María Marina Hernández Ramírez y Otros.
Expediente 1193/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1193/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 22/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juez Cuarto Penal de Partido de Celaya, Guanajuato
- María Marina Hernández Ramírez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que suscribe la titular del Juzgado Cuarto Penal de Partido con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 2868/2017, con el que se le devolvieron seis tomos de prueba que en su momento adjuntó a su informe justificado.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no fue recurrido; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que QUEDA FIRME el proveído de mérito. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por lo que hace al presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción II del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, del citado acuerdo, toda vez que se negó la suspensión del acto reclamado; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo a que alude dicho acuerdo. Por otra parte, de autos se advierte que la Juez Suplente Cuarto Penal de Partido con sede en esta ciudad adjuntó a su informe justificado seis tomos de prueba; en consecuencia, devuélvansele por ser innecesaria su retención; solicítesele acuse de recibo. Toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que en el presente caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "(.)" "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada.(...) " . Como se desprende de la transcripción de la fracción XXIII del artículos 61, en relación con el numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo y el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretados a contrario sensu, tal causa de improcedencia se actualiza debido a la carencia de legitimación activa para promover el juicio de amparo. Con el objeto de comprender por qué este Juzgado de Distrito estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia en estudio, es importante precisar que los quejosos acuden a esta instancia constitucional ostentándose como terceros extraños al proceso penal número 87/2015 del índice del Juzgado Cuarto Penal de Partido, con residencia en esta ciudad, del que deriva el acto reclamado, consistente en la orden de desposesión de los bienes inmuebles. Ahora, del informe justificado y las constancias que adjuntó la autoridad responsable, se advierte que el citado acto de molestia se traduce en el proveído de tres de marzo de dos mil quince, en el que se señalaron las once horas con treinta minutos del veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, para llevar a cabo la diligencia de restitución provisional del bien despojado, dictado dentro del proceso penal 87/2015, por lo que es evidente que los solicitantes del amparo no están legitimados para impugnar esa decisión en su calidad de terceros extraños. Esto es así, porque el acto que reclaman los quejosos en su carácter de terceros extraños en la causa penal de mérito, no lo pueden reclamar en esta vía constitucional, en virtud que si bien los promoventes dicen ser poseedores de los predios que se pretende restituir; de las constancias existentes, así como lo manifestado por los gestionantes en su escrito de demanda, se advierte que se trata de una orden emitida en un procedimiento de naturaleza penal, que se siguió con el fin de definir la probable responsabilidad del inculpado debido a la conducta constitutiva del delito que se le atribuye en dicho procedimiento y que con esta orden se pretende lograr la restitución provisional del bien inmueble objeto de despojo. De ahí que, es evidente que tal acto no le ocasiona ningún perjuicio al tercero extraño aquí quejoso quien alega tener derechos sobre el bien inmueble de mérito, pues el efecto de esa determinación es declarativa y no constitutiva de derechos de propiedad o de posesión. Ello es así, porque en un procedimiento penal como el referido no se dilucidan derechos de propiedad ni de posesión, en virtud de que el asunto no es materia de la litis en la integración del ilícito por el cual se procesa y condena al inculpado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia constitucional, de conformidad con el ordinal 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, se advierte que en el presente caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "(.)" "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada.(...) " . Como se desprende de la transcripción de la fracción XXIII del artículos 61, en relación con el numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo y el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretados a contrario sensu, tal causa de improcedencia se actualiza debido a la carencia de legitimación activa para promover el juicio de amparo. Con el objeto de comprender por qué este Juzgado de Distrito estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia en estudio, es importante precisar que los quejosos acuden a esta instancia constitucional ostentándose como terceros extraños al proceso penal número 87/2015 del índice del Juzgado Cuarto Penal de Partido, con residencia en esta ciudad, del que deriva el acto reclamado, consistente en la orden de desposesión de los bienes inmuebles. Ahora, del informe justificado y las constancias que adjuntó la autoridad responsable, se advierte que el citado acto de molestia se traduce en el proveído de tres de marzo de dos mil quince, en el que se señalaron las once horas con treinta minutos del veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, para llevar a cabo la diligencia de restitución provisional del bien despojado, dictado dentro del proceso penal 87/2015, por lo que es evidente que los solicitantes del amparo no están legitimados para impugnar esa decisión en su calidad de terceros extraños. Esto es así, porque el acto que reclaman los quejosos en su carácter de terceros extraños en la causa penal de mérito, no lo pueden reclamar en esta vía constitucional, en virtud que si bien los promoventes dicen ser poseedores de los predios que se pretende restituir; de las constancias existentes, así como lo manifestado por los gestionantes en su escrito de demanda, se advierte que se trata de una orden emitida en un procedimiento de naturaleza penal, que se siguió con el fin de definir la probable responsabilidad del inculpado debido a la conducta constitutiva del delito que se le atribuye en dicho procedimiento y que con esta orden se pretende lograr la restitución provisional del bien inmueble objeto de despojo. De ahí que, es evidente que tal acto no le ocasiona ningún perjuicio al tercero extraño aquí quejoso quien alega tener derechos sobre el bien inmueble de mérito, pues el efecto de esa determinación es declarativa y no constitutiva de derechos de propiedad o de posesión. Ello es así, porque en un procedimiento penal como el referido no se dilucidan derechos de propiedad ni de posesión, en virtud de que el asunto no es materia de la litis en la integración del ilícito por el cual se procesa y condena al inculpado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia constitucional, de conformidad con el ordinal 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla.
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