Maria Margarita Rodriguez Luethje
Expediente 284/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 31 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 284/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 21/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Maria Margarita Rodriguez Luethje
- Juez de Control, del Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región 02, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Incidental
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiuno de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido en los siguientes términos: 1.- Expediente depurable. En virtud que se concedió la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, y que el asunto carece de relevancia documental; por tanto, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b)1, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el expediente es DEPURABLE, por lo que deberá conservarse el expediente principal del presente juicio de amparo, por el término de tres años. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; así como el presente proveído en que se acuerda su archivo como asunto concluido, tal como lo establece el penúltimo párrafo2 del numeral 18 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales, en relación con el Capítulo 7, punto 7.1.13, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo lo establece el Acuerdo General en su artículo 21. 7.1.1 En los Juzgados de Distrito 1. Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional. dispone el último párrafo del artículo 18 del acuerdo normativo en mención, previas las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2. Se ordena estampar el sello de DEPURABLE en la carátula del expediente principal, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. 3. El cuaderno original del incidente de suspensión (en el que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados), es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General, en relación con el Capítulo 7, punto 7.5, apartado 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por tanto, consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. De conformidad a lo establecido por el artículo 20, fracción II, inciso a), del invocado Acuerdo General; y con apoyo en el Capítulo 3.1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión no cuenta con documentos originales, por lo que se concluye que es DESTRUIBLE en un plazo de seis meses contados a partir del día siguiente hábil en que se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido del juicio principal, siempre que se cuente con el original del incidente de suspensión, por lo que una vez cumplido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser objeto de destrucción y remitirse el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar en la caratula de los cuadernos incidentales la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo Archivístico, para efectos de su transferencia. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiuno de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que inconformarse contra la determinación de veinte de mayo de dos mil veintidós, que declaró la imposibilidad jurídica y material para cumplir en forma total el fallo protector de amparo; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara como concluido y se ordena su archivo en los términos siguientes: 1.- Expediente depurable. En virtud que se concedió la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, y que el asunto carece de relevancia documental; por tanto, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b)1, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el expediente es DEPURABLE, por lo que deberá conservarse el expediente principal del presente juicio de amparo, por el término de tres años. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; así como el presente proveído en que se acuerda su archivo como asunto concluido, tal como lo establece el penúltimo párrafo2 del numeral 18 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales, en relación con el Capítulo 7, punto 7.1.13, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el último párrafo del artículo 18 del acuerdo normativo en mención, previas las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2. Se ordena estampar el sello de DEPURABLE en la carátula del expediente principal, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. 3. El cuaderno original del incidente de suspensión (en el que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados), es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General, en relación con el Capítulo 7, punto 7.5, apartado 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por tanto, consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. De conformidad a lo establecido por el artículo 20, fracción II, inciso a), del invocado Acuerdo General; y con apoyo en el Capítulo 3.1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión no cuenta con documentos originales, por lo que se concluye que es DESTRUIBLE en un plazo de seis meses contados a partir del día siguiente hábil en que se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido del juicio principal, siempre que se cuente con el original del incidente de suspensión, por lo que una vez cumplido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser objeto de destrucción y remitirse el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar en la caratula de los cuadernos incidentales la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo Archivístico, para efectos de su transferencia. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez de Control Región 02 del Distrito Judicial de Tapachula y Acapetahua, con sede en esta ciudad, copias certificadas del expediente de control judicial 46/2020 y DVD (un tomo), y solicítese el acuse de recibo correspondiente, lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación con la que se da cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra debidamente integrado este asunto para efecto de resolver si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; por consiguiente, el suscrito procede a pronunciarse de oficio al respecto, por ser el cumplimiento de la sentencia de amparo una cuestión de orden público. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2ª/J.26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para lograr ese objetivo, se realizará un análisis comparativo entre: los términos de la concesión del amparo, que incluirá; en su caso, los efectos establecidos en la ejecutoria relativa y lo realizado en ese sentido por la responsable, así como las pruebas que en su caso justifiquen el cumplimiento. ? Antecedentes del cumplimiento al fallo protector. I.- Mediante ejecutoria de siete de abril del año en curso, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, concedió a la quejosa ***, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región 02 Tapachula del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: ***. II.- Luego, ***. En consecuencia, el Juez de Control responsable tuvo por desistido al promovente, dejó sin efectos el control judicial y ordenó su archivo como asunto totalmente concluido. Documentales a la que se otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documento público, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fue expedido por servidor público en el ejercicio de sus funciones. IV. En dicho auto de cuatro de mayo del año en curso, se dio vista a las partes, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, sin que hubieran desahogado la vista concedida. ? Valoración del cumplimiento o imposibilidad de cumplir la sentencia de amparo. De acuerdo con los antecedentes precisados, para poder determinar si la sentencia de amparo está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, es necesario clarificar los lineamientos trazados en la ejecutoria federal dictada en este juicio de amparo. Ahora, este juzgador considera que en el caso concreto se está frente a la imposibilidad material y jurídica de cumplir con el fallo protector de garantías, por las consideraciones que a continuación se expondrán: Esto es así, en virtud que la ejecutoria dictada en este juicio de amparo fue para que la autoridad judicial responsable dejara insubsistente la resolución de once de junio de dos mil veintiuno, dictada dentro del control judicial 46/2020; repusiera el procedimiento y señalara nueva hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia de control judicial, debiendo realizar las providencias necesarias a fin de contar con la presencia de todas las partes, entre ellas, la quejosa y su defensor en la audiencia de referencia prevista en al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Debiendo citar a la quejosa y a su defensor particular, y verificar que el desarrollo de la citada audiencia, éstos se encuentren presentes ya sea personalmente o mediante la utilización de algún medio electrónico, como podría ser videoconferencia, a que alude el precepto 51 del Código Nacional de procedimientos Penales, a fin de que se lleve a cabo la citada audiencia con la asistencia de las partes que deben intervenir en la misma. Hecho lo anterior, continuara con el trámite respectivo y, con libertad de jurisdicción, resolviera lo que en derecho correspondiera, sobre **. Ahora, como se dio del examen de las documentales remitidas por el Juez de Control Región 02 Tapachula, con sede en esta ciudad, se obtiene que por ***. Sin embargo, en resolución de dos de mayo del año que transcurre, el Juez de Control responsable, hizo constar que ***. Entonces, de una sana comparación de los actos narrados en párrafos que anteceden, sin lugar a dudas se advierte que el cumplimiento de ejecutoria en este juicio de amparo ha quedado sin materia, pues dicho cumplimiento medularmente consistía en que el Juez responsable repusiera el procedimiento dentro del control judicial ***/2020, y señalara nueva hora y fecha para que tenga verificativo la audiencia de control judicial, citara a todas las partes involucradas, incluyendo a la aquí quejosa y su defensor, continuara con el trámite respectivo y, con libertad de jurisdicción, resolviera lo que en derecho correspondiera, sobre ***; por lo que a criterio de quien resuelve, con el desistimiento del control judicial, y al haber tenido el Juez responsable por desistido al promovente, dejar sin efectos dicho control judicial, ordenar su archivo como asunto totalmente concluido, se torna imposible el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en virtud de que surge a la vida jurídica el supuesto de cambio de situación jurídica que implica la imposibilidad legal de ejecutar el cumplimiento al fallo protector de garantías. En términos de lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución, y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada. Situación ésta última que se actualiza en la especie, ya que no obstante que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, lo cierto es que como se dijo, al haber tenido el Juez de Control responsable por desistido al promovente, dejar sin efectos el control judicial **/2020, y ordenar su archivo como asunto totalmente concluido, debe considerarse que existe imposibilidad legal para lograr el cumplimiento del fallo protector, y en ese sentido, con fundamento en lo dispuesto en el invocado numeral 214 de la Ley de Amparo, procede declarar que no hay materia para la ejecución de la sentencia. En las relacionadas condiciones, es inconcuso que ha quedado acreditado fehacientemente la imposibilidad jurídica y material de requerir el cumplimiento de la sentencia concesoria de garantías a la autoridad responsables; por lo que, lo procedente es DECLARAR LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL PARA CUMPLIR EN FORMA TOTAL EL PRESENTE FALLO. Tienen aplicación al caso concreto, las tesis visibles en las páginas 515 y 174, de los Tomos XXXI y V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta y Octava Épocas, respectivamente, que textualmente dicen, por su orden: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO.- Si bien es cierto que las ejecutorias dictadas en los juicios de amparo, deben cumplirse estrictamente, y aún más, que ese cumplimiento es de orden público, también lo es que este principio fundamental debe entenderse en términos hábiles, puesto que puede ocurrir que cuando se dicten, ya no exista materia para su ejecución, como sucede cuando se pronuncia, una sentencia concediendo la protección federal contra un auto de formal prisión, ignorando la Corte que ya se ha dictado una sentencia definitiva en el proceso, lo cual hace cambiar la situación jurídica del detenido, y es causa del sobreseimiento, según la jurisprudencia establecida por el Alto Tribunal." "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE SI CAMBIO LA SITUACIÓN JURÍDICA CORRESPONDIENTE Y EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y DE HECHO DE CUMPLIRLA.- Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por el tiempo transcurrido y por la naturaleza del acto reclamado resulta que ya cambió la situación jurídica y existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente debe declararse sin materia, como acontece cuando la protección constitucional se otorgó para que un reo fuera trasladado de penal y al resolverse el incidente ya ha transcurrido en demasía el término en el cual se compurgó la pena correspondiente.". Asimismo, es aplicable la tesis 1a. III/2003, de la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Febrero de 2003, visible a página 216, cuyo rubro y texto es el siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración; máxime que conforme a la ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera, y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." Es menester precisar que las jurisprudencias y tesis aislada citadas, se atienden por considerar que no se oponen a la Ley de Amparo, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio de esa ley. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno que corresponda y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Con fundamento en el artículo 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes por el término de quince días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y hecho lo anterior se acordará lo procedente. Notifíquese y; personalmente la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
AVISO DE NOTIFICACIÓN PARA LA PARTE QUEJOSA.- SE NOTIFICA POR LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTE DE MAYO 2022.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación con la que se da cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra debidamente integrado este asunto para efecto de resolver si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; por consiguiente, el suscrito procede a pronunciarse de oficio al respecto, por ser el cumplimiento de la sentencia de amparo una cuestión de orden público. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2ª/J.26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para lograr ese objetivo, se realizará un análisis comparativo entre: los términos de la concesión del amparo, que incluirá; en su caso, los efectos establecidos en la ejecutoria relativa y lo realizado en ese sentido por la responsable, así como las pruebas que en su caso justifiquen el cumplimiento. ? Antecedentes del cumplimiento al fallo protector. I.- Mediante ejecutoria de siete de abril del año en curso, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, concedió a la quejosa ***, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región 02 Tapachula del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: ***. II.- Luego, ***. En consecuencia, el Juez de Control responsable tuvo por desistido al promovente, dejó sin efectos el control judicial y ordenó su archivo como asunto totalmente concluido. Documentales a la que se otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documento público, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fue expedido por servidor público en el ejercicio de sus funciones. IV. En dicho auto de cuatro de mayo del año en curso, se dio vista a las partes, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, sin que hubieran desahogado la vista concedida. ? Valoración del cumplimiento o imposibilidad de cumplir la sentencia de amparo. De acuerdo con los antecedentes precisados, para poder determinar si la sentencia de amparo está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, es necesario clarificar los lineamientos trazados en la ejecutoria federal dictada en este juicio de amparo. Ahora, este juzgador considera que en el caso concreto se está frente a la imposibilidad material y jurídica de cumplir con el fallo protector de garantías, por las consideraciones que a continuación se expondrán: Esto es así, en virtud que la ejecutoria dictada en este juicio de amparo fue para que la autoridad judicial responsable dejara insubsistente la resolución de once de junio de dos mil veintiuno, dictada dentro del control judicial 46/2020; repusiera el procedimiento y señalara nueva hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia de control judicial, debiendo realizar las providencias necesarias a fin de contar con la presencia de todas las partes, entre ellas, la quejosa y su defensor en la audiencia de referencia prevista en al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Debiendo citar a la quejosa y a su defensor particular, y verificar que el desarrollo de la citada audiencia, éstos se encuentren presentes ya sea personalmente o mediante la utilización de algún medio electrónico, como podría ser videoconferencia, a que alude el precepto 51 del Código Nacional de procedimientos Penales, a fin de que se lleve a cabo la citada audiencia con la asistencia de las partes que deben intervenir en la misma. Hecho lo anterior, continuara con el trámite respectivo y, con libertad de jurisdicción, resolviera lo que en derecho correspondiera, sobre **. Ahora, como se dio del examen de las documentales remitidas por el Juez de Control Región 02 Tapachula, con sede en esta ciudad, se obtiene que por ***. Sin embargo, en resolución de dos de mayo del año que transcurre, el Juez de Control responsable, hizo constar que ***. Entonces, de una sana comparación de los actos narrados en párrafos que anteceden, sin lugar a dudas se advierte que el cumplimiento de ejecutoria en este juicio de amparo ha quedado sin materia, pues dicho cumplimiento medularmente consistía en que el Juez responsable repusiera el procedimiento dentro del control judicial ***/2020, y señalara nueva hora y fecha para que tenga verificativo la audiencia de control judicial, citara a todas las partes involucradas, incluyendo a la aquí quejosa y su defensor, continuara con el trámite respectivo y, con libertad de jurisdicción, resolviera lo que en derecho correspondiera, sobre ***; por lo que a criterio de quien resuelve, con el desistimiento del control judicial, y al haber tenido el Juez responsable por desistido al promovente, dejar sin efectos dicho control judicial, ordenar su archivo como asunto totalmente concluido, se torna imposible el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en virtud de que surge a la vida jurídica el supuesto de cambio de situación jurídica que implica la imposibilidad legal de ejecutar el cumplimiento al fallo protector de garantías. En términos de lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución, y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada. Situación ésta última que se actualiza en la especie, ya que no obstante que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, lo cierto es que como se dijo, al haber tenido el Juez de Control responsable por desistido al promovente, dejar sin efectos el control judicial **/2020, y ordenar su archivo como asunto totalmente concluido, debe considerarse que existe imposibilidad legal para lograr el cumplimiento del fallo protector, y en ese sentido, con fundamento en lo dispuesto en el invocado numeral 214 de la Ley de Amparo, procede declarar que no hay materia para la ejecución de la sentencia. En las relacionadas condiciones, es inconcuso que ha quedado acreditado fehacientemente la imposibilidad jurídica y material de requerir el cumplimiento de la sentencia concesoria de garantías a la autoridad responsables; por lo que, lo procedente es DECLARAR LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL PARA CUMPLIR EN FORMA TOTAL EL PRESENTE FALLO. Tienen aplicación al caso concreto, las tesis visibles en las páginas 515 y 174, de los Tomos XXXI y V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta y Octava Épocas, respectivamente, que textualmente dicen, por su orden: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO.- Si bien es cierto que las ejecutorias dictadas en los juicios de amparo, deben cumplirse estrictamente, y aún más, que ese cumplimiento es de orden público, también lo es que este principio fundamental debe entenderse en términos hábiles, puesto que puede ocurrir que cuando se dicten, ya no exista materia para su ejecución, como sucede cuando se pronuncia, una sentencia concediendo la protección federal contra un auto de formal prisión, ignorando la Corte que ya se ha dictado una sentencia definitiva en el proceso, lo cual hace cambiar la situación jurídica del detenido, y es causa del sobreseimiento, según la jurisprudencia establecida por el Alto Tribunal." "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE SI CAMBIO LA SITUACIÓN JURÍDICA CORRESPONDIENTE Y EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y DE HECHO DE CUMPLIRLA.- Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por el tiempo transcurrido y por la naturaleza del acto reclamado resulta que ya cambió la situación jurídica y existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente debe declararse sin materia, como acontece cuando la protección constitucional se otorgó para que un reo fuera trasladado de penal y al resolverse el incidente ya ha transcurrido en demasía el término en el cual se compurgó la pena correspondiente.". Asimismo, es aplicable la tesis 1a. III/2003, de la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Febrero de 2003, visible a página 216, cuyo rubro y texto es el siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración; máxime que conforme a la ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera, y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." Es menester precisar que las jurisprudencias y tesis aislada citadas, se atienden por considerar que no se oponen a la Ley de Amparo, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio de esa ley. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno que corresponda y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Con fundamento en el artículo 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes por el término de quince días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y hecho lo anterior se acordará lo procedente. Notifíquese y; personalmente la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.
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