María Margarita de los Ángeles Manzanilla Rebollo
Expediente 2136/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2136/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 08/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- María Margarita de los Ángeles Manzanilla Rebollo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de ocho de julio de dos mil dieciséis, mediante el cual se declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante licencia autorizada en sesión celebrada el veintiuno de junio del dos mil dieciséis, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2741/2016, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que por auto de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa con el oficio signado por el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector; y debidamente notificada la parte quejosa, desahogó la vista contenida en el citado acuerdo, con el escrito de cuenta, el cual, se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda. Por lo tanto, se procede a resolver de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia emitida el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa María Margarita de los Ángeles Manzanilla Rebollo, para el siguiente efecto: ".Por lo expuesto, al estar acreditada la presentación del escrito ante la autoridad y la falta de respuesta, se considera violado el derecho de petición tutelado en favor de la quejosa por el artículo 8º Constitucional, por lo que, para salvaguardar su derecho, debe otorgársele el amparo y protección de la justicia federal para que la autoridad responsable, una vez que esta sentencia cause ejecutoria, realice lo siguiente: De manera inmediata dé respuesta congruente y por escrito a la petición que la quejosa le formuló el veintitrés de junio de dos mil quince y le notifique su respuesta de forma personal en el domicilio que señaló para tal efecto." Por acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, causó ejecutoria el fallo protector del amparo y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del mismo. En cumplimiento al citado fallo protector el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por oficio acordado el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, remitió copia certificada del acuerdo número SP/DPSHT2477/2016 de fecha quince de junio del año en curso, mediante el cual dio respuesta congruente a la petición que la quejosa formuló el veintitrés de junio de dos mil quince. Constancias que fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos públicos a los cuales se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Ahora bien, del referido oficio se aprecia que el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dio respuesta congruente a la parte quejosa, como se advierte a continuación: "a) El pago retroactivo con .actualizaciones e intereses de los descuentos inconstitucionales aplicados al amparo del artículo 51, segundo párrafo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (vigente hasta el 31 de marzo de 2007), respecto a las pensiones a mi favor con números 803610 y 471153 de Jubilación y Viudez respectivamente, a partir del otorgamiento dela pensión por fallecimiento de mi esposo con fecha 5 de junio del 2000." Con relación a la primera petición, la responsable manifestó que resulta inoperante el pago de intereses y actualizaciones ya que en materia pensionaria, no opera al no encontrarse previsto en la normatividad aplicable en la materia. "b) Expida informe o certificación del monto total desglosado de la cantidades con actualizaciones e intereses que se han descontado con motivo del artículo 51, segundo párrafo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (vigente hasta el 31 de marzo de 2007), aplicados en las pensiones a mi favor con números 803610 y 471153 de Jubilación y Viudez respectivamente, a partir del otorgamiento de la pensión por fallecimiento de mi esposo con fecha 5 de junio del 2000." En relación con el inciso b), la autoridad responsable ordenó anexar al oficio SP/DPSHT2477/2016, al momento de ser notificado vía correo, las constancias de percepciones y deducciones de las pensiones por jubilación 803610 correspondientes a los ejercicios fiscales 2006 al 2016 y de viudez 471153 correspondientes a los ejercicios 2001 al 2016, así como el catálogo de conceptos en la que se encontraba la información solicitada. "c) Se deje sin efecto la determinación de limitar el monto máximo de pensiones de viudez y jubilación al importe de diez veces al salario mínimo general vigente, fundado en lo dispuesto en el artículo 51, segundo párrafo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (vigente hasta el 31 de marzo de 2007)." Al respecto la autoridad responsable respondió que de las pensiones que actualmente disfruta por concepto de jubilación y de viudez, se detectó que la suma de ambas excede de la cuota máxima pensionaria a que se refieren los artículos 57 en relación al 51 de la Ley del ISSSTE vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, y toda vez que a partir del primero de mayo de dos mil seis, se le concedió el beneficio el beneficio pensionario por jubilación asignándole el número 803610 y de la misma manera a partir del cinco de junio de dos mil, se concedió la pensión por viudez. En virtud de lo anterior, concluyó que las pensiones que percibe por jubilación y por viudez, son compatibles de conformidad a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley del ISSTE, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, y la suma de las cuotas, rebasa la cantidad de diez veces el salario mínimo general que dictamina la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Por otra parte, en cuanto al escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones; se acuerda lo siguiente: Con relación a lo manifestado por la parte quejosa quien aduce que no se encuentra cumplida la sentencia de amparo, toda vez que dicha respuesta no le fue notificada al impetrante de garantías dígase que, ello no constituye un obstáculo para arribar a la anterior determinación, pues la circunstancia de que no obre agregada en autos la constancia con que se acredite que la responsable haya notificado a la parte quejosa el oficio SP/DPSHT2477/2016 de fecha quince de junio del año en curso, no se traduce a que no tenga conocimiento de la contestación que dio la responsable a sus peticiones, debido a que quedó enterado del acuerdo al momento de la notificación del auto con en el cual se le dio vista, se le hace del conocimiento del aludido oficio, tal es así que precisamente sus manifestaciones son relativas a su contenido. En lo conducente se invoca como apoyo a lo anterior y por analogía, la jurisprudencia 2a./J.36/99 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 469 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Mayo de 1999, correspondiente a la Novena Época, cuyos rubro y texto se transcriben a continuación: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Cabe precisar que las tesis con que este juzgador apoya la presente determinación, se citan en estricta observancia de lo previsto por el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Por lo que respecta a que la autoridad responsable no dio respuesta congruente a lo solicitado a la parte quejosa, dígasele que la concesión del amparo fue únicamente para los siguientes efectos: "Por lo expuesto, al estar acreditada la presentación del escrito ante la autoridad y la falta de respuesta, se considera violado el derecho de petición tutelado en favor de la quejosa por el artículo 8º Constitucional, por lo que, para salvaguardar su derecho, debe otorgársele el amparo y protección de la justicia federal para que la autoridad responsable, una vez que esta sentencia cause ejecutoria, realice lo siguiente: De manera inmediata dé respuesta congruente y por escrito a la petición que la quejosa le formuló el veintitrés de junio de dos mil quince y le notifique su respuesta de forma personal en el domicilio que señaló para tal efecto." Lo cual sí realizó la autoridad responsable, pues respondió a cada una de las peticiones de manera congruente como ya se precisó en párrafos anteriores, en el entendido de que la concesión del amparo no constriñó a la autoridad responsable a resolver en determinado sentido. En otro aspecto, debe precisarse que el acto reclamado en este juicio consistió en una omisión de dar respuesta por parte de la autoridad responsable y no por una indebida o falta de motivación y fundamentación, de ahí que los argumentos del quejoso relacionados con el contenido de la respuesta de la autoridad responsables a sus peticiones, no pueden analizarse resolver sobre el cumplimiento a la sentencia, pues el efecto de la ejecutoría fue para que contestara sus peticiones pero no se le fijó un lineamiento para dar respuesta. En concordancia con lo anterior, no ha lugar acordar favorablemente la petición del autorizado de la parte quejosa, en el que solicita se le requiera a la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Morelos, que deje insubsistente la determinación emitida en el oficio SP/DPSHT2477/2016 fechado el quince de junio del año en curso, y se abstenga de aplicar la porción normativa del artículo 51, segundo párrafo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado al respecto; puesto que las cuestiones sobre la inconstitucionalidad del citado numeral, como ya se puntualizó, no tienen relación con los alcances de la concesión de la sentencia emitida en este juicio. Es aplicable la siguiente jurisprudencia: Tesis: 1a./J. 76/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2008030 1 de 2 Primera Sala Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Pag. 605 Jurisprudencia(Común) "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. "El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. De ahí que los argumentos y jurisprudencia que solicita sean aplicables a este caso, derivadas de la respuesta de la autoridad responsable a su petición, son cuestiones que no puede resolverse en el cumplimiento de esta sentencia, por tanto, se dejan a salvo sus derechos para que lo haga valer a través de la vía correspondiente. De todo lo anterior, se concluye que la responsable, dio contestación a las peticiones que realizó el quejoso en su escrito de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, razón por la cual, es procedente DECLARAR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse, las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo .
- Principal
PERS. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE OCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, EMITIDO EN AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO, QUE EN LO CONDUCENTE DICEN: Cuernavaca, Morelos, ocho de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que por auto de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa con el oficio signado por el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector; y debidamente notificada la parte quejosa, desahogó la vista contenida en el citado acuerdo, con el escrito de cuenta, el cual, se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda. Por lo tanto, se procede a resolver de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia emitida el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa María Margarita de los Ángeles Manzanilla Rebollo, para el siguiente efecto: ".Por lo expuesto, al estar acreditada la presentación del escrito ante la autoridad y la falta de respuesta, se considera violado el derecho de petición tutelado en favor de la quejosa por el artículo 8º Constitucional, por lo que, para salvaguardar su derecho, debe otorgársele el amparo y protección de la justicia federal para que la autoridad responsable, una vez que esta sentencia cause ejecutoria, realice lo siguiente: De manera inmediata dé respuesta congruente y por escrito a la petición que la quejosa le formuló el veintitrés de junio de dos mil quince y le notifique su respuesta de forma personal en el domicilio que señaló para tal efecto." Por acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, causó ejecutoria el fallo protector del amparo y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del mismo. En cumplimiento al citado fallo protector el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por oficio acordado el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, remitió copia certificada del acuerdo número SP/DPSHT2477/2016 de fecha quince de junio del año en curso, mediante el cual dio respuesta congruente a la petición que la quejosa formuló el veintitrés de junio de dos mil quince. Constancias que fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos públicos a los cuales se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Ahora bien, del referido oficio se aprecia que el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dio respuesta congruente a la parte quejosa, como se advierte a continuación: "a) El pago retroactivo con .actualizaciones e intereses de los descuentos inconstitucionales aplicados al amparo del artículo 51, segundo párrafo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (vigente hasta el 31 de marzo de 2007), respecto a las pensiones a mi favor con números 803610 y 471153 de Jubilación y Viudez respectivamente, a partir del otorgamiento dela pensión por fallecimiento de mi esposo con fecha 5 de junio del 2000." Con relación a la primera petición, la responsable manifestó que resulta inoperante el pago de intereses y actualizaciones ya que en materia pensionaria, no opera al no encontrarse previsto en la normatividad aplicable en la materia. "b) Expida informe o certificación del monto total desglosado de la cantidades con actualizaciones e intereses que se han descontado con motivo del artículo 51, segundo párrafo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (vigente hasta el 31 de marzo de 2007), aplicados en las pensiones a mi favor con números 803610 y 471153 de Jubilación y Viudez respectivamente, a partir del otorgamiento de la pensión por fallecimiento de mi esposo con fecha 5 de junio del 2000." En relación con el inciso b), la autoridad responsable ordenó anexar al oficio SP/DPSHT2477/2016, al momento de ser notificado vía correo, las constancias de percepciones y deducciones de las pensiones por jubilación 803610 correspondientes a los ejercicios fiscales 2006 al 2016 y de viudez 471153 correspondientes a los ejercicios 2001 al 2016, así como el catálogo de conceptos en la que se encontraba la información solicitada. "c) Se deje sin efecto la determinación de limitar el monto máximo de pensiones de viudez y jubilación al importe de diez veces al salario mínimo general vigente, fundado en lo dispuesto en el artículo 51, segundo párrafo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (vigente hasta el 31 de marzo de 2007)." Al respecto la autoridad responsable respondió que de las pensiones que actualmente disfruta por concepto de jubilación y de viudez, se detectó que la suma de ambas excede de la cuota máxima pensionaria a que se refieren los artículos 57 en relación al 51 de la Ley del ISSSTE vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, y toda vez que a partir del primero de mayo de dos mil seis, se le concedió el beneficio el beneficio pensionario por jubilación asignándole el número 803610 y de la misma manera a partir del cinco de junio de dos mil, se concedió la pensión por viudez. En virtud de lo anterior, concluyó que las pensiones que percibe por jubilación y por viudez, son compatibles de conformidad a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley del ISSTE, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, y la suma de las cuotas, rebasa la cantidad de diez veces el salario mínimo general que dictamina la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Por otra parte, en cuanto al escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones; se acuerda lo siguiente: Con relación a lo manifestado por la parte quejosa quien aduce que no se encuentra cumplida la sentencia de amparo, toda vez que dicha respuesta no le fue notificada al impetrante de garantías dígase que, ello no constituye un obstáculo para arribar a la anterior determinación, pues la circunstancia de que no obre agregada en autos la constancia con que se acredite que la responsable haya notificado a la parte quejosa el oficio SP/DPSHT2477/2016 de fecha quince de junio del año en curso, no se traduce a que no tenga conocimiento de la contestación que dio la responsable a sus peticiones, debido a que quedó enterado del acuerdo al momento de la notificación del auto con en el cual se le dio vista, se le hace del conocimiento del aludido oficio, tal es así que precisamente sus manifestaciones son relativas a su contenido. En lo conducente se invoca como apoyo a lo anterior y por analogía, la jurisprudencia 2a./J.36/99 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 469 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Mayo de 1999, correspondiente a la Novena Época, cuyos rubro y texto se transcriben a continuación: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Cabe precisar que las tesis con que este juzgador apoya la presente determinación, se citan en estricta observancia de lo previsto por el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Por lo que respecta a que la autoridad responsable no dio respuesta congruente a lo solicitado a la parte quejosa, dígasele que la concesión del amparo fue únicamente para los siguientes efectos: "Por lo expuesto, al estar acreditada la presentación del escrito ante la autoridad y la falta de respuesta, se considera violado el derecho de petición tutelado en favor de la quejosa por el artículo 8º Constitucional, por lo que, para salvaguardar su derecho, debe otorgársele el amparo y protección de la justicia federal para que la autoridad responsable, una vez que esta sentencia cause ejecutoria, realice lo siguiente: De manera inmediata dé respuesta congruente y por escrito a la petición que la quejosa le formuló el veintitrés de junio de dos mil quince y le notifique su respuesta de forma personal en el domicilio que señaló para tal efecto." Lo cual sí realizó la autoridad responsable, pues respondió a cada una de las peticiones de manera congruente como ya se precisó en párrafos anteriores, en el entendido de que la concesión del amparo no constriñó a la autoridad responsable a resolver en determinado sentido. En otro aspecto, debe precisarse que el acto reclamado en este juicio consistió en una omisión de dar respuesta por parte de la autoridad responsable y no por una indebida o falta de motivación y fundamentación, de ahí que los argumentos del quejoso relacionados con el contenido de la respuesta de la autoridad responsables a sus peticiones, no pueden analizarse resolver sobre el cumplimiento a la sentencia, pues el efecto de la ejecutoría fue para que contestara sus peticiones pero no se le fijó un lineamiento para dar respuesta. En concordancia con lo anterior, no ha lugar acordar favorablemente la petición del autorizado de la parte quejosa, en el que solicita se le requiera a la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Morelos, que deje insubsistente la determinación emitida en el oficio SP/DPSHT2477/2016 fechado el quince de junio del año en curso, y se abstenga de aplicar la porción normativa del artículo 51, segundo párrafo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado al respecto; puesto que las cuestiones sobre la inconstitucionalidad del citado numeral, como ya se puntualizó, no tienen relación con los alcances de la concesión de la sentencia emitida en este juicio. Es aplicable la siguiente jurisprudencia: Tesis: 1a./J. 76/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2008030 1 de 2 Primera Sala Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Pag. 605 Jurisprudencia(Común) "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. "El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. De ahí que los argumentos y jurisprudencia que solicita sean aplicables a este caso, derivadas de la respuesta de la autoridad responsable a su petición, son cuestiones que no puede resolverse en el cumplimiento de esta sentencia, por tanto, se dejan a salvo sus derechos para que lo haga valer a través de la vía correspondiente. De todo lo anterior, se concluye que la responsable, dio contestación a las peticiones que realizó el quejoso en su escrito de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, razón por la cual, es procedente DECLARAR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse, las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo .
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual hace diversas manifestaciones respecto del cumplimiento a la ejecutoria de la autoridad responsable; atento a lo anterior, se tienen por formulados los argumentos que vierte en su escrito de cuenta, que serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE.
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