María Magdalena Viñas Pineda
Expediente 1155/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1155/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 30/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María Magdalena Viñas Pineda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
...agréguese a los autos el oficio enviado vía interconexión por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual solicita se le permita la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo 1155/2019. Atento a su contenido, dígase al Juzgado oficiante que mediante diverso proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó habilitar la consulta del presente expediente al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través de la plataforma del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). No obstante, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que otorgue el acceso correspondiente.
- Principal
...se reanudan los plazos. Por otra parte, con fundamento en el artículo 22 del citado acuerdo 21/2020, se hace una atenta invitación a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En ese contexto, agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Secretario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual solicita se le remita copia certificada de las constancias que integran el presente juicio de amparo 1155/2019; ello en atención a que el mismo puede tener relación con el diverso 236/2020 de su índice. En atención a su contenido, así como a las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), como lo solicita el Juzgado oficiante, se habilita la consulta del presente expediente al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través de la plataforma del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo tanto, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que otorgue el acceso correspondiente.
- Principal
...queda firme el citado auto de ocho de enero de dos mil veinte. Por lo anteriormente expuesto, remítase el presente expediente al archivo, por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha 29/octubre/2018, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el aviso que se dejó en su domicilio. Auto cuyo contenido es: "Ciudad de México; ocho de enero de dos mil veinte. Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa en auto de veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve (foja 93), a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las constancias con las que la responsable adujo el acatamiento a la ejecutoria de amparo; lo que aconteció mediante escrito registrado con la promoción "218" (fojas 97 a 99), en el que la impetrante del amparo manifestó su inconformidad con el cumplimiento que da la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra cumplido con base en las constancias procesales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de dos mil, Novena Época, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Acorde a lo anterior, toda vez que al quejoso se le otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en los siguientes términos: "(.) En consecuencia, al resultar sustancialmente fundado el concepto de violación, lo procedente es otorgar la protección federal solicitada para efecto de que el Director de Otorgamiento de los Servicios de Salud de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México atienda de inmediato la problemática que se presenta y provea lo que en derecho corresponda para que se defina la situación médico-jurídica de María Magdalena Viñas Pineda. En lo particular, deberá requerir a la institución médica tratante, la valoración del estudio de resonancia magnética que le fue requerido, así como la conclusión del médico especialista y, en su caso, la remisión del caso al servicio de medicina del trabajo para que, con libertad de decisión, se determine la procedencia o improcedencia del dictamen de invalidez cuyo dictado pretende la propia quejosa, o en su defecto, la prórroga de su incapacidad en términos del artículo 37 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado." (foja 81) Del análisis a lo anterior, se desprende que para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud legal de declarar cumplida la sentencia, se debe acreditar con constancias idóneas, lo siguiente: ? Atienda de inmediato la problemática que se presenta y provea lo que en derecho corresponda para que se defina la situación médico-jurídica de María Magdalena Viñas Pineda. ? En lo particular, deberá requerir a la institución médica tratante, la valoración del estudio de resonancia magnética que le fue requerido, así como la conclusión del médico especialista y, en su caso, la remisión del caso al servicio de medicina del trabajo para que, con libertad de decisión, se determine la procedencia o improcedencia del dictamen de invalidez cuyo dictado pretende la propia quejosa, o en su defecto, la prórroga de su incapacidad en términos del artículo 37 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio registrado con el folio "30394" (foja 91), la delegada del Director de Otorgamiento de los Servicios de Salud de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, remitió copia certificada de la siguiente documental: ? Oficio número *** de *** de diciembre de dos mil diecinueve (foja 92). De la anterior constancia se advierte que la autoridad responsable atendió la problemática que le fue presentada definiendo la situación médico-jurídica de María Magdalena Viñas Pineda; esto es, valoró el estudio de resonancia magnética que le fue requerido, así como la conclusión del médico especialista y, una vez que la quejosa fue valorada por el Servicio de Medicina del Trabajo, con libertad de decisión, determinó el inicio del protocolo de incapacidad total permanente. Documental que por ser pública, merece eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Atienda de inmediato la problemática que se presenta y provea lo que en derecho corresponda para que se defina la situación médico-jurídica de María Magdalena Viñas Pineda. ? En lo particular, deberá requerir a la institución médica tratante, la valoración del estudio de resonancia magnética que le fue requerido, así como la conclusión del médico especialista y, en su caso, la remisión del caso al servicio de medicina del trabajo para que, con libertad de decisión, se determine la procedencia o improcedencia del dictamen de invalidez cuyo dictado pretende la propia quejosa, o en su defecto, la prórroga de su incapacidad en términos del artículo 37 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ? Oficio número *** de *** de diciembre de dos mil diecinueve (foja 92). Del cuadro comparativo que antecede, se advierte que la sala responsable acató los extremos de la concesión de la protección constitucional; se dice lo anterior, pues la autoridad responsable atendió la problemática que le fue presentada definiendo la situación médico-jurídica de María Magdalena Viñas Pineda; esto es, valoró el estudio de resonancia magnética que le fue requerido, así como la conclusión del médico especialista y, una vez que la quejosa fue valorada por el Servicio de Medicina del Trabajo, con libertad de decisión, determinó el inicio del protocolo de incapacidad total permanente. Así, con dicha documental en proveído de veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve (foja 93), este órgano jurisdiccional le dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo; en desahogo a lo anterior, mediante escrito registrado con la promoción "218" (fojas 97 a 99), la impetrante del amparo manifestó su inconformidad con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ello en razón de que aduce que la responsable se debe pronunciar mediante Dictamen Médico su Incapacidad Total y Permanente, ya que afirma que en ningún apartado de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o de las reglas de Operación de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, se indica algún inicio al protocolo de Incapacidad Total y Permanente como lo refiere la responsable. Atento a lo anterior y tomando en consideración el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de amparo precisamente porque la autoridad responsable la acató en sus términos. Sin que obste a lo anterior, las manifestaciones de inconformidad que realiza la parte quejosa, en el escrito relacionado en el presente proveído; pues como quedó precisado, el efecto del amparo fue para que la autoridad demandada, realizara lo siguiente: ? Atienda de inmediato la problemática que se presenta y provea lo que en derecho corresponda para que se defina la situación médico-jurídica de María Magdalena Viñas Pineda. ? En lo particular, deberá requerir a la institución médica tratante, la valoración del estudio de resonancia magnética que le fue requerido, así como la conclusión del médico especialista y, en su caso, la remisión del caso al servicio de medicina del trabajo para que, con libertad de decisión, se determine la procedencia o improcedencia del dictamen de invalidez cuyo dictado pretende la propia quejosa, o en su defecto, la prórroga de su incapacidad en términos del artículo 37 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Circunstancias que la autoridad ha acreditado ante este Juzgado con las documentales referidas en párrafos que anteceden; y no así para cuestiones diversas como las que aduce la parte quejosa, lo anterior, ya que la suscrita debe atender a los alcances fijados por la ejecutoria de amparo, sin analizar el cumplimiento de la autoridad responsable sobre aspectos novedosos que no fueron analizados en la ejecutoria que se cumplimenta, máxime que el efecto del amparo obliga a la responsable únicamente a definir la situación médico-jurídica de la quejosa, circunstancia que la autoridad acreditó en autos, pues de la lectura del oficio número *** de *** de diciembre de dos mil diecinueve (foja 92), se advierte que la responsable consideró procedente iniciar el protocolo de incapacidad total permanente, ello en razón de que la incapacidad residual de la quejosa para el trabajo se encuentra disminuida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 87/2010, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo: XXXII, Septiembre de 2010, consultable en su página: 6, del tenor literal siguiente: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada." Sin que lo anterior implique pronunciamiento alguno sobre la legalidad del oficio número *** de *** de diciembre de dos mil diecinueve (foja 92), al no ser materia de análisis del presente sumario constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial I.6o.T.J/5, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, Julio de 1995, consultable en su página 148, de rubro y tenor siguientes: "QUEJA, CUESTIONES QUE NO PUEDEN IMPUGNARSE MEDIANTE EL RECURSO DE, POR NO HABER SIDO OBJETO DE ESTUDIO EN LA EJECUTORIA DE AMPARO.- Si la cuestión planteada en el recurso de queja, no fue objeto de estudio en la ejecutoria de amparo, no cabe la posibilidad jurídica de impugnarla por exceso o defecto en su cumplimiento, ya que sólo puede ser materia del recurso, aquello que se ordenó a la autoridad cumplir o acatar, mas no lo que resulta ajeno a los lineamientos de la ejecutoria que se cumplimenta." Más aun tomando en cuenta que este juzgado de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo vigente, se encuentra limitando a verificar si se cumplió o no la ejecutoria sin excesos ni defectos, cotejándola con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. Resulta aplicable la jurisprudencia 9/2001, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, octubre de dos mil uno, página trescientos sesenta y seis, cuyo rubro y tenor literal siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que se cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el Tribunal Colegiado de Circuito, dictarán un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidan si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirán el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelven que la sentencia de amparo se cumplió, deberán ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario de Circuito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia." En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa y de la parte tercero interesada la presente determinación, para los efectos de los artículos 201 fracción primera y 202, de la Ley de Amparo; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal antes invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley de la materia, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, a fin de notificar el presente proveído se habilitan días y horas inhábiles. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así, lo proveyó y firma Rosalba Balderas Álvarez, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargada del despacho, en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme al oficio número CCJ/ST/7417/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa asistida de Josué Yoao García García,, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. ".
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