María Martina Lourdes Roldán Bustos

Expediente 1021/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1021/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • María Martina Lourdes Roldán Bustos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    ESTADO PROCESAL Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de nueve de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del presente sumario; y toda vez que las documentales que adjuntó la responsable Juez Cuarto Civil de Toluca, Estado de México, al rendir su informe, su conservación es innecesaria y se provee: DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS A RESPONSABLE Devuélvanse al Juez Cuarto Civil de Toluca, Estado de México, de las constancias que adjuntó a su informe justificado consistentes en: copias certificadas del expediente 1669/2021 de su índice, constantes de un tomo; sin que sea necesario que se acuse de recibo por parte de la citada responsable, toda vez que se tendrá como tal la constancia de recepción relativa al oficio con el cual se le notifica la presente determinación. Notifíquese como legalmente corresponda.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó y carece de relevancia documental. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Emireth Ayllón Rebollar, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    P...Visto, para resolver, el juicio de amparo indirecto 1021/2022-II-D. R E S U L T A N D O ÚNICO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales del Estado de México, con sede en Toluca, el quince de junio de dos mil veintidós, turnado a este juzgado al día siguiente, María Martina Lourdes, Emilio de Jesús, Leticia, Gregorio Carlos y María Esther Matilde, todos de apellidos Roldán Bustos, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 2 a 10 del juicio de amparo). En auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós (fojas 11 a 14), se admitió la demanda, requirió el informe justificado, dio vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, y fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Una vez sustanciado el juicio y previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31, fracción IV, 35 y 37 y 107 de la Ley de Amparo; y el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito pues se reclama un acto declarativo que no tiene ejecución material y la demanda se presentó en el lugar en que este juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto que se reclama. En ese tenor, por así desprenderse del estudio integral de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama al Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México: La sentencia interlocutoria de veinte de mayo de dos mil veintidós, dictada en el expediente 1669/2021 de su índice, en la que se confirmó el auto de dieciocho de abril del año en curso, que determinó la imposibilidad para continuar con la secuela procesal en dicho sumario ante la falta de representante de la parte demandada por su defunción. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, aceptó la existencia del acto reclamado al rendir su informe justificado (foja 20 y 21). Certeza que se corrobora con las constancias que adjuntó la responsable a su informe justificado, consistentes en copia certificada del expediente 1669/2021; documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 226 visible a foja 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, parte SCJN, materia común, quinta época, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En consecuencia, se tienen como cierto y probado el acto reclamado a la autoridad responsable. CUARTO. Oportunidad. Con fundamento en los artículos 1.149, 1.165 y 5.13 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, la demanda de amparo que dio origen al presente juicio se presentó oportunamente, ya que la parte quejosa fue notificada de la resolución reclamada el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, por lo que el término de quince días para la presentación de la demanda transcurrió del veintiséis de mayo al quince de junio del año en curso - sin contar los días veintiocho y veintinueve de mayo, así como el cuatro, cinco, once y doce de junio del año en comento, por ser inhábiles-. Entonces, si la demanda fue presentada el quince de junio de dos mil veintidós, es inconcuso que se presentó dentro del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al análisis de fondo del juicio de amparo, es conveniente hacer una breve relación de los antecedentes más importantes del acto reclamado. Mediante escrito presentado el tres de septiembre de dos mil veintiuno, María Martina Lourdes, Emilio de Jesús, Leticia, Gregorio Carlos y María Esther Matilde, todos de apellidos Roldán Bustos, promovieron en la vía ordinaria civil (usucapión) en contra de la sucesión intestamentaria de Antonio Roldan Arriaga y Josefina Bustos Ocampo (fojas 1 a 6 de la copia certificada del juicio de origen). Dicha demanda fue remitida al Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, donde por auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno, se radicó con el número 1669/2021 y se admitió a trámite, ordenando el emplazamiento de la parte demandada (fojas 7 y 8 de la copia certificada del juicio de origen). En auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se hizo la aclaración que debía emplazarse a Josefina Bustos Ocampo, en su carácter de adjudicataria de la sucesión intestamentaria a bienes de Antonio Roldan Arriaga (foja 21 de la copia certificada del juicio de origen). En auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por confesa de los hechos a la parte demanda, toda vez que no dio contestación a la demanda en el término concedido para ello, no obstante de haber sido notificada personalmente (foja 32 de la copia certificada del juicio de origen). En auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se señalaron las once horas con treinta minutos del tres de diciembre siguiente, para el verificativo de la audiencia de conciliación y depuración procesal (foja 36 de la copia certificada del juicio de origen). En auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido un escrito firmado por José Antonio Roldan Bustos, con el cual, sin reconocerle carácter alguno dentro de expediente de origen, informó el fallecimiento de Josefina Bustos Ocampo, demandada por derecho propio y como representante de los derechos de la sucesión de Antonio Roldan Arriaga, motivo por el que se dio una vista a las partes de tres días para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera (fojas 37 a 43 de la copia certificada del juicio de origen). El tres de diciembre de dos mil veintiuno, tuvo verificativo de la audiencia de conciliación y depuración procesal, en la que se advierte la inasistencia de la parte demandada; además, se abrió dicho proceso a prueba por un periodo de veinte días (foja 49 de la copia certificada del juicio de origen). El auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, el juez de origen ordenó interrumpir el procedimiento de origen por sesenta días, a efecto de que los interesados provean lo conducente sobre la sustitución de la parte demandada ante su fallecimiento (foja 53 de la copia certificada del juicio de origen). Derivado del escrito presentado por los aquí quejosos, en auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, la responsable determinó que existía imposibilidad para continuar con la secuela procesal ante la falta de representación de los demandados Antonio Roldan Arriaga y Josefina Bustos Ocampo (foja 59 de la copia certificada del juicio de origen). Inconformes con la citada determinación, los aquí quejosos interpusieron recurso de revocación, mismo que fue admitido a trámite el veintidós de abril de dos mil veintidós y se resolvió el veinte de mayo siguiente (fojas 65 y 69 a 71 de la copia certificada del juicio de origen), y cuyos considerandos fueron los siguientes: Esta determinación constituye el acto reclamado. SEXTO. Causas de improcedencia. De acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuando se advierta la actualización de alguna causa de improcedencia, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de pronunciarse de oficio, o bien, cuando así lo argumente alguna de las partes. Para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales se denominan causas de improcedencia. Entonces, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, pues de actualizarse alguna causa sería imposible el examen de la litis planteada. Este Juzgado Federal advierte que, respecto a la citación reclamada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia. En los procedimientos de remate. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De estas normas se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos emitidos fuera de juicio, cuyos efectos no son de imposible reparación. En efecto, la aludida fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo debe interpretarse en conjunto con la fracción V del mismo numeral, que dispone la procedencia del juicio de derechos contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación (que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte). Lo anterior es así, porque la fracción V -actos de imposible reparación- contempla un supuesto de aplicación más amplio y protector, por lo que debe configurar la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos fuera de juicio. Sustenta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, registro digital 163152, que dispone: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Sobre la definición de los actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estableció que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece dos precisiones para comprender el alcance de la expresión "actos de imposible reparación"; la primera de ellas se encuentra ubicada en la fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; la segunda, se observa en su fracción V, cuyo fin es normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales. Indicó que con base en esas disposiciones, puede afirmarse que el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal estableció su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos necesariamente deben producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, pero no que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Consideró que, de la definición plasmada en la actual Ley de Amparo, se deduce la existencia de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, a saber: 1) Se afecten materialmente derechos: lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. 2) Los derechos afectados materialmente tengan la categoría de "sustantivos": expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en estos últimos la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender el resultado del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Estableció que dada la connotación que el legislador aportó respecto a lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", no puede aplicarse la jurisprudencia que determinó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra aspectos formales que no se traducen en una afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo, sino que producen una afectación en grado predominante o superior, porque esta concepción resulta incompatible con la actual Ley de Amparo. Dicho criterio está contenido en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia Común, página 39, registro 2006589, que dispone: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En consecuencia, esta juzgadora considera que si bien es cierto que la autoridad responsable indicó en auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, la imposibilidad para continuar con la secuela procesal ante la falta de representación de los demandados Antonio Roldan Arriaga y Josefina Bustos Ocampo, lo cierto es que no existe una abierta dilación ni una absoluta paralización del juicio de origen, como se advierte en los considerados vertidos por la autoridad responsable en la interlocutoria emitida el veintidós de abril siguiente, que confirmó el auto en comento, toda vez que instó a la parte quejosa a llevar a cabo la denuncia respectiva del sucesorio a efecto de lograr el nombramiento de albacea o interventor y estar en posibilidad de notificar a la sucesión a dicho representante y estar en posibilidad de continuar con el trámite del juicio de origen. Por consiguiente, el acto atribuido a la responsable materialmente no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa y, entonces, al no ser de imposible reparación, ello hace improcedente el juicio de amparo indirecto, al quedar actualizada la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracciones IV y V, éste último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo tanto, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la propia ley, respecto de tales actos y autoridad. Finalmente, al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio, impide a esta juzgadora el estudio de los conceptos de violación que atañen a las cuestiones de fondo. Es aplicable, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior integración, publicada en la página 88, tomo 187-192, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por María Martina Lourdes, Emilio de Jesús, Leticia, Gregorio Carlos y María Esther Matilde, todos de apellidos Roldán Bustos, contra el acto y autoridad indicados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso sexto de la presente sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda.

  4. Principal

    L Se notifica por medio de lista a la parte quejosa la determinación de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en cumplimiento al aviso de fecha uno de septiembre del año en cita, toda vez que no compareció a notificarse la quejosa, ni alguno de sus autorizados personalmente de dicha determinación

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