María Matilde Arana Martínez

Expediente 1349/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1349/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
10/02/2022

Partes del expediente

  • María Matilde Arana Martínez
  • María Matilde Arana Martínez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA IV. Mérida, Yucatán, diez de febrero de dos mil veintidós. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo aplicable, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada el quince de octubre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que en la referida por sentencia se sobreseyó el presente juicio; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General de Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las nueve horas con cuarenta minutos del quince de octubre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 1349/2021-IV, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante el secretario Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo en vigor. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la secretaría hace una relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, auto admisorio de tres de agosto de dos mil veintiuno, constancias de notificación y emplazamiento practicadas a la autoridad responsable, y a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción e informe justificado rendido por la autoridad responsable. El Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el período de pruebas, la secretaría da cuenta con las documentales que el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, autoridad responsable, acompañó a su informe justificado. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las referidas probanzas que se tienen por desahogadas en virtud de su propia naturaleza, para ser considerada al dictar sentencia, con lo que concluye esta etapa. Abierto el período de alegatos, se informa que las partes no los formularon cerrándose dicho período. Vistos, para resolver el juicio de amparo 1349/2021-IV, promovido por María Matilde Arana Martínez y Andrea Mairani Chalé Caballero contra actos del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, del Poder Judicial del Estado de Yucatán, por violación al artículo 8, Constitucional; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el treinta de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, María Matilde Arana Martínez y Andrea Mairani Chalé Caballero, solicitaron el amparo y protección, en contra de los actos de la Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Segundo. Admisión de demanda. Por auto de tres de agosto de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento se realizó en términos del acto que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, al reclamarse un acto omisivo sin ejecución material. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que la parte quejosa, reclama al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado, la omisión de acordar sus escritos de doce de noviembre y dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, diez de marzo de dos mil veinte, veintidós de enero y siete de abril de dos mil veintiuno, por los cuales solicitó se sirva conceder a las partes el termino de ley para formular alegatos en autos del juicio laboral 421/2019. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, autoridad responsable, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, por lo que se tiene por cierto el mismo. Cuarto. Estudio oficioso de las causales de improcedencia. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, toda vez que por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito estudia en primer término si en el presente caso se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable. En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, que enseguida se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. Lo anterior es así, porque del análisis de las constancias remitidas por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, autoridad responsable, anexas a su informe justificado, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2° de la Ley de Amparo aplicable, se advierte que mediante acuerdo de nueve de agosto del año en curso dictó un acuerdo en el que dio contestación a lo solicitado por el quejoso en el sentido de que se sirva conceder a las partes el termino de ley para formular alegatos en autos del juicio laboral 421/2019. Esto es, posterior a la fecha de presentación de la demanda de amparo que lo fue el treinta de julio del mismo año, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, pues dejó de subsistir el acto impugnado y de producir sus efectos; habida cuenta que la nueva situación repuso al quejoso en el goce de su derecho humano, por lo que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada ley de la materia. Tiene aplicación al presente asunto, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73 al 78 de la Ley de Amparo, Se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo que promovió María Matilde Arana Martínez y Andrea Mairani Chalé Caballero, en contra del acto que reclamaron del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Vistos los presentes autos y toda vez que de conformidad con el artículo 44 párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, el suscrito no está facultado para resolver en definitiva este juicio de amparo; en consecuencia, difiérase la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del quince de octubre de dos mil veintiuno. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis visible en la página 433 del Tomo V, Enero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CARECE DE VALIDEZ LA SENTENCIA EMITIDA EN LA, SI FUE DICTADA POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO ENCARGADO DEL DESPACHO SIN LA AUTORIZACIÓN FORMAL Y EXPRESA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL". Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, dado que no se considera de trascendencia, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002576, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por licencia médica del Titular, en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el alegato ministerial número 639/2021 signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, mediante el cual formula alegatos y solicita se le expida copia certificada de la sentencia que se dicte en el presente expediente. En virtud de lo anterior, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo aplicable, se tienen por formulados los alegatos vertidos en el pedimento de mérito, para ser tomados en cuenta en la audiencia constitucional respectiva. Como lo solicita el representante social de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, una vez que se dicte la sentencia en este juicio, expídasele copia certificada de la misma. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por licencia médica del Titular, en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

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