María Martha Fermín Zane

Expediente 158/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
158/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
20/04/2022

Partes del expediente

  • María Martha Fermín Zane
  • - - -

Actuaciones

  1. Principal

    "...Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de cuatro de abril de la presente anualidad, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, por haber operado el desechamiento. Como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, como lo dispone el artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro contexto, a fin de limitar la propagación de la pandemia generada por el Coronavirus (COVID-19), y evitar el eventual contagio de los servidores públicos que laboran esta institución, así como de los justiciables y ciudadanos en general, a más de proteger el derecho humano a la salud; toda vez, conforme al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, subsisten las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia, así como la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones y el trabajo a distancia; por lo que, el presente proveído será firmado electrónicamente, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, que establece que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Finalmente, se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna. Notifíquese como corresponda, en virtud que el artículo 21 del Acuerdo General autoriza para hacer por lista electrónica las notificaciones y el artículo 23 de la Ley de Amparo establece que si alguna de las partes reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo que conozca o deba conocer del juicio, la demanda y la primera promoción del tercero interesado podrán presentarse, dentro de los plazos legales, en la oficina pública de comunicaciones del lugar de su residencia, en la más cercana en caso de no haberla, o bien, en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica.

  2. Principal

    LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. "...Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de cuatro de abril de la presente anualidad, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, por haber operado el desechamiento. Como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, como lo dispone el artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro contexto, a fin de limitar la propagación de la pandemia generada por el Coronavirus (COVID-19), y evitar el eventual contagio de los servidores públicos que laboran esta institución, así como de los justiciables y ciudadanos en general, a más de proteger el derecho humano a la salud; toda vez, conforme al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, subsisten las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia, así como la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones y el trabajo a distancia; por lo que, el presente proveído será firmado electrónicamente, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, que establece que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Finalmente, se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna. Notifíquese como corresponda, en virtud que el artículo 21 del Acuerdo General autoriza para hacer por lista electrónica las notificaciones y el artículo 23 de la Ley de Amparo establece que si alguna de las partes reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo que conozca o deba conocer del juicio, la demanda y la primera promoción del tercero interesado podrán presentarse, dentro de los plazos legales, en la oficina pública de comunicaciones del lugar de su residencia, en la más cercana en caso de no haberla, o bien, en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica.

  3. Principal

    "... Visto el escrito de demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrarlo en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 158/2022-III-B. DESECHAMIENTO El precepto transcrito autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexan; en tanto que lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De la interpretación de los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo es procedente contra actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, en el entendido que deben entenderse como tales a aquéllos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta, (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), por ser ese el momento cuando se producen todas las consecuencias del acto reclamado y, cuando, en todo caso, se afectaría personal y directamente la esfera de derechos del interesado y no antes. De tal manera que la procedencia prevista en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, requiere que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia produzca una afectación real y actual a la esfera del interesado, lo que sólo sucede cuando el acto es definitivo; es decir, que no exista posibilidad de que con la emisión de un acto posterior se deje sin efectos la supuesta afectación a derechos del promovente. Por tanto, el acto reclamado en el presente juicio consistente en la determinación de once de marzo del año en curso, relativo al auto de incompetencia decretada a favor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, respecto el proceso laboral PEI 39/2022; no constituye un acto de autoridad que produzca en el gobernado una afectación personal y directa a la esfera de sus derechos sustantivos, pues en el caso al tratarse de una incompetencia por declinatoria tal efecto lo tendría la resolución en la que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta,. Lo anterior en virtud que la decisión de una autoridad de declararse incompetente no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, sino en el caso de que aquélla determinación se torne definitiva, es decir, cuando el órgano a quien se haya declinado la competencia la acepte. Ante ello, es evidente que se actualiza la hipótesis normativa que establece los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción VIII, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Por las consideraciones antes expuestas y, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE Con base en la circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria celebrada el dieciocho de marzo de dos mil nueve, se permite el acceso al presente expediente a fin de que con cualquier medio tecnológico que porte o innovación tecnológica, que permita la reproducción de las constancias autorizadas que obran en el expediente, y así de una manera más ágil haga uso de estás, en aras de una impartición de justicia pronta, en términos del numeral 17, Constitucional..."

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