María Marcela Celaya Rodríguez

Expediente 1475/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1475/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
16/03/2022

Partes del expediente

  • María Marcela Celaya Rodríguez
  • José Luis Santellan Valenzuela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Durango, Durango, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós. De la certificación que antecede se advierte que a la parte quejosa le ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para promover el recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en este juicio de garantías, sin que lo hubiere hecho, por tanto, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara ejecutoriada, en su oportunidad, archívense los autos. En virtud de que este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, por encontrarse en el supuesto a que se refiere el inciso b), del artículo 18 del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, ya que se considera que no tiene relevancia jurídica dado el sentido del fallo, y al no estar contenido en los dispositivos 15 y 17 del citado Acuerdo General, en su oportunidad procédase a su depuración; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese y cúmplase.

  2. Incidental

    Durango, Durango, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos se advierte que a la fecha ha trascurrido el término de diez días que para promover el recurso de revisión establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes lo haya hecho; por lo que archívese el incidente sin perjuicio de las eventualidades que pudieren promover las partes de acuerdo a las disposiciones legales que procedan. El cuaderno original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración en un plazo de tres años, por encontrarse en el supuesto a que se refiere el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal registrado con el número 5492, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VII, página 6440, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General en cita, en un plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, siempre que se cuente con su original, previa la anotación correspondiente. De acuerdo al numeral 35 del propio Acuerdo General, anótese en la carátula del cuaderno original la leyenda "depurable" y en la del duplicado "destruible". Notifíquese.

  3. Principal

    ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE.

  4. Principal

    Vistos los autos que integran el presente juicio de derechos fundamentales de los que se advierte que en la audiencia de formulación de la imputación que se realizó en contra de los justiciables se designó como asesor jurídico de las víctimas a***, por lo que le reviste el carácter de tercera interesada según lo que establece el numeral 5, fracción III, incisos c), y e), de la Ley de Amparo. De manera que por conducto del Actuario Judicial adscrito a este tribunal llévese a cabo su emplazamiento en el domicilio ubicado en el lugar en el que se ubica la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de esta capital de Durango, para lo cual se deberá correr traslado con la demanda de derechos fundamentales y notificar la presente determinación judicial, así como el acuerdo del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno en que se admitió la demanda de derechos fundamentales. Orienta la tesis I.10o.P.38 P (10a.), que tiene el registro digital 2022390 o bien aparece publicada en la página 2235, del Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. AL TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE PARTE ACTIVA EN TODAS LAS ETAPAS PROCEDIMENTALES, DEBEN GARANTIZARSE SUS DERECHOS DE DEFENSA ADECUADA, DEBIDO PROCESO Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, MEDIANTE LA DESIGNACIÓN DE UN ASESOR JURÍDICO CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER SUS GARANTÍAS PROCESALES Y EVITAR QUE SUS DERECHOS HUMANOS SE VEAN LESIONADOS. El carácter de parte otorgado a la víctima u ofendido del delito en el proceso penal acusatorio y oral está reconocido constitucional y jurisprudencialmente. Así, en congruencia con los artículos 14, 17 y 20, apartado C, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para que pueda tener un verdadero acceso a la justicia y ejercer eficazmente sus derechos humanos, entre otras cosas, debe recibir asesoría jurídica adecuada; lo que no debe entenderse de manera aislada, es decir, en el sentido estricto de que existe un derecho genérico a favor de la víctima u ofendido del delito a contar con asesoría jurídica. Por el contrario, en su interpretación debe partirse de una lectura sistemática con el apartado C del artículo 20 constitucional, y funcional con el principio de igualdad, subyacente en el artículo 1o. de la Norma Suprema; ello, en virtud de que los alcances de ese derecho -asesoría jurídica- son un reflejo de la defensa técnica adecuada que asiste a los imputados y, por ende, tienen los mismos alcances. De ahí que para garantizar sus derechos de defensa adecuada, debido proceso y tutela judicial efectiva, así como atendiendo a los principios de igualdad procesal y contradicción, la víctima u ofendido no sólo debe contar con un asesor jurídico con conocimientos técnicos en derecho, suficientes para actuar diligentemente durante las diversas etapas del procedimiento penal, sino además, ese asesor debe tener conocimiento en el sistema penal acusatorio y estar debidamente impuesto de la carpeta de investigación, es decir, conocer los hechos que motivan su intervención, con el fin de proteger sus garantías procesales y evitar que sus derechos humanos se vean lesionados; forma en que se garantiza el equilibrio procesal entre las partes, ya que si existe deficiente actuación de la asesoría jurídica, se trastoca el derecho humano de tutela judicial efectiva que le asiste como víctima u ofendido del delito, pues la igualdad de circunstancias en el proceso es una condición de equilibrio que el juzgador debe asegurar por los medios legales a su alcance, a efecto de que se cumplan las condiciones que posibiliten su ejercicio y que el triunfo de uno no se deba a la deficiencia del otro". Asimismo, la Agente del Ministerio Público que integró la carpeta de investigación 2195/20, en contra de los quejosos Maria Maricela Celaya Rodríguez y José Luis Santellan Valenzuela es San Juanita Villa Navarrete, Fiscal adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo Legal de la Fiscalía General del Estado de Durango, por lo que le reviste el carácter de tercera interesada con base en lo que establece el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo. De ahí que con fundamento en el normativo 26, fracción II, inciso b), de la ley de la materia, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este tribunal para que por medio de la misiva correspondiente (a la que se deberá anexar copia de la demanda de garantías) y del referido acuerdo de admisión le realice el emplazamiento respectivo. Finalmente, para dar margen a que se dé cumplimiento a lo ordenado en este acuerdo, con apoyo en lo dispuesto por el dispositivo 115 de la ley de la materia, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y se fija como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS.

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