María Martha Guerra Sánchez

Expediente 758/2023 tramitado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
758/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • María Martha Guerra Sánchez

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad oficiante rinde su informe justificado. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º, agréguese a los autos el oficio de cuenta. Finalmente, debido a que en el presente asunto se está en espera de las constancias de emplazamiento de los terceros interesados, resérvese acordar lo conducente respecto de la admisión a trámite de la demanda de garantías, hasta en tanto sean remitidas por la autoridad responsable.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Por otra parte, se tiene por recibido el oficio de cuenta, por el cual la autoridad oficiante envía su informe justificado y la demanda de amparo promovida por MARÍA MARTHA GUERRA SÁNCHEZ, por su propio derecho, en contra de la sentencia de doce de septiembre de dos mil veintitrés, dictada por la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, en el Toca de Apelación número 858/2023, de su índice y su ejecución atribuida al Juez Segundo Familiar de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Acúsese recibo, fórmese y regístrese el expediente impreso y electrónico respectivo con el número de Amparo Directo 758/2022. Notifíquese lo anterior por medio de lista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, conforme a lo dispuesto por los numerales 5, fracción IV, 26, fracción III, de la ley de la materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como parte tercera interesada a JOSÉ JORGE CASTILLO ALCALÁ; de quien sí bien se advierte que de los anexos que acompaña la autoridad responsable obra agregada la constancia de emplazamiento de dicha parte; sin embargo, se realizó de manera electrónica, y conforme a la Ley de la Materia, la notificación de la demanda y emplazamiento al juicio de amparo debe de realizarse de manera personal, sin que se haya notificado tal cual lo estable la Ley. En tal contexto, se SOLICITA al Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, para que realice la notificación de la demanda de amparo a la parte tercera interesada JOSÉ JORGE CASTILLO ALCALÁ, conforme a las reglas previstas en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, (de manera personal), y una vez realizado lo anterior, remita a este Tribunal las constancias respectivas, para que con ello se esté en aptitud de proveer o no sobre la substanciación de la demanda de garantías que nos ocupa. Por tal motivo, DEBE RESERVARSE la admisión o no del presente asunto hasta en tanto sea remitida la constancia de notificación y traslado de mérito. Por cuanto hace a la solicitud de suspensión, dígasele a la parte quejosa que en términos del artículo 190 de la Ley de Amparo, corresponde a la autoridad responsable proveer respecto de la medida cautelar. Ahora, toda vez que la parte quejosa señala un domicilio ubicado fuera de la residencia de este Tribunal Federal, para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, las notificaciones aún las personales se le practicarán por medio de lista electrónica, con fundamento en la parte conducente de los artículos 26 y 27, de la Ley de Amparo. Respecto de Laura Angélica Rivas Trejo, persona que señala como autorizada para oír y recibir notificaciones, se le reconoce ese carácter en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, debido a que proporcionaron los datos correspondientes a sus cédulas profesionales, las cuales, coinciden con los números de registros únicos obtenidos del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, mismos que se agregan a los presentes autos. Por otra parte, en relación con los diversos autorizados que señala la parte quejosa en su demanda de amparo, se les reconoce dicho carácter en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones; limitación que subsiste hasta en tanto se acredite que pueden ejercer la profesión de licenciados en derecho, y su cédula profesional se encuentre registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; ello, sin perjuicio de que aquéllas personas que ya tengan su cédula profesional registrada podrán promover en el presente asunto en los términos más amplios que consagra el mencionado precepto legal, circunstancia que al efecto se verificará en el momento en que ocurran ante este Tribunal Colegiado. Ahora, conforme con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo; 87, 88 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo; las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se instruye al oficial de partes, a los oficiales administrativos adscritos a la Secretaría de Acuerdos, y demás personal de este Tribunal Colegiado que tenga intervención en la formación de este expediente para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica, para previo al acuerdo respectivo incorporarlas al expediente impreso. Lo anterior, sin que sea necesario notificar la presente determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato.

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