María Margarita Miro Pohls
Expediente 1518/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1518/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María Margarita Miro Pohls
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se desprende que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya hecho valer el recurso de queja contra el auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, que desechó de plano la demanda de amparo; consecuentemente, ha quedado firme. Documentos. Téngase por hecha la certificación de cuenta, mediante la cual se hace constar que no obran documentos originales en el presente juicio de amparo. Determinaciones relacionadas con el expediente principal. De conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar, que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, en tanto que se desechó la demanda de amparo. Además, se hace constar que este expediente no es de relevancia documental. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
...Vista la demanda de amparo signado por ***************************, por propio derecho, contra los actos del titular y secretaria de acuerdos adscritos al Juzgado Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 constitucionales. ... Fórmese expediente y regístrese con el número 1518/2022 en el libro uno, relativo al Registro de Juicios de Amparo y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Desechamiento. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece que la instancia constitucional es improcedente: "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Conforme a la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios o medios de defensa que establezca la ley del acto reclamado. Ello alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado; es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Así, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia de Federal, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XVIII incisos a), b) y c), y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Sostiene lo así considerado, la jurisprudencia I.6o.C.J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De igual manera, en lo conducente, el criterio aislado I.3o.C. J/39, emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a la letra enuncia: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." Luego entonces, conforme al sistema legal que rige los recursos en el código civil, se encuentra, como regla general, que contra todo acto de procedimiento que produzca un perjuicio a las partes, procede alguno de los recursos o medios de defensa previstos en el citado ordenamiento, salvo que disponga expresamente lo contrario. En el presente caso, el acto reclamado consiste en el auto de veinticinco de agosto dos mil veintidós, dictado en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de Pedro Ángel Miro Pohls, bajo el número de expediente 80/2022, a través del cual, la Juez Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México, señaló las trece horas con treinta minutos del veintitrés de enero de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia prevista en el artículo 801 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Por tanto, en función de la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente por actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que conforme al sistema legal que rige los recursos en el Código de Procedimiento Civiles de la Ciudad de México, se encuentra, como regla general, que contra todo acto de procedimiento que produzca un perjuicio a las partes, procede alguno de los recursos o medios de defensa previstos en el ordenamiento citado. Así, los artículos 683, 684 y 685 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, establecen: "Artículo 683.- Las sentencias no pueden ser revocadas por el juez o Tribunal que las dicta. Artículo 684.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, sea por la interposición del recurso de revocación o por la regularización del procedimiento que se decrete de oficio o a petición de parte, previa vista a la contraria por tres días, para subsanar toda omisión que exista en el procedimiento o para el solo efecto de apegarse al procedimiento. Artículo 685.- En los juicios en que la sentencia definitiva sea apelable, la revocación es procedente únicamente contra determinaciones de trámite, en los términos del artículo 79, fracción I de este código. En aquellos casos en que la sentencia no sea apelable, la revocación será procedente contra todo tipo de resoluciones con excepción de la definitiva. En todo caso, debe interponerse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación, pudiéndose resolver de plano por el juez, o dar vista a la contraria por un término igual y la resolución deberá pronunciarse dentro del quinto día. En contra de esta resolución no se admitirá ningún recurso." La lectura de los preceptos transcritos permite establecer que el recurso de revocación, es procedente contra los autos que no fueren apelables; así como contra determinaciones de mero trámite, acorde con lo dispuesto por el diverso 79, fracción I, de la legislación en consulta. Cabe destacar que el precepto 685 establece una diversa regla de procedencia para la hipótesis de que la sentencia definitiva no sea apelable, en cuyo caso, como excepción de ésta última, todas las demás determinaciones serán impugnables vía revocación. En el caso, el acto reclamado es susceptible de ser impugnado mediante el recurso de revocación, acorde a lo establecido por los numerales 683, 684 y 685 en su primera parte, dado que se trata de un juicio sucesorio en el cual las sentencias que le ponen fin a cada una de las secciones que se emitan el procedimiento de origen serán apelables, de ahí que no se está en el caso de excepción establecido en el segundo párrafo del tercer precepto mencionado, dado que se trata de un auto de mero trámite en el cual se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia contemplada en el artículo 801 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido la tesis I.12o.C.80 C (10a.), de registro 2018083, sustentada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a la letra dice: "RECURSO DE REVOCACIÓN EN EL JUICIO CIVIL. PROCEDE CONTRA TODO TIPO DE RESOLUCIONES, EXCEPTO LA DEFINITIVA, SIN DISTINCIÓN ENTRE AUTOS PREPARATORIOS, PROVISIONALES O DEFINITIVOS (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). La apelación es el recurso ordinario y vertical que, por regla general, procede contra sentencias, tanto definitivas como interlocutorias pues, por su contenido decisorio y trascendencia, pueden ser revisables por un tribunal de alzada, a fin de garantizar su legalidad mediante una decisión unitaria o colegiada. No obstante, existe una limitante a la procedencia de ese recurso en asuntos de cuantía menor que pretende que éstos culminen con una sentencia firme de forma expedita y sin dilaciones. Por otro lado, conforme al segundo párrafo del numeral 691 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, los autos e interlocutorias son apelables cuando lo es la sentencia definitiva; si éstos no son apelables, pueden ser revocados por el Juez en términos del artículo 684, a través del recurso de revocación, que es un medio de impugnación ordinario y horizontal cuyo efecto puede ser la confirmación, modificación parcial o revocación de la determinación judicial, por lo que constituye el medio de defensa idóneo contra los autos e interlocutorias no apelables en el juicio civil. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 685, párrafo segundo, del código citado, procede el recurso de revocación contra todo tipo de resoluciones (decretos, autos e interlocutorias), con excepción de la sentencia definitiva. Por lo anterior, del análisis armónico y sistemático de los supuestos de procedencia de los recursos de revocación y de apelación en el juicio civil, y acorde con el sentido literal del párrafo segundo del artículo 685 referido, se concluye que en los casos en que la sentencia no sea apelable, la revocación procederá contra todo tipo de resoluciones, sin distinción entre autos preparatorios, provisionales o definitivos, salvo la sentencia definitiva." Así las cosas, en contra del proveído de veinticinco de agosto del año en curso, la ley ordinaria prevé un recurso o medio de defensa, a saber, el recurso de revocación, para modificarlo o revocarlo; sin que se surta en la especie alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo que de manera previa a la promoción del presente, la parte quejosa se encontraba obligada a interponerlo a efecto de agotar el principio de definitividad y, al no haberlo hecho, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, razón por la cual la demanda es improcedente. Más aún, tratándose de actos dictados en el procedimiento judicial, la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, únicamente señala como excepciones al principio de definitividad, los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; las órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, cuando se trate de personas extrañas al procedimiento, sin que este asunto se ubique en alguna de esas hipótesis. Asimismo, resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 1571, visible en la página 2515, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que se analiza. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Sin lugar a tener por señalado como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, toda vez que el lugar señalado corresponde a la sede del juzgado que actúa y no al lugar en que la quejosa habitualmente reside o tiene el principal asiento de sus negocios, ni el local de este juzgado puede señalarse como domicilio para oír y recibir notificaciones, por lo tanto, la notificación de este proveído y las subsecuentes, háganse por medio de lista, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen por autorizados en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Elfego Mejía Zenteno y José Luis Rodríguez Clemente, toda vez que cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales en Derecho, tal como se advierte de la certificación de cuenta. Por otra parte, se le por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, documentos y valores e imponerse de los autos, en términos de la última parte del numeral en comento, a las demás personas que precisa, por así solicitarlo. Autorización para consulta de expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta del expediente electrónico bajo el usuario "Lic.Mejia_43"; para que pueda cumplir con su obligación procesal de estar al pendiente del litigio constitucional en cualquier lugar y momento, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Es pertinente señalar que la digitalización de las promociones y proveídos del expediente electrónico, se integran atendiendo a la carga de trabajo con la que cuenta este órgano jurisdiccional y depende de la optimización y funcionamiento del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". En mérito de lo anterior, se ordena que el analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes proceda a otorgar el permiso correspondiente para la consulta del expediente electrónico. Correo electrónico. Téngase por señalado el correo rodriguezclementejoseluis@gmail.com, únicamente para los efectos establecidos en la fracción XIX del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esto es, para el caso de que este órgano jurisdiccional considere necesario contactarlos por esa vía. Autorización para obtener imágenes. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes, que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. Transparencia. En diverso aspecto, se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 Ley de Amparo, desde este momento se habilitan horas y días inhábiles, para que el actuario notifique los proveídos y resoluciones que se emitan en este juicio y que ameriten notificación personal. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación a la parte quejosa.
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