Maria Magdalena Torres Calderon
Expediente 1105/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1105/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Maria Magdalena Torres Calderon
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Como de la constancia secretarial que antecede y del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda de garantías; sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, HA CAUSADO ESTADO el proveído de mérito. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Por otra parte, el presente asunto se valora como DESTRUIBLE, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado [.] En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades; regístrese con el número IV-1105/2022-2; ahora, del análisis a la demanda de garantías, se observa el reclamo constitucional consistente medularmente en: 1) Se reclama de las Autoridades Ordenadora: a) Se reclama del Congreso de la Unión, la aprobación y expedición de "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Asenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública." 2) Se reclama de las Autoridades Ejecutoras: b) Se reclama de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la omisión de oposición a la expedición "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Asenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública." y es contrario a la disposición al artículo 21 párrafo IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; c) Se reclama del Secretario de la Defensa Nacional, por las omisiones de Oposición a la expedición de la modificación del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Asenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública." toda vez que, la aprobación y expedición, contravienen el mandato constitucional en lo establecido en el párrafo IX del artículo 21 de la Constitución General de la República; d) Se reclama del Comandante de la Guardia Nacional, por la omisión de oposición a la expedición del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Asenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública." toda vez que contraviene el mandato constitucional en lo establecido en el párrafo IX del artículo 21 de la Constitución General de la República." Actos respecto de los cuales, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del anterior precepto se advierte que las causales de improcedencia son de examen preferente y deben analizarse de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, J/5, Registro 222780, publicada en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Resulta ilustrativa al respecto la tesis I.4º.A.269 A, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Registro 196322, publicada en la página 1008, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." En ese orden de ideas, respecto a los actos reclamados antes precisados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo, aplicadas a contrario sensu, SE ESTIMA PROCEDENTE DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo de que se trata, tal y como se expondrá enseguida: Los preceptos legales anteriormente señalados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.; (.)" "ARTÍCULO 107. (.) El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) " De los artículos antes transcritos, se desprende que el quejoso debe tener interés jurídico o legítimo, pero el interés simple, nunca podrá invocarse como legítimo. Al respecto, el interés legítimo, se encuentra establecido por la fracción I del artículo 107 constitucional. Se establece como un principio básico del juicio de amparo, puesto que como medio de control constitucional, aquél se debe seguir siempre a instancia de parte agraviada. Por ello, la ausencia del interés legítimo, puede constituir un motivo, manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 57/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro 2014433, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Ahora bien, para la actualización del interés legítimo, se requiere que se demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, es necesario como mínimo, la demostración de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En la especie, quien aquí juzga arriba a la plena convicción de que los quejosos acuden a este juicio con un interés simple, no con interés legítimo para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal (pues solamente pretende que no se haga uso de la Guardia Nacional como órgano auxiliar, para ejercer tareas de seguridad pública). Por ello, se estima que se actualiza la causal de improcedencia citada, porque el interés con el que acuden al juicio constitucional corresponde al que, en general tiene toda persona, pero no revela una especial situación dentro del ordenamiento jurídico que indique la posible intención de un beneficio individualizable o bien de una afectación para los quejosos, por lo que, ese interés simple, no puede equipararse al interés legítimo previsto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues no se advierte la afectación de un interés cualificado, actual y real en la esfera jurídica concreta del gobernado por virtud de la especial situación que guarde en relación con el orden jurídico. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 38/2016, Tomo III, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro 2012364, publicada en la página 690, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Dicho de otro modo, no se advierte que los justiciables hayan resentido afectación alguna en su esfera jurídica, con motivo de los actos que ahora reclaman, máxime que, de los antecedentes que narran bajo protesta de decir verdad, no se advierte que con dichas medidas se afecte alguno de sus derechos fundamentales. Lo anterior permite constatar, que si bien los quejosos únicamente acreditan un interés simple, como el de cualquier otro ciudadano interesado en que no se haga uso de la Guardia Nacional como órgano auxiliar, para ejercer tareas de seguridad pública; sin embargo, el interés simple no es suficiente para la procedencia del juicio de amparo, ya que se requiere un interés legítimo en donde se demuestre una afectación real y directa en su esfera jurídica por su especial situación jurídica frente al acto reclamado. Esto es, los justiciables solamente acreditan su interés en que las autoridades responsables no implementen las políticas en materia de seguridad nacional de referencia, pero no se advierte que pudieran obtener algún beneficio concreto y real con una eventual concesión del amparo; pues, se insiste, la relación jurídica con que se ostentan es la que existe con cualquier otro ciudadano, sin determinar individualmente algún perjuicio o la privación de algún beneficio. No es ocioso decir que a través del juicio de amparo no se puede evaluar la constitucionalidad de cualquier acto de autoridad, aunado a que el principio de división de poderes garantiza que los jueces no se posicionen, en todo momento, como órganos supervisores permanentes de veto de las decisiones de órganos con legitimidad democrática, sino sólo de afectaciones jurídicamente relevantes que una persona puede resentir; lo que en el caso no acontece. Por otra parte, los actos que aquí se pretenden impugnar, constituyen acciones políticas de acuerdo a las directrices plasmadas por el Ejecutivo Federal hoy en funciones, cuya forma de operar atiende a los objetivos de la administración pública gobernante, temática donde cada quien en lo individual y aquellos que se identifican con grupos, partidos o asociaciones determinadas, evidentemente pueden tener posiciones encontradas; pero no es a través de un medio de control constitucional de carácter individual que se pueden cuestionar esas medidas, sino que existen otros instrumentos en el derecho constitucional que sirven para confrontar esas decisiones, que van desde la propia división de poderes, los procedimientos democráticos de elección popular, las acciones y controversias constitucionales, por enunciar ejemplos. Máxime que la pretensión se basa en exigir al gobierno en turno desista de hacer uso de la Guardia Nacional como órgano auxiliar, para ejercer tareas de seguridad pública, lo que se estima incumbe a reglas de administración y operación de políticas públicas que no están sujetas a través del juicio de amparo, al escrutinio del Poder Judicial de la Federación para imponer al ejecutivo directrices a seguir en su instrumentación, ante la falta de legitimación de los quejosos para cuestionarlas en la forma que se plantea -sin afectaciones jurídicamente relevantes, actuales, reales y cualificadas-. En esas condiciones, es incuestionable que en el presente caso, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados a contrario sensu y se PROCEDE A DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA. Háganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno de este Tribunal Federal, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria respectiva para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Como lo solicita la parte quejosa, se ordena a la Analista Jurídica (SISE) dar de alta los nombres de usuarios proporcionados -, a fin de que tengan acceso al expediente electrónico para su consulta y se les realicen todo tipo de notificaciones. Finalmente, se tiene a la quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, como autorizados para tal efecto a las personas que indica, sin las facultades que confiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que dentro del Registro de Cedulas Profesionales de los Órganos del Poder Judicial de la Federación, no se localizaron los registros de las cédulas profesionales -. Notifíquese personalmente.
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