María Maricela Calderón Danel

Expediente 834/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 19 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
834/2020
Año
2020
Actuaciones
19
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • María Maricela Calderón Danel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede se advierte que los seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, transcurrieron sin que se haya presentado incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía exhibida en este asunto. En consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá presentarse en el local de este juzgado, a efecto de que se le entregue endosado a su favor el billete de depósito N867931, expedido por el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (BANSEFI, S.N.C.), mismo que ampara la cantidad de $ 15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional. En atención de lo anterior, con fundamento en el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su ordinal 2, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días legalmente computado, previa cita que solicite al número telefónico 55-53-87-05-00, extensión 1811, genere código "QR" en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y se presente debidamente identificado en el local de este Juzgado para el efecto de le sea entregado el billete en comento, previa toma de razón que de su recibo obre en autos para constancia legal. Apercibido que en caso de no acudir a recibirlo, prescribirá a favor del fisco federal, en el término de dos años, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de esta determinación.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de autos del que se advierte que en auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se omitió ordenar la devolución de la copia certificada del expediente 59/2014, constante de dos tomos, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México; por tanto, devuélvase a dicha autoridad las constancias referidas, por no ser necesaria su retención. Sin que sea necesario solicitar acuse de la constancia, en virtud de que su recepción se podrá corroborar en el acuse físico correspondiente.

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende que transcurrió el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo sin que la parte quejosa hubiese recurrido la sentencia de treinta de julio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyo´ en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme lo establece el 2 precepto de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; por tanto, glo´sese el original del incidente de suspensio´n, continuando en e´l el folio del principal; y archi´vese el asunto como totalmente concluido.

  4. Principal

    Visto el contenido de la razón actuarial de cuenta, signada por el fedatario adscrito, en la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar la sentencia de treinta de julio de dos mil veintiuno, a la impetrante María ..., por los motivos que manifiesta en la constancia que se atiende. Por tanto, notifíquese a la parte quejosa la resolución de mérito, por medio de lista, y a efecto de dar cumplimiento a lo anterior, se transcribe dicha determinación, la cual a la letra dice: "VISTOS, los autos, para resolver el juicio de amparo nu´mero 834/2020-VI; promovido por Mari´a Marcela Caldero´n Danel, y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Comu´n a los Juzgados de Distrito en el Estado de Me´xico, con residencia en Naucalpan de Jua´rez, turnado al siguiente di´a ha´bil al Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Me´xico, con sede en esta ciudad, Mari´a Marcela Caldero´n Danel solicito´ el amparo y proteccio´n de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y los actos que a continuacio´n se citan: AUTORIDADES RESPONSABLES: "Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Jua´rez... Los Tres Ejecutores adscritos al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Jua´rez... Los Tres Notificadores adscritos al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Jua´rez... ACTOS RECLAMADOS: "Reclamo del Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Jua´rez, todo el procedimiento en el que se substancio´ el juicio ordinario civil que ante dicha autoridad se tramita por Jose´ Salvador Canchola Pineda e Isabel Arroyo Garfias en contra de Federico Guillermo Enri´quez Barro´n, expediente nu´mero 59/2014, y que de una manera enunciativa y no limitativa lo siguiente: A. La sentencia definitiva de fecha 12 de octubre de 2016 que condena a Federico Guillermo Enri´quez Barro´n a la desocupacio´n y entrega de la casa ubicada en Hacienda de la Huerta nu´mero doce, fraccionamiento Bosque de Echegaray en el municipio de Naucalpan de Jua´rez, Estado de Me´xico y auto que la declaro´ ejecutoriada. B. El acuerdo de fecha 8 de octubre de 2018, que ordena la desposesio´n de la casa ubicada en Hacienda de la Huerta nu´mero doce, fraccionamiento Bosque de Echegaray en el municipio de Naucalpan de Jua´rez, Estado de Me´xico, es decir el lanzamiento de Federico Guillermo Enri´quez Barro´n y dema´s ocupantes de ese inmueble para poner en posesio´n material del mismo a Jose´ Salvador Canchola Pineda e Isabel Arroyo Garfias. C. Reclamo de los tres ejecutores adscritos al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Jua´rez, todos ellos con domicilio conocido en esta ciudad, la desposesio´n y ejecucio´n de la orden de lanzamiento decretada en el juicio antes citado y que es la casa ubicada en Hacienda de la Huerta nu´mero doce, fraccionamiento Bosque de Echegaray en el municipio de Naucalpan de Jua´rez, Estado de Me´xico, como consecuencia de la sentencia definitiva y de los acuerdos dictados en ejecucio´n de sentencia en el juicio ordinario civil antes mencionado. SEGUNDO. Tra´mite de la demanda. Por auto de ocho de septiembre de dos mil veinte, el Juez Decimosexto de Distrito en el Estado de Me´xico, con sede en esta ciudad, admitio´ la demanda de amparo; se sen~alo´ fecha y hora para la celebracio´n de la audiencia constitucional; se dio la intervencio´n que le corresponde al Agente del Ministerio Pu´blico de la Federacio´n; se pidio´ a las autoridades responsables su informe justificado, los cuales se rindieron con ocho di´as de anticipacio´n en relacio´n con la celebracio´n de la audiencia constitucional. Ahora bien, mediante auto de once de noviembre del dos mil veinte, se acepto´ la competencia (conocimiento previo) planteada, convalidado las actuaciones del homo´logo de referencia; sen~ala´ndose fecha y hora para la celebracio´n de la audiencia de ley, la que previo diferimientos se verifico´ sin la comparecencia personal de las partes, tal como se asento´ en el acta respectiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Me´xico, con residencia en Naucalpan de Jua´rez, es constitucional y legalmente competente por razo´n de materia, grado y territorio, para conocer y fallar este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los arti´culos 94, 103 y 107 de la Constitucio´n Federal; 33, fraccio´n IV, 35, pa´rrafo primero, 37, pa´rrafo primero, 107 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orga´nica del Poder Judicial de la Federacio´n; en relacio´n con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinacio´n del nu´mero y li´mites territoriales de los circuitos en que se divide la Repu´blica Mexicana; y al nu´mero, a la jurisdiccio´n territorial y especializacio´n por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se promueve contra acto de autoridad que radica dentro de la jurisdiccio´n territorial de este o´rgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisio´n del acto reclamado. De conformidad con el arti´culo 74, fraccio´n I, de la Ley de Amparo, posterior al estudio integro´ de los actos reclamados y de los conceptos de violacio´n, se precisa que los que se reclaman en esta vi´a consisten en:  La orden de lanzamiento o desalojo emitida en el juicio 59/2014, del i´ndice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Jua´rez, incoado por Jose´ Salvador Canchola Pineda e Isabel Arroyo Garfias, en contra de Federico Guillermo Enri´quez Barro´n, y su ejecucio´n. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Jua´rez, Estado de Me´xico, asi´ como al Ejecutor y Notificador, adscritos a dicho o´rgano jurisdiccional, por asi´ advertirse de sus informes justificados visible a fojas veintiuno a veintitre´s. Certeza que se corrobora al imponerse de las copias certificadas del expediente 174/2019, que se acompan~o´ como apoyo a sus informes justificados; documental que en te´rminos de lo dispuesto por los arti´culos 129, 197 y 202 del Co´digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacio´n supletoria a la Ley de Amparo, por disposicio´n expresa de su numeral 2, segundo pa´rrafo, cuenta con pleno valor probatorio. CUARTO.- Estudio de las causales de improcedencia. Conforme a la te´cnica reconocida para la elaboracio´n de las sentencias de amparo y por ser una cuestio´n de orden pu´blico, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se detecten actualizadas de oficio, respecto del acto del que se ha evidenciado su certeza, tal como lo preve´ el arti´culo 62 de la Ley de Amparo, en relacio´n con la Jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, que se consulta en la pa´gina 262, Tomo VIII, Materia Comu´n, del Ape´ndice al Semanario Judicial de la Federacio´n de 1917 a 1985, cuyo texto sen~alan: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestio´n de orden pu´blico en el juicio de garanti´as". "Arti´culo 62. Las causales de improcedencia se analizara´n de oficio por el o´rgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." El suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el arti´culo 107, fraccio´n I, de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, interpretada a contrario sensu, en relacio´n con el diverso 61, fraccio´n XII, de la Ley de Amparo, la cual fue sen~alada por las responsables al momento de rendir su informe justificado. Lo anterior es asi´, dado que la impetrante del amparo, no justifica tener intere´s juri´dico para reclamar la afectacio´n del inmueble que aduce es copropietaria. En efecto, para demostrar la afectacio´n a la esfera juri´dica, cuando se reclaman actos de autoridades judiciales, conforme al arti´culo 107, fraccio´n I, segundo pa´rrafo de la Constitucio´n Federal, se requiere que de la demanda de amparo, informes justificados y pruebas aportadas en el juicio, se acredite plenamente el intere´s juri´dico (ser titular del derecho subjetivo alegado) y no inferirse e´ste con base en presunciones; correspondiendo en todo caso a la parte quejosa demostrar la afectacio´n de los derechos que estime conculcados en su perjuicio. Sirve de apoyo a lo anterior, jurisprudencia aplicada por principio de identidad, que sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, consultable en la pa´gina 225 del tomo XXVII, enero de 2008, novena e´poca del Semanario Judicial de la Federacio´n y su Gaceta, con nu´mero de registro 170500, que establece: "INTERE´S JURI´DICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS." Asi´, la posesio´n que se protege mediante el juicio de amparo, es la que se funda precisamente en un ti´tulo sustentado en alguna figura juri´dica prevista en la ley que genere el derecho a poseer. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia P./J.1/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, publicada en la pa´gina 5, Tomo XV, Novena E´poca del Semanario Judicial de la Federacio´n y su Gaceta, con nu´mero de registro 187733, que literalmente establece: "POSESIO´N. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIO´N EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAN~A AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TI´TULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURI´DICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al arti´culo 14 de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar que´ tipo de posesio´n es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un ti´tulo sustentado en una figura juri´dica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesio´n sobre e´stas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretacio´n de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institucio´n, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, asi´ como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la pra´ctica presenta el no exigir ti´tulo alguno, por lo que la posesio´n protegida por la citada disposicio´n constitucional no es otra que la definida por el derecho comu´n. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el arti´culo 790 del Co´digo Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del pai´s), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias juri´dicas, sino ma´s bien la manifestacio´n del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesio´n sea objeto de proteccio´n a trave´s del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extran~a al juicio civil, es necesaria la existencia de un ti´tulo que se sustente en alguna figura juri´dica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la conviccio´n de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendie´ndose por ti´tulo la causa generadora de esa posesio´n. No obstante lo anterior, las decisiones del o´rgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del ti´tulo, tienen efectos exclusivos en el juicio de garanti´as, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesio´n del bien relativo, ya que estas cuestiones debera´n ser dilucidadas ante la potestad comu´n." La legislacio´n civil, establece que la posesio´n es un poder de hecho que se ejerce sobre una cosa, el cual necesariamente debe tener una causa u origen que por su naturaleza juri´dica faculte al poseedor a usar, disfrutar y disponer de ella, si se trata de una posesio´n originaria o en concepto de duen~o, o en su caso, si la causa de la posesio´n faculta al titular del derecho u´nicamente a usar y disfrutar el bien, se trata de la posesio´n derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, comodatario u otro ti´tulo ana´logo. Consecuentemente, el citado derecho, para efectos del juicio de amparo, debe acreditarse con el ti´tulo respectivo, o bien con documento de fecha cierta anterior al dictado del acto reclamado. Esto es asi´, pues para que los documentos privados sean susceptibles de acreditar el intere´s juri´dico para los efectos del amparo, requieren ser de fecha cierta, toda vez que con la existencia de una fecha cierta del ti´tulo de propiedad o posesio´n se garantiza la legalidad y certeza juri´dica que debe imperar en este tipo de operaciones y evita que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. Esta cualidad se adquiere en tres supuestos: I. Se tiene a partir del di´a en que tal instrumento se inscriba en un Registro Pu´blico de la Propiedad; II. Desde la fecha en que se presente ante un fedatario pu´blico; y, III. A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. El cumplimiento de cualquiera de las hipo´tesis que anteceden genera, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, la certeza de la existencia del documento con el que se pretende demostrar el intere´s para pedir la proteccio´n constitucional. En el caso en estudio, la peticionaria de amparo, no justifico´ de modo alguno la causa generadora de la posesio´n del inmueble, dado que no exhibio´ ti´tulo ni documento de fecha cierta que la faculte para usar, disfrutar o disponer del bien que defiende. Lo anterior es asi´, pues la quejosa exhibio´ para intentar acreditar su intere´s juri´dico, la escritura dos mil ochocientos sesenta y cuatro, de doce de marzo de mil novecientos noventa y uno, pasado ante la fe de la Notario Pu´blico nu´mero cuarenta y uno del entonces Distrito Federal, del que se advierte el contrato de compra venta entre Mari´a Abarca Pen~a (vendedora) y Federico Enri´quez Barro´n (comprador); lo que pretendio´ adminicular con copia certificada del acta de matrimonio nu´mero 00553, de la oficiali´a 0001, Libro 0002 de dos de mayo de mil novecientos ochenta y uno, de Naucalpan de Jua´rez, Estado de Me´xico. Sin embargo, de dichos medios de conviccio´n u´nicamente se se desprende la quejosa contrajo matrimonio civil con Federico Guillermo Enri´quez Barro´n, persona distinta a la persona quien compro´ el inmueble ubicado en el nu´mero doce, de la calle Hacienda de la Huerta, fraccionamiento Bosques de Echegaray, municipio de Naucalpan de Jua´rez, Estado de Me´xico, quien conforme a la escritura pu´blica aludida es Federico Enri´quez Barro´n (comprador). No se soslaya que la quejosa en el escrito inicial de demanda sen~ala que es copropietaria junto con su co´nyuge Federico Guillermo Enri´quez Barro´n; empero, no acredito´ dicha circunstancia con documento ido´neo alguno, pues u´nicamente acredito´ haber contrai´do matrimonio civil con aquel, asi´ como que dicho vi´nculo quedo´ disuelto mediante resolucio´n dictada en el procedimiento de divorcio radicado en el Juzgado Tercero de lo Familiar en el entonces Distrito Federal, la cual causo´ ejecutoria el diecisiete de noviembre de dos mil tres. Ma´xime que el contrato de compraventa de referencia hace referencia a diversa persona con el cara´cter de comprador del bien inmueble, esto es, Federico Enri´quez Barro´n. Por lo tanto, se concluye que la quejosa, no acredito´ contar con un intere´s juri´dico tutelado por la ley que la legitime para promover el juicio de amparo contra el acto reclamado. Sustentan la anterior determinacio´n por su contenido las jurisprudencias 3o./J.37/90 y 3a./J.28/90, emitidas por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, de rubro y texto siguientes: "INTERE´S JURI´DICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIO´N DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el intere´s juri´dico que se tiene para el ejercicio de la accio´n de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese intere´s." "INTERE´S JURI´DICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIO´N DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los arti´culos 107, fraccio´n I, de la Constitucio´n General de la Repu´blica y 4o. de la Ley de Amparo en relacio´n con la fraccio´n V del arti´culo 73 de este ordenamiento, el juicio de garanti´as se seguira´ siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la accio´n constitucional es la comprobacio´n plena del intere´s juri´dico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica u´nicamente la pretensio´n de excitar el o´rgano jurisdiccional, pero no la comprobacio´n de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses juri´dicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo." De ahi´, que si lo peticionado por la quejosa, no se encuentra robustecidos con probanzas que permitan, demostrar el hecho de la propiedad o posesio´n basada en un ti´tulo de fecha cierta, anterior al dictado del acto reclamado que lo autorice a poseer el inmueble controvertido, para que sea objeto de proteccio´n, a trave´s del juicio de amparo indirecto, se materializa la causa de improcedencia estatuida en el arti´culo 61, fraccio´n XII, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el presente juicio con apoyo en el arti´culo 63, fraccio´n V, de la propia normatividad legal. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 3a. 58 8/90, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, publicada en la pa´gina 236 del Tomo V, octava E´poca del Semanario Judicial de la Federacio´n, con nu´mero de registro 207227, que establece: "POSESION. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACION Y NO SE DEMUESTRA AQUELLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERES JURIDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCION Y MODIFICACION DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 217, PUBLICADA EN LA PAGINA 631, CUARTA PARTE DEL APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION 1917-1985). De lo dispuesto por los arti´culos 107, fraccio´n I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relacio´n con el 73, fraccio´n V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garanti´as se seguira´ siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la accio´n constitucional es la demostracio´n plena del intere´s juri´dico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relacio´n a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, trata´ndose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto ba´sico en que descansa tal reclamacio´n es la posesio´n; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el intere´s juri´dico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no seri´a lo´gico negar la proteccio´n constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesio´n de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera juri´dica." Asimismo, no pasa inadvertida la circunstancia relativa, a que mediante acuerdo de uno de octubre de dos mil veinte, el titular del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Me´xico, con sede en esta ciudad (quien entonces conoci´a del tra´mite del presente asunto), haya reservado a acordar lo relativo a diversas probanzas ofrecidas por la parte quejosa (tres testimoniales, dos documentales en vi´a de informe y pericial); lo anterior, ya que au´n y con el desahogo de las mismas la parte quejosa no logra acreditar el intere´s juri´dico en el presente asunto, pues las mismas no son ido´neas, ni conducentes para acreditar su vi´nculo con el bien inmueble ubicado en Hacienda de la Huerta nu´mero doce, fraccionamiento Bosque de Echegaray en el municipio de Naucalpan de Jua´rez, Estado de Me´xico, con el cara´cter de propietaria, como lo pretende, por lo que de ordenar su desahogo u´nicamente retrasari´a la administracio´n de justicia, obteniendo el mismo resultado. Finalmente, no obsta a lo aqui´ resuelto que no se haya emplazado al tercero interesado Federico Guillermo Enri´quez Barro´n (parte demandada en el juicio de origen) dado que el sentido de la sentencia, que en este acto se pronuncia, no le causa perjuicio alguno. Por lo expuesto, fundado y con apoyo adema´s en los arti´culos 103 y 107 de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, 74 de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: U´NICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Mari´a Marcela Caldero´n Danel, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en el u´ltimo considerando de esta resolucio´n. Notifi´quese.. (.)"

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