María Magdalena Pérez Blas y Otros.
Expediente 325/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 325/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- María Magdalena Pérez Blas y Otros.
- E. P. y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió para la parte quejosa el plazo de diez días concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la determinación de veintiocho de mayo del año en curso, en que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que causa estado el auto de referencia para todos los efectos legales correspondientes, en consideración al sentido de la misma, el cual únicamente afecta los intereses de la parte quejosa; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a las autoridades responsables, pues sin que ello conlleve a sustituirse a la superioridad, se estima que dichas autoridades incluso no estarían legitimadas para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente, toda vez, que en la misma se sobreseyó en el presente; ello, ya que las autoridades responsables sólo podrán interponer en su caso recurso de revisión contra la resolución que afecte directamente el acto que de ellas se reclamó, de conformidad con lo que establece el artículo 87 de la Ley de Amparo. Lo anterior se considera así, toda vez que se debe tomar en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, no fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio y que cuando, como en el caso, se decretó el sobreseimiento, queda intocado el acto reclamado, se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional y la autoridad se encuentra en aptitud de actuar conforme a sus atribuciones legales; de manera que, dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería a la parte quejosa, pero no a las autoridades responsables. Ello, acorde a la Jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 2464, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS". En razón a lo anterior, archívese el presente asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el diverso 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo citado. Con apoyo en el numeral 21, inciso a), del citado Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de destrucción; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo de mérito; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, de conformidad con los puntos 8.1.2. del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal y artículos 20 fracción II, inciso a), y 21, inciso c), del citado acuerdo general, los cuadernos incidentales el original y duplicado son destruibles, toda vez que se negó la medida cautelar provisional y definitiva. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente principal y original del incidente de suspensión, respectivamente, en términos de los artículos 18, penúltimo párrafo, 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. En otro contexto, respecto del duplicado del incidente, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, una vez que transcurran seis meses, contados a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del mismo, en términos de los artículos 20, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del multicitado Acuerdo General. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye a la Secretaria judicial encargado del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Dedúzcase copia autorizada de la presente determinación y agréguese la misma a los cuadernos incidentales. Finalmente, se autoriza a la Secretaria y/o Actuario de la adscripción a firmar el oficio que derive del presente asunto Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Incidental
ÚNICO. Se niega a ***, por propio derecho y en representación su hija menor de edad de iniciales *** la suspensión definitiva de los actos reclamados, materia de esta litis incidental; en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio y anexo signado por la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado. Asimismo, del contenido del informe de cuenta la responsable esencialmente manifiesta que es parcialmente cierto el acto reclamado, ello toda vez que por auto de siete de agosto de dos mil veinte, se tuvo a la parte actora -aquí parte quejosa-, interponiendo el recurso de apelación en contra de la parte relativa del proveído de fecha diez de julio de dos mil veinte, dentro del expediente familiar 164/2020. Sin embargo, por auto de fecha doce de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo al allá demandado, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en segunda instancia y, en ese mismo auto se ordenó remitir el testimonio de apelación correspondiente; ello atendiendo a que los plazos en materia familiar se encontraban suspendidos de conformidad con los acuerdos 02/2020, 03/2020 y 09/2020 de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, así como 16/2020, 23/2020, 28/2020, 31/2020, 38/2020, 39/2020, 40/2020 y 04/2021. Ahora bien, visto el estado de autos, se desprende que los actos reclamados de forma esencial consisten en: en la falta de cumplimiento al acuerdo de fecha siete de agosto de dos mil veinte, dictado dentro del expediente número 164/2020 del índice del juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, en específico por cuanto hace al no haber integrado y remitido el testimonio de apelación presentado, a pesar de haber transcurrido mucho tiempo desde que se ordenó. En ese contexto, se estima no es necesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se estima actualizada, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, de manera que con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así, en torno al tema que nos ocupa, es aplicable la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, Materia Común, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, página 38, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL". Sobre esas bases, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Precisado lo anterior, se sostiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia apuntada, por las razones que a continuación se expondrán. Recuérdese que en el caso en estudio, el acto reclamado esencialmente consiste en la falta de cumplimiento al acuerdo de fecha siete de agosto de dos mil veinte, dictado dentro del expediente número 164/2020 del índice del juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, en específico por cuanto hace al no haber integrado y remitido el testimonio de apelación presentado, a pesar de haber transcurrido mucho tiempo desde que se ordenó. Luego, se considera la mencionada causa de improcedencia se actualiza en este asunto toda vez que, de la información proporcionada por la autoridad responsable Jueza Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, informó que que por auto de siete de agosto de dos mil veinte, se tuvo a la parte actora -aquí parte quejosa-, interponiendo el recurso de apelación en contra de la parte relativa del proveído de fecha diez de julio de dos mil veinte, dentro del expediente familiar 164/2020. Sin embargo, por auto de fecha doce de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo al allá demandado, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en segunda instancia y, en ese mismo auto se ordenó remitir el testimonio de apelación correspondiente. Incluso, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte el acuse de recibo del oficio 579/2021, derivado del expediente familiar 164/2020, del cual se obtiene un sello de acuse de recibo de fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, a través del cual la responsable envió el recurso de apelación hecho valer por la aquí parte quejosa, el cual se encuentra dirigido a los integrantes de la Primera Sala Familiar, por conducto de la Oficialía de Partes Común. En esas circunstancias, se considera que al haberse satisfecho la pretensión de la parte quejosa, esto es, que la responsable diera cumplimiento al acuerdo de fecha siete de agosto de dos mil veinte, esto es, ya remitió al tribunal de alzada el recurso de apelación hecho valer, es por lo que se considera, han cesado los efectos del acto reclamado, al haberse destruido por completo de forma total e incondicional; además que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sostiene el razonamiento vertido, la jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, página 81, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo en vigor, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, y por ende, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la misma, esto es, las doce horas con cinco minutos del quince de junio de dos mil veintiuno. Al caso, cobra vigencia por las razones que la sustentan, la jurisprudencia número 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, entre las emitidas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En otro aspecto, se estima dable señalar que si bien es cierto no obra constancia de emplazamiento a la parte tercera interesada; sin embargo, tales situación de modo alguno causa afectación a dicha parte; y, en cambio, esperar hasta que obre el citado emplazamiento, provocaría el retraso de la impartición de justicia, lo que es contrario a lo que dispone el arábigo 17, constitucional, en cuanto a la celeridad procesal, aunado a que se estima no se causa ningún a agravio a dicha parte, pues a ésta también le conviene los procedimientos se desahoguen con celeridad. Asimismo, se estima que la presente determinación no transgrede el derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, de acuerdo al cual toda persona tiene derecho a un juicio para determinar sus derechos y obligaciones ante un Juez o Tribunal competente, porque la naturaleza y alcances de dicho principio no implican eludir los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, ya que tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Además, que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo, son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, se autoriza al Secretario y/o Actuaria Judicial Adscrita para que firme los oficios que deriven de la presente resolución. Notifíquese personalmente.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese el oficio signado por la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, mediante el cual rinde su informe previo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Dese cuenta con los mismos al momento de celebrar la audiencia incidental. Notifíquese.
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