Maria Magdalena Velasquez Rios

Expediente 1194/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1194/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
27/12/2021

Partes del expediente

  • Maria Magdalena Velasquez Rios

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1194/2021-IV. En veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, Juan Manuel González Cabrera, secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, certifico: el plazo de cinco días previsto por el artículo 98 párrafo primero, de la Ley de Amparo, para recurrir el acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, transcurrió del dieciséis al veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, porque la quejosa fue notificada de ese proveído el catorce de diciembre del año en curso -previo citatorio-; plazo en el cual no se recibió promoción mediante la cual se recurriera dicho acuerdo. Doy fe. En la misma data, el secretario da cuenta al secretario en funciones de juez, con la certificación precedente y el estado procesal del juicio. Conste. Puebla, Puebla, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual se tuvo no presentada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). se determina que este expediente constituye un asunto concluido. Valoración documental. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la quejosa. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación de este proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la quejosa, porque ningún derecho procesal puede ejercer dado que ha quedado firme el proveído que declaró no presentada la demanda. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde será publicado este acuerdo. De ahí que este proveído se habrá de notificar a la quejosa por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo se tuvo no presentada, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1194/2021-IV. Puebla, Puebla, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Demanda no presentada. Visto el estado procesal del presente juicio, se advierte que el plazo de cinco días otorgado a la quejosa en proveído de veinticinco de noviembre del año en curso, transcurrió del uno al siete de diciembre de dos mil veintiuno, como se desprende de la certificación secretarial previa. Además, ese plazo transcurrió sin que la quejosa desahogara la prevención contenida en el proveído inicial, de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en ese acuerdo, y se declara no presentada la demanda que originó el presente juicio de tutela constitucional. Anotaciones internas. Por último, se ordena hacer las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno de este juzgado, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese; en forma personal a la quejosa (en su domicilio procesal con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.

  3. Principal

    SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.- JUICIO DE AMPARO 1194/2021-IV. Puebla, Puebla, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Demanda no presentada. Visto el estado procesal del presente juicio, se advierte que el plazo de cinco días otorgado a la quejosa en proveído de veinticinco de noviembre del año en curso, transcurrió del uno al siete de diciembre de dos mil veintiuno, como se desprende de la certificación secretarial previa. Además, ese plazo transcurrió sin que la quejosa desahogara la prevención contenida en el proveído inicial, de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en ese acuerdo, y se declara no presentada la demanda que originó el presente juicio de tutela constitucional. Anotaciones internas. Por último, se ordena hacer las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno de este juzgado, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese; en forma personal a la quejosa (en su domicilio procesal con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1194/2021-IV. Puebla, Puebla, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales,1 signada por la quejosa * , por derecho propio, contra actos de la** , Juez deControl de la Región Judicial Centro, con Sede en Puebla." (sic), y otras autoridades responsables. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 (reformado en el periodo de vigencia por su similar 20/2021), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-22 -que causa la enfermedad COVID-19-. , se exhorta a la quejosa a que continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", Prevención. La lectura integral3 que se hizo a la demanda de protección, llevó a encontrar irregularidades en las autoridades responsables y en los actos reclamados, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. Sobre todo porque las imprecisiones en las autoridades y en el reclamo planteado, habrán de impedir la pronta integración del presente juicio e incluso podrían generar una causa de improcedencia, en detrimento de la justicia expedita que debe asegurarse en este juicio -si fuera admitido-. Para demostrar lo primero, se hace notar que el capítulo de autoridades ordenadoras, contiene un señalamiento impreciso en las autoridades judiciales, porque la quejosa introdujo como responsables a catorce jueces de control mencionados por nombre, y que a su decir están adscritos a la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, Estado de Puebla. Sin embargo, debe indicarse que la Jueza de Control Mirian Huerta Lechuga, adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, informó que las causas tramitadas en los distintos juzgados del sistema penal acusatorio, no requieren de un juez específico, porque el diseño del sistema penal acusatorio descansa en una serie de etapas, para las cuales basta la participación de cualquier juez de control del Poder Judicial del Estado de Puebla. De ahí que la citada jueza hubiera rendido en forma individual, los informes previo y justificado que se requirieron a los jueces de control de la Región Judicial Centro, en el juicio de amparo e incidente de suspensión 544/2020 de este órgano -el cual se invoca porque constituye un hecho notorio en términos del invocado artículo 88-. Entonces, resulta irregular el señalamiento que hizo la quejosa contra las autoridades judiciales ordenadoras, pues debió haberse limitado a precisar un solo juez de control, sin nombre, conforme a lo expuesto en líneas anteriores, en particular: Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, Estado de Puebla. Por consiguiente, debe requerirse a la quejosa la aclaración de su demanda, en la autoridad judicial que pretende señalar como responsable. En otro aspecto, también se detectó un señalamiento impreciso en la restante autoridad ordenadora y en una responsable ejecutora, delimitadas como sigue: ". **. Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Género de la Región del Istmo de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.[.]Director de la Agencia Estatal De Investigaciones de laFiscalía General del Estado de Oaxaca.".Tales autoridades resultan irregulares, porque la quejosa únicamente manifestó en sus antecedentes que un juez penal había decretado una orden de aprehensión en su contra; y ningún dato ofreció para visualizar que su domicilio se encuentre en el Estado de Oaxaca. Dicho de otro modo, nunca expuso que viva o trabaje en el Estado de Oaxaca; ni siquiera ofreció documentos para visualizar indiciariamente que en algún momento hubiese residido en algún municipio de esa entidad, y que por ello surja la participación de las autoridades del Estado de Oaxaca. Además, la lectura integral de la demanda también genera irregularidad a la participación de las autoridades transcritas, porque ningún dato existe para identificar el acto concreto que se les pretende reclamar. Pero también debe indicarse que la agente del Ministerio Público señalada como responsable, no tiene facultades legales para librar órdenes de aprehensión contra un imputado, como la reclamada en la demanda. De modo que el señalamiento de esa agente ministerial y de la ejecutora residente en el Estado de Oaxaca, obligaría a actualizar una causal de improcedencia. Lo anterior obedece a que los únicos actos que podría atribuir la quejosa a la transcritas autoridades del Estado de Oaxaca, sería una orden de presentación con fines de investigación, bajo las reglas del sistema penal acusatorio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sólo que ese tipo de órdenes, no implica la restricción de la libertad para la quejosa aun cuando vaya dirigida a esta, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a la presentación. Asimismo, es conveniente explicar que la actuación de la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un imputado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque la orden de presentación solamente se emite para el imputado con el propósito de que comparezca ante el fiscal investigador. En otras palabras, la orden de presentación jamás genera la obligación de que declare, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede el imputado manifestar su voluntad de abstenerse a declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho al imputado, se estima que la autoridad investigadora satisface los derechos constitucionales de audiencia y defensa, porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquel puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se le da la oportunidad al imputado de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo que resulta patente que una orden de presentación ministerial, ya no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, porque en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, dado que todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos con apariencia de delitos que es de orden público. Bajo este contexto, es válido afirmar que si la quejosa intentara reclamar una orden de presentación con fines de investigación, a las autoridades transcritas del Estado de Oaxaca, encontraría una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en términos de la fracción XXIII del numeral 61, relacionada con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu, y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Máxime que la regulación de la orden de presentación, traducida en un acto de investigación de la autoridad ministerial, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales,5 el cual regula las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Todo lo cual obliga a requerir la aclaración de la demanda de amparo, con el propósito de que la quejosa manifieste su deseo de retirar el señalamiento formulado contra las autoridades siguientes: ***. Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Género de la Región del Istmo de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. [.] Director de la Agencia Estatal De Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.". Lo anterior, con el fin de que evite una causal de improcedencia, porque de insistir con esas autoridades del Estado de Oaxaca, tendría que exponer los antecedentes por los cuales sería procedente el juicio de amparo, sin variar los que relató en la demanda porque estos ya tienen la protesta de decir verdad. De modo que si en el escrito aclaratorio intentara mantener el señalamiento contra la agente y el director mencionados, con antecedentes novedosos, podría incurrir en la comisión del delito previsto en el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo, por haber omitido hechos que le constaran al momento de presentar la demanda de protección. Por consiguiente, deberá evaluar la quejosa la pertinencia de excluir de su demanda, a las transcritas autoridades del Estado de Oaxaca, que pretendió señalar como autoridades responsables ordenadora y ejecutora. Ello, a fin de evitar la introducción de antecedentes novedosos que pudieran implicar la comisión del mencionado delito. ...Incluso permitiría que quedara señalado como única autoridad ejecutora, el Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Lo cual bastaría para la efectividad de la suspensión provisional que llegare a otorgarse a la quejosa, porque el director mencionado, es el servidor público que tiene conocimiento directo de las órdenes de aprehensión emitidas por las autoridades judiciales del Estado de Puebla, e incluso de las órdenes de captura que pudieran haberse recibido por oficio de colaboración, de algún juez de otra entidad federativa. No obstante, la aclaración debe realizarla la quejosa porque la figura de suplencia está limitada a la expresión de conceptos de violación y agravios, motivo por el cual es inviable perfeccionar el señalamiento de autoridades responsables y actos reclamados, dado que esto corresponde a quien suscribe la demanda en términos del artículo 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo. Así, con fundamento en los artículos 108, fracciones III, IV, 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la quejosa para que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando le surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito con la protesta de decir verdad en el cual: 1. Manifieste si desea perfeccionar el señalamiento de las autoridades judiciales ordenadoras, en el cual incluyó a catorce jueces de control de la Región Judicial Centro que mencionó por nombre, para dejar en su lugar únicamente al Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, Estado de Puebla -denominación correcta-; y 2. Exprese si desea retirar de la demanda a las autoridades ordenadora y ejecutora del Estado de Oaxaca, porque ya otorgó la protesta de decir verdad para los antecedentes e incluso para evitar una causal de improcedencia, conforme a las razones expuestas con antelación. Conviene indicar a la quejosa que el perfeccionamiento de las autoridades responsables, en términos de los anteriores puntos, le permitiría evitar la introducción de antecedentes novedosos que pudieran implicar la comisión del delito mencionado en líneas previas, aunado a que justificaría la procedencia del juicio de amparo, contra la orden de aprehensión y la consecuente ejecución, reclamadas a la autoridad judicial mencionada y el Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Además, ningún perjuicio tendría si perfeccionara el señalamiento de autoridades responsables, para dejar únicamente a la ordenadora y ejecutora citadas. Sobre todo porque el Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, quedaría señalado como autoridad ejecutora y este tiene conocimiento directo de cualquier orden de captura, que hubiera emitido el juez de control residente en la ciudad de Puebla, e incluso de oficios de colaboración para ejecutar órdenes de aprehensión libradas por algún juez de otra entidad federativa. Lo cual podría llevar a la ampliación de la demanda, en el trámite del juicio, si fuera procedente. Al margen de lo anterior, se informa a la quejosa que las diferencias que llegaran a detectarse en la firma de su escrito aclaratorio -si lo presenta-, con la firma puesta en la demanda de amparo, podría obligar a disponer un requerimiento para que la ratifique, conforme a los lineamientos aplicables a la situación actual de contingencia sanitaria. Indicación que también se hizo en el diverso juicio de amparo 614/2020 ...Escrito aclaratorio. Se requiere a la quejosa que presente escrito aclaratorio, para lo cual deberá atender el numeral 110 de la Ley de Amparo, el cual dispone la obligación de exhibir copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión. Pese a lo anterior, se le informa que si presenta su escrito aclaratorio, con su firma electrónica y a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, quedará exenta de la obligación de exhibir copias del escrito aclaratorio e incluso de algún escrito posterior. Apercibimiento. Se formula a la quejosa el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, el inmueble que designó para ese propósito al inicio de su demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Asimismo, con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, quedan autorizadas en términos restringidos las personas nombradas por aquélla, porque únicamente fueron señaladas para recibir notificaciones, es decir, no se les otorgaron facultades amplias. Correo electrónico y número telefónico. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado en el periodo de vigencia por su similar 20/2021), del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la quejosa para que en el mismo plazo otorgado en líneas anteriores, proporcione una dirección de correo electrónico y número de teléfono. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación (teléfono móvil y correo electrónico), sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran (y de estimarse necesario). Pero las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo...Notifíquese; en forma personal a la quejosa (en su domicilio procesal con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.

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