María Martha Ledesma Pérez

Expediente 825/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
825/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • María Martha Ledesma Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la segunda certificación de cuenta así como el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, interpongan recurso de revisión contra la sentencia con engrose al cinco de octubre, que negó el amparo y protección de la justicia federal solicitado, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho fallo, ha causado ejecutoria. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes; y realícense las anotaciones conducentes. En ese contexto, se considera innecesaria la retención de las constancias que remitieron la Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México (tomo I de pruebas), en apoyo a su informe justificado; por tanto, devuélvase a dicha autoridad, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término de tres días siguientes al en que le surta efectos la notificación de este acuerdo, se le impondrá a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la ley de la materia. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    II. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 825/2023-II; y, R E S U L T A N D O: Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, *********, por derecho propio y en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienes de Felipe Ledesma Martínez, demandó el amparo y protección contra actos del Juez Segundo de lo Familiar en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México. Previo desahogo de prevención por auto de catorce de julio de dos mil veintitrés, se registró bajo el número 825/2023-II, se admitió a trámite la demanda; se pidió a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó emplazar a juicio a los terceros interesados Javier, José Guadalupe, Felipe, María Leticia y Consuelo, todos de apellidos Ledesma Pérez; se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclama un acto dictado por una autoridad civil con residencia dentro de la jurisdicción donde este órgano de control constitucional ejerce su competencia. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: La sentencia interlocutoria de dos de junio de dos mil veintitrés, emitida por el Juez Segundo de lo Familiar en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, dentro de las actuaciones del expediente relativo al juicio sucesorio testamentario registrado bajo el número 652/2020. TERCERO. La Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado. Lo que se corrobora con la copia certificada del expediente 652/2022, documentales a las que se les otorga plena eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 917812, Instancia: Pleno, Octava Época, Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, 278, Página: 231, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, registro 394182, cuyo rubro dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. Previamente al estudio de fondo del juicio, se procede analizar de oficio las causas de improcedencia, por ser ésta una cuestión de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. Al no actualizarse causa de improcedencia o motivo para sobreseer en el juicio, hecha valer por las partes o se advierta de oficio por este juzgado, se procede al análisis de fondo del acto reclamado. QUINTO. Se impone destacar que no existe precepto alguno en la Ley de Amparo que disponga que los conceptos de violación deban ser transcritos; además que los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias, se satisfacen cuando al efectuar el estudio de fondo del asunto se precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios; circunstancia que no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que no se le priva de la oportunidad de recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de sustento la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". No obstante ello, analizada en su integridad la demanda de amparo, la quejosa sostiene esencialmente que: La resolución interlocutoria es violatorio de los derechos consagrados en los arábigos 8º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al carecer de una debida fundamentación y motivación, puesto que el Juez responsable fue omiso en atender a lo dispuesto por los artículos 6.212, 6.216, 6.227, 6.229, 6.230,6.233 y 6.234 tocante a las obligaciones que por ley se imponen a la promovente en su carácter de albacea y por el contrario, únicamente se limitó a transcribir y citar criterios federales y disposiciones legales. El concepto de violación resulta fundado pero a la postre inoperante e insuficiente para otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Es importante transcribir lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Federal, el cual establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." El precepto constitucional transcrito, consagra el derecho humano de legalidad, consistente en la debida fundamentación y motivación, que obliga a todas las autoridades en sus actos, y más aún cuando éstos son tendentes a realizar un acto de molestia en los particulares o gobernados. La fundamentación del acto de autoridad consiste en la sustentación en una disposición normativa de carácter general, o sea, la ley debe prever una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad, es decir, que exista una ley que así lo autorice; de donde se sigue que las autoridades sólo pueden hacer lo permitido en la ley. Y la motivación del acto reclamado, se entiende la invocación de las circunstancias y modalidades del caso particular que encuadren dentro del marco general correspondiente establecido por la ley. En suma, para que una autoridad cumpla con los requisitos de fundamentación y motivación contenidos en el principio de legalidad, previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario citar en sus determinaciones los preceptos legales de apoyo y, además, expresar los razonamientos lógico-jurídicos que la condujeron a la conclusión del asunto tratado y que encuadra en los supuestos de la norma invocada. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia número 40, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN" Además, el artículo 17 de la Norma Fundamental, consigna los principios rectores de la impartición de justicia, para hacer efectivo el derecho a la jurisdicción; siendo uno de estos principios, el de exhaustividad, que impone al juzgador la obligación de resolver todos los litigios que se presenten para su conocimiento en su integridad, sin dejar nada pendiente, con el objeto de que el fallo que se dicte declare el derecho, sin necesidad de nuevos procedimientos judiciales o administrativos. Es decir, para cumplir cabalmente con la exhaustividad exigida por la Constitución, se impone a los juzgadores la obligación de examinar todas las cuestiones puestas en su conocimiento, y esto se refleja en un examen acucioso, detenido, profundo, al que no escape nada de lo que pueda ser significativo para encontrar la verdad sobre los hechos controvertidos, o de las posibilidades que ofrezca cada medio probatorio, sin que ello implique una mera exigencia formal sin sentido, sino una observancia objetiva al artículo 17 invocado. Precisado lo anterior, es necesario ahora señalar que la responsable, en la resolución reclamada de dos de junio de dos mil veintitrés, si bien es cierto no dio una respuesta congruente a lo argumentado por la quejosa en sus agravios formulados en su escrito por el cual promovió recurso de revocación en contra del auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, es decir, no tomó en consideración lo vertido en razón a que de conformidad con los arábigos 6.227 y 6.234 del Código Civil del Estado de México, la persona que ostente el cargo de albacea de una sucesión tiene entre sus obligaciones el aseguramiento, resguardo y administración de los bienes de la masa hereditaria, asimismo, es responsable de responder ante la afectación que puedan sufrir los mismos, lo anterior con la finalidad de obtener una respuesta favorable a su solicitud de requerir la entrega de llaves del multicitado inmueble a la tercera interesada Consuelo Ledesma Pérez, también lo es que el analizar la resolución combatida a la luz del concepto de violación hecho valer por la quejosa, no otorgaría beneficio alguno a la misma. Lo anterior cobra sentido al advertir que no obstante la falta de pronunciamiento de la responsable en razón al articulado señalado por el recurrente, la juez primigenio sí llevó a cabo el análisis del recurso de revocación planteado así como de la litis controvertida y las consecuencias jurídicas de la decisión tomada, citó los preceptos legales que estimó pertinentes, en los cuales apoyó las consideraciones de su resolución, y expuso las circunstancias especiales del caso concreto que tomó en cuenta para su emisión, existiendo adecuación entre los dispositivos legales citados y las circunstancias concretadas del caso en estudio y analizó de manera correcta las constancias que integran la causa analizada. Es decir, la Juez responsable si fundó y motivó la resolución reclamada, realizando un adecuado análisis de las constancias que integran la causa de origen, tanto que precisó que, si bien es cierto el artículo 6.225 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad Federativa, reconoce el derecho del albacea a poseer los bienes hereditarios, ello en atención al cumplimiento de las obligaciones que le impone el diverso numeral 6.227 del código en cita, también lo es que dicho precepto reconoce el derecho que en mancomún surge a favor de los herederos sobre los bienes de la herencia, desde el momento mismo de la muerte del de cujus, por lo que al contraponerse los derechos de posesión tanto del albacea como de los herederos, el Juez deberá resolver la litis en la vía incidental, con el objeto de lograr un debido equilibrio entre las obligaciones del albacea y el derecho de los herederos, lo que implica el respetar el derecho de audiencia de los herederos poseedores, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cito las tesis que consideró adecuadas para justificar su decisión de declarar infundado el recurso de revocación hecho valer en contra del acuerdo emitido el quince de mayo del año en curso. En efecto, si bien es cierto el artículo 6.227 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, reconoce el derecho que en mancomún surge a favor de los herederos sobre los bienes de la herencia, desde el momento mismo de la muerte del de cujus, también es verdad, que no es indispensable que, en todos los casos, el albacea tenga la posesión material de todos los bienes para desempeñar adecuadamente las funciones que le son propias; aceptar una respuesta absoluta, en sentido positivo o negativo, significaría desconocer las múltiples circunstancias y problemas jurídicos que pueden presentarse en torno a las necesidades de la sucesión, cuando éstas se confrontan con los derechos de los herederos, como resulta en el presente asunto. De ahí que se comparte la decisión tomada por la Juez primigenia, en el sentido de resolver que se trata de una decisión que debe ponderarse en cada caso a través de la vía incidental, para respetar el derecho de audiencia de los interesados y resolver teniendo en cuenta los derechos ya reconocidos a favor de ciertas personas, la afectación al patrimonio que conforma la masa hereditaria, y los daños que pudieran ocasionarse de manera grave o irreparable a personas en estado de vulnerabilidad; todo lo cual debe ponderar el juzgador en cada caso, para determinar la necesidad de que sea estrictamente el albacea quien deba poseer materialmente los bienes. Estimar que el heredero debe entregar, inexorablemente, al albacea los bienes que éste tenga en posesión, podría entrañar el grave peligro de que el trámite sucesorio se convierta en una vía legalista para desconocer los derechos de los herederos, y alterar el estado jurídico que conservan las cosas sin antes haber realizado un ejercicio de ponderación entre los intereses que se encuentren en juego, con lo que la sucesión sería entonces una forma legal para desconcertar a los herederos, lejos de brindarles seguridad jurídica, que es finalmente lo que se busca con esa clase de juicios universales: una ordenada y justa transmisión de los bienes de una persona fallecida. Por tanto, se concluye que el juez responsable de manera correcta resolvió el recurso de revocación planteado en contra del proveído de quince de mayo del año en curso, en el que determinó que a efecto de resolver la litis planteada deberá de estudiarse la misma de manera incidental, con el ánimo de lograr un debido equilibrio entre las obligaciones de la albacea y el derecho de los herederos, porque la naturaleza especial de la institución jurídica del albacea le implica una representación tanto en favor del autor de la herencia como de los derechos de los herederos, por lo que no podría válidamente aceptarse que, si el albacea no justifica la necesidad de tener la posesión material del inmueble, deba ineludiblemente entregársele ésta en detrimento de intereses que también el albacea está obligado a salvaguardar y representar en el procedimiento sucesorio, como son los derechos de los herederos. Surte aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J.140/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 170964 para su rápida localización, de rubro: "BIENES HEREDITARIOS. PARA LA ENTREGA DE LA POSESIÓN MATERIAL DE LOS MISMOS AL ALBACEA, CUANDO LA DETENTAN LOS HEREDEROS, ES NECESARIO LA PROMOCIÓN DE UN INCIDENTE EN EL JUICIO SUCESORIO (LEGISLACIONES DE NUEVO LEÓN Y DEL DISTRITO FEDERAL)" Es preciso señalar que no obstante que este juzgador califique de fundado el concepto de violación analizado, a nada practicó conduciría el resolver en un sentido distinto la presente instancia constitucional, puesto que como anteriormente se dijo, el estudio realizado por la juez primigenio se comparte por parte de este órgano de control constitucional y se estima adecuado a la causa. En consecuencia, al resultar fundado pero a la postre inoperante el concepto de violación, lo que procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *********, en términos de lo precisado en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, mediante lista electrónica a los terceros interesados y por oficio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien da fe, hasta el día de hoy, cinco de octubre de dos mil veintitrés, en que se terminó de engrosar la presente sentencia. Doy fe.

  3. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, se tiene por apersonada a este juicio a la tercero interesada **********, como lo solicita expresamente, se tiene por autorizado al usuario "**********", únicamente para la consulta del expediente electrónico, en virtud de que cuentan con el registro correspondiente. Se instruye al oficial judicial "A" a efecto de que realice las habilitaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Respecto del domicilio procesal que señala, deberá estarse a lo acordado el seis de septiembre del año en curso, en el que se precisó la lista electrónica para las notificaciones, por los motivos ahí expuestos, máxima que el domicilio que proporciona en el ocurso de cuenta se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano federal. Como lo solicita expresamente, se tiene como autorizados a los profesionistas y personas que designa en el entendido de que de ser en amplios términos los primeros deberán contar con el registro respectivo de su cédula profesional. Con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo se tiene por vertidas las manifestaciones que formula en vía de alegatos, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional. De conformidad con el ordinal 119 de la legislación de amparo se tiene como pruebas la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Téngase a la Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, rindiendo su informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con él dese vista a las partes para que expresen lo que a su derecho convenga. Con apoyo en lo dispuesto en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas conforme a su propia y especial naturaleza, las documentales que en copia certificada adjunta, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional. Dada su voluminosidad fórmese el tomo I, de pruebas; respétese el folio, rúbrica y entresello y continúese con el trámite en el juicio de amparo. En ese contexto, y dado que ya obran en autos las constancias generadoras del acto reclamado de las que se advierte que en términos del numeral 5o., fracción III, inciso b), de la legislación de amparo, les recae el carácter de terceros interesados a **********, *******, **********, ********* y ********* todos de apellidos, **********. Acorde con lo anterior, se comisiona a alguno de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional a efecto de que se constituya en los domicilio señalados en los escritos inicial de demanda y aclaratorio y realice el emplazamiento a los terceros interesados de mérito, corriéndoles traslado con copia de la demanda de amparo, escrito aclaratorio, auto admisorio y de este acuerdo. Además los requiera para que dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente auto, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este Juzgado Federan (Naucalpan), apercibiéndolos que de no hacerlo en el término concedido, se procederá en términos del artículo 27, fracción II, de la Ley de la materia, y se les realizarán las posteriores notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista electrónica. En el entendido de que se encuentran habilitadas horas y días para el desahogo de las diligencias de carácter personal encomendadas en este asunto; destacándose que para realizarlas, deberá ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la ley de la materia. Notifíquese; mediante lista electrónica a la parte quejosa, personalmente a los terceros interesados **********, todos de apellidos, **********. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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