Maria Martha Rodriguez Gonzalez

Expediente 1325/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 15 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1325/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
11/04/2023

Partes del expediente

  • Maria Martha Rodriguez Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de abril de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término concedido a la parte quejosa mediante acuerdo de diecisiete de marzo del año actual, para que se manifestara respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho. En tal virtud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a resolver de oficio, si la referida ejecutoria se encuentra o no cumplida. Análisis del cumplimiento de sentencia. Sentencia Por sentencia de nueve de enero de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal resolvió el presente juicio de amparo, en la que se determinó por una parte sobreseer y, por otro lado, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "I) En el futuro no sean aplicados a la quejosa los preceptos declarados inconstitucionales, esto es, los artículos 40, fracción I, inciso a), 49, y 93, de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, (.) II. La autoridad receptora del pago deberá dejar insubsistentes los enteros relativos a los recibos folios PP- 712165 y PP-712166, procederá a recalcular, por cada uno de estos, el monto del derecho a pagar conforme a la tarifa mínima prevista en el segundo párrafo del inciso a) de la fracción I, del artículo 40, de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, relativo a la disposición general respecto de la inscripción de instrumentos jurídicos, y deberá devolver a la impetrante la diferencia que resulte a su favor. (.). c) En la inteligencia de que la concesión también implica el calcular nuevamente el concepto de asistencia social por el monto del 25% a que se refiere el numeral 93 de la referida ley, ya que su cálculo depende del monto del derecho a pagar, por lo que una vez que este último haya sido recalculado, sobre ese nuevo monto deberá calcularse ese porcentaje y la diferencia resultante se deberá devolver a la agraviada. (.) En el entendido que una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la autoridad exactora, esto es, el Director de Recaudación y Política Fiscal dependiente de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, quedará vinculado a su cumplimiento, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo. (.)" Ejecutoria. Por proveído de veintisiete de enero del año actual, causó ejecutoria dicho fallo constitucional. Acciones de cumplimiento. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, mediante oficio registrado con el número interno 1697, el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, remitió copia certificada del memorándum SF/PF/96/2023, de treinta y uno de enero de la presente anualidad, dirigido al Director General de Ingresos, así como del diverso SF/PF/104/2023, de la misma fecha, dirigido al Director Jurídico y de Capacitación Fiscal, mediante los cuales instruyó que se lleven a cabo las acciones necesarias para que en el futuro no le sean aplicados a la parte quejosa los artículos 40, fracción I, inciso a), 49, y 93, de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí. Por otro lado, mediante oficio SF/PF/150/2023, remitido por la referida autoridad, anexó el diverso SF/DGI/DJCF/AD/M/0206/2023, del que se advierte que se dejó insubsistentes los recibos de pago con folios PP- 712165 y PP-712166 y, se procedió a recalcular el monto de cada uno de éstos, conforme a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Finalmente, a través de la diversa comunicación recibida el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, la multicitada autoridad allegó copia certificada del título nominativo 0000483 a favor de la parte quejosa por la cantidad de $9,109.00 (nueve mil ciento nueve pesos 00/100 moneda nacional), y del que se desprende que fue recibido por ésta el seis de marzo de este año. Cumplimiento. En ese orden de ideas, si la autoridad responsable estipuló que en el futuro no le será aplicada la norma viciada de inconstitucionalidad (artículos 40, fracción I, inciso a), 49, y 93, de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, en la redacción precisada en este fallo); dejó insubsistentes los recibos con folios PP-712165 y PP- 712166; recalculó, por cada uno de ellos, el monto a devolver a la quejosa conforme a los lineamientos expuestos en la sentencia y, entregó a la promovente el cheque 0000483 por la cantidad de $9,109.00 (nueve mil ciento nueve pesos 00/100 moneda nacional), es indiscutible que con ello se cumplió en sus términos la sentencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Archivo. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. No existen documentos originales. Asimismo, de autos se advierte que, la parte quejosa no exhibió documentos ni billetes de depósito que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se concedió la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia. Valoración del expediente. Hágase constar la valoración del expediente referido, en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. Asunto de no relevancia documental. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Se informa a las responsables. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Se informa adscripción Jueza De la misma manera, se informa a las partes que mediante oficio SEADS/903/2023, de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción autorizó la comisión temporal de Norma Angélica Ávila Veyna, como Jueza Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y de conformidad con el criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312 del tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2010, Novena Época, con registro digital 164217, que dispone lo siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de abril de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término concedido a la parte quejosa mediante acuerdo de diecisiete de marzo del año actual, para que se manifestara respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho. En tal virtud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a resolver de oficio, si la referida ejecutoria se encuentra o no cumplida. Análisis del cumplimiento de sentencia. Sentencia Por sentencia de nueve de enero de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal resolvió el presente juicio de amparo, en la que se determinó por una parte sobreseer y, por otro lado, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "I) En el futuro no sean aplicados a la quejosa los preceptos declarados inconstitucionales, esto es, los artículos 40, fracción I, inciso a), 49, y 93, de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, (.) II. La autoridad receptora del pago deberá dejar insubsistentes los enteros relativos a los recibos folios PP- 712165 y PP-712166, procederá a recalcular, por cada uno de estos, el monto del derecho a pagar conforme a la tarifa mínima prevista en el segundo párrafo del inciso a) de la fracción I, del artículo 40, de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, relativo a la disposición general respecto de la inscripción de instrumentos jurídicos, y deberá devolver a la impetrante la diferencia que resulte a su favor. (.). c) En la inteligencia de que la concesión también implica el calcular nuevamente el concepto de asistencia social por el monto del 25% a que se refiere el numeral 93 de la referida ley, ya que su cálculo depende del monto del derecho a pagar, por lo que una vez que este último haya sido recalculado, sobre ese nuevo monto deberá calcularse ese porcentaje y la diferencia resultante se deberá devolver a la agraviada. (.) En el entendido que una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la autoridad exactora, esto es, el Director de Recaudación y Política Fiscal dependiente de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, quedará vinculado a su cumplimiento, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo. (.)" Ejecutoria. Por proveído de veintisiete de enero del año actual, causó ejecutoria dicho fallo constitucional. Acciones de cumplimiento. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, mediante oficio registrado con el número interno 1697, el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, remitió copia certificada del memorándum SF/PF/96/2023, de treinta y uno de enero de la presente anualidad, dirigido al Director General de Ingresos, así como del diverso SF/PF/104/2023, de la misma fecha, dirigido al Director Jurídico y de Capacitación Fiscal, mediante los cuales instruyó que se lleven a cabo las acciones necesarias para que en el futuro no le sean aplicados a la parte quejosa los artículos 40, fracción I, inciso a), 49, y 93, de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí. Por otro lado, mediante oficio SF/PF/150/2023, remitido por la referida autoridad, anexó el diverso SF/DGI/DJCF/AD/M/0206/2023, del que se advierte que se dejó insubsistentes los recibos de pago con folios PP- 712165 y PP-712166 y, se procedió a recalcular el monto de cada uno de éstos, conforme a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Finalmente, a través de la diversa comunicación recibida el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, la multicitada autoridad allegó copia certificada del título nominativo 0000483 a favor de la parte quejosa por la cantidad de $9,109.00 (nueve mil ciento nueve pesos 00/100 moneda nacional), y del que se desprende que fue recibido por ésta el seis de marzo de este año. Cumplimiento. En ese orden de ideas, si la autoridad responsable estipuló que en el futuro no le será aplicada la norma viciada de inconstitucionalidad (artículos 40, fracción I, inciso a), 49, y 93, de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, en la redacción precisada en este fallo); dejó insubsistentes los recibos con folios PP-712165 y PP- 712166; recalculó, por cada uno de ellos, el monto a devolver a la quejosa conforme a los lineamientos expuestos en la sentencia y, entregó a la promovente el cheque 0000483 por la cantidad de $9,109.00 (nueve mil ciento nueve pesos 00/100 moneda nacional), es indiscutible que con ello se cumplió en sus términos la sentencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Archivo. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. No existen documentos originales. Asimismo, de autos se advierte que, la parte quejosa no exhibió documentos ni billetes de depósito que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se concedió la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia. Valoración del expediente. Hágase constar la valoración del expediente referido, en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. Asunto de no relevancia documental. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Se informa a las responsables. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Se informa adscripción Jueza De la misma manera, se informa a las partes que mediante oficio SEADS/903/2023, de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción autorizó la comisión temporal de Norma Angélica Ávila Veyna, como Jueza Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y de conformidad con el criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312 del tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2010, Novena Época, con registro digital 164217, que dispone lo siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este asunto; en consecuencia, se provee: Vista a la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido y anexo, así como con el diverso recibido el veintitrés de febrero del año en curso y anexos, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, corriéndole traslado con copia autorizada de los mismos, para que manifieste lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la referida sentencia. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este asunto; en consecuencia, se provee: Vista a la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido y anexo, así como con el diverso recibido el veintitrés de febrero del año en curso y anexos, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, corriéndole traslado con copia autorizada de los mismos, para que manifieste lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la referida sentencia. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

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