María Martha Martínez Estrada

Expediente 932/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
932/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
21/09/2018

Partes del expediente

  • María Martha Martínez Estrada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el catorce de agosto del año en curso (fojas 89 a 90), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de quince de agosto de la presente anualidad (foja 91), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia terminada de engrosar el nueve de julio de dos mil dieciocho (fojas 48 a 73), se determinó conceder a la parte quejosa María Martha Martínez Estrada, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] a) Los artículos 23, fracción XIX, 12, 13 y 14 de la Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit, para los ejercicios fiscales dos mil quince a dos mil diecisiete, así como los numerales 23, fracción XIX, 11, 12 y 13 para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el comprobante de depósito de la institución bancaria BBVA Bancomer, en la cuenta con referencia 00097004769A16101259, realizado el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente. [.]". De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable aludida en párrafos que anteceden, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: a) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción XIX, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para los ejercicios fiscales dos mil quince a dos mil diecisiete, en relación con los ordinales 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal; así como los dispositivos 23, fracción XIX, 11, 12 y 13, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, de esa legislación; y b) Devolver la contribución erogada, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse incluir la actualización fiscal correspondiente. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado ante este órgano jurisdiccional el catorce de agosto de dos mil dieciocho (foja 89 a 90), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia de la transferencia bancaria de diez de agosto de la anualidad citada, a nombre de María Martha Martínez Estrada (aquí quejosa) y del que se advierte que devolvió la cantidad de $27,819.66 (veintisiete mil ochocientos diecinueve pesos 66/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por concepto de devolución de pago de lo indebido. Siendo que por auto de quince de agosto del año en que se actúa, se requirió a la referida quejosa, para que manifestara lo conducente al cumplimiento dado por la responsable de previa cita, bajo apercibimiento que de no hacerlo se analizaría sobre el cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $27,513.72 (veintisiete mil quinientos trece pesos 72/100 moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. En ese tenor, tenemos que el monto de $27,513.72 (veintisiete mil quinientos trece pesos 72/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiséis de abril de dos mil dieciocho y el diez de agosto de dicha anualidad, se efectúo la devolución mediante transferencia bancaria a la parte quejosa; no obstante, el periodo de actualización comprende del mes de marzo de dos mil dieciocho a julio del mismo año, fecha esta última en que se generó el cheque con la debida actualización. Ahora, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, esto es el mes de julio de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de julio de ese año (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de la presente anualidad fue de 132.436; y para el mes de julio del mismo año de 132.991. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00419. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $27,513.72 (veintisiete mil quinientos trece pesos 72/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $27,629.00 (veintisiete mil seiscientos veintinueve pesos 00/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $27,513.72 (veintisiete mil quinientos trece pesos 72/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $115.28 (ciento quince pesos 28/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad total de $27,819.66 (veintisiete mil ochocientos diecinueve pesos 66/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. No pasa inadvertido que el monto que se debía devolver al quejoso era de $27,629.00 (veintisiete mil seiscientos veintinueve pesos 00/100 moneda nacional); sin embargo, se le reintegró la diversa cantidad de $27,819.66 (veintisiete mil ochocientos diecinueve pesos 66/100 moneda nacional), es decir, le entregaron $190.66 (ciento noventa pesos 66/100 moneda nacional) de más, pero dicha variante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la autoridad responsable, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la quejosa a fin de devolverla, así como los que efectúe la autoridad responsable para obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a sus autos el libelo de cuenta para los efectos legales correspondientes, mediante el cual la delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informa haber dado cabal cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, con el comunicado de mérito y anexo, dése vista a la parte quejosa, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento; apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en el referido informe y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento al fallo protector.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a sus autos el libelo de cuenta para los efectos legales correspondientes, mediante el cual la delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informa haber dado cabal cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, con el comunicado de mérito y anexo, dése vista a la parte quejosa, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento; apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en el referido informe y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento al fallo protector.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación dentro del plazo que prevé el arábigo 86 de la Ley de la Materia, en contra de la sentencia terminada de engrosar el nueve de julio de dos mil dieciocho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, de cumplimiento al fallo protector concedido. En la inteligencia de que la cantidad a devolver deberá ser debidamente actualizada conforme al precepto 35 del Código Fiscal para el Estado de Nayarit; asimismo, la autoridad debe allegar las operaciones aritméticas que realice para obtener la actualización de la cantidad a devolver. Asimismo, con sustento en el dispositivo 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, así como con el diverso artículo 31, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, requiérase a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene a la precitada autoridad responsable, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Apercibidas que de no hacerlo con causa justificada, se les impondrá indistintamente una medida de apremio consistente en multa a cada una de ellas, por el equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización, acorde con los preceptos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor. Se les hace del conocimiento a las citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la citada Ley. Lo anterior, no obstante que las autoridades responsables se encontraban gozando de su periodo vacacional en el lapso señalado en la cuenta para interponer el recurso de revisión respectivo, pues ese hecho no interrumpe el término para hacer valer ese medio de impugnación. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página seiscientos dieciséis, Tomo I, Segunda Parte-2, de enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, Materia Civil, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: ***Asimismo, la tesis XXI.2o.P.A.31 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil ochocientos setenta, Tomo XXIII, correspondiente al mes de mayo de dos mil seis, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: **

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