Maria Magdalena Rivera Garcia
Expediente 116/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 116/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 08/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Maria Magdalena Rivera Garcia
- Fiscal General de Justicia del Estado. Xalapa, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Incidental
Téngase por recibida la pieza postal que contiene el oficio 5408/2023... fue devuelta... glósese únicamente a los autos para que obre como constancia, toda vez que mediante proveído de diecisiete de mayo de año en curso, se ordenó el archivo definitivo del expediente principal de donde deriva el presente incidente de suspensión
- Principal
ha transcurrido el término de diez días... para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva... se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido.
- Incidental
se ordena el archivo de este expediente.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 116/2023-II promovido por********************, propio derecho, contra los actos del Fiscal General de Justicia del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en el artículo 1°, 4°, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO QUE: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan de Rodríguez Cano, turnado en esa misma fecha, a este Juzgado,******************** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que se precisaran más adelante. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. El ocho de marzo de dos mil veintitrés se radicó el presente asunto con el número 116/2023-II, se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y una vez integrado se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO QUE: PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a los artículos 94, párrafo primero, 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción VI y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, Acuerdo 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque lo que se reclama es un acto que tiene ejecución material dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la interpretación realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004, misma que es aplicable por identidad jurídica por identidad jurídica sustancial, que dice: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así como, del análisis integral del escrito de demanda y documentos exhibidos, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como actos reclamados, a saber: La orden de comparecencia, aprehensión, arresto, presentación o privación de la libertad, así como su ejecución. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Una vez precisado el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del mismo. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser cierto el acto combatido, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier otra cuestión jurídica; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser cierto el acto reclamado, el juicio de amparo sea procedente. TERCERO. Análisis respecto a la inexistencia de los actos reclamados. En principio, es de destacarse que en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, se establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [...] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." Del precepto anteriormente transcrito se aprecian dos supuestos de sobreseimiento por inexistencia de actos, a saber, [1] el que esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado, y [2] cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora debe precisarse que no son ciertos los actos reclamados pues así se desprende del contenido del informe justificado rendido por las autoridades responsables [1] Fiscal General de Justicia del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz; y [2] Fiscal Investigador de la Unidad Integral de Procuración de Justicia con sede en Panuco, Veracruz. Negativa que adquiere firmeza al no existir en autos prueba alguna que desvirtué lo aseverado por dichas responsables. Lo anterior porque los actos controvertidos en el juicio de amparo pueden clasificarse en positivos, que se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y, en omisivos, entendiéndose por omisión jurídica al estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En el caso de los actos positivos corresponde a la parte quejosa acreditar su existencia, es decir, tiene la carga procesal de aportar los elementos de pruebas, sean directas y/o indirectas, que evidencien dicha circunstancia. Tratándose de actos positivos, como en el caso acontece al reclamarse una orden o instrucción, si la autoridad responsable niega el acto que se le reprocha el peticionario del amparo tiene la carga de la prueba para demostrar su existencia. Sustenta lo expuesto, en lo conducente, la tesis VI.2o.A.4 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, y sin prueba en contrario eficiente e idónea aportada por la impetrante que desvirtúe esas negativas; consecuentemente, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, en lo que respecta a las autoridades referidas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley que rige el presente juicio. Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo respecto a dicho acto reclamado, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial cuyo sumario textualmente indica: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. CUARTO. Decisión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 61, 62, 63, 64, 65, 73, 74, 75, 76 y 124, de la Ley de Amparo; 1º, fracción VI, y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por********************, por propio derecho, contra el acto y autoridades que se precisan en el considerando segundo de esta resolución, con base en los razonamientos expuestos en el tercer considerando de la misma. Notifíquese por lista.
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