María Margarita León Méndez

Expediente 873/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
873/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
15/12/2021

Partes del expediente

  • María Margarita León Méndez
  • María Guadalupe León Méndez
  • María Margarita León Méndez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la determinación que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área del edificio habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. Documentos exhibidos por la parte quejosa. De conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a las parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que adjuntó al escrito de demanda, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. 3.1. Trámite de devolución. Ahora bien, a efecto de materializar la entrega de la documental que se solicite, con fundamento en el artículo 3o, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19, requiérasele para que se ponga en contacto con la licenciada Cristina García Maya, secretaria encargada del trámite de este asunto, al número telefónico de este órgano jurisdiccional 44 33 22 69 60 extensión 1162, a fin de coordinarse para tal efecto; asimismo, para que, una vez ocurrido lo anterior, agende cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios Jurisdiccionales", y genere el código QR a su nombre, debiendo confirmar, la autorización y QR brindados. Se precisa que en la hora y fecha que se le programe deberá presentar electrónicamente en un dispositivo móvil o impreso, el mencionado código QR, a fin de que pueda ingresar al edificio sede del Poder Judicial de la Federación, para la recepción de los documentos a devolver.

  2. Principal

    Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Informa causa de sobreseimiento. Visto el escrito presentado por Mariano Barojas Rodríguez, apoderado legal de la parte quejosa, a través del cual informa que con fecha cinco de noviembre pasado, le fue notificado el laudo emitido en el juicio ordinario laboral 3A-873/2010. 2. Sobreseimiento fuera de audiencia. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, se advierte actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Ahora, a efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del quejoso y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis que se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En sentido negativo, esto es, cuando se reclaman omisiones, la cesación se presenta cuando la autoridad abandona la contumasia y actúa en el sentido que exige el orden jurídico. Ahora, como se obtiene del escrito que dio origen a este controvertido constitucional el quejoso reclama, en esencia, la omisión de cerrar la instrucción, elaborar el proyecto de laudo y dictar laudo en el juicio ordinario laboral 3A-873/2010, por parte de la autoridad responsable. En ese sentido, del escrito recibido en esta fecha se advierte que la parte quejosa informa que el cinco de los actuales, les fue notificado el laudo dictado en el referido juicio laboral. Es verdad, conforme a lo señalado se desprende que se actualiza la referida causal de improcedencia, puesto que las omisiones reclamadas dejaron de existir con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno), toda vez que la responsable ha dictado el laudo correspondiente, previo cierre de instrucción y elaboración de proyecto de laudo. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de las omisiones reclamadas, pues al ser de carácter negativo, la finalidad del amparo sería obligar a la autoridad responsable a que obrara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, pues la propia pare quejosa informa que ya fue notificada del laudo emitido el juicio ordinario laboral 3A-873/2010. Acerca de lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la Junta Especial Número Cuarto de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, procede sobreseer en el presente juicio de amparo conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En consecuencia, se deja sin efecto la hora y fecha señalada para la celebración de la: I) Audiencia constitucional, once horas con trece minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Así como el requerimiento formulado a la parte quejosa el tres de los actuales, en el sentido de que proporcione domicilio para emplazar a los terceros interesados.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Informa causa de sobreseimiento. Visto el escrito presentado por Mariano Barojas Rodríguez, apoderado legal de la parte quejosa, a través del cual informa que con fecha cinco de noviembre pasado, le fue notificado el laudo emitido en el juicio ordinario laboral 3A-873/2010. 2. Sobreseimiento fuera de audiencia. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, se advierte actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Ahora, a efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del quejoso y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis que se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En sentido negativo, esto es, cuando se reclaman omisiones, la cesación se presenta cuando la autoridad abandona la contumasia y actúa en el sentido que exige el orden jurídico. Ahora, como se obtiene del escrito que dio origen a este controvertido constitucional el quejoso reclama, en esencia, la omisión de cerrar la instrucción, elaborar el proyecto de laudo y dictar laudo en el juicio ordinario laboral 3A-873/2010, por parte de la autoridad responsable. En ese sentido, del escrito recibido en esta fecha se advierte que la parte quejosa informa que el cinco de los actuales, les fue notificado el laudo dictado en el referido juicio laboral. Es verdad, conforme a lo señalado se desprende que se actualiza la referida causal de improcedencia, puesto que las omisiones reclamadas dejaron de existir con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno), toda vez que la responsable ha dictado el laudo correspondiente, previo cierre de instrucción y elaboración de proyecto de laudo. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de las omisiones reclamadas, pues al ser de carácter negativo, la finalidad del amparo sería obligar a la autoridad responsable a que obrara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, pues la propia pare quejosa informa que ya fue notificada del laudo emitido el juicio ordinario laboral 3A-873/2010. Acerca de lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la Junta Especial Número Cuarto de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, procede sobreseer en el presente juicio de amparo conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En consecuencia, se deja sin efecto la hora y fecha señalada para la celebración de la: I) Audiencia constitucional, once horas con trece minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Así como el requerimiento formulado a la parte quejosa el tres de los actuales, en el sentido de que proporcione domicilio para emplazar a los terceros interesados.

  4. Principal

    Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Proporciona domicilio procesal. Incorpórese al sumario, el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual proporciona el domicilio en donde fue emplazada la parte demandada en el juicio de origen, a fin de llamarla al presente juicio de amparo, en cuanto tercera interesada. Sin embargo, ya que es el mismo domicilio que se asentó en el auto admisorio de este asunto y que se proporcionó en el escrito inicial de demanda, sin que haya sido posible dicho emplazamiento, por tanto, se requiere a la parte quejosa para que en un plazo de tres días contados a partir de que cause estado la notificación que se le practique de este acuerdo, proporcione domicilio diverso donde puedan ser emplazados Mauricio Salvador Badial Ochoa, Laura Zamudio Reyes, Grupo Uturn, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien resulte propietario o responsable de las empresas prestadoras de servicios de limpieza "Badial Limpieza" y quien resulte beneficiario de los servicios de limpieza del Banco de México FIRA. Con apercibimiento que de no hacerlo en el plazo que se le otorga o no indicar el impedimento que tenga para ello, se acordara lo que corresponda. 2. Difiere anticipadamente la audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior se difiere anticipadamente la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las once horas con trece minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, para su verificativo.

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