María Marina Azuela Telechea
Expediente 875/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 875/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/11/2020
Partes del expediente
- María Marina Azuela Telechea
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Visto; el contenido de la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el presente juicio, ha causado ejecutoria; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo, dese los avisos de ley, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio Acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese
- Principal
Ensenada, Baja California, seis de octubre de dos mil veinte. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional en el presente asunto se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, a la fecha no obran en autos los acuses de recibos de los oficios 14142/2020, 14143/2020, 14144/2020, 14145/2020, 14146/202 y 14147/2020, dirigidos respectivamente a las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión Secretaria de Gobernación y Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, todas con residencia en Ciudad de México; que demuestren que hayan sido notificadas del proveído mediante el cual se levantó la suspensión de plazos y términos judiciales en el presente juicio de derechos fundamentales. Por tanto, a fin de evitar dilaciones procesales, requiérase vía correo acelerado ESTAFETA, a las citadas autoridades, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, informen a este juzgado si recibieron los oficios de referencia y en su caso la fecha en que así fue, o bien manifiesten el impedimento legal que les asista para ello. Apercibidas que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado, o de no informar los motivos legales que tengan para no hacerlo así, en el plazo previsto se les impondrá en los particular, como medio de apremio una multa En consecuencia, procede diferir la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fija como fecha para su celebración las diez horas con dieciséis minutos del cinco de noviembre de dos mil veinte. Notifíquese
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 FRACCION III DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA AL QUEJOSO.Ensenada, Baja California, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el juez Segundo de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en Mexicali, y anexos que acompaña, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto número de orden 332/2019 del índice de este juzgado; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, dese de baja la comunicación oficial de que se trata en el libro de Juzgado respectivo. Sin que haya necesidad de acusar el recibo correspondiente, ya que la comunicación en que se actúa fue remitida vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", plataforma que generó el acuse relativo. Asimismo, de la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de tres días hábiles otorgado a la quejosa, en auto de cinco de diciembre del año en curso, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya realizado, ello si se toma en cuenta, que dicho auto le fue notificado el once de diciembre de dos mil diecinueve; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia, y se ordena notificar el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal mediante lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto; téngase por recibido el oficio signado por el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en Mexicali, del cual se advierte que dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo 1109/2019 de su índice, promovido por María Marina Azuela Telechea, por los motivos que indica, y declina la misma a favor del Juzgado de Distrito en turno en el estado de Baja California, con residencia en Ensenada. Por tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48 segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda de derechos fundamentales de referencia; por tanto, fórmese el expediente respectivo, previo su registro en el libro de juzgado con el número 875/2019; asimismo, acúsese recibo correspondiente. Ahora, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Sin que sea el caso tramitar el incidente de suspensión relativo, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Se señalan las diez horas con cuarenta minutos del treinta de diciembre de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Ahora, toda vez que señaló como autoridad responsable al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos con residencia en la Ciudad de México y se reclama la inconstitucionalidad de diversos artículos del decreto relativo a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; de conformidad con el artículo 3°, fracción XIV, del Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, para efectos del presente juicio de amparo le asiste su representación por conducto del Secretario de Educación Pública. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, al que deberán anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la notificación del oficio en el que se solicitan; apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables la pena en que incurren con la omisión de rendir el informe justificado en el plazo solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que les consten en relación con el acto reclamado, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que si bien se les otorga un plazo de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un plazo menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se le exhorta que en el momento que cuente con la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, lo haga saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a las autoridades que tiene la obligación de recibir el oficio que se les gire en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 245 y 246 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables y demás partes, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos, setenta centavos), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las documentales que anexó a su escrito inicial de demanda de amparo, mismas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, ya que no requieren preparación especial para ello, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. En otro tenor, se tienen como autorizados de la parte quejosa en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Pajmiris Sa am Razo Salcedo, Alfredo Bojórquez Balladares y Wuendy Ramírez Gaynor, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, y únicamente como autorizadas para oír y recibir notificaciones a Elizabeth Madrid Alvarado y Francia Nataly Sánchez Cota, por así haberlo solicitado expresamente. Por otra parte, ya que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida de los Pioneros, número 1092, Centro Cívico y Comercial de Mexicali, Baja California, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción II de la Ley de Amparo, 298 y 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento exhorto vía electrónica al juez de Distrito en el estado de Baja California, en turno, con residencia en Mexicali, a fin de que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notifique a la parte quejosa el presente proveído y la requiera para que en el plazo de tres días hábiles, señale domicilio en esta ciudad de Ensenada, Baja California, para oír y recibir toda clase de notificaciones, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se le harán por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con la fracción III, del artículo 27, de la Ley de Amparo. Se solicita al juez exhortado que tan pronto sea diligenciado el exhorto ordenado, lo devuelva en conjunto con las actuaciones practicadas. Se faculta al juez exhortado para que emita todos los proveídos necesarios, habilitando desde este momento días y horas inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualquiera de las actuarias de este juzgado, realicen las notificaciones que se ordenen en el presente asunto. Se autoriza a la secretaria de juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar el secretario. Por último, con fundamento en el artículo 5o., fracción IV de la Ley de Amparo, dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, notificándolo mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso c), corriéndole traslado con copia simple de la demanda. Notifíquese y por exhorto a la parte quejosa.
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