María Martha Echeverría Rosas
Expediente 1915/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1915/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/11/2023
Partes del expediente
- María Martha Echeverría Rosas
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, archívese este expediente por estar concluido. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, en términos de lo establecido en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés. En ese orden de ideas, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.
- Principal
Visto el oficio que suscribe el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; a lo que se provee: téngasele en vías de cumplimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, informe las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Bajo apercibimiento que de no cumplir dentro del término indicado, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo vigente, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo; y, en su caso, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para los efectos previstos en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, consistentes en su separación del cargo y consignación ante autoridad competente.
- Principal
Visto el oficio signado por el Juez Tercero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual, informa en relación con el cumplimiento de la sentencia y remite copias certificadas de constancias derivadas del juicio de origen ********************; agréguense a los autos para los efectos legales procedentes y téngase a la autoridad oficiante en vías de cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 194, 195 y Tercero Transitorio, de la Ley de Amparo Vigente, requiérase al Juez Tercero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo esto Bajo apercibimiento DE LEY CUMPLAN CON LO REQUERIDO
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEIDO DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRES QUE EN SINTESIS DICE.- Por recibido el oficio de cuenta que signa la Secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, mediante el cual, comunica la determinación de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio de amparo directo 148/2023-IV, de la que se advierte que, remitió la ampliación de la demanda promovida por ***, contra actos del JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL EN LAGOS DE MORENO, JALISCO Y OTRA AUTORIDAD; a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, para que se turnara como demanda nueva, en virtud de que, los actos que aquí se reclaman no guarda relación con la demanda de amparo 148/2023-IV. Por tanto, este Juzgado Federal se avoca al conocimiento de la demanda de amparo. Ahora bien, vista la demanda promovida por MARÍA MARTA ECHEVERRÍA ROSAS, contra actos del JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL EN LAGOS DE MORENO, JALISCO Y OTRA AUTORIDAD, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales tutelados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. intégrense los expedientes físico y electrónico del juicio de amparo de que se trata; regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1915/2023- III. Ahora bien, vista la demanda con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano, por actualizarse un motivo de improcedencia manifiesto e indudable. Para tal efecto se debe sentar la premisa de que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, puede desecharse la demanda de amparo cuando se advierta motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo manifiesto consiste en que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial de demanda y de los documentos que se anexan a tales promociones, mientras que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no será factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. De acuerdo a lo previsto en el segundo de los numerales transcritos, el juicio de amparo indirecto es procedente en la etapa de ejecución de sentencia, únicamente contra aquél que constituye la última resolución. Sobre los alcances de lo que debe entenderse como la última resolución en ejecución de sentencia, el propio numeral en consulta es claro en establecer que se trata de aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Lo anterior implica, a contrario sensu, que si se trata de actos de tribunal judicial, emitidos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando éstos no se traten de la última resolución. Dicho esto, el acto en estudio no genera a favor de la parte quejosa la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta, toda vez que no constituye la "última resolución" que se dicte en el procedimiento de ejecución respectivo; al no aprobar o reconocer el cumplimiento total de lo sentenciado, ni declarar la imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento a la sentencia, y menos aún, ordenar el archivo definitivo del expediente. Se llega a la determinación anterior, tomando en cuenta que de los preceptos legales transcritos, se advierte que el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto únicamente a ciertas cuestiones como lo es, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido éste; que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a los quejosos y trascendió al resultado de la resolución. Debe precisarse que los actos jurisdiccionales ejecutados después de concluido el proceso jurisdiccional son los realizados después de dictada la sentencia definitiva respectiva, tales como los que se llevan a cabo para la ejecución de éstos. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107 fracción IV de la Ley de Amparo antes transcrito, y la Jurisprudencia supracitada, se advierte que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. En el caso, el acto reclamado lo constituye el auto de catorce de julio del año en curso, mediante el cual, se ordena la ejecución de la sentencia definitiva emitida por la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, derivada del Toca 239/2020, y que derivó a su vez del recurso de apelación planteado en el expediente 75/2018, del Juzgado Primero de lo Civil de Lagos de Moreno, Jalisco, en el juicio Civil Ordinario, donde se ejerció la acción reivindicatoria. Así, debe estimarse que el acto reclamado fue practicado en la fase procesal de ejecución de sentencia, por tanto, ésta únicamente será susceptible de ser reclamada como violación procesal, cuando se reclame la última resolución dictada en la ejecución de sentencia, que será la que determine cumplido dicho fallo; su imposibilidad para hacerlo; o bien, el archivo definitivo del expediente. De ahí que, no será sino hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia cuando, en todo caso proceda el amparo, en el cual el recurrente podrá impugnar las violaciones que considere se hayan cometido en su perjuicio. Cabe destacar que no se actualiza el supuesto excepcional previsto en el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, aplicado analógicamente, por actos emitidos después de concluido el proceso jurisdiccional, toda vez que está condicionada a que éstos sean de imposible reparación (por afectar derechos sustantivos) y que sean ajenos a la ejecución del juicio natural. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta, notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se impone desechar la presente demanda por notoriamente improcedente, con fundamento en el numeral 113 del aludido ordenamiento legal. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la impetrante promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos de la impetrante de amparo o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la Ley de Amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este Juzgado federal.1 Se tiene como domicilio procesal el que indica la parte quejosa en su demanda de amparo. Luego, con apoyo en lo establecido en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la elaboración de las notificaciones que se ordenen en este expediente. Finalmente, debido a que la promoción que se acuerda fue recibida de manera física y la presente determinación fue autorizada de manera electrónica, sólo se integrará al expediente físico la promoción, ello en términos del artículo 22 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. ASÍ COMO EL ACUERDO DE ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES, QUE EN SINTESIS DICE.- Vista la constancia de cuenta levantada por la Actuario Judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, el ocho de septiembre de este año, mediante la cual informa que no le fue posible cumplir con lo ordenado en auto de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, que tiene por objeto notificar personalmente a la parte quejosa, por las razones que precisa; al respecto, se provee agréguese a los autos la constancia de cuenta. En razón de lo expuesto, túrnense nuevamente los autos del juicio de amparo en el que se actúa al actuario judicial adscrito que corresponda para que realice las investigaciones necesarias a fin de determinar la existencia del domicilio señalado en autos, esto es constituirse en la colonia señalada en la demanda de amparo y verifique si existe al calle correspondiente y de existir realice dicha notificación. Finalmente, debido a que la promoción que se acuerda fue recibida de manera física y la presente determinación fue autorizada de manera electrónica, sólo se integrará al expediente físico la promoción, ello en términos del artículo 22 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 14,557 expedientes
- Maria Magdalena Villarruel Mejia679/2020
- María Maguin Padilla Lópéz2232/2019
- María Margarita Guerrero Grajeda792/2018
- María Marina Bugarín López2483/2021
- Maria Marina Bugarin Lopez1125/2006
- María Marta Echeverría Rosas148/2023
- María Martha Vázquez Maldonado880/2021
- María Martha Vázquez Maldonado1819/2021
- María Martha Vázquez Maldonado2002/2019
- María Mayra Violeta Velazco75/2019
- Maria Medina Castillo857/2023
- María Mercado Ruvalcaba2110/2021