Maria Manuela Salazar Madrid

Expediente 899/2014 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
899/2014
Año
2014
Actuaciones
5
Última actuación
12/03/2015

Partes del expediente

  • Maria Manuela Salazar Madrid

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, doce de marzo de dos mil quince. Vista la certificación secretarial de cuenta, en la que aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido la sentencia de nueve de febrero de dos mil quince. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. DEPURAR el cuaderno original del incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión provisional, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo. 3. DESTRUIR el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. TRANSFERIR el cuaderno original del incidente de suspensión junto con el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE. Así, lo acordó y firma Saúl Martínez Lira, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante Anel Peña Solís, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a las nueve horas con veintinueve minutos del nueve de febrero de dos mil quince, estando en audiencia pública Saúl Martínez Lira, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante Martha Rosa Hernández Barboza, secretaria de juzgado, con quien actúa y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, procede a declarar abierta la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria del juzgado hace una relación de las constancias de autos y da cuenta con el escrito de demanda, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, y con las demás constancias de autos. Abierto el período probatorio, la secretaria hace constar y certifica que se ofrecieron las siguientes documentales: Copia certificada del auto de formal prisión dictado en contra de María Manuela Salazar Madrid, por considerarla probable responsable en la comisión del delito de daños culposos, cometidos en perjuicio del patrimonio económico de Susana Gabriela Zatarain Sánchez (fojas 15 a 29). Copias certificada de la orden de aprehensión dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, el veintisiete de octubre del año próximo pasado, en contra de la aquí quejosa por el delito mencionado en líneas que anteceden (fojas 55 a 68). A lo que el Juez acuerda: Vista la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo vigente, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales de cuenta. Así, al no existir otras pruebas que desahogar, se cierra este período. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar y certifica que mediante escrito de siete de enero del año en curso, la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, presentó alegato ministerial 10/2015. A lo que el Juez acuerda: Vista la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el numeral inicialmente invocado, se tiene por reproducido el alegato formulado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, las demás partes no expusieron alegatos por tanto, se cierra dicho período. En vista de lo anterior, se procede a dictar la siguiente resolución: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 899/2014, promovido por María Manuela Salazar Madrid, contra actos que reclamó del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, por considerarlo violatorio de los artículos 14 y 16 Constitucionales. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil catorce, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, el cual fue turnado el mismo día a este Juzgado Décimo de Distrito (fojas 2 a 5), María Manuela Salazar Madrid, acudió en demanda del amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos, que hizo consistir en: AUTORIDADES RESPONSABLES Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad. Comandante de la Policía Ministerial del Estado destacamentada (cuya denominación correcta es Comandante de esta Base de Policía Ministerial del Estado, con residencia en esta ciudad). ACTO RECLAMADO "V.- ACTOS RECLAMADOS.- A) DE LAS AUTORIDADES MENCIONADAS COMO RESPONSABLES ORDENADORAS: Se reclama la posible orden de aprehensión librada en mi contra. Con la que se pretende privarse de mi libertad personal en una causa penal cuyo número de expediente, delito y ofendido desconozco." SEGUNDO. Admisión. En proveído de veintitrés de octubre de dos mil catorce, se registró la demanda bajo el número 899/2014, y se admitió a trámite (fojas 06 a 08); al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se dio la intervención que legalmente le compete; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y se pidió a las autoridades responsables rindieran su informe justificado. Se ordenó el emplazamiento a juicio al Agente del Ministerio Público Adscrito al Juzgado responsable, por resultarle el carácter de tercero interesado. TERCERO. Finalmente, previos diferimientos, la audiencia constitucional se llevó a cabo en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales, 48 y 51, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución material, dentro del ámbito de competencia territorial donde este Juzgado ejercer jurisdicción. Cabe destacar que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para la resolución de la presente sentencia, es aplicable la jurisprudencia integrada conforme a la legislación de la materia abrogada, en tanto no se oponga a la nueva ley de la materia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del estudio y análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias del presente sumario, atendiendo a la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En principio, debe decirse que no se toman en consideración para la fijación de los actos reclamados las apreciaciones, calificativos y conceptos de violación que la peticionaria del amparo expuso en dicho apartado, con apoyo en la jurisprudencia número 132, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, tomo II, submateria 1, primera parte, segunda sección, página 156, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos." Del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que el solicitante de la tutela constitucional reclama: La posible orden de aprehensión librada en contra de la quejosa María Manuela Salazar Madrid, y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo vigente, se advierte que es obligación del juzgador de amparo apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, que en su caso, no permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. Por lo anterior, quien resuelve determina que no es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable 1Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad, consistente en la orden de aprehensión librada en contra de la quejosa. Lo anterior en virtud que la referida autoridad a su oficio número 6434/2014, anexó copia certificada del auto de formal prisión dictado en contra de María Manuela Salazar Madrid, por considerarla probable responsable en la comisión del delito de daños culposos, cometidos en perjuicio del patrimonio económico de Susana Gabriela Zatarain Sánchez. Asimismo, de manera oficiosa este Juzgado de Distrito recabó las constancias relativas a la causa penal 42/2014, del índice de la autoridad responsable 1Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial, documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se desprende que el veintisiete de octubre del año próximo pasado, dicha responsable libró orden de aprehensión en contra de la aquí quejosa por el delito mencionado en líneas que anteceden. Sin embargo, no debe perderse de vista que el juicio de amparo es procedente contra actos existentes y concretos, no probables ni eventuales, de tal manera que si la orden de aprehensión se libró con posterioridad a veintidós de octubre de dos mil catorce en que se presentó la demanda de amparo, tal acto era inexistente a la fecha de promoción del juicio constitucional. Es aplicable la jurisprudencia 36, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo VII, Junio de 1998, página 5, rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." Finalmente, no es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable 2Comandante de la Policía Ministerial del Estado destacamentada (cuya denominación correcta es Comandante de esta Base de Policía Ministerial del Estado, con residencia en esta ciudad). Esto es así, dado que la autoridad de referencia, al rendir su respectivo informe justificado negó la existencia del acto que se le atribuye y, al constituir dicho informe documental pública, se le concede valor probatorio pleno, al ser emitido por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Aunado al valor referido, la parte quejosa no aportó prueba que desvirtuara el contenido de dichas documentales; en consecuencia, es patente la negativa del acto reclamado. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado a las citadas responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, se sobresee en el presente juicio de amparo. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia VI 2o. J/20, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, página 627, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y os quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable la Jurisprudencia VI.2o.J/18, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 19-21, Julio-Septiembre de 1989, página 154, que reza: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." CUARTO. Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Toda vez que las partes no se opusieron ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley antes mencionada vigente en la época del inicio de la demanda, esta resolución estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión sólo de los datos sensibles que en su caso pueda contener. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73 a 75 y 124 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por María Manuela Salazar Madrid, contra el acto reclamado al 1Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad y 2Comandante de la Policía Ministerial del Estado destacamentada (cuya denominación correcta es Comandante de esta Base de Policía Ministerial del Estado, con residencia en esta ciudad); consistentes en la orden de aprehensión librada en contra de la quejosa y su ejecución, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicada en términos de lo establecido en su último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Saúl Martínez Lira, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante Martha Rosa Hernández Barboza, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintidós de enero de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio 233/2015, firmado por el Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Segundo del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la orden de aprehensión dictada a la quejosa MARÍA MANUELA SALAZAR MADRID, en la causa penal 42/2014, por el delito de DAÑOS CULPOSOS, cometido en agravio del patrimonio económico de Susana Gabriela Zatarain Sánchez. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo vigente, téngase ofrecida la prueba documental que se acompaña al oficio de cuenta, sin perjuicio de hacer nueva relación de ella en la audiencia constitucional respectiva; con lo anterior, dese vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Sonia Jumilla Zamudio, Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, encargada del despacho por licencia del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veinte de enero de dos mil quince, mediante oficio CCJ/ST/211/2015, ante Martha Rosa Hernández Barboza, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    lA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PROGRAMADA PARA EL DÍA DE HOY SE DIFIERE PARA QUE TENGA VERIFICATIVO A LAS NUEVE HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL DEL NUELEVE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE.

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