María Martha González Sandez
Expediente 490/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 490/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- María Martha González Sandez
Actuaciones
- Principal
Queda firme auto que desechó la demanda de amparo. Archívese el presente asunto como totalmente concluído, es susceptible de detrucción.
- Principal
Se ordena notificar por lista a la parte quejosa el auto de 07 de septiembre de 2016, en el que: "...Vista la demanda de amparo, y el escrito aclaratorio de cuenta, presentados por María Martha González Sandez parte quejosa en el presente juicio, en contra de acto del Juez Tercero de lo Civil, del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, y Actuario adscrito a dicho Juzgado. -Demanda- Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda, del análisis integral de la demanda de amparo indirecto, se advierte que el quejoso reclama: "El inconstitucional acuerdo de fecha primero de agosto de dos dieciséis, notificado por lista del día 03 de agosto, surtiendo efectos el día 04 de agosto ambos de 2016, en relación al juicio Sumario Hipotecario numero 107/2010, instaurado en en mi contra por el supuesto Tercero Perjudicado INFONAVIf toda vez que el mismo fue realizado sin observar las formalidades que para el caso en concreto establecen los artículos 77, 670, 671 Y 677 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ya que la suscrita oportunamente me inconforme en contra de todo lo actuado por el Juez responsable, una vez que este declaro la caducidad de la instancia del juicio natural y no obstante lo anterior sigui actuado en perjuicio de mis derechos públicos subjetivos." Posteriormente, en el escrito aclaratorio, la quejosa, exhibió copia simple del acuerdo reclamado que le fue notificado, mismo que establece: "A sus autos el escrito presentado por MARÍA MARTHA GONZÁLEZ SANDEZ con registro 12,058.- Visto lo solicitado por la promovente, en el sentido de que se emita nueva determinación en lo que más le favorezca en razón a que se han realizado diversas actuaciones judiciales en contravención a las disposiciones jurídicas, en virtud de que mediante auto de treinta de noviembre de dos mil doce se tuvo a la parte actora por promovida la ejecución forzosa del convenio judicial celebrado por las partes que se elevó a la categoría de cosa juzgada, posteriormente en el auto de dieciocho de enero de dos mil trece de determinó que al haberse dejado de actuar por más de seis meses operaba la caducidad de la instancia, no obstante en el auto de veintiséis de octubre de dos mil quince, se continua con la ejecución forzosa teniéndose a la actora por exhibido el certificado de gravámenes y por designado perito de su parte, con lo que se dio vista a la parte demandada, lo que resulta una violación procesal; sin embargo no es procedente acordar de conformidad lo peticionado, en virtud de que fue omisa en agotar los medios ordinarios de defensa en contra de las determinaciones que alega son contrarias a derecho el término concedido para ello, por lo que a la fecha han quedado firmes (.)." De lo datos antes asentados, se advierte que la intención de la quejosa, es reclamar el acuerdo en el que se le indica que no es factible dejar sin efectos diversos acuerdos que la parte considera que constituyen violaciones procesales dentro de la fase de ejecución de un convenio judicial que se elevó a categoría de sentencia ejecutoriada. Precisado lo anterior, es menester acotar que el artículo 107, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el juez de distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el particular, este juzgador estima que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, que prevén lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]". Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. [.]". *Énfasis añadido. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado de manera general que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia sólo procede el amparo en contra del último acto dictado en ese procedimiento, el cual debe entenderse como aquel que tiene por cumplida la sentencia o declara la imposibilidad de cumplirla, tal como se advierte de la jurisprudencia P./J. 32/2001, visible en la página 31, del Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 190035, conforme lo dispone el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, que señala: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.". En ese sentido no es factible considerar la procedencia del juicio de amparo, respecto del acuerdo en el que la autoridad señalada como responsable, determina negarse a modificar o dejar sin efectos los acuerdos dictados en la etapa de ejecución de un convenido judicial, los que considera la quejosa que son violaciones procesales en la citada etapa. De ahí que el acuerdo impugnado no constituya la última actuación o resolución dentro del procedimiento de ejecución de convenio elevado a categoría de sentencia ejecutoriada; puesto que en él no se reconoce, ni aprueba el cumplimiento total del convenio, ni se declaró la imposibilidad material o jurídica para cumplirlo, menos aún el archivo definitivo del expediente. Esto es, no es un acto con autonomía propia (contra el cual procede el amparo indirecto), sino que se trata de un acto encaminado a continuar con el procedimiento de ejecución del convenio judicial elevado a la categoría de sentencia ejecutoriada, emitida en el juicio de origen. Por otra parte, cabe destacar que el proveído impugnado no constituye un acto que afecte de manera inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa protegidos por la Constitución, tales como la propiedad, posesión o la libertad, que dieran lugar a la procedencia del juicio de amparo indirecto, toda vez que resulta factible que pueda ser reclamado precisamente cuando se impugne la última resolución que se dicte en la fase de ejecución del convenio judicial elevado a sentencia ejecutoriada. Se insiste en lo anterior, dado que el acuerdo impugnado, cuyo contenido se citó en líneas precedentes, solamente determina el no acceder a lo peticionado por la quejosa, que considera que las actuaciones del procedimiento de ejecución del convenio elevado a sentencia, contienen violaciones procesales; es decir, posible afectación al promovente del amparo, implica derechos de índole procesal en la etapa de ejecución; de ninguna forma, implica invasión al domicilio, ni peligro de la privación de sus bienes por sí mismo, menos aún se atenta contra su libertad; en consecuencia, es claro, que existe la certeza que el acto reclamado como tal, no afecta de manera inmediata derechos sustantivos. Determinación, la antes alcanzada, que no podría variar, ni aun contando con mayores constancias, derivadas por ejemplo del informe justificado, pues es claro que no está en juego la intimidad, propiedad, posesión o libertad, como derechos sustantivos a proteger, estando en el campo del derecho procesal, en ejecución de sentencia. Por lo tanto, ante lo indudable y manifiesto de dicha causal de improcedencia, se impone desechar la presente demanda de amparo, que se intenta. Cobra aplicación al caso por analogía, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." ...". De igual forma se le informa que las notificaciones subsecuentes aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista de conformidad con el artículo 27, fracción III inciso a) de la Ley de Amparo.
- Principal
Prevención a la demanda de amparo
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · 9,394 expedientes
- María Magdalena Torres Montoya39/2019
- María Marcela Araceli Banda García575/2017
- María Margarita Banda Hernández1122/2019
- María Margarita Hernández Ramírez549/2019
- María Marrón León804/2018
- María Martha González Sandez10/2017
- María Martha González Sández82/2017
- María Martina de la Torre Ávalos1117/2022
- María Matea García de Jáquez610/2013
- María Matea García Villareal50/2015
- María Mayoral Almenara307/2018
- María Mercedes Salazar Ortiz1340/2022