María Martínez Arrollo o María Martínez y Otros.

Expediente 1068/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1068/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • María Martínez Arrollo o María Martínez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Por lo antes expuesto, se concluye que, la responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y por ello, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); gírese oficio a la responsable que tuvo el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes y archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del citado Acuerdo General, este expediente es conservable. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional, realizará la trasferencia correspondiente y solicitará la trasferencia al depósito documental dependiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se determinó CONCEDER el amparo; atento a lo anterior, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, hágase del conocimiento de las partes que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, los efectos del fallo protector son para que la autoridad responsable notifique la determinación adoptada sobre la queja y/o denuncia presentada por la parte quejosa mediante escrito de veinte de agosto de dos mil veinte. Por otra parte, atento a la reserva planteada mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, en relación a oficio remitido por la autoridad responsable Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala, mediante el cual remitió copia certificada de diversas constancias relativas al expediente de investigación E.I.160/2020/DJ/AI-1. Por lo antes expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio y anexos, dese vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda en relación al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con veintiocho minutos del cinco de septiembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1068/2023-V, promovido por Rafael Coronado Olvera, apoderado legal de María Martínez Arrollo o María Martínez y Gildardo Martínez Pallares, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Rolando Cruz Delfín, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentra la demanda de amparo presentada por Rafael Coronado Olvera, apoderado legal de María Martínez Arrollo o María Martínez y Gildardo Martínez Pallares; auto admisorio de veintiocho de julio de dos mil veintitrés e informe justificado rendido por la autoridad responsable. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se encuentra debidamente emplazado. De igual forma, con los escritos presentados por Rafael Coronado Olvera, apoderado legal de María Martínez Arrollo o María Martínez y Gildardo Martínez Pallares, registrados con los números 16739 y 16740. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómese en consideración al momento de resolver este expediente el informe justificado rendido por la autoridad responsable y téngase por emplazado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Ahora, Por los que respecta a los escritos presentados por Rafael Coronado Olvera, apoderado legal de María Martínez Arrollo o María Martínez y Gildardo Martínez Pallares, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado y la presuncional en su doble aspecto legal y humana. De igual manera, de conformidad con el artículo 124 de la ley de la materia, se tienen por formulados los alegatos que hace valer. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario hace constar que la autoridad responsable remitió copia certificada del expediente investigación administrativa 160/2020/DJ/AI-1. Por lo que respecta a la parte quejosa, esta exhibió el acuse de recibo ante la autoridad responsable, respecto al escrito de fecha veinte de agosto de dos mil veinte, así como las documentales remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado y la presuncional en su doble aspecto legal y humana. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el periodo probatorio. Abierta la fase de alegatos, el Secretario da cuenta con los formulados por la parte quejosa mediante los escritos con números de registro 15901 y 16740; a lo que la Juez acuerda: se tiene por vertidos los alegatos de cuenta sin perjuicio de tomarlos en consideración en el momento procesal oportuno, se cierra esta etapa y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A A la vista, los autos, para resolver en sentencia, el juicio de amparo indirecto número 1068/2023, promovido por María Martínez Arrollo o María Martínez y Gildardo Martínez Pallares, por conducto de su apoderado legal Rafael Coronado Olvera, contra actos del Titular de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala; y, R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito recibido el veintiséis de julio de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, y turnado al día siguiente a este Juzgado de Distrito María Martínez Arrollo o María Martínez y Gildardo Martínez Pallares, por conducto de su apoderado legal Rafael Coronado Olvera, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: Titular de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala ACTO RECLAMADO: La negativa de dar contestación a su escrito de veinte de agosto de dos mil veinte, en la cual presentó queja y/o denuncia en contra de Efraín Espejel Díaz en su carácter de Defensor Público del Estado. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, se radicó la demanda y admitió a trámite la misma, requirió el informe justificado a la señalada como responsable, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; por materia es de naturaleza administrativa; y, porque las autoridades a quien se les reprochan tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del Acto Reclamado. El acto reclamado por la parte promovente consiste en: La negativa de dar contestación a su escrito de veinte de agosto de dos mil veinte, en la cual presentó queja y/o denuncia en contra de Efraín Espejel Díaz en su carácter de Defensor Público del Estado. TERCERO Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado sin embargo realizó manifestaciones que hacen presumir la existencia de la omisión reclamada, de ahí que se tenga por cierto el acto atribuido, lo que se corrobora con las copias certificadas de diversas constancias relativas y relacionadas con el acto aquí reclamado, mismas que remitiera la responsable en vía de anexos y que obran en un tomo de prueba por separado. Copias certificadas que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al haber sido autentificadas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causales de improcedencia. Al no hacer valer las partes causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna de ellas, lo procedente es analizar la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Análisis del Acto Reclamado. El concepto de violación hecho valer por la parte quejosa es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado. La parte quejosa aduce, esencialmente, que la autoridad responsable violenta en su contra el contenido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues sostiene que dicho numeral ordena que a toda petición recaiga un acuerdo y que la autoridad tiene la obligación de hacerlo del conocimiento en breve término al peticionario. Asiste razón jurídica a la parte quejosa. En efecto, el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano que consagra el derecho de petición se conforma a su vez de diversos derechos que le dan contenido y que derivan de las diversas conductas que debe acatar la autoridad asimismo, y establece las formalidades conforme a las cuales debe proceder la autoridad a quien se presente una petición. El numeral antes referido, contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento: 1. Dictar el acuerdo correspondiente. 2. Que se comunique en breve término ese proveído al interesado, conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Ahora, en el caso, y de las constancias relevantes que integran el presente asunto se advierte lo siguiente: Que la parte quejosa mediante escrito de veinte de agosto de dos mil veinte, elevó petición a la autoridad responsable cuya omisión de atender reclama en esta vía constitucional y de la cual destaca que presentó: Formal queja y/o denuncia en contra de Efraín Espejel Díaz, en su carácter de Defensor Público del Estado de Tlaxcala, específicamente del Distrito Judicial de Ocampo. Y narró los hechos que consideró hacían procedente su queja o denuncia. Asimismo señalaron domicilio para recibir notificaciones un correo electrónico y número telefónico que al efecto proporcionaron. Ahora, ante la omisión por parte de la autoridad responsable de pronunciarse al respecto, los ahora quejosos, promovieron el presente juicio de amparo el cual fue admitido a trámite en veintiocho de julio de dos mil veintitrés, y entre otras cuestiones fue requerido el informe justificado a la señalada como responsable. Mediante oficio SFP-082023/DJ/DS-104, de quince de agosto de dos mil veintitrés, la responsable rindió su respectivo informe justificado al cual anexó diversas constancias relativas al expediente de investigación E.E.160/2020/DJ/AI-1. Ahora impuesta esta Juzgadora Federal de dichas constancias, se advierte lo siguiente: 1.- En uno de octubre de dos mil veinte, la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, tuvo recibido el escrito signado por Rafael Coronado Olvera, en su carácter de apoderado legal de María Martínez Arrollo o María Martínez y Gildardo Martínez Pallares, y acordó que con el mismo hacían del conocimiento presuntas irregularidades administrativas atribuidas a Efraín Espejel Díaz, personal dependiente de la Defensoría Pública y adscrito al Distrito Judicial de Ocampo. 2.- En la misma fecha, la Contraloría responsable, se declaró competente para conocer y resolver el asunto planteado. 3.- Ordenó registrar y dar inicio al expediente de investigación, por la presunta responsabilidad de faltas administrativas. 4.- Ordenó realizar las diligencias de investigación procedentes, giró oficio a la Directora de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Gobierno a fin de que remitiera diversa información del investigado. 5.- Ordenó girar citatorio a los promoventes a efecto que comparecieran a la oficina que ocupa la Dirección Jurídica de la Contraloría del Ejecutivo el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, a fin de dar continuidad al expediente. 6.- Obra un diverso proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno en el cual la responsable recibió el oficio signado por la Directora de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Gobierno, mediante el cual remitió copia certificada del expediente persona laboral del servidor público Efraín Espejel Díaz, y en ese sentido la responsable ordenó engrosar dichas constancias al expediente de investigación para los efectos legales. Siendo la anterior determinación la última actuación en el expediente de investigación. Conforme lo anterior, se advierte que, mediante proveído uno de octubre de dos mil veinte, la responsable atendió el escrito elevado a su consideración, dio entrada a la denuncia presentada y ordenó gestiones para investigar las irregularidades denunciadas, asimismo ordenó girar citatorios a las denunciantes a efecto que comparecieran ante dicha dependencia, sin embargo, lo cierto es, que a la presente fecha la autoridad responsable no acreditó con las constancias respectivas, haber notificado a la parte quejosa la determinación adoptada con la cual atendió el escrito presentado ante dicha dependencia; ello a fin de dar por agotada la obligación que tienen las autoridades de hacer del conocimiento la referida respuesta al solicitante; esto es así, pues no existe constancia alguna de que los citatorios girados para que comparecieran las ahora quejosas, hubieran sido entregados, lo que conlleva a considerar que existe una violación al derecho de petición previsto por el artículo 8° de la Carta Magna. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, visible en la página 979, del Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Séptima Sección- Derecho de petición, Materia Administrativa, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS. La garantía que otorga el artículo 8o. constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario." Por tanto, dado que a la fecha que hoy se resuelve, no existe constancia de que los ahora quejosos hayan sido notificados de la determinación adoptada sobre el escrito de queja y/o denuncia elevada a su consideración, se concluye que deba concederse el amparo solicitado, para los siguientes: EFECTOS: Que la autoridad responsable, en el término de tres días contados a partir de que le sea notificado el auto en que causó ejecutoria la presente resolución, notifique la determinación adoptada sobre la queja y/o denuncia presentada por la parte quejosa mediante escrito de veinte de agosto de dos mil veinte, ante la responsable. SEXTO. Calificación de la concesión. El análisis realizado para la protección del amparo y protección de la Justicia Federal, atendió a un estudio de fondo del acto que constituyó la Litis en el presente juicio. SÉPTIMO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. OCTAVO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73 y 74 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E LV E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a por María Martínez Arrollo o María Martínez y Gildardo Martínez Pallares, por conducto de su apoderado legal Rafael Coronado Olvera, contra la autoridad y por el acto que fue precisado en el resultando primero y considerando segundo de esta sentencia, por las razones y para los efectos expuestos en el considerando quinto del presente fallo. SEGUNDO. Atento a lo expuesto en el considerando sexto de este fallo, se califica que la concesión otorgada atendió a un estudio de fondo. TERCERO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. CUARTO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, ante el Licenciado Rolando Cruz Delfín, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurre el término de ocho días concedido en diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, a las partes para manifestar lo que a su interés legal convenga respecto del informe justificado rendido por la responsable; por tanto, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para este día. Para dar margen a lo anterior, y no transgredir las reglas esenciales que rigen el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese.

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