María Magdalena Torres Calderón

Expediente 636/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
636/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
29/12/2021

Partes del expediente

  • María Magdalena Torres Calderón
  • Osvaldo Chávez Torres
  • Alma Alicia Rodriguez Insunza
  • German Revuelta Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad de México, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA LA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO Vista la certificación de cuenta y en atención a que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la parte quejosa, a quien pudiera causarle perjuicio, haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO DEL ASUNTO COMO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y en razón a que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." DESTINO DEL JUICIO DE AMPARO Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del mencionado Acuerdo General, pues se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se decretó el sobreseimiento, y a juicio del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General antes citado; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere el artículo 21 del referido Acuerdo. Asimismo, atento lo ordenado en el artículo 35 del Capítulo Décimo Tercero del referido Acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. CUADERNOS INCIDENTALES En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el Acuerdo General referido en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del mencionado Acuerdo General, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, en razón que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General en cita, se determina que es susceptible de destrucción, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada. Asimismo, atento lo ordenado en el artículo 35 del referido Acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINALES Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa, de conformidad en el artículo 21 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución. Notifíquese en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Ciudad de México, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atento a la certificación de cuenta, en la cual se hace constar que en este acto se tiene a la vista el amparo en revisión 3051/2019 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, deducido del juicio de amparo 1293/2019 del índice de este juzgado de Distrito, en el cual se advierte que el tribunal revisor emitió criterio en el sentido de que el plazo que se debe de otorgar a la parte quejosa para que regularice su pretensión una vez que ha sido admitida la demanda, es el de quince días previsto en el artículo 111 de la Ley de Amparo, no así el de cinco días previsto en el numeral 114, en relación con el 108, ambos del citado ordenamiento; criterio que fue adoptado en sesión de tres de junio de dos mil veintiuno y comunicado a este órgano jurisdiccional vía interconexión el treinta de junio siguiente. Asimismo, se advierte que por auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se regularizó el procedimiento en el presente juicio de amparo, en el que se señaló de forma específica a la parte quejosa el plazo de cinco días previsto en el artículo 114, en relación con el 108, mismo que resulta menor al que, con posterioridad, el propio tribunal revisor consideró aplicable en diversa ejecutoria que constituye un precedente vertical de carácter obligatorio para este juzgado de Distrito en el expediente en el que fue dictado, y un precedente -si no obligatorio- de carácter persuasivo en los demás asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. De manera que, la decisión adoptada en el amparo en revisión 3051/2019 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, misma que se ha reiterado sistemáticamente en otros precedentes posteriores, puede orientar el criterio de este juzgado, ello a fin de evitar futuras reposiciones del procedimiento de amparo; siendo que, en términos del Acuerdo General 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sólo corresponde al Primer y al Cuarto Tribunal Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar, con residencia en la Ciudad de México, resolver la temática que se desprende de dicho acuerdo. Así, al ser solamente dos tribunales los que revisan las decisiones de este órgano jurisdiccional en vía de alzada, se estima adecuado seguir las directrices establecidas a fin de contribuir a la generación de certeza y seguridad jurídica en beneficio del justiciable; máxime que, en el caso, la ampliación del plazo, en sí misma, no se estima atentatoria contra las reglas del procedimiento sino que, por el contrario, posibilita la creación de un estado de cosas que favorece la debida defensa de la parte gobernada sin alterar la equidad en la contienda constitucional en desequilibrio de las demás partes, puesto que, como es de explorado derecho, la extensión de los plazos judiciales en el juicio de amparo en favor del justiciable no es un aspecto que incida indebidamente en la integración de los expedientes, pero sí que lo es su restricción o acortamiento. Es aplicable, por el criterio que la informa, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación identificada con el número P./J. 22/2018 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 273, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE LO RINDA NO PUEDE REDUCIRSE." También, es aplicable, por similitud de razón, la tesis I.9o.P.19 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo IV, página 3022, emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dispone: "PLAZO DE OCHO DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SI AÚN NO TRANSCURRE EN SU INTEGRIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE SOBRESEER EN EL JUICIO, NI SIQUIERA CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DE CELERIDAD Y DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA." Atento a la narración de hechos que antecede y con fundamento en los criterios invocados, así como en términos de lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, que obliga a este órgano jurisdiccional a impartir justicia sin formalismos excesivos e injustificados, se regulariza el procedimiento en el presente juicio de amparo para el sólo efecto de otorgar a la parte quejosa un nuevo plazo de quince días, en observancia y seguimiento de lo dispuesto por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el amparo en revisión 3051/2019, deducido del diverso juicio de amparo 1293/2019 del índice de este Juzgado de Distrito, en el cual se advierte que el tribunal revisor emitió criterio en el sentido de que el plazo que se debe de otorgar a la parte quejosa para que aclare su pretensión una vez que ha sido admitida la demanda, es el de quince días previsto en el artículo 111 de la Ley de Amparo. Lo anterior, con fundamento en el numeral 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Así las cosas, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 111, fracción II, y segundo párrafo y 110 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste si es su voluntad ampliar su demanda de amparo y, de ser así, realice lo siguiente: a) Precise si a su interés legal conviene atribuirle al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, como acto reclamado la promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día ocho de noviembre del dos mil diecinueve, puesto que tal circunstancia, incide en la integración de este juicio de amparo. Cuestión que debe ser precisada por la parte promovente en su demanda y no dejarla a la interpretación de este órgano jurisdiccional, con la finalidad de crear certidumbre en este Juzgado Federal sobre la totalidad de los actos que se tildan de inconstitucionales y las autoridades responsables, como consecuencia de ello, se eviten violaciones procesales en el asunto que nos ocupa, habida cuenta que con la información requerida se fijará la litis constitucional en el presente asunto y así las autoridades responsables a las que se atribuyen el acto reclamado, estarán en aptitud de rendir con mayor certeza los informes que les sean solicitados y este órgano jurisdiccional contará con los elementos suficientes para proveer lo que en derecho corresponda APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte quejosa que de no desahogar la prevención formulada dentro del plazo señalado, acompañando en su caso copia del escrito de la demanda de amparo, así como del aclaratorio necesarias para correr traslado, se tendrán únicamente como actos reclamados los que señaló en el capítulo correspondiente de su escrito inicial de demanda; en tanto que, al no reclamar la promulgación se actualiza la causal de improcedencia del Juicio de Amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5, fracción ll y 108, fracciones lll y IV, de la Ley de Amparo, los últimos aplicados en sentido contrario, por no encontrarse debidamente integrada la problemática a resolver en el juicio. De igual forma, es necesario aclarar que en caso de que la parte quejosa desahogue la prevención en los primeros días del plazo concedido, pero sin cumplir con la totalidad de los requerimientos impuestos, este juzgador procederá a emitir un acuerdo en el que señale las omisiones que subsisten -el que deberá notificarse personalmente-, a efecto de dar oportunidad a la quejosa de subsanar dichas omisiones antes del vencimiento del plazo concedido originalmente. Esto es, el término de quince días se suspenderá con la presentación del escrito con el que se pretenda desahogar el requerimiento y se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído en el que se señalen las omisiones que subsisten. Al respecto, resulta oportuno precisar que el requerimiento formulado se realiza en los términos expuestos debido a que si bien de manera inicial en el acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional otorgó a la parte quejosa un término de cinco días para desahogarlo, también lo es que como se indicó, resulta un hecho notorio para este juzgador que posteriormente a esa fecha el citado Tribunal de Alzada remitió a este juzgado de distrito diversos testimonios emitidos en amparos en revisión de su conocimiento en los cuales realiza la precisión de que en aquellos asuntos que se ubiquen en el supuesto en estudio, el término que se debe otorgar a la quejosa es de quince días por los motivos precisados; por lo que, atento a lo anterior, y con el propósito de realizar una debida integración del juicio de amparo en que se actúa, se determinó regularizar el procedimiento y atender al criterio definido por la Superioridad. Lo anterior, se insiste, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, atender la cuestión efectivamente planteada en su demanda de amparo y en aras de una mejor administración de justicia, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para dar tiempo a lo anterior, no dejar en estado de indefensión a la quejosa integrar debidamente los autos y no violar las reglas esenciales del procedimiento, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y por lista a la quejosa de conformidad en proveído de cuatro de mayo del año en curso.

  4. Principal

    Ciudad de México, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado en representación de la autoridad responsable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe; con su contenido, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. De conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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