María Margarita Jardinez Martínez

Expediente 323/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
323/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • María Margarita Jardinez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el cual remite los autos originales del juicio de amparo en que se actúa y un testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja administrativo *** del registro de dicho órgano jurisdiccional, dictada en sesión remota ordinaria celebrada el veintiséis de mayo de la presente anualidad. Acúsese recibo a la superioridad, glósense al expediente principal devuelto, únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes que se integró con motivo del envío de aquél a dicho tribunal; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, visto el contenido de la aludida determinación, se advierte que el órgano colegiado oficiante resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. Se establece que este expediente es susceptible de destrucción transcurrido el plazo de tres años. Ahora, tomando en consideración que en el expediente obran documentos originales, conforme al artículo décimo octavo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte quejosa para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este Juzgado Federal a recoger los documentos que exhibió en el presente asunto, apercibido que de no hacerlo, en el referido plazo, dichos documentos serán destruidos. En esa tesitura, la quejosa se encuentra en aptitud de generar su cita con la finalidad de que se le proporcione un Código QR para su ingreso a las instalaciones y así poder recoger los documentos que aportó en el presente juicio de amparo, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por medio del cual comunica el proveído de once de los corrientes, dictado en el recurso de queja *** del índice del tribunal en cita, del que se desprende que dicho órgano jurisdiccional admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de veinticinco de marzo del año en curso, por el cual fue desechada su demanda de amparo; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***. Procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente. Con relación a ello, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De esta manera, se pone de manifiesto que a partir de la entrada en vigor de la nueva ***, por actos de ejecución irreparable se entienden únicamente aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, se excluye la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se comprendan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Por consiguiente, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos emitidos en un juicio, de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que tales actos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por otra parte, los actos intraprocesales que no reúnen estas características por sí mismos, no afectan a los gobernados, pues sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso se podrán interponer los recursos correspondientes e incluso recurrirlos en vía de amparo directo o indirecto, como en el caso. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, define con precisión lo que se debe entender por actos en el procedimiento cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la *** sea parte; por lo que ahora, en la nueva ley en cita, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió en antaño, sino que, en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Carta Magna, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse incluso con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por ello, los actos dictados en este tipo de procedimientos son reclamables una vez que hayan trascendido a la resolución final y sólo cuando hayan afectado derechos sustantivos pueden impugnarse en amparo indirecto, siempre que sean irreparables; ya que hay actos de imposible reparación y violaciones procesales que no son irreparables, siendo el presente caso uno de los actos contemplados en la segunda hipótesis. Bajo ese contexto, y como quedó expuesto en párrafos precedentes, la quejosa reclama el proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente agrario ***, del índice del tribunal responsable, así como coartar en audiencia de uno de marzo de dos mil veintidós, el derecho a exhibir una receta médica complementaria con la finalidad de justificar la inasistencia del testigo ***; actuaciones que, no tienen tales características de irreparabilidad para la procedencia del amparo indirecto, bajo los lineamientos de la Ley de la materia. Es decir, dichos acto no producen una afectación material, ya que únicamente tienen efectos procesales, y los mismos pueden desaparecer si la resolución que se dicte dentro del juicio de origen es favorable a los intereses de quien promovió el amparo. En ese sentido, no existe la afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los tratados internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera. Pues se itera, la parte quejosa se duele del proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente agrario ***, del índice del tribunal responsable, mediante el cual las responsables niegan precisar la medida precautoria decretada así como coartar en audiencia de uno de marzo de dos mil veintidós, el derecho a exhibir una receta médica con la finalidad de justificar la inasistencia del ateste ***, cuestiones que, en todo caso, únicamente afectan derechos procesales y no los derechos sustantivos antes mencionados. Esto es así, porque tanto el proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual las responsables niegan precisar la medida precautoria decretada, la cual se concedió para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban tomando como base la inspección que se llevó a cabo el trece de diciembre de dos mil veintiuno, por el actuario de la adscripción, en razón de que al parecer de la quejosa resulta ambigua ya que no refiere a favor de quien se decreta así como la no admisión en audiencia de uno de marzo de dos mil veintidós, de una receta médica con la finalidad de justificar la inasistencia de diverso testigo, no trae como consecuencia una afectación material a los derechos sustantivos de la promovente, sino que solamente tiene efectos de carácter intraprocesal, por consiguiente, el aspecto sustantivo de uno no puede incidir en el otro para resolver el fondo de los asuntos. De esta manera, en caso de que la resolución dictada por el Tribunal responsable del procedimiento en el referido controvertido, sea contraria a los intereses de la parte quejosa, ésta tendrá la posibilidad de controvertirla a través del medio ordinario de defensa, haciendo valer las violaciones procesales que estime se cometieron y, posterior a ello, de ser procedente, a través del juicio de amparo directo. Cabe destacar que dar trámite al presente juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que quien promueve el juicio de amparo tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo ***, lo que incluso permite que el quejoso promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Lo anterior, en virtud de que, prevé que, una afectación procesal, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. En esas condiciones, si el acto reclamado no satisface las condiciones para que sea considerado como un acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente. En consecuencia, dado que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, es procedente, DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovido por ***, al encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En otro ámbito, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, la lista que se fija en los estrados de este juzgado. Asimismo, téngase como autorizados para los mismos efectos a las personas que refiere en su demanda de amparo, por así solicitarlo expresamente. Se exhorta a la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, transite su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promueva en la vía electrónica, asimismo, deberá proporcionar algún número telefónico -celular o fijo- o mensajería instantánea -whatsapp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales. Y con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacer públicas las sentencias que hayan causado ejecutoria, se hace del conocimiento a las partes para que manifiesten si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales al hacerse pública la presente; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva a que la sentencia respectiva se publique con supresión de datos. Se instruye al Secretario encargado del expediente para ingrese en el módulo Sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el presente proveído cuidando los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En la inteligencia de que es responsabilidad del Secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución.

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