María Margarita Bocardo Zuñiga

Expediente 572/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
572/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
31/07/2018

Partes del expediente

  • María Margarita Bocardo Zuñiga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el once de julio del año en curso (fojas 77 a 79), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de doce de julio de la presente anualidad (foja 80), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia terminada de engrosar dentro del presente sumario constitucional, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 48 a 69), se determinó conceder a la parte quejosa María Margarita Bocardo Zúñiga, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] a) Los artículos 23, fracción XIX, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devuelva las contribuciones erogadas por la amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el comprobante de pago expedido por la propia Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, Dirección General de Ingresos, realizado el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente. Ahora, como se reitera, del formato de impresión de revalidación del permiso de alcoholes en forma anual que acompañó la promovente de garantías se observan diversas cantidades a pagar; sin embargo, del recibo de pago 38098984 que en copia certificada se adjuntó como prueba documental , se advierten los importes reales que erogó ante dicha Secretaría sin que aparezca el concepto de "ajustes", aunado a lo anterior, la diferencia de los tres pesos son con motivo de la comisión bancaria; empero, al haberlo realizado ante la propia Secretaría este monto no le fue cobrado. [.]". De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable aludida en párrafos que anteceden, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: a) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción XIX, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal; y b) Devolver las contribuciones erogadas por la quejosa, respecto del comprobante de pago realizado el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, por la suma de $7,233.97 (siete mil doscientos treinta y tres pesos 97/100, moneda nacional), expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit; la cual debía ser actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado el once de julio del año en curso, el Recaudador responsable, por conducto del Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia del cheque número 0000547, de veintiocho de junio de la anualidad citada, a nombre de la quejosa María Margarita Bocardo Zúñiga y del que se advierte que devolvió la cantidad de $7,233.97 (siete mil doscientos treinta y tres pesos 97/100, moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva (fojas 77 a 79). Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $7,233.97 (siete mil doscientos treinta y tres pesos 97/100, moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho y el veintiocho de junio de la presente anualidad, se generó el cheque a efecto de realizar la devolución a la parte quejosa del pago de lo indebido. Por lo que el factor de actualización comprende del mes de febrero al mes de mayo del presente año. Luego, el factor de actualización, debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero de la citada anualidad entre el índice para el mes de mayo del año actual (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de este año fue de 132.009; y para el mes de mayo de la misma anualidad de 131.773. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.99821; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta inconcuso que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $7,233.97 (siete mil doscientos treinta y tres pesos 97/100, moneda nacional), se obtiene el mismo monto de dicha contribución. Consecuentemente, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el once de julio del año en curso (fojas 77 a 79), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de doce de julio de la presente anualidad (foja 80), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia terminada de engrosar dentro del presente sumario constitucional, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 48 a 69), se determinó conceder a la parte quejosa María Margarita Bocardo Zúñiga, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] a) Los artículos 23, fracción XIX, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devuelva las contribuciones erogadas por la amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el comprobante de pago expedido por la propia Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, Dirección General de Ingresos, realizado el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente. Ahora, como se reitera, del formato de impresión de revalidación del permiso de alcoholes en forma anual que acompañó la promovente de garantías se observan diversas cantidades a pagar; sin embargo, del recibo de pago 38098984 que en copia certificada se adjuntó como prueba documental , se advierten los importes reales que erogó ante dicha Secretaría sin que aparezca el concepto de "ajustes", aunado a lo anterior, la diferencia de los tres pesos son con motivo de la comisión bancaria; empero, al haberlo realizado ante la propia Secretaría este monto no le fue cobrado. [.]". De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable aludida en párrafos que anteceden, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: a) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción XIX, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal; y b) Devolver las contribuciones erogadas por la quejosa, respecto del comprobante de pago realizado el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, por la suma de $7,233.97 (siete mil doscientos treinta y tres pesos 97/100, moneda nacional), expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit; la cual debía ser actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado el once de julio del año en curso, el Recaudador responsable, por conducto del Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia del cheque número 0000547, de veintiocho de junio de la anualidad citada, a nombre de la quejosa María Margarita Bocardo Zúñiga y del que se advierte que devolvió la cantidad de $7,233.97 (siete mil doscientos treinta y tres pesos 97/100, moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva (fojas 77 a 79). Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $7,233.97 (siete mil doscientos treinta y tres pesos 97/100, moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho y el veintiocho de junio de la presente anualidad, se generó el cheque a efecto de realizar la devolución a la parte quejosa del pago de lo indebido. Por lo que el factor de actualización comprende del mes de febrero al mes de mayo del presente año. Luego, el factor de actualización, debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero de la citada anualidad entre el índice para el mes de mayo del año actual (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de este año fue de 132.009; y para el mes de mayo de la misma anualidad de 131.773. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.99821; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta inconcuso que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $7,233.97 (siete mil doscientos treinta y tres pesos 97/100, moneda nacional), se obtiene el mismo monto de dicha contribución. Consecuentemente, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a sus autos el libelo de cuenta para los efectos legales correspondientes, mediante el cual el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en representación del Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, informa haber dado cabal cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, con el comunicado de mérito y anexo, dése vista a la parte quejosa, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento; apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en el referido informe y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento al fallo protector.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación dentro del plazo que prevé el arábigo 86 de la Ley de la Materia, en contra de la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, de cumplimiento al fallo protector concedido. En la inteligencia de que la cantidad a devolver deberá ser debidamente actualizada conforme al precepto 35 del Código Fiscal para el Estado de Nayarit; asimismo, la autoridad debe allegar las operaciones aritméticas que realice para obtener la actualización de la cantidad a devolver. Asimismo, con sustento en el dispositivo 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, así como con el diverso artículo 31, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, requiérase a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene a la precitada autoridad responsable, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Apercibidas que de no hacerlo con causa justificada, se les impondrá una medida de apremio consistente en multa a cada una de ellas, por el equivalente a ********************acorde con los preceptos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor. Se les hace del conocimiento a las citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la citada Ley.

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