María Martha Susana Tigasi Chugchilan

Expediente 276/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
276/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
17/04/2023

Partes del expediente

  • María Martha Susana Tigasi Chugchilan

Actuaciones

  1. Principal

    1. Causa estado. Visto el estado procesal, así como la certificación que antecede, se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de garantías, no fue recurrido por alguna de las partes; con fundamento en el artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara firme dicho acuerdo. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.1 Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 1.2 Valoración. Toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, que se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. 1.3 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 1.4 Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.

  2. Principal

    1. Informe de suspensión de plano. Agréguese a los autos el oficio signado por la Representante Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe de suspensión de plano. 1.1 Acuerdo. Téngase a la autoridad responsable informando que a la quejosa directa ********************, el veintiuno de marzo de este año, se le otorgó documento provisional con la condición de estancia de visitante por razones humanitarias por una temporalidad de treinta días, por lo que se levantó su alojamiento en la Estación Provisional Piedras Negras, otorgándole la salida de esa estación. 2. Improcedencia de oficio. En mérito de lo anterior, este órgano de justicia advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto de los actos implementados por el Instituto Nacional de Migración que restringía la libertad de tránsito en el país de la quejosa directa. 2.1 Premisas argumentativas. El citado precepto legal establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, que se configura cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgando el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no dejó huella alguna. 2.2 Contexto de los hechos. En este caso, se advierte de las constancias remitidas por la responsable, que la quejosa ya no se encuentra retenida o alojada a disposición del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, por habérsele otorgado la condición de estancia de visitante por razones humanitarias, lo que implica que no continúa restringida en su libertad con motivo del alojamiento. Circunstancia suficiente para concluir que el acto reclamado cesó en sus efectos, así la quejosa recuperó el goce de su derecho a la libertad de tránsito en este país, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. 3. Sobreseimiento fuera de audiencia. Al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente conforme a derecho es sobreseer fuera de audiencia este juicio de amparo. 3.1 Anotaciones. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS (HORARIO DE LA FRONTERA NORTE), en este juicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico e impreso. 3.2 Comunicación a autoridad. Asimismo, comuníquese esta determinación a la autoridad responsable para su conocimiento y efectos legales conducentes.

  3. Principal

    1. Constancia de notificación. Vista la constancia de notificación que antecede se advierte que la quejosa directa ...manifestó que ratificaba la demanda de amparo promovida a su favor. 2. Inexistencia de actos crueles e inhumanos. De igual manera, se advierte que la quejosa refirió que no ha sido objeto de actos de tortura, lesiones, maltrato físico o psíquico, golpes o incomunicación; por tanto, al manifestar expresamente que no existieron los citados actos, desde este momento los mismos quedan fuera de la litis constitucional planteada, siguiéndose el trámite únicamente por lo que hace al acto reclamado consistente en la detención ejecutada en su contra y la posible orden de deportación. 3. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE A TRÁMITE la demanda de amparo promovida por Juan Antonio Mendoza Trujillo en favor de ...contra actos de la Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. 4. Solicitud de teléfono celular y correo electrónico. Se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico, a fin de que se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 5. Señalamiento de autoridad. Se tiene como autoridad responsable a la Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. 6. Informe justificado. Con fundamento en los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia en los plazos ordenados por la normativa, los cuales son aplicables supletoriamente a este juicio sobre la base de lo establecido en el artículo 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable deberá rendir su informe justificado dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir del momento en que reciban la notificación del presente proveído, con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que el acto reclamado, sea cierto, remita copia certificada, legible y completa de las constancias relacionadas, exclusivamente, con la materia de su resolución específica. En caso de que el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional asiente la razón en sentido de no poder entregar el oficio de emplazamiento respectivo, se ordenará que el peticionario de amparo manifieste la correcta denominación normativa de las correspondientes autoridades, en la inteligencia de que, en el caso de incumplir, no se le tendrá como parte en el juicio. 6.1 Correo electrónico oficial. Ahora bien, a fin de respetar los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia, en relación con el artículo 28, fracción lll, de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad responsable se sirva a proporcionar correo electrónico oficial al rendir su informe justificado, con la finalidad de establecer comunicación entre la dependencia que representa y este órgano jurisdiccional, haciendo uso de las herramientas tecnológicas, simplificando y agilizando los juicios en beneficio de las personas justiciables. 7. Ministerio Público. En términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se corre traslado con copia de la demanda al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. 8. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 9. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, además de los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA; por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos. 10. Fecha y hora de audiencia constitucional. La audiencia constitucional tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS (HORARIO DE LA FRONTERA NOTE).

  4. Principal

    Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a veintiuno de marzo de dos mil veintitrés. 1. Demanda. Visto el escrito de demanda ingresado vía electrónica por ******************** en favor de María Martha Susana Tigasi Chugchilan, contra actos de la Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 276/2023, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Autoridad responsable. La autoridad responsable es la Representación Local del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad. Constituye un hecho notorio que es la autoridad encargada de las cuestiones migratorias en la localidad. 3.1 Autoridad sin calidad de responsable. La diversa autoridad migratoria que describe el promovente se considera innecesario incorporarla como responsable, en cumplimiento al deber de justicia pronta contenido en el artículo 17 constitucional. Corresponde únicamente al Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, el desarrollo del control migratorio. Este órgano de justicia actuando en beneficio de la parte quejosa, estima idóneo desvincular a esa otra autoridad migratoria para efectos del trámite de este juicio de amparo, sin perjuicio que de resultar necesario, de manera oficiosa se incorporará alguna autoridad distinta que pudiera tener intervención en los actos reclamados. 4. Suspensión de plano. Considerando que los actos reclamados se encuentran dentro de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 126 y 160 de dicha legislación, SE CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN. A fin de prevenir la transgresión a los derechos humanos de libertad personal, dignidad e integridad física la migrante quejosa, se adoptan como medidas urgentes que debe cumplir la autoridad migratoria, las siguientes: 4.1 Deportación. La autoridad responsable no podrá deportar a María Martha Susana Tigasi Chugchilan a su país de origen, hasta en tanto reciba notificación de la conclusión definitiva de este juicio. La suspensión concedida no constituye un obstáculo para que puedan retornar a su nación de origen, en caso de ser voluntad expresa de la quejosa (retorno migratorio voluntario). 4.2 Libertad inmediata. La persona migrante deberá quedar en inmediata libertad, puesto que de la manifestación bajo protesta de decir verdad del promovente, se advierte que el plazo previsto en el artículo 68 de la Ley de Migración ya transcurrió. En consecuencia, no existe fundamento legal para otorgar mayores plazos a la autoridad responsable, ya que de prolongar la detención o alojamiento, se convierte en arbitraria y violatoria del derecho humano a la libertad personal reconocido como de primer rango tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 1o., 14, 16 y 21), como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7). 4.3 Eficacia de la medida cautelar. Esta suspensión de plano debe tener el efecto de poner en inmediata libertad a la migrante quejosa para que conforme al artículo 160 de la Ley de Amparo, quede a disposición del Juzgado de Distrito por cuanto hace a la libertad personal y a disposición de la autoridad migratoria para la continuación del procedimiento administrativo correspondiente. La autoridad migratoria podrá imponer las medidas de seguridad previstas legalmente para continuar con el procedimiento migratorio, sin impedir el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, así como en la normativa convencional, como lo establece el artículo 66 de la Ley de Migración. 4.4 Asistencia al migrante. En observancia de lo dispuesto en el artículo 11, párrafo primero, de la Constitución General de la República, el derecho de entrar y viajar por el territorio mexicano está subordinado a las facultades de la autoridad administrativa donde se regulen limitaciones a esos derechos que impongan las leyes sobre inmigración. Por consiguiente, la autoridad migratoria deberá cumplir, sin excusa, con el otorgamiento de los derechos de asistencia a la migrante identificados en los artículos 107 y 109 de la Ley de Migración. 4.5 Apercibimiento de vista a la Fiscalía General de la República. La autoridad responsable que viole este mandato judicial será sujeta a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 262, fracciones III y V, de la Ley de Amparo. 5. Informe sobre cumplimiento de la suspensión de plano. En el plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de su legal notificación, la autoridad responsable deberá informar si la promovente se encuentra alojada en la estación migratoria en esta ciudad, o bien, ante el actuario judicial que notifique este acuerdo, deberá señalar con claridad el lugar preciso en donde se encuentren bajo resguardo o alojamiento de cualquier autoridad mexicana. 5.1 Apercibimiento. De no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 5.2 Ingreso del Actuario Judicial a la estación migratoria. Se hace del conocimiento a la autoridad responsable que está obligada a permitir el acceso inmediato, total y en franca libertad del personal actuante a sus instalaciones, a fin de cumplir con el objetivo de la diligencia. Por lo cual se deberá respetar la investidura que representan al tratarse de funcionarios judiciales federales en el ejercicio de sus labores, evitando en todo momento incurrir en tratos inapropiados o expresar cualquier tipo de cuestionamiento sobre su encomienda o la forma en que se vaya a realizar. 5.3 Uso de la fuerza pública. El incumplimiento a lo anterior constituirá una obstaculización a la justicia federal, por lo que este órgano de control constitucional actuará en términos del artículo 169 de la ley de Amparo, solicitando el apoyo de la fuerza pública, que están obligadas a brindar las autoridades civiles o militares de los tres niveles. 6. Localización del migrante. Se comisiona al Actuario Judicial, para que se constituya de inmediato en las instalaciones de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, a fin de localizar a la quejosa María Martha Susana Tigasi Chugchilan. Una vez localizada, el fedatario judicial, en términos del Protocolo para juzgar casos que involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, deberá llevar a cabo las actuaciones siguientes: 6.1 Migrante vulnerable. Dar cuenta y razonar que se tomaron las medidas necesarias que resulten conducentes con el objeto de que cesen actos que coloquen en una situación de vulnerabilidad a la promovente. 6.2 Estado del migrante. Dar cuenta y razonar el estado físico de la quejosa al momento en que se desahogue la diligencia y preguntar sobre posibles actos de tortura, lesiones provocadas, maltrato físico o psicológico; además de la descripción de las instalaciones en donde se encuentra y de las circunstancias en las que se dio la entrevista; para lo cual deberá realizar la certificación conducente y utilizar algún medio electrónico en donde puedan quedar registradas las presuntas lesiones. 6.3 Ratificación de demanda. Deberá requerir a la migrante para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos su notificación, manifieste si ratifica o no la demanda promovida a su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas. 6.4 Denominación de autoridad. El Actuario Judicial está autorizado en caso de resultar inexacta la denominación de la autoridad mencionada en el presente auto y se le proporcione la correcta, proceda en el acto a corregirla, a fin de estar en aptitud de realizar la notificación encomendada. 7. Prácticas actuariales. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 8. Autorizado para notificaciones. Es autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo ********************, por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. 9. Domicilio para notificaciones. Se tiene a la promovente señalando que las notificaciones se le realicen por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido del Secretario Marco Antonio Sáenz Cárdenas, quien certifica que la promoción de cuenta y este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Certifico y doy fe.

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