María Magdalena Reséndiz Martínez
Expediente 398/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 398/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- María Magdalena Reséndiz Martínez
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Visto: el oficio de cuenta, firmado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, a través del cual acusa recibo del juicio de amparo directo 398/2022, el toca civil 639/2021 y el expediente 78/2021, para los efectos legales conducentes. Finalmente, al haberse tenido por consentida la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintidós, por la cual este tribunal federal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida, a través del proveído de veintinueve de abril siguiente, y al no existir documento original que devolver, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro correspondiente; por otra parte, con fundamento en los artículos 12, 14, y 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el expediente en que se actúa es DESTRUIBLE y carece de relevancia documental, por no encontrarse en ninguno de los supuestos que prevé el acuerdo citado.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte, que el término previsto en el párrafo segundo del artículo 104 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que María Magdalena Reséndiz Martínez, haya impugnado la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintidós, por la cual este tribunal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de derechos promovida en contra de actos de la Segunda Sala Civil y Familiar del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, consistente la resolución de veintiocho de enero de dos mil veintidós, dictada en el toca 639/201-II; en consecuencia, se tiene por consentida dicha resolución. En mérito de lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por proveído de veintiuno de abril de dos mil veintidós, previa copia certificada que se obtenga, remítase al Juez de Distrito en turno en el Estado de Hidalgo, el presente asunto, y anexos, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. En su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente.
- Juicio de Amparo Directo
Visto; el oficio 287/2022, suscrito por la Presidenta de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrado en la oficialía de partes bajo el número 2002/2022, mediante el cual rinde su informe justificado, de igual forma remite original y dos copias de la demanda de garantía promovida por María Magdalena Reséndiz Martínez, un anexo certificado y cuatro simples, así como los autos del toca civil 639/2021-II; regístrese, fórmese expediente físico, y con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona a los secretarios, actuarios y oficiales judiciales correspondientes, y demás encargados de la digitalización de constancias, a realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y la correspondiente resolución que, en su caso, se emita. Acúsese recibo. Ahora bien, en el caso a estudio el suscrito estima carecer de competencia, por razón de la vía para conocer y resolver sobre el juicio constitucional intentado. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que la solicitante del amparo María Magdalena Reséndiz Martínez, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- (.) Segunda Sala Civil y Familiar del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (.)".- "V.- SENTENCIA RECLAMADA Y VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO.- Sentencia reclamada consistente en la resolución de 28 de enero de 2022, dictada en el toca número 639/201-II, por la Segunda Sala Civil y Familiar del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo.- (.).-" Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que María Magdalena Reséndiz Martínez, promovió en la vía de procedimiento no contencioso, diligencias de declaración de concubinato post morten a efecto de acreditar el concubinato que existió con el finado Josué Vargas de Padua, el cual quedó radicado con el número 78/2021 del índice del Juzgado Civil y Familiar de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo; seguido el juicio por sus diversas etapas procesales, el seis de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en el que se determinó: "PRIMERO. La suscrita Jueza ha sido competente para conocer y resolver el presente juicio. SEGUNDO. Ha procedido la vía de Procedimiento No contencioso intentada. TERCERO. Que es improcedente la petición solicitada por MARÍA MAGDALENA RESÉNDIZ MARTÍNEZ". Luego, inconforme con lo anterior, la actora hoy quejosa interpuso recurso de apelación, del cual, tuvo conocimiento por razón de turno la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrándolo con el número 639/2021-II. Así, el veintiocho de enero del año en curso, la Sala responsable emitió resolución en el recurso de apelación en el sentido de confirmar la determinación de seis de septiembre pasado, dictada por la Jueza Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, dentro de los autos del procedimiento no contencioso sobre la declaración de concubinato promovido por la actora en el expediente 78/2021. En contra de esa determinación, María Magdalena Reséndiz Martínez, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Así las cosas, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Luego, el artículo 170 de la ley de la materia dispone lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.- Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito.- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.- Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.- Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.- En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veintiocho de enero del año en curso, dictada en el toca 639/2021-II, por la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en la que confirmó, la sentencia de seis de septiembre pasado, pronunciada por la Jueza Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, en el expediente 78/2021, relativo al procedimiento no contenciosos sobre declaración judicial de concubinato post morten; previsto por los artículos 557 del Código Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, en relación con el 143 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, juicio promovido por María Magdalena Reséndiz Martínez, el cual sí bien puso fin al procedimiento, de conformidad con el artículo 557 de la Ley antes citada, establece que es un procedimiento en la vía NO CONTENCIOSA, por lo que dichos fallos son actos pronunciados fuera de juicio, los cuales no son atacables mediante el juicio de amparo uniinstancial. De ahí que si no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, previa copia certificada de las constancias necesarias, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase el presente asunto al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 16/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 744, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.- Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad". De igual manera, es aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/281, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y que este órgano federal comparte, visible en la página 1451, Tomo XXV, Abril de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. AL TENER LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN DICHO PROCEDIMIENTO EL CARÁCTER DE ACTOS FUERA DE JUICIO, ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.- La jurisdicción voluntaria es un procedimiento de mera constatación o demostración de hechos o circunstancias en el que no es legalmente posible ejercitar acciones respecto de las cuales proceda oponer excepciones, y al no existir controversia, tampoco puede haber procedimiento contencioso, el cual es indispensable para que exista juicio. Por ende, las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria son actos fuera de juicio que, por esa razón, no pueden adquirir el carácter de cosa juzgada y, en consecuencia, de definitivas para los efectos del amparo directo; por consiguiente, en contra de las resoluciones pronunciadas en un procedimiento de jurisdicción voluntaria, es competente para conocer del amparo el Juez de Distrito que corresponda, de conformidad con los artículos 107 constitucional, fracción VII y 114, fracción III, de la Ley de Amparo". Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tienen como autorizados para oír y recibir notificaciones los indicados en el escrito de demanda. En el momento procesal oportuno, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, con fundamento en los artículos 1º, 3º, 9º, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo del año en curso, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.
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