MARIA MAGDALENA RIVERA WARNER y Otros.

Expediente 336/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
336/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
25/07/2018

Partes del expediente

  • MARIA MAGDALENA RIVERA WARNER y Otros.
  • Maria Magdalena Rivera Warner

Actuaciones

  1. Principal

    III-Agréguese el oficio de cuenta, signado por la Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, mediante el cual, devuelve diligenciado el exhorto 709/2018 (C.O. 1060/2018), enviado con la finalidad de notificar a la quejosa el proveído de veintinueve de junio pasado, en el cual se determinó desechar la demanda de garantías, por los motivos ahí expuestos. Dése de baja dicha comunicación oficial en el libro de gobierno correspondiente. Acúsese recibo. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad exhortada, se advierte que la notificación encomendada se llevó a cabo por medio de lista el once de los actuales; por tanto, como se advierte de la certificación precisada en el punto II de la cuenta secretarial, así como el estado de autos, de los que se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la promovente hubiese interpuesto recurso de queja en contra del mencionado proveído de veintinueve de junio del presente año, en el que se desechó de plano la demanda de amparo origen del presente asunto. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó de plano la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. Por otra parte, del punto III de la cuenta secretarial, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de tres días, concedido en proveído de veintinueve de junio pasado, a la peticionaria de amparo, para que designara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales, sin que lo haya hecho. Consecuentemente, hágase efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído, por lo que, las subsecuentes notificaciones que le resulten, aún las de carácter personal, practíquense por lista de acuerdos que sea publicada en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 29, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    III. Uruapan, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio 9295, signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, al que acompaña el cuaderno de incompetencia 539/2018, formado con motivo de la demanda de garantías promovida por MARÍA MAGDALENA RIVERA WARNER y/o MARÍA GUADALUPE RIVERA WARNER, por su propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Jiquilpan, Michoacán. Lo anterior, toda vez que mediante auto de veintiuno de junio que transcurre, el titular del referido Juzgado de Distrito, declaró carecer de competencia legal para resolver el juicio de garantías en cuestión, al considerar que el acto reclamado tendrá ejecución en una localidad donde este órgano jurisdiccional ejerce competencia (Jiquilpan, Michoacán). Consecuentemente, de conformidad con el primer párrafo del artículo 37, segundo párrafo del precepto 48 y 107 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del presente juicio de amparo. Comuníquese esta determinación al Juzgado declinante, para los efectos legales conducentes. Fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 336/2018-III. Ahora, apreciada íntegramente la demanda de garantías, se desecha de plano porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia(Común) DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. En efecto, los referidos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Así, debe precisarse que los tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación, han definido como actos procesales dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, a aquellos que, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; sustancialmente, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen en forma fáctica con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello acontezca al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Al efecto se invoca la tesis: Tesis: P./J. 24/92 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 205651 16 de 19 Pleno Núm. 56, Agosto de 1992 Pag. 11 Jurisprudencia(Común) EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Además, en su momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al efectuar nueva reflexión sobre el tema (ejecución irreparable), amplió los alcances de la interpretación que merece la porción normativa en comento, incluso mediante jurisprudencia firme, para sostener que aun cuando en términos generales la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquéllos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto, y en el segundo deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo; empero, no puede ser el único ni absoluto, pues de manera excepcional debe admitirse la procedencia de la vía indirecta, tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales. Esto era así, cuando se afectaba a las partes en grado predominante o superior, esto es, ante la existencia de un perjuicio exorbitante, el cual debería determinarse de modo objetivo, valorando la institución procesal que estaba en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia otorgan un grado notable de afectación, que obligaba a considerar que deberían ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. En ese tenor, a fin de establecer la procedencia o no del juicio de amparo indirecto, tratándose de actos suscitados dentro de juicio, debían valorarse dos criterios: 1. El general, que señala que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el perjuicio provocado no podría subsanarse a través del dictado de una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irremediablemente la violación a la garantía individual de que se trate. 2. El excepcional o complementario, que indica que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no surtirse alguno de esos supuestos, resultaría improcedente el juicio de amparo indirecto y el quejoso debería esperar hasta que se dicte sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo. Sin embargo, la nueva Ley de Amparo ya no permite el segundo supuesto, solo el primero relativo a los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata determinado derecho sustantivo, cuyo perjuicio es irreparable a través del dictado de la sentencia en el juicio correspondiente. Sobre el particular, cobran aplicación las tesis del rubro y texto siguientes: Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2006589 2 de 2 Pleno Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Pag. 39 Jurisprudencia(Común) PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Tesis: I.1o.A.E. J/5 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011338 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 29, Abril de 2016, Tomo III Pag. 1902 Jurisprudencia(Común) ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. En el caso, la promovente del amparo María Magdalena Rivera Warner y/o María Guadalupe Rivera Warner, señala en su libelo de garantías como actos reclamados, los siguientes: "PRIMERO.- El acuerdo de fecha 30 de mayo de 2018, signado por el juzgado de primera instancia de Jiquilpan, Michoacán, dentro del expediente 1211/2017, juicio oral familiar, en el que se cancela audiencia preliminar por violaciones en el emplazamiento a la parte demandada Jesús Manuel Rivera Aviña, decretada desde auto de fecha 7 siete de marzo de 2018, en el que señala que se llevara a cabo audiencia preliminar en fecha 30 de mayo de 2018, a las 11:30 horas. SEGUNDO.- Negación de la suscrita de dejar sin efectos lo actuado dentro del expediente 1211/2017, del juzgado primero civil de Jiquilpan Michoacán, para iniciar nuevamente con el emplazamiento hacia el demandado Jesús Manuel Rivera Aviña. TERCERO.- Negativa de llevar acabo audiencia preliminar y continuar con el proceso, por parte del juzgado civil de primera instancia de Jiquilpan, Michoacán." Para mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión de los actos de autoridad combatidos y que se advierten de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expresó la promovente, así como de las copias simples del juicio de origen que adjuntó la quejosa a su escrito de demanda. 1. El veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, ante el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Jiquilpan, Michoacán, la aquí quejosa María Magdalena Rivera Warner y/o María Guadalupe Rivera Warner, presentó demanda sobre nulidad de acta de nacimiento, en la vía ordinaria oral, frente a Jesús Manuel Rivera Aviña y el Oficial del Registro Civil de esa localidad, la que fue admitida el veintiocho de ese mes y año, quedando radicada bajo el número 1211/2017. 2. Seguido el juicio por sus fases legales y al haber sido emplazados ambos demandados, mediante acuerdo de siete de marzo de dos mil dieciocho, el Juez responsable señaló las once horas con treinta minutos del treinta de mayo del año en curso, para la celebración de la audiencia preliminar en el juicio de origen. 3. Posteriormente, llegada la fecha y hora de la audiencia preliminar en cuestión, la quejosa compareció para su desahogo ante el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Jiquilpan, Michoacán, sin embargo, fue informada por el Secretario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, que la citada audiencia no se llevaría a cabo, en razón de que el emplazamiento del demandado Jesús Manuel Rivera Aviña, se había realizado de forma incorrecta, mostrándole un acuerdo emitido en la propia data, el que no se encontraba glosado al respectivo expediente, pero indicaba que por fallas en el referido emplazamiento, se difería la mencionada audiencia preliminar, ordenando nuevamente la diligencia de emplazamiento del demandado Rivera Aviña, lo que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Antecedentes que la promovente del amparo, los manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, como lo sustenta la tesis siguiente: Tesis: I.15o.A.28 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171389 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Pag. 2613 Tesis Aislada(Común) PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado. Bajo ese contexto, los actos reclamados en la presente instancia constitucional, no pueden considerarse como actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, habida cuenta que no les reviste el carácter de definitivos, en razón de que se trata de actos de naturaleza intraprocesal, que de momento no tienen sobre la persona de la quejosa una ejecución que se considere irreparable, lo que es indispensable para la procedencia del amparo indirecto. Luego entonces, esos actos de molestia se traducen en una violación a las leyes del procedimiento que, en su caso, afectan las defensas de la quejosa, trascendiendo al resultado de la respectiva resolución, que en su momento llegue a dictar en definitiva el juez de origen dentro del juicio ordinario oral de nulidad de acta de nacimiento 1211/2017, lo que implica que se esté en presencia de actos intraprocesales, respecto de los cuales es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo; de ahí que se determine desechar la demanda de garantías, en los términos anotados. De lo que se obtiene que la sentencia que en su momento se dicte resolviendo el negocio principal, de ser contraria a los intereses de la quejosa, podrá ser revocada, modificada o confirmada, mediante el medio de defensa que en su caso, ésta haga valer. De esta forma, es manifiesto que es improcedente el juicio de amparo, toda vez que en el caso, los actos de autoridad que se combaten no son de aquéllos que causen un perjuicio irreparable que afecte a la parte quejosa en sus derechos sustantivos como son la vida, integridad personal, posesiones, etcétera. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso artículo 172, fracción XII, en concordancia con la fracción V, del numeral 107, todos de la Ley de Amparo, interpretado éste último, en contrario sensu, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por María Magdalena Rivera Warner y/o María Guadalupe Rivera Warner; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Por otra parte, toda vez que el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, declinó en favor de este Juzgado de Distrito, la competencia para conocer del presente sumario de garantías, y en virtud de que el domicilio proporcionado por la promovente del amparo no pertenece a esta ciudad, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto electrónico al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno, para que en auxilio de la Justicia Federal, ordene a quien corresponda, notifique el presente auto a la parte quejosa, en el domicilio precisado para tal efecto, ubicado en calle Patzimba número 56 colonia Vista Bella, en dicha ciudad capital. De igual manera, la prevenga para que en ese acto, o bien, dentro de los tres días siguientes a éste, precise domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, donde oír y recibir notificaciones, en el entendido que de no hacerlo, las subsecuentes les serán ordenadas, aún las de carácter personal, por medio de lista, tal como lo establece el precepto legal 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Tesis: III.2o.A.36 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 184351 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XVII, Mayo de 2003 Pág. 1207 Tesis Aislada(Común) AUTO ADMISORIO. LA RADICACIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO RECIBIDA EN UN JUZGADO DE DISTRITO, EN RAZÓN DE QUE UN TRIBUNAL COLEGIADO DECLINÓ LA COMPETENCIA EN SU FAVOR, REQUIERE DE NOTIFICACIÓN PERSONAL Y SU FALTA CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS NORMAS DEL PROCEDIMIENTO QUE DA LUGAR A LA REVOCACIÓN DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y A LA REPOSICIÓN DE AQUÉL. Cuando un Tribunal Colegiado declina la competencia para conocer de un amparo directo a favor de un Juzgado de Distrito, para que éste trámite el amparo biinstancial, y no se le notifica personalmente a la parte quejosa la radicación de su demanda en la vía indirecta, debe revocarse la sentencia recurrida y reponerse el procedimiento a efecto de que el juzgado del conocimiento notifique la radicación de la demanda en forma legal y señale nuevo día para la celebración de la audiencia constitucional, en la que, con plena facultad de jurisdicción, se dicte la resolución que en derecho corresponda, puesto que dicha radicación implica un cambio de jurisdicción, además de que deben hacerse llegar con certeza al conocimiento de las partes todas aquellas resoluciones de trascendencia para garantizarles la oportunidad de hacer valer sus defensas en tiempo y forma; y con la omisión de la notificación personal se infringen las normas fundamentales que rigen el procedimiento, previstas en los artículos 146, 147, 148 y demás relativos de la Ley de Amparo, dado que se deja en estado de indefensión a la parte peticionaria de garantías, al desconocer el juzgado en que se radicó y tramitó su demanda de garantías que había propuesto por la vía uniinstancial, lo cual le impidió comparecer a juicio, ofrecer las pruebas pertinentes y rendir sus alegatos. Con la indicación que desde este momento se habilitan días y horas inhábiles en caso de ser necesario, para la práctica de dicha diligencia; de conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Sin que se estime necesario que la autoridad exhortada acuse el recibo correspondiente, en virtud de que la constancia de envío que expide el sistema se tendrá como tal. Se solicita a la autoridad jurisdiccional federal, que una vez hecho lo encomendado, remita únicamente vía electrónica las constancias con las que acredite la diligenciación de dicho exhorto. Ténganse como autorizados con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Ana Lidia Martínez Anzaldo, Martín César Botello Mondragón y Christian Omar Segura Alanís, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontraron registradas sus cédulas profesionales, que los acreditan como licenciados en derecho; y, de conformidad con la última parte del párrafo segundo del citado precepto, a Juan Cortes Alvarado, Raymundo Delgado Peña, Audelia López Álvaro, María Teresa Rodríguez Zamora y Celia López Ramírez, por no cumplir con el requisito mencionado. Apoya lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado. Se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. NOTIFÍQUESE; por medio de exhorto a la parte quejosa...

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