación ha considerado casos excepcionales por virtud de los cuales se hace menester que corra a cargo del Consejo de la Judicatura Federal la publicación de edictos para integrar la Litis de amparo, pues de lo contrario se impediría ejercitar el derecho de acceso a la justicia que tutela el artículo 17 constitucional, ya que la consecuencia de la omisión de publicar edictos conlleva en gran medida al sobreseimiento del juicio de amparo. Así, de la reproducción previa se pueden apreciar dos elementos básicos para que el juzgador pueda, en determinado momento, estimar que la parte quejosa no puede solventar el gasto para publicar los edictos y emplazar a la tercera interesada, de tal suerte que sea el Consejo de la Judicatura Federal quien se encargue de cubrirlo. Dichos elementos son los siguientes: I. La manifestación de la parte quejosa de estar imposibilitado para correr con un gasto de esa naturaleza, y; II. Que en los autos de juicio existan elementos suficientes que corroboren su dicho, es decir, demuestren que no cuenta con capacidad económica para solventar el consumo. Ello, invariablemente se traduce en que la parte quejosa no tenga posibilidad económica suficiente para hacer frente al gasto de la publicación de los edictos en cuestión, por cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Lo precario de sus ingresos. b) Las particularidades de su condición y capacidad económica, como serían estar desempleado o tener alguna discapacidad que le impida laborar o condicione sus percepciones. c) El grado de extrema pobreza en que se viva. Así, es indispensable que dentro de los autos del juicio se revele en forma contundente la imposibilidad del promovente del amparo de sufragar el gasto de la publicación de los edictos; esto es, no basta con que realice la solicitud en ese sentido, sino que debe evidenciarse en autos la falta de capacidad económica para solventar el gasto; de tal manera que al no haber quedado comprobado que la quejosa carece de los medios económicos para hacer frente a las cargas procesales surgidas por la instauración del juicio, es inconcuso que en el presente caso, no existe obligación de realizar los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor: "EDICTOS. SU PAGO A CARGO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR FALTA DE CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA PARTE QUEJOSA, SE ENCUENTRA SUJETO A PRUEBA. Si el quejoso manifiesta la imposibilidad de pagar la publicidad de los edictos, ordenada por la Sala responsable luego de agotarse el procedimiento de investigación del domicilio del tercero perjudicado y, por ende, solicita que tal gasto sea cubierto por el Consejo de la Judicatura, tal circunstancia se encuentra sujeta a prueba, esto es, deben satisfacerse las siguientes exigencias, a saber: a) La manifestación del quejoso de la imposibilidad de sufragar el gasto y, b) la existencia en autos, de indicios suficientes que permitan apreciar la falta de capacidad económica para solventar el gasto de la publicación de los edictos. En cuanto al segundo de los presupuestos, se afirma que se encuentra sujeta a prueba la petición del impetrante, ya que es indispensable que dentro de los autos del juicio natural se revele en forma contundente la imposibilidad del promovente del amparo de sufragar el gasto de la publicación de los edictos; esto es, no basta con que el impetrante de garantías realice la solicitud en ese sentido, sino que debe evidenciarse en autos la falta de capacidad económica para solventar el gasto que representa la publicación de los edictos, de tal manera que si no queda comprobado que el quejoso carece de los medios económicos para hacer frente a las cargas procesales surgidas por la instauración del juicio, es inconcuso que deberá negarse la petición, pues únicamente debe acordarse favorablemente cuando se advierta que no cuenta con los servicios de un profesional privado, esto es, que quien lo patrocina sean abogados pertenecientes a la Defensoría Pública o bien que en caso de defender un bien, éste sea resultado de una adquisición a título gratuito. Se afirma lo anterior, en virtud de que tratándose de juicios que involucren prestaciones en dinero, tal como acontece en los ordinarios civiles de pago de pesos o que involucren la defensa de algún bien inmueble y los ordinarios y ejecutivos mercantiles, en los que por su propia naturaleza se encuentran involucradas situaciones que presumen solvencia económica de las partes, al menos para hacer frente a las obligaciones y cargas derivadas de los propios litigios, entonces se entiende que los involucrados tienen capacidad económica, pues no sería creíble alegar la falta de ésta, cuando de los derechos litigiosos se desprende la existencia de algún bien que justifique el actuar en el proceso de la parte que se trate. Cabe precisar que lo anterior no cobra aplicación en tratándose de asuntos familiares en los que necesariamente tendrían que ponderarse las particularidades del caso, ya que por su propia naturaleza en la mayoría de los casos no se encuentran vinculadas cuestiones pecuniarias, sino de otra índole y, por ello, es que resulta necesario particularizar cada caso en concreto para determinar la idoneidad del pago de edictos, en juicios de esta naturaleza." En las relatadas condiciones, como se adelantó, la aquí quejosa no comprobó ante este órgano jurisdiccional carecer de recursos económicos para que se ordenará la publicación de los aludidos edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal, ni compareció a este juzgado a recoger los mismos para realizar su publicación; en consecuencia, al actualizarse los presupuestos previstos en el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27 fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo; SE IMPONE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la fecha y hora de la audiencia constitucional, fijada para las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL VEINTISEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, seis de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que en el juicio de amparo número 642/2018-II-A, el término de veinte días a que se refiere el artículo 27 fracción III, inciso b) párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa compareciera ante este órgano jurisdiccional a recoger los edictos, entregarlos para su publicación y acreditar dicha circunstancia, a efecto de llevar a cabo el emplazamiento de la moral tercera interesada GRUPO PREBEN Sociedad Anónima de Capital Variable, transcurrió del nueve de mayo al cinco de junio del dos mil diecinueve, al haber sido notificada del auto de treinta de abril del año en curso, en el que se le dejaron a su disposición, por lista de acuerdos de siete de mayo del dos mil diecinueve, sin que lo hubiera hecho. En tales condiciones, el suscrito estima que opera el sobreseimiento del juicio, en razón a lo establecido en el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27 fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;." Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." De los preceptos legales transcritos se desprende que la autoridad que conozca del juicio de amparo se encuentra obligada a realizar de forma personal el emplazamiento a la parte tercera interesada y en caso de no obrar en autos su domicilio, se dictarán las medidas necesarias a fin de que se investigue su domicilio y si de dicha investigación no arroja ninguna información, dicho emplazamiento se hará mediante edictos a costa de la parte quejosa, quien debe recogerlos y realizar el trámite necesario para su debida publicación, precisándose que si el impetrante de amparo no recoge los aludidos edictos en un plazo de veinte días siguientes en el que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. En este contexto, una vez agotadas las medidas empleadas por este órgano, a fin de lograr el emplazamiento de la moral tercera interesada GRUPO PREBEN Sociedad Anónima de Capital Variable, este juzgado por acuerdo de treinta de abril del año en curso, requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en que se encontrara notificada de dicho acuerdo, compareciera a este juzgado, con el objeto de que le fuera entregados los edictos correspondientes para su oportuna publicación, apercibiéndolo que de no cumplir con lo requerido en el plazo indicado, podría conducir al sobreseimiento del presente juicio. Ahora bien, el aludido proveído se notificó por lista de acuerdos a la promovente el siete de mayo del año en curso, por lo que dicha notificación surtió sus efectos el ocho del mismo mes y año; por tanto, el citado plazo transcurrió del nueve de mayo al cinco de junio del dos mil diecinueve; sin que recogiera los edictos y por ende no haya acreditó la publicación de los mismos o en su caso, realizara alguna manifestación de imposibilidad, lo cual impide al suscrito pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a la persona cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. En esta tesitura, debe decirse que la parte quejosa ha puesto de manifiesto su desinterés en la prosecución del presente juicio de amparo; de ahí, que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa, sin que hubiera acreditado la publicación de los edictos ordenados, no obstante de estar legalmente notificada de ello, provocando con su silencio que se paralice a su voluntad el juicio de amparo en que se actúa, además de que también provoca que se retarde la pronta y expedita administración de justicia. Así las cosas, conforme a los preceptos legales transcritos, se estima que cuando la parte quejosa en un juicio de amparo no acredita la publicación de los edictos que en su caso se ordenen para el emplazamiento de la parte tercera interesada, ni demuestre su pago o contratación, incumple con un presupuesto procesal, que se rige en formalidad esencial del procedimiento, circunstancia que provoca que el órgano jurisdiccional no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por lo que, se actualiza la causa de sobreseimiento en cita, pues sin la publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de amparo al arbitrio de la quejosa, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, sin que ello sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino al promovente de amparo, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la quejosa. Asimismo, es necesario precisar que en el presente juicio, tampoco quedó acreditado que la impetrante de amparo sea una persona de escasos recursos económicos como lo refiere el artículo 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo; por tanto, no es procedente establecer que no cuenta con la capacidad suficiente para sufragar el pago de la publicación de los edictos con efectos de emplazamiento al tercero interesado, como enseguida se expone. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la modificación de jurisprudencia 16/2010, emitió el criterio de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo". Cabe hacer mención que la jurisprudencia en cita, si bien se rige con la Ley de Amparo abrogada, puede ser aplicada al caso concreto, al no oponerse a lo previsto en la Ley de Amparo vigente, en términos del artículo sexto transitorio de la misma. Conforme al citado criterio jurisprudencial, el Máximo Tribunal de la Nación ha considerado casos excepcionales por virtud de los cuales se hace menester que corra a cargo del Consejo de la Judicatura Federal la publicación de edictos para integrar la Litis de amparo, pues de lo contrario se impediría ejercitar el derecho de acceso a la justicia que tutela el artículo 17 constitucional, ya que la consecuencia de la omisión de publicar edictos conlleva en gran medida al sobreseimiento del juicio de amparo. Así, de la reproducción previa se pueden apreciar dos elementos básicos para que el juzgador pueda, en determinado momento, estimar que la parte quejosa no puede solventar el gasto para publicar los edictos y emplazar a la tercera interesada, de tal suerte que sea el Consejo de la Judicatura Federal quien se encargue de cubrirlo. Dichos elementos son los siguientes: I. La manifestación de la parte quejosa de estar imposibilitado para correr con un gasto de esa naturaleza, y; II. Que en los autos de juicio existan elementos suficientes que corroboren su dicho, es decir, demuestren que no cuenta con capacidad económica para solventar el consumo. Ello, invariablemente se traduce en que la parte quejosa no tenga posibilidad económica suficiente para hacer frente al gasto de la publicación de los edictos en cuestión, por cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Lo precario de sus ingresos. b) Las particularidades de su condición y capacidad económica, como serían estar desempleado o tener alguna discapacidad que le impida laborar o condicione sus percepciones. c) El grado de extrema pobreza en que se viva. Así, es indispensable que dentro de los autos del juicio se revele en forma contundente la imposibilidad del promovente del amparo de sufragar el gasto de la publicación de los edictos; esto es, no basta con que realice la solicitud en ese sentido, sino que debe evidenciarse en autos la falta de capacidad económica para solventar el gasto; de tal manera que al no haber quedado comprobado que la quejosa carece de los medios económicos para hacer frente a las cargas procesales surgidas por la instauración del juicio, es inconcuso que en el presente caso, no existe obligación de realizar los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor: "EDICTOS. SU PAGO A CARGO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR FALTA DE CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA PARTE QUEJOSA, SE ENCUENTRA SUJETO A PRUEBA. Si el quejoso manifiesta la imposibilidad de pagar la publicidad de los edictos, ordenada por la Sala responsable luego de agotarse el procedimiento de investigación del domicilio del tercero perjudicado y, por ende, solicita que tal gasto sea cubierto por el Consejo de la Judicatura, tal circunstancia se encuentra sujeta a prueba, esto es, deben satisfacerse las siguientes exigencias, a saber: a) La manifestación del quejoso de la imposibilidad de sufragar el gasto y, b) la existencia en autos, de indicios suficientes que permitan apreciar la falta de capacidad económica para solventar el gasto de la publicación de los edictos. En cuanto al segundo de los presupuestos, se afirma que se encuentra sujeta a prueba la petición del impetrante, ya que es indispensable que dentro de los autos del juicio natural se revele en forma contundente la imposibilidad del promovente del amparo de sufragar el gasto de la publicación de los edictos; esto es, no basta con que el impetrante de garantías realice la solicitud en ese sentido, sino que debe evidenciarse en autos la falta de capacidad económica para solventar el gasto que representa la publicación de los edictos, de tal manera que si no queda comprobado que el quejoso carece de los medios económicos para hacer frente a las cargas procesales surgidas por la instauración del juicio, es inconcuso que deberá negarse la petición, pues únicamente debe acordarse favorablemente cuando se advierta que no cuenta con los servicios de un profesional privado, esto es, que quien lo patrocina sean abogados pertenecientes a la Defensoría Pública o bien que en caso de defender un bien, éste sea resultado de una adquisición a título gratuito. Se afirma lo anterior, en virtud de que tratándose de juicios que involucren prestaciones en dinero, tal como acontece en los ordinarios civiles de pago de pesos o que involucren la defensa de algún bien inmueble y los ordinarios y ejecutivos mercantiles, en los que por su propia naturaleza se encuentran involucradas situaciones que presumen solvencia económica de las partes, al menos para hacer frente a las obligaciones y cargas derivadas de los propios litigios, entonces se entiende que los involucrados tienen capacidad económica, pues no sería creíble alegar la falta de ésta, cuando de los derechos litigiosos se desprende la existencia de algún bien que justifique el actuar en el proceso de la parte que se trate. Cabe precisar que lo anterior no cobra aplicación en tratándose de asuntos familiares en los que necesariamente tendrían que ponderarse las particularidades del caso, ya que por su propia naturaleza en la mayoría de los casos no se encuentran vinculadas cuestiones pecuniarias, sino de otra índole y, por ello, es que resulta necesario particularizar cada caso en concreto para determinar la idoneidad del pago de edictos, en juicios de esta naturaleza." En las relatadas condiciones, como se adelantó, la aquí quejosa no comprobó ante este órgano jurisdiccional carecer de recursos económicos para que se ordenará la publicación de los aludidos edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal, ni compareció a este juzgado a recoger los mismos para realizar su publicación; en consecuencia, al actualizarse los presupuestos previstos en el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27 fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo; SE IMPONE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la fecha y hora de la audiencia constitucional, fijada para las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL VEINTISEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese personalmente a las partes, y por oficio a la autoridad responsable y autoridad tercera interesada.Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Julio Cesar López Céspedes, secretario que autoriza y da fe.
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