María Martha Teresa López Arévalo

Expediente 547/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
547/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
26/08/2016

Partes del expediente

  • María Martha Teresa López Arévalo

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual remite el testimonio autorizado de la resolución pronunciada por ese Tribunal el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, en el recurso de queja 97/2016, en la que se resuelve: "ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja." Acúsese recibo; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para sus efectos y las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que el quejoso omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta que suscribe el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Capital, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído de veinte de junio pasado, y acusa recibo de las constancias que en copia certificada fueron enviadas para la substanciación de dicho medio de impugnación, quedando registrado como recurso de queja número 97/2016.

  3. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por la quejosa ********** y/o **********; se acuerda: Se tiene a la quejosa presentando recurso de queja contra el proveído de veinte de junio de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo. II. En razón de lo anterior, y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito en turno, el original del escrito del recurso, copia certificada de la demanda, sus anexos y de la resolución recurrida, con sus respectivas notificaciones, para su substanciación. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente este juzgado dictó el veinte de junio de dos mil dieciséis, acuerdo en el que determinó desechar la demanda de amparo promovida por ********** y/o **********.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por *********, contra actos del Juez Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 547/2016-III. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.) En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" A manera de preámbulo, conviene mencionar que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de la propia Ley de Amparo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o incluso, de la jurisprudencia. Por ello, el contenido de este numeral se debe interpretar en el sentido de que en sus veintidós primeras fracciones sólo se prevén algunos de los múltiples supuestos de improcedencia que operan en el juicio de amparo, de tal forma, que la actualización de estas hipótesis no se deben entender bajo un criterio limitativo, es decir, que los supuestos expresamente contenidos en las veintidós fracciones del aludido numeral 61 de la Ley de Amparo, no son los únicos casos en que este juicio debe estimarse improcedente. Más bien, la hipótesis normativa de la fracción XXIII del aludido precepto evidencia que la intención del legislador estribó en que las causas de improcedencia del amparo, se pueden actualizar por motivos diversos a los establecidos taxativamente en el citado artículo 61. Supuestos que pueden tener su génesis tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la ley o, incluso, en la jurisprudencia. Por su parte, el último párrafo de la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo tratándose de remates en el sentido que, dicha hipótesis sólo se actualiza cuando se controvierte la última resolución dictada en dicho procedimiento, que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. De ahí que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se haya emitido la orden de escrituración y/o entrega del bien inmueble, pues de cualquier manera, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial. Lo anterior, aplicado contrario sensu, evidencia que cuando el acto reclamado no se trate de la última resolución dictada en el procedimiento de remate, el juicio de amparo será improcedente. Y es que la finalidad de esta disposición, es permitir el respeto al derecho a la seguridad jurídica, y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del remate. Bajo dicha guisa, en el caso que nos ocupa, se tiene que el acto reclamado por la solicitante del amparo se hace consistir en la sentencia interlocutoria de veintiséis de mayo del año en curso, emitida con motivo del recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de nueve del mismo mes y año, dictado dentro del juicio especial sumario civil C354/2009, en el que se le negó su solicitud de suspender la audiencia de remate, es inconcuso, que esa determinación no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, puesto que no es la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura y la entrega de los bienes rematados, con lo que se demuestra plenamente que el acto reclamado no es la última resolución en el procedimiento de remate. Con base en lo puntualizado, si el último párrafo de la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo tratándose de remates en el sentido que, dicha hipótesis sólo se actualiza cuando se controvierte la última resolución dictada en dicho procedimiento, que es aquélla que en forma definitiva: 1. Ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación; y 2. La entrega de los bienes rematados; y si a la fecha aún no se han emitido tales resoluciones en dicho procedimiento; es inconcuso que al no surtirse la hipótesis que prevé la fracción IV del numeral 107 de la ley de la materia, el juicio de amparo resulta improcedente. Y es que para considerarse que en el procedimiento de remate se emitió la última resolución, es menester, que se emita uno de los mandamientos -los cuales quedaron puntualizados bajo los números 1 y 2 del párrafo que antecede-, habida cuenta que el último párrafo de la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, es puntual en establecer: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.) En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De modo que, si el amparo indirecto procede hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se haya emitido la orden de escrituración y/o entrega del bien inmueble, pues de cualquier manera, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial- resulta indudable que el juicio de amparo que nos ocupa se torna improcedente, al no haberse emitido aún tales determinaciones en el procedimiento de remate tramitado en el juicio especial sumario civil C354/2009 de la estadística del Juzgado Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Por otra parte, téngase a la quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Manuel Vega Murillo, al contar con cédula profesional número 2343228, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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