María Magdalena Sarabia Pérez
Expediente 1646/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1646/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María Magdalena Sarabia Pérez
Actuaciones
- Principal
Mesa V-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil quince. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que la notificación del auto de veintinueve de octubre de esta anualidad, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por María Magdalena Sarabia Pérez, se hizo a la citada promovente el cinco de noviembre del año en curso (foja 19), notificación que surtió efectos el seis siguiente; de ahí que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja transcurrió del nueve al trece noviembre de este año, sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto y vigésimo primero fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, toda vez que en este expediente se desechó la demanda de amparo, se estima que es susceptible de destrucción. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que en el mismo la parte quejosa reclamó la suspensión de energía eléctrica en la población de Santa Lucía del camino, Oaxaca, por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de la resolución adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto Décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese...
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintinueve de octubre de dos mil quince. Vista la demanda de amparo promovida por María Magdalena Sarabia Pérez, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1646/2015. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De la lectura integral de la demanda, se advierte que los actos reclamados consisten en la suspensión del suministro de energía eléctrica de alumbrado público de las calles del municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, especialmente en la calle Primera Privada de Prolongación de Avenida del Trabajo número ciento diecinueve, entre Hornos y Pinos, de ese municipio, aun cuando ha pagado puntualmente el recibo correspondiente a su domicilio particular ubicado en esa misma calle, eso es, el servicio número 679010433111, con número de medidor ACP166 y la ejecución material de esa determinación. En el caso se actualiza la causal de improcedencia que encuentra su fundamento en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos artículos 1°, último párrafo, y 5º, fracción II, en sentido contrario, del propio cuerpo legal invocado; motivo de improcedencia que desde luego es notorio y manifiesto. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte el numeral 1º, párrafo último, de la ley de la materia, dice: "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley." El artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, dice: "ARTÍCULO 5°. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De las transcripciones anteriores, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se concluye que éste sólo es procedente en contra de actos de autoridad que sean violatorios de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; y para la procedencia del juicio de amparo respecto de actos de particulares, éstos tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos previstos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por otra parte, es conveniente recordar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dicha competencia para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales y garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se dan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular (salvo los casos señalados en la ley), sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera del gobernado. En consecuencia, si es en la relación jurídica de supra a subordinación en la que se manifiestan los derechos humanos, al colocarse el gobernado como titular de los mismos, frente a los actos unilaterales de la autoridad, como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, es claro concluir que el acto reclamado cuya constitucionalidad se controvierte por esta vía, consistente en el corte de suministro de energía eléctrica de alumbrado público del municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, específicamente de la calle Primera Privada de Prolongación de Avenida del Trabajo número ciento diecinueve, entre Hornos y Pinos, es determinante para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior, atento a que el artículo 5° fracción II de la ley de la materia, dispone qué autoridad responsable es quién, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y para el caso de los particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En el caso, si bien el juicio de amparo procede contra actos de particulares, dichos actos deben de ser unilaterales y obligatorios, así como determinados por una norma general, esto es, por normas creadoras de situaciones jurídicas de carácter general, abstracto y de observancia obligatoria, que no pueden ser modificadas sino por otro acto de la misma naturaleza del que las creó. Otro requisito que establece el artículo de referencia para estimar a un particular como autoridad responsable, es que realicen actos equivalentes a los de autoridad, siendo que por acto de autoridad, se entiende, aquél que se emite por facultades decisorias que le estén atribuidas en la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; de ahí que una característica que distingue a este tipo de actos de cualquier otro es la relación de supra a subordinación entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social, cuya relación se caracteriza por la unilateralidad, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así las cosas, en el presente asunto, como la quejosa reclama la suspensión de energía eléctrica de alumbrado público de las calles del municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, específicamente de la calle Primera Privada de Prolongación de Avenida del Trabajo número ciento diecinueve, entre Hornos y Pinos, por parte de Comisión Federal de Electricidad. Es indudable que en dicho acto, la Comisión Federal de Electricidad no actúa como autoridad para efectos del amparo, al ser de naturaleza meramente comercial y en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común. Luego, acorde al reciente criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de estimarse en el presente asunto, como se dijo, que la Comisión Federal de Electricidad, en todos los actos que emite en la prestación del servicio público de energía eléctrica, no actúa como autoridad para efectos del amparo, porque no crea, modifica o extingue, unilateralmente, una situación que afecte la esfera legal del particular, sino actúa en un plano de coordinación al tratarse la relación de naturaleza meramente comercial. Por ende, el juicio de amparo contra el acto reclamado que se controvierten por esta vía, resulta improcedente, pues existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5º, fracción II, en sentido contrario, del propio cuerpo legal invocado; en esa tesitura, al actualizarse la citadas causales de improcedencia, se impone DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO promovida por María Magdalena Sarabia Pérez, por notoriamente improcedente, con fundamento en el invocado artículo 113 de la Ley de Amparo. Es importante destacar que por el hecho de desechar la demanda, no se impide el acceso a la justicia a María Magdalena Sarabia Pérez, pues el análisis de la causal de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura denegación de justicia. Se tiene a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere y como autorizado para tales efectos a las persona que indica. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, ante la secretaria licenciada Alfa Orquídea Monterrubio valencia que autoriza y da fe.EN TERMINOS DEL ART 27, FRAC I DE LA LEY DE AMPARO
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