María Magdalena Zurita Ortiz

Expediente 169/2023 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 18 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
169/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
05/12/2023

Partes del expediente

  • María Magdalena Zurita Ortiz
  • Celedonia Rosario Del Ángel Campos
  • Brenda Iliana Lira Calvo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Amparo en revisión

    Agréguese al expediente RC.-169/2023, el escrito de la tercera interesada atento a su contenido, como lo solicita y con fundamento en el artículo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, así como los artículos 22 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de las videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, expídase copia certificada electrónica de las constancias que indica y envíese a su correo electrónico señalado para tal efecto.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Agréguese al expediente DC.-169/2023, el oficio de la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante el cual en atención a lo solicitado por este Tribunal Colegiado en auto de tres de agosto del presente año, proporciona el despacho a fin de notificarle al quejoso el auto de treinta y uno de mayo del presente año, emitido por la Superioridad, el cual es: SSGA_DPO-DOCE-4452/2023. Por lo tanto, de conformidad con la circular 11/2014-AGP OCTIES y con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Amparo, como lo solicita y en auxilio de las labores de la Superioridad, notifíquese personalmente a la parte quejosa, con copia autorizada del proveído inserto en el oficio de cuenta, y una vez diligenciado devuélvase a la brevedad vía MINTERSCJN, a nuestro Alto Tribunal. POR TANTO EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN EL AMPARO DIRECTO EN REVISION 3423/2023, DE FECHA TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRES, SE HACE LA PUBLICACION DE FORMA INTEGRA DE LA RESOLUCION CITADA: "Ciudad de México, a treinta de mayo de dos mil veintitrés. l. Formación del expediente. En términos de la normativa aplicable y en cumplimiento a la Circular número 11/2014-AGP SEPTIES de quince de febrero de dos mil diecinueve, con el folio electrónico de remisión de los documentos de cuenta, fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes al toca de revisión relativo al juicio de amparo directo promovido por la parte quejosa contra la sentencia de la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dentro del toca 1539/2022. Acúsese recibo al Tribunal Colegiado del conocimiento. Con copia autorizada de este proveído, de conformidad con lo 9ispuesto en el artículo 16, párrafo segundo, del Acuerd6 General 9/2020, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fórmese cuaderno auxiliar. Al que deberán agregarse los documentos que no resulten indispensables para¡ sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto, en el entendimiento de que podrá consultarse por las partes, atendiendo a la normativa aplicable. II. Presentación del recurso. La parte quejosa, por conducto de su mandataria judicial, hace valer en tiempo y forma recurso de revisión en contra de la sentencia de trece de abril de dos mil veintitrés, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, dentro del juicio de amparo directo 169/2023 -derivado del referido toca-. III. Análisis de procedencia del recurso. La procedencia del recurso de revisión contra sentencias dictadas en amparo directo está sujeta al cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 107l fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 81, fracción II, de la Ley de Amparo. Conforme a esos preceptos, para que el recurso de revisión en amparo directo sea procedente, es necesario que concurran los requisitos siguientes: III.1. En el recurso subsista una cuestión propiamente constitucional; III.2. Que el problema de constitucionalidad señalado en el inciso anterior, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. En términos generales, la primera de dichas cuestiones se actualiza cuando en los agravios de la revisión se impugnan las consideraciones de una sentencia de amparo directo en las que específicamente el Tribunal Colegiado de Circuito, realizó lo siguiente: a. Decidió sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de normas generales; o, b. Estableció la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; o bien, c. Omitió decidir tales cuestiones, pese a que en la demanda de amparo fueron planteadas, Ahora bien, se actualiza un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos (segundo requisito de procedencia), en principio, cuando esta Suprema Corte de Justicia de la Nación advierta que el asunto dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional; también cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por este Alto Tribunal relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación, Conforme a lo anterior, serán procedentes únicamente aquellos recursos de revisión que reúnan ambas características, es decir, si no se satisface alguna de ellas, el recurso será improcedente y debe desecharse. IIL 1. Existencia de una cuestión propiamente constitucional. En el caso, se satisface el primero de los requisitos, dado -que en el recurso se plantea una cuestión propiamente constitucional, por lo siguiente: En la sentencia de amparo se plasmaron los siguientes antecedentes del asunto: 1. En agosto de 2020 (dos mil veinte), dos mujeres (parte quejosa) promovieron demanda en vía ordinaria civil en contra de una constructora, a la cual le reclamaron la restitución de un departamento y la portería del un edificio, ubicados en la Ciudad de México, el pago de una inde1nízación y otras prestaciones. 2. En ese mes, un juzgado civil de la Ciudad de México admitió a trámite la demanda en la vía propuesta. 3. En octubre de 2022 (dos mil veintidós), el juzgado civil dictó una resolución, en cual -sin haber emplazado a la parte demandada- decretó la caducidad de la instancia al estimar actualizada la hipótesis prevista en el artículo 137 Bis del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, pues la parte actora no presentó promoción para impulsar el procedimiento por más de 120 días hábiles. 4. Inconforme, la parte actora interpuso recurso de apelación. La sala civil (autoridad responsable) radicó el recurso y en enero de 2023 (dos mil veintitrés), dictó sentencia y confirmó la resolución de primer .grado. En el fallo de apelación, la autoridad responsable desestimó los agravios de la parte apelante y señaló que fue acertada la decisión del juez de origen, pues transcurrieron más de 141 días sin que la parte actora presentara promoción que impulsara el procedimiento. 5. En desacuerdo, la parte accionante promovió amparo directo, del cual deriva este recurso de revisión. Ahora bien, en lo que se refiere a la detección de cuestiones propiamente constitucionales, se desprende lo siguiente: A) En la demanda de amparo la parte quejosa adujo que el acto reclamado violaba los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, pues carecía de debida fundamentación y motivación y violaba su derecho de acceso a la tutela judicial, por los siguientes motivos: A. 1. No podía operar la caducidad de la instancia, pues el personal del juzgado civil no elaboró unos oficios para la investigación del domicilio de la parte demandada a pesar de que unos pasantes del despacho acudieron a solicitarlos a! órgano jurisdiccional. A.2. La resolución estaba indebidamente fundada y motivada. A.3. Se violaba el derecho de tutela judicial efectiva, pues era obligación del juez impulsar el procedimiento y no era necesario que la accionante impulsara el juicio, pues ello no es acorde con el principio pro persona, que obliga a interpretar las normas de la forma más favorable al ser humano. A.4. Solicitó que se inaplicara el artículo 137 Bis del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, pues violaba los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en materia de derechos humanos. B) En la sentencia recurrida el tribunal colegiado desestimó por los conceptos de violación con base en las siguientes consideraciones: B.1. Si bien la elaboración de los oficios de investigación correspondía al personal del juzgado civil; ello no disolvía la carga procesal de la parte actora de impulsar el procedimiento ya que era obligación de la parte actora proporcionar el domicilio de la parte enjuiciada. B.2. El acto reclamado sí contenía la debida fundamentación y motivación, pues se basó en el artículo 137 Bis del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y se estimó actualizada la hipótesis referente a que la actora dejó transcurrir 141 días sin presentar promoción para impulsar el procedimiento. B.3. Desestimó el agravio concerniente a que era obligación del juez evitar la paralización del procedimiento, bajo la consideración de que tal planteamiento no lo hizo valer en los agravios de su apelación ante la sala responsable. B.4. Declaró infundado el concepto de violación sobre la inaplicación del artículo 137 Bis del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, pues estimó que dicho dispositivo no vulneraba algún derecho humano ni dejaba en estado de indefensión a la parte quejosa. En consecuencia, negó el amparo. C) En los agravios de la revisión la parte quejosa (actora en el juicio natural), en esencia, aduce que su recurso es procedente, pues: C.1. Se está en presencia de la interpretación de los artículos 1 y 17 de la Constitucional Federal y el derecho de acceso a la tutela judicial. C.2. El tribunal colegiado pasó por alto el control difuso del artículo 137 Bis del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. C.3. Asimismo, sostiene que en sus consideraciones el tribunal de amparo le impuso una carga excesiva a la parte quejosa, pues la elaboración de los oficios correspondía al juzgado y es inaudito que se castigue a quienes buscan justicia por la falta de eficiencia del órgano jurisdiccional ya que buscan deshacerse de los expedientes por sus cargas de trabajo; con base en ello, afirma que es procedente que se apliquen a su favor los principios pro persona de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y que no se estime actualizada la caducidad de la instancia. En su apoyo la parte recurrente cita la jurisprudencia PC.II.C. J/1 C (11a.) del Pleno en Materia Civil del Segundo Circuito, de rubro: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. NO SE CONFIGURA POR INACTIVIDAD PROCESAL ATRIBUIBLE AL ÓRGANO JURJSDICCIONAL".  Conclusión de este apartado. Las cuestiones alegadas por la recurrente sí constituyen planteamientos propiamente constitucionales, pues en los agravios se aduce que el tribunal colegiado efectuó la interpretación directa de los artículos 1 y 17 constitucionales y que el tribunal colegiado pasó por alto el control difuso de constitucionalidad. En consecuencia, en el recurso subsiste el estudio de cuestiones propiamente constitucionales. III.2. Inexistencia de un interés excepcional. En la especie, a juicio de esta Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de l1a Nación el caso no reviste un interés excepcional, por lo siguiente. Como se explicó en líneas anteriores, este requisito se actualiza cuando la resolución del asunto potencialmente podría dar lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional. En esa tesitura y considerando que los órganos colegiados (Pleno y Salas) de este Alto Tribunal, deben concentrar sus esfuerzos en el conocimiento y resolución de casos inéditos y cuya resolución puede impactar en la interpretación y aplicación del orden constitucional; ello impone a la Presidencia del Máximo Tribunal realizar un examen preliminar de los agravios aducidos sobre las cuestiones propiamente constitucionales, pues si se advirtiera de forma preliminar que no son aptos para generar un criterio novedoso o de relevancia; entonces, no podría estimarse satisfecho el requisito de interés excepcional. El examen de los agravios permite advertir que .!1Q son aptos para generar un criterio novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional. Se afirma lo anterior, pues contrario a lo que se aduce en los agravios, si bien en la sentencia de amparo se invocaron los artículos 1 y 17 de la Constitución Federal; sin embargo, el tribunal colegiado no desentrañó. ni explicó el sentido o alcance de dichos numerales con base en un análisis gramatical, histórico, lógico o sistemático; en ese tenor, no puede estimarse que se realizó la interpretación directa de dichos preceptos de la Ley Fundamental; y, por ende, no es procedente este recurso de revisión bajo ese supuesto. En realidad, en la sentencia el órgano colegiado citó el contenido de la jurisprudencia 2a.lJ. 192/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de rubro:3 "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINOIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES". Así como la diversa jurisprudencia 1 a./J. 104/2013 (10a.) de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS D~BAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES". La referencia al contenido de dichas jurisprudencias no constituye la interpretación directa de los artículos 1 y 17 constitucionales. Esto así lo definió la Segunda Sala del Alto Tribunal en el criterio número 2p./J. 54/2003, de rubro: "INTERPRETACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN PARA EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO. NO SE ACTUALIZA POR LA SOLA INVOCACIÓN DE UNA TESIS DE LA SUPREMA CORTE EN QUE SE INTERPRETE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL". Aunado a lo anterior, contrario a lo que esgrime la parte recurrente, el tribunal colegiado sí analizó el planteamiento de la parte quejosa sobre la inaplicación del artículo 137 Bis del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y concluyó que no vulneraba los derechos humanos de la quejosa. 6 Por tanto, el tribunal colegiado no pasó por alto el control difuso ex officio de dicha norma. Por último, cabe señalar que en los demás agravios la parte quejosa esgrime cuestiones particulares relacionadas con la obligación del juzgado natural de realizar los oficios para la búsqueda del domicilio de la parte demandada; sin embargo, con sus argumentos no combate la consideración del tribunal colegiado referente a que en el juicio de origen no se demostró que los pasantes del despacho jurídico que asiste a la parte quejosa, efectivamente fueron al juzgado a solicitar los mencionados oficios. Además, con tales argumentos se impugnan actuaciones del juzgado de origen más que la constitucionalidad del referido artículo 137 Bis del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. De ahí, como ya se dijo, los agravios no son aptos por insuficientes, para dar lugar a la formación de un criterio novedoso sobre la constitucionalidad del artículo 137 Bis del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. En consecuencia, en este recurso no se actualizan los requisitos para la procedencia del presente medio de impugnación previsto en el artículo 81, fracción 11, de la Ley de Amparo. Por tanto, debe desecharse el recurso de amparo directo en revisión. IV. Negativa de autorización de acceso al expediente electrónico y recepción de notificaciones por dicha vía. En virtud de que, las recurrentes por medio de su mandataria judicial solicitan acceso al expediente electrónico y notificaciones por esa vía del presente asunto y, en virtud de que en la promoción materia de este proveído no precisa los datos de su Clave Única de Registro de Población CURP, hágase de su conocimiento que no se acuerda favorablemente dicha petición. Apoya lo anterior, lo dispuesto en el artículo 3, párrafo quinto, de la Ley de Amparo en relación con los artículos 6, párrafo primero, 12 párrafo segundo, y 18 del Acuerdo General Plenario 9/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (AGP 9/2020) donde se precisa que, la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) -o los certificados digitales de diversa firma electrónica-, es el medio a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación (SEPJF). para promover por vía electrónica, recibir comunicaciones y notificaciones, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos de la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo que a fin de acordar favorablemente la petición que formula resulta necesario que obtenga -incluyendo la o las personas respecto de las cuales, en su caso, se solicite la autorización para ingresar al expediente electrónico- el certificado digital de firma electrónica respectivo, que en el caso lo expide la Unidad de Control de Certificación de Firmas de este Alto Tribunal; el cual podrá obtener mediante solicitud que realice a través del Portal del Sistema Electrónico de la página oficial de internet de este Alto Tribunal, atendiendo al procedimiento establecido en el artículo 4 del ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1 /2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación¡ del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal (AGC 1/2013) para la FIREL. Hecho lo anterior, con base en el articulo 18 del referido AGP 9/2020, podrá realizar nuevamente la referida solicitud incluso por vía electrónica a través del "Módulo de promociones" del SEPJF en la que proporcione su CURP, con el objeto de que, una vez verificada la vigencia de su FIREL en dicho Sistema Electrónico de la SCJN exista la posibilidad de acordar favorablemente las peticiones respecto al expediente electrónico. Resulta importante precisar que, acorde a los artículos 30 y 31, fracción 111, de la Ley de Amparo; y los artículos18, párrafo segundo, 21, párrafo primero, 23, 24, 34 y 35 del AGP 9/2020, se desprende que la concesión para recibir notificaciones por vía !electrónica está condicionada a que se acuerde la autorización para consultar el expediente electrónico respectivo, aunado a que con los artículos 34 y 35 del AGP 9/2020, las notificaciones electrónicas se tendrá por realizadas cuando se consulte en el expediente electrónico el acuerdo respectivo, o en el transcurso de dos días hábiles siguientes en que el proveído se haya ingresado al expediente electrónico y no se hubiere consultado. Cabe precisar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107 fracción IX, parte final, de la Constitución Federal, así como 91 y 104 de la Ley de Amparo vigentes, en contra del auto que desecha el recurso de revisión en amparo directo, no procede medio de impugnación alguno. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán promover por vía electrónica mediante el uso de la FIREL o de la e.firma en términos de lo previsto en el Acuerdo General Plenario 9/2020. En consecuencia, tomando en consideración que el recurso de revisión de que se trata es competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de la fracción IX del artículo 107 constitucional, vigente tras la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno: con fundamento en los artículos 81, fracción II y 91 de la Ley de Amparo, se acuerda: PRIMERO. Se desecha por improcedente el presente recurso de revisión, dado que no reviste un interés excepcional -en materia constitucional o de derechos humanos, por lo que no se cumplen los requisitos que establecen los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción 11, de la Ley de Amparo vigentes. SEGUNDO. Las personas que tengan reconocido el carácter de partes en el juicio de amparo del que deriva el presente asunto, por sí o por conducto de sus representantes -no los autorizados de éstas- podrán solicitar autorización de acceso al expediente electrónico, para sí o para un tercero, proporcionando la CURP de la o de las personas respecto de las cuales se solicita la autorización correspondiente, siempre que cuenten con firma electrónica (FIREL) en términos aje la normativa aplicable. TERCERO. Asimismo, las personas que tengan reconocido el carácter de partes en el juicio de amparo del que deriva el presente asunto, por sí o por conducto de sus representantes -no los autorizados de éstas-, podrán solicitar expresamente por vía impresa o electrónica la autorización para recibir notificaciones electrónicas proporcionando la CURP de la o de las personas respecto de las cuales se solicita la autorización correspondiente a su FIREL vigente y surtirá efectos únicamente en el presente expediente, no así respecto de los recursos o incidentes que de éste deriven, en cuyo caso deberá solicitarse en cada uno de ellos. CUARTO. Hágase del conocimiento de las partes que con fundamento en la fracción IV del artículo 12 del Acuerdo General número 8/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la organización, conservación, administración y preservación de expedientes judiciales bajo resguardo de este Alto Tribunal, los documentos originales que hubieren aportado o aporten en este asunto quedarán a su disposición una vez que concluya el trámite del presente asunto, y sí dentro de los treinta días naturales siguientes no se solicita su devolución, serán remitidos al Archivo Central de este Alto Tribunal para ser sometidos al procedimiento de baja documental que corresponda. QUINTO. Con fundamento en el artículo 23 del citado Acuerdo General número 8/2019, el cuaderno auxiliar formado o que se llegue a formar con motivo de los documentos que no resulten indispensables para la resolución del presente asunto, será sometido al respectivo procedimiento de baja documental. Lo anterior sin menoscabo de que en caso de que en ese cuaderno auxiliar se hubieren agregado documentos originales, éstos quedarán a disposición de la parte interesada dentro del plazo indicado en el punto que antecede, en la inteligencia de que en caso de no acudir por esos documentos se procederá a su baja documental. SEXTO. Con fundamento en la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizadas únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas que señalan las recurrentes para tal efecto en su escrito de agravios; en la inteligencia de que si acreditan encontrarse legalmente facultadas para ejercer la profesión de licenciadas y licenciados en Derecho, se les tendrá como autorizadas con todas las atribuciones que señala el invocado precepto legal; sin embargo, si tales personas ya tienen reconocido, expresa o implícitamente, dentro del juicio de amparo el carácter de autorizadas en lo~ términos amplios antes descritos, dicha autorización continuará surtiendo todos sus efectos legales en esta instancia. SÉPTIMO. No ha lugar a acordar de conformidad la solicitud de acceso al expediente electrónico y de recepción de notificaciones por dicha vía por las razones señaladas en el cuerpo del presente acuerdo. OCTAVO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, parte final, de la Constitución Federal, así como 91 y 104 de la Ley de Amparo vigentes, en contra del auto que desecha el recurso de revisión en amparo directo, no procede medio de impugnación alguno. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción I, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, la presente determinación causa estado por ministerio de ley. NOVENO. Notifíquese por lista electrónica, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 34, párrafo segundo, del Acuerdo General Plenario 9/2020; y a la parte recurrente por medio de su mandataria judicial, mediante vía electrónica en el Portal de Juicio en Línea del Consejo de la Judicatura Federal del Tribunal Colegiado del conocimiento, en virtud de haberse solicitado así en el escrito de expresión de agravios; debiéndosele transcribir íntegramente el presente proveído. Ello, pues en su demanda de amparo y en su recurso no señaló domicilio físico para recibir notificaciones. Cumplido lo anterior, archívese el toca como asunto concluido. Lo proveyó y firma la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien actúa con el Secretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello Cetina." ASIMISMO, SE PUBLICA DE FORMA ÍNTEGRA EL ACUERDO DICTADO POR ESTE COLEGIADO EL DÍA CATORCE DE JULIO DE ESTE AÑO QUE LE RECAYO A LA RESOLUCION ANTES TRANSCRITA: "DC.- 169/2023. En la Ciudad de México, a catorce de julio de dos mil veintitrés, se da cuenta a la Presidenta del Tribunal, con el oficio número MI/PL/SSGA/DOCE/410/2023, de la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (recibido mediante notificación electrónica a través de la aplicación del Módulo de Intercomunicación entre los órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación), registrado con el número 4280.- Conste. Ciudad de México, a catorce de julio de dos mil veintitrés. Agréguese al expediente DC.- 169/2023, el oficio número MI/PL/SSGA/DOCE/410/2023, de la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (recibido mediante notificación electrónica, a través de la aplicación del Módulo de Intercomunicación entre los órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación), mediante el cual acusa recibo del oficio número 1099/2023, por el que se le remitió de manera digital, el escrito original de agravios de las quejosas ... la sentencia recurrida y la demanda de amparo; así también, informa su proveído de treinta de mayo de dos mil veintitrés, que desechó por improcedente el recurso de revisión hecho valer por las citadas quejosas contra la sentencia dictada en el juicio de garantías que nos ocupa; comunicación que se tiene por hecha para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese. Así, lo acordó, y firma la Magistrada ILIANA FABRICIA CONTRERAS PERALES, Presidenta del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Tania Brenda Rodríguez Vences, quien autoriza y da fe.- Conste." ASIMISMO SE TRANSCRIBE FORMA INTEGRA EL ACUERDO DICTADO POR LA REFERIDA SUBSECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE FECHA NUEVE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, LO ANTERIOR PARA EL DEBIDO CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA MISMO QUE ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: "Ciudad de México, a nueve de agosto de dos mil veintitrés. ´ Agréguese la constancia señalada en la cuenta para que surta los efectos legales conducentes. Acúsese recibo al Tribunal Colegiado del conocimiento. Ahora bien, atento al contenido de las constancias insertas en el acuse de envío de cuenta, en las cuales obra el acuerdo de tres de agosto del año en curso, dictado en los autos del amparo directo 169/2023 del índice del órgano colegiado en cita, por el cual solicita el número de despacho correspondiente, a efecto de llevar a cabo la diligencia de notificación del diverso proveído de presidencia de treinta de mayo de este año, en el que se determinó desechar por improcedente el recurso de revisión en que se actúa. Al respecto, con fundamento en el artículo 14, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado en cita que el número despacho que solicita es el SSGA_DPO-DOCE-4452/2023; en la inteligencia de que al momento de llevar a cabo la diligencia de notificación ordenada en autos deberá transcribir íntegramente el proveído de presidencia de treinta de mayo antes indicado; y, una vez efectuada dicha diligencia, deberá remitir a la brevedad posible a este Alto Tribunal, por conducto del MINTERSCJN, la constancia de la notificación respectiva. Notifiquese por lista electrónica, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 34, párrafo segundo, del Acuerdo General Plenario 9/2020."

  3. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado procesal que guarda el presente asunto DC.- 169/2023, del que se advierte que por auto de catorce de julio Corte de Justicia de la Nación, por el que, entre otras cosas, informó su proveído de treinta de mayo de dos mil veintitrés, que desechó por improcedente el recurso de revisión hecho valer por las quejosas contra la sentencia dictada en el juicio de garantías que nos ocupa, e informó que se notificará dicho auto vía electrónica en el Portal de Juicio en Línea del Consejo de la Judicatura Federal de esta Tribunal Colegiado, en razón de que en la presente demanda de amparo ni en el recurso de revisión se señaló domicilio físico para recibir notificaciones, sin que obrara el despacho correspondiente para realizar dicha notificación. En consecuencia, a fin de realizar la notificación de que se trata, se le solicita a la Superioridad que de no existir inconveniente legal alguno, remita el despacho correspondiente.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Agréguese al expediente DC.- 169/2023, el oficio de la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante el cual acusa recibo del oficio número 1099/2023, por el que se le remitió de manera digital, el escrito original de agravios de las quejosas la sentencia recurrida y la demanda de amparo; así también, informa su proveído de treinta de mayo de dos mil veintitrés, que desechó por improcedente el recurso de revisión hecho valer por las citadas quejosas contra la sentencia dictada en el juicio de garantías que nos ocupa; comunicación que se tiene por hecha para los efectos legales a los que haya lugar.

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