María Manuela González Hernández
Expediente 1374/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1374/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/09/2022
Partes del expediente
- María Manuela González Hernández
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veintidós de septiembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó el presente asunto (artículo 21, inciso b, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. 3. Ahora bien, en términos del Punto Décimo Primero, último párrafo, del acuerdo general conjunto referido, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, por conducto de persona autorizada para ello, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió en el presente asunto a su escrito inicial de demanda y que obran como anexo por separado; con el apercibimiento que de no hacerlo, dichas constancias podrán ser destruidas junto con el expediente. En el entendido, de que deberá seguir el procedimiento de citas para su recepción a través de sus autorizados, de conformidad con el capítulo tercero del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se comunica a la parte quejosa de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; cinco de septiembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por María Manuela González Hernández, por propio derecho, contra actos del Comité Ciudadano de Agua Potable La Concepción Coatipac, Calimaya, Estado de México. REGISTRO. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1374/2022-VI DESECHAMIENTO. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Precisado lo anterior, este Juzgado Federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ambos interpretados en sentido contrario; preceptos legales que se citan a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El acto que por esta vía se reclama, se hace consistir en la omisión de dar respuesta al escrito presentado el ocho de agosto de dos mil veintidós, relativo a la solicitud autorización e instalación de una toma de agua potable; por lo que resulta improcedente su demanda, pues se estima que no ha transcurrido un plazo razonable para efectos de emitir la respuesta respectiva, considerando la fecha de la presentación de los escritos de petición y la promoción del amparo. Resulta conveniente destacar que el artículo 8º constitucional, en el cual se reconoce el derecho fundamental de petición, no establece un plazo determinado para que las autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados. En su segundo párrafo se limita a señalar que el acuerdo recaído a la petición deberá hacerse del conocimiento del solicitante en un "breve término", sin que se haya establecido un referente temporal definido. Ante tal indefinición, los Tribunales de la Federación han emitido diversos criterios en los que han sostenido que el plazo con que cuentan las autoridades para emitir una respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados es aquel en que racionalmente pueden estudiarse y acordarse, atendiendo a las particularidades del caso concreto y a la naturaleza de la petición. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen CXXIII, Tercera Parte, que dispone: "PETICION, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse." De conformidad con lo anterior, se estima que el hecho de que en el ámbito jurídico se haya aceptado con cierta uniformidad que el "breve término" a que se refiere el artículo 8º constitucional no debe exceder de cuatro meses, no constituye una habilitación irrestricta para que en cualquier caso las autoridades puedan extender la falta de respuesta a las peticiones dirigidas por los gobernados hasta la conclusión de dicho plazo. En cambio, la regularidad constitucional del silencio de las autoridades se encontrará determinada por la razonabilidad de las condiciones que, en su caso, hayan originado la dilación en la respuesta de la solicitud, para lo cual resulta útil atender al concepto de "plazo razonable". Se afirma lo anterior, pues la situación que regula el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al derecho que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas en dicho precepto, le dé respuesta en un breve término, guarda una relación de similitud con la referida al tiempo de resolución de un proceso judicial, en tanto que no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que deben atenderse las circunstancias específicas de cada caso. Además, la interpretación del contenido de los derechos humanos debe ir a la par de la evolución de los tiempos y las condiciones actuales de vida, por lo que sus alcances no se limitan al texto expreso de la norma en que se reconozcan aquéllos, sino que se robustece con la interpretación evolutiva o progresiva que hagan los tribunales d constitucionalidad nacionales, como intérpretes últimos de sus normas fundamentales, así como con la interpretación que hagan los organismos internacionales, intérpretes autorizados en relación con tratados específicos, en una relación dialéctica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, apreciable en la página 2004, Libro 19, Junio de 2015, Tom III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo epígrafe y contenido son: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR SU ALCANCE Y CONTENIDO, PUEDE ATENDERSE AL CONCEPTO DE "PLAZO RAZONABLE DESARROLLADO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD." Entonces, por los razonamientos vertidos, como se adelantó, de una interpretación progresiva el silencio de la autoridad se encontrará determinado por la razonabilidad de las condiciones que, en su caso, hayan originado la dilación en la respuesta de la solicitud, para lo cual resulta útil atender al concepto de "plazo razonable". Precisado lo anterior, si la quejosa presentó su petición ante la autoridad responsable el ocho de junio de dos mil veintidós, en tanto que la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, el dos de septiembre de dos mil veintidós, por ende, es inconcuso que no ha transcurrido un breve término ó plazo razonable, a afecto de que la autoridad responsable de contestación a sus escritos de petición, pues dicho plazo no resulta prudente a efecto de proporcionarle la respuesta solicitada. Se cita al caso la tesis I.1°.A.E.64 A (10ª.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y Jurisdicción en toda la República, publicada en la página 2003 del Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuya literalidad es: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. LAS CONDICIONES QUE DETERMINAN LA RAZONABILIDAD DE LOS PLAZOS EN LOS QUE DEBEN DESARROLLARSE LO PROCESOS JUDICIALES, SOSTENIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SON APLICABLES AL "BREVE TÉRMINO" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL QUE LO PREVÉ." De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en la fracción XXIII en el artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 8°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ambos interpretados en sentido contrario, por lo que debe desecharse de plano la demanda de amparo. Sin que pase inadvertido el contenido de la tesis aislada a la que hace mención en el escrito de demanda en tanto que de su contenido se advierte y comparte el criterio de que no obstante el artículo 3 de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios dispone que la autoridad que se indica como responsable tenga ese carácter para efectos del juicio de amparo, pues el Congreso Estatal carece de facultades para legislar sobre la naturaleza de los actos materia del juicio constitucional lo cual corresponde únicamente al Congreso de la Unión. DOMICILIO. Con fundamento en los artículos 26 y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se menciona en el proemio de la demanda. CORREO ELECTRÓNICO. Por otra parte, en relación a los correos electrónicos que proporciona, si bien no pueden tenerse como sitio para oír y recibir notificaciones; de ser necesario y a criterio de este juzgado, se le podrán comunicar al mismo, aspectos que son urgentes, así como a través de la lista electrónica que se publica en el portal del Consejo de la Judicatura Federal, dadas las medidas de contingencia en los Órganos jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado de la pandemia ocasionada por la enfermedad Covid19. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la responsable que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional, para que en el caso de que la autoridad responsable se negare a recibir los oficios derivados del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, haga del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la notificación en ese momento, además de que si a consideración del suscrito se estima que el despliegue de su conducta es con notoria mala fe o negligencia inexcusable se hará acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la ley de la materia. Asimismo, se hace del conocimiento del Actuario de la adscripción para que en el momento de la diligencia respectiva y de ser necesario, realice las aclaraciones correspondientes con relación a la denominación actual y correcta de la autoridad o autoridades que estén ejecutando el acto reclamado, a quienes deberá apercibir que en el supuesto de no recibir las notificaciones en comento, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 239 de la Ley de Amparo, se hará acreedora de una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV 2, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente.
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