María Magdalena Olmos Lozano
Expediente 1974/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 16 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1974/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 19/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- María Magdalena Olmos Lozano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
En diecinueve de enero de do mil dieciséis, el licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del cinco al dieciocho de enero del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta de diciembre de dos mil quince dentro del juicio de amparo número 1974/2015.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta a la Secretaria encargada del despacho con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de enero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta de diciembre de dos mil quince, que sobreseyó el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes; y en atención a que el fallo de que se trata no requiere ejecución material; previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el juicio de amparo en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN en virtud de haberse decretado el sobreseimiento, por lo que éste Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Asimismo, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo, se determina que el incidente de suspensión relativo, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en virtud, de que se concedió al impetrante la medida cautelar solicitada; por lo que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la interlocutoria correspondiente; por tanto, agréguese el original del incidente de suspensión al juicio de amparo en que se actúa, y el duplicado guárdese por separado, para que atendiendo a la disposición legal antes aludida, una vez que transcurra el término de seis meses se realicen las gestiones pertinentes para su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las partes. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Secretario en funciones de Juez de Distrito designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, ante el licenciado Juan Garcia Trejo Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA PRO MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO EL CONTENIDO DE LA SENTE NCIA DICTADA EN TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION III EN RELACION CON EL 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. "V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1974/2015; y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de amparo. En escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, MARIA MAGDALENA OLMOS LOZANO solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que se precisan enseguida: Autoridad responsable: Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Jalpa, Zacatecas. Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Contra el Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Agente del Ministerio Público Número Dos para Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Directora del Centro Regional de Readaptación Social Femenil de Cieneguillas, Zacatecas. Acto Reclamado: "LA ORDEN DE APREHENSIÓN POR CASO URGENTE Y EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO dictados en nuestra contra por las ordenadoras el 12 y 18 de marzo del actual año dentro de la CAUSA PENAL No. 05/2015, formal prisión por la que se me considera presunta responsable del delito de homicidio cometido en contra de ROSENDO MÁRQUEZ GÓMEZ y del C. DIRECTOR DEL CERESO FEMENIL mencionado, como autoridad ejecutora, le reclamamos la ejecución en nuestro perjuicio de tal acto reclamado." Preceptos constitucionales que se consideran violados. La quejosa señaló como garantías vulneradas las que tutelan los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución General de la República. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándose bajo expediente 1974/2015; y en proveído de veintisiete de octubre de dos mil quince se ordenó su admisión; dar la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; emplazar a los terceros interesados; y fijar día y hora para celebrar la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente; 48 y 51 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. II. Precisión y existencia de los actos reclamados. II.1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse en qué consisten, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo en vigor y las jurisprudencias de los rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: La orden de aprehensión. La determinación que calificó de legal la detención de la quejosa por caso urgente, en la audiencia celebrada el trece de marzo de dos mil quince, dentro de la causa penal 5/2015. El auto de vinculación a proceso decretado el dieciocho de marzo del año en curso, en el citado proceso penal. La ejecución de esos mandatos judiciales. II.2. Inexistencia, certeza o presunción del acto reclamado. Una vez precisados los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción del mismo, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990, visible en la página 95 del rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad.". II.3. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos que se atribuyen al Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Contra el Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado y al Agente del Ministerio Público Número Dos para Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, consistentes en la orden de aprehensión, la determinación que calificó de legal la detención de la quejosa por caso urgente, en la audiencia celebrada el trece de marzo de dos mil quince, dentro de la causa penal 5/2015 y el auto de vinculación a proceso decretado el dieciocho de marzo del año en curso, pues, si bien la autoridad citada en primer término en su informe justificado manifestó que son parcialmente ciertos dichos actos [f. 20]; en tanto que la responsable referida en segundo orden en su comunicado de ley no se pronunció expresamente sobre la certeza o inexistencia de los actos que se le reclaman [f. 83-85]; no obstante lo anterior, de las constancias que integran este juicio de garantías; así como del contenido de los tres discos digitales que remitió el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Jalpa, Zacatecas, se advierte que los mencionados agentes del ministerio público señalados autoridades responsables ordenadoras no emitieron los destacados actos reclamados. Tampoco es cierto el diverso acto que se atribuye a la citada autoridad judicial consistente en la orden de aprehensión que dice la quejosa se dictó en su contra, dado que en su informe justificado negó categóricamente el apuntado acto; sin que la quejosa hubiera aportado prueba alguna para desvirtuar esa negativa (f. 23). En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia de los actos reclamados antes precisados, en el presente juicio de garantías; lo procedente es decretar el sobreseimiento, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". En lo atinente a la negativa vertida por la mencionada autoridad judicial, es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera, sirve de apoyo el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". II.4. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Jalpa, Zacatecas, en cuanto a la detención por caso urgente y la vinculación a proceso decretada en contra de la garante dentro de la causa penal 5/2015; así como los actos de ejecución que se atribuyen a la Directora del Centro Regional de Readaptación Social Femenil de Cieneguillas, Zacatecas, toda vez que así lo reconocieron en el informe justificado que rindieron (f. 23 y 60). Sobre el particular se invoca la Jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de los actos reclamados se corrobora con las documentales que el Juez responsable remitió en apoyo a su informe justificado, consistentes en las copias certificadas del auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 5/2015; así como de los tres discos compactos en que se contiene la videograbación de las audiencias celebradas el trece y dieciocho de marzo del año en curso en ese proceso, que en apoyo a su respectivo informe justificados remitieron las citadas responsables; documentales a las que se confiere pleno valor probatorio, conforme lo disponen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, en términos del numeral 2°, párrafo segundo, de ésta legislación. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". III. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y de estudio preferente a la materia de fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del artículo 62, de la Ley de Amparo vigente, y con la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el presente asunto, este resolutor advierte de manera oficiosa que por cuanto hace al diverso acto reclamado consistente en la determinación que calificó de legal la detención de la quejosa por caso urgente, en la audiencia celebrada el trece de marzo de dos mil quince, dentro de la causa penal 5/2015, se actualiza la causa de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo vigente, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." De la anterior transcripción deriva que la improcedencia del juicio de garantías se actualiza con motivo del cambio de situación jurídica, entendida como la que se produce cuando: a). El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la emisión del acto reclamado, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la legalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En efecto, de las constancias enviadas por la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial de Jalpa, Zacatecas, se advierte que respecto del destacado acto reclamado que consiste en determinación que calificó de legal la detención de la quejosa por caso urgente, en la audiencia celebrada el trece de marzo de dos mil quince, dentro de la causa penal 5/2015, operó un cambio en la situación jurídica de la peticionaria de garantías; lo que se afirma en razón de que con posterioridad a esa resolución, esto es, el día dieciocho de ese propi mes y año, el mencionado juzgador decretó en contra la garante auto de vinculación a proceso, por el hecho que la ley señala como el delito de homicidio, cometido en agravio de Rosendo Márquez Gómez. En ese contexto, resulta incuestionable que en la especie se produjo un cambio de situación jurídica dentro del proceso que se instruye a la peticionaria de garantías, toda vez que al habérsele vinculado a proceso, y además al imponérsele como medida cautelar la prisión preventiva, ello impide legamente analizar la determinación que calificó de legal al detención de la quejosa por caso urgente; lo cual torna improcedente el amparo solicitado, toda vez que en nuestro sistema jurídico existen cuatro modalidades para que pueda restringirse la libertad personal de los gobernados, a saber, a través de la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena, razón por la cual, cada una de dichas modalidades posee características peculiares. Asimismo, al conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos citados, se le denomina situación jurídica, de tal manera que cuando ésta cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, desapareciendo de esa manera los efectos del acto anterior, lo cual hace improcedente el amparo solicitado respecto de la primera situación jurídica, en el caso particular, contra la determinación emitida por el juez responsable en la que calificó de legal la detención de la quejosa por caso urgente, en razón de que se está ante la presencia de una irreparabilidad jurídica en los efectos que produjo dicho acto reclamado, lo cual hace imposible la restitución de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad al cambio de la anotada situación legal que emergió al vincularla a proceso. Además, en el caso particular se satisfacen todos y cada uno de los requisitos exigidos para que opere la improcedencia del juicio de garantías por cambio de situación jurídica, ya que el acto apuntado acto reclamado emana de un procedimiento judicial, y posteriormente durante la tramitación del juicio de amparo se dictó auto de vinculación a proceso, es decir, se emitió una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba la agraviada con motivo de la calificación de su legal detención por caso urgente que se combate en este juicio de garantías; por tanto, no puede analizarse la constitucionalidad de dicho mandamiento de captura, sin afectar su vigente situación legal que ahora es consecuencia de esa última resolución y no del apuntado acto que reclama en esta instancia constitucional. Sirve de ilustración la tesis de rubro y texto siguientes: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA DEVIENE IMPROCEDENTE, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO CON POSTERIORIDAD SE DICTA AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El nuevo sistema de procedimiento penal para el Estado de Chihuahua se divide en tres etapas (investigación, intermedia o de preparación del juicio y de juicio oral o audiencia de debates). En la etapa de investigación corresponde al Ministerio Público llevar a cabo todos los actos tendientes a esclarecer la verdad de los hechos materia de la denuncia y/o querella para preparar debidamente la acusación. Una vez realizada la imputación, el órgano jurisdiccional (Juez de Garantía) tiene la obligación constitucional de resolver la situación jurídica del imputado (vinculandolo en su caso a proceso) en los términos y condiciones previstos en el numeral 19 de la Carta Magna, vigente para aquella entidad a partir del 19 de junio de 2008, y su correlativo artículo 280 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Ahora bien, con el dictado del "auto de vinculación a proceso" se provoca un cambio de la situación jurídica que tenía el quejoso al momento en que se ratificó su detención, pues es evidente que dicho auto, en el caso, tiene un efecto similar al auto de formal prisión, ya que lo vincula a un proceso, y si bien el auto vinculatorio no trae implícita en todos los casos la prisión preventiva, pues el Juez de Garantía está facultado para dictar diversas medidas precautorias que afecten la libertad personal del sujeto, incluso después de su dictado en el supuesto de que el Ministerio Público las solicitara (prisión preventiva, arraigo domiciliario o cualquier otra que restrinja su libertad), empero, ello no impide que la emisión del auto de vinculación a proceso produzca una nueva situación jurídica en el ahora inconforme, pues conforme al artículo 281 del invocado código, cuando no se reúna alguno de los requisitos de ley, el Juez debe negar la vinculación del imputado, lo que genera como consecuencia ineludible la revocación de las medidas cautelares personales y reales que hubiese decretado; luego, si el acto reclamado consiste en la resolución que determinó aquella calificación, pero en la misma causa la autoridad jurisdiccional dicta el mencionado auto de vinculación, es claro que la libertad del inculpado ahora se rige por esta resolución y no por la que calificó de legal su detención y, por tanto, sobreviene la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo." Por otra parte, en lo atinente al diverso acto que también reclama la garante consistente en el auto de vinculación a proceso decretado en su contra el dieciocho de marzo del año en curso, en el proceso penal 5/2015, se patentiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, lo que conduce a sobreseer este juicio de garantías, conforme al ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". Por su parte, el numeral 17, de la Ley Reglamentaria citada, dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Pues bien, a efecto de determinar si en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, debe analizarse en primer término si el que aquí se reclama se trata de un acto restrictivo de la libertad personal del quejoso y si fue emitido dentro o fuera de un procedimiento jurisdiccional, en materia penal. En el caso, como se precisó en párrafos que anteceden, el acto reclamado es el auto de vinculación a proceso decretado en contra de la peticionaria de garantías el dieciocho de marzo del año en curso, en la causa penal 5/2015. Como se ve, es evidente que dicho acto no encuadra en el supuesto de excepción regulado en la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, dado que si bien se trata de una acto restrictivo de la libertad personal; empero, se emitió dentro de un procedimiento y no fuera del mismo; por ende, para los efectos del plazo de la presentación de la demanda de amparo, el caso a estudio queda inmerso en el supuesto del término genérico de quince días a que alude el primer párrafo del numeral precitado. Lo anterior se corrobora con lo dispuesto en el último párrafo de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el artículo décimo transitorio de dicha ley, de los que se colige que el juicio penal inicia con el auto de vinculación a proceso o su equivalente en el sistema penal tradicional que lo es el auto de formal prisión; y se hace más patente, si se toma en cuenta que el legislador en el artículo 61, fracción XVIII, inciso a), excluyó del principio de definitividad los actos a que alude el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, e incluyó el inciso b, de aquella fracción, también excluidos del principio de definitividad, los actos consistentes en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución, o que establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. En ese tenor, se concluye que si la intención del legislador hubiera sido incluir todo acto restrictivo de libertad, en la excepción del término genérico de quince días para promover la demanda de amparo, a que alude el artículo 17, de la citada ley, no hubiera hecho la precisión expresa del inciso b) del artículo 61, fracción XVIII, pues hubiera sido suficiente hacer referencia al texto del inciso a), de dicho precepto que corresponde al texto de la fracción IV del artículo 17 citado. En ese orden de ideas, como se adelantó, en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Se afirma lo anterior, en razón de que la resolución que en esta instancia se reclama se emitió el dieciocho de marzo del año en curso; por lo que, atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Procesal Penal del Estado de Zacatecas aplicable al caso concreto, los plazos individuales comienzan el día siguiente a aquel en que se efectuó la notificación al interesado; y si en el presente asunto el auto de vinculación a proceso que aquí se impugna se notificó a la ahora quejosa y a su defensor en esa propia fecha en que se pronunció; en tanto que la demanda de garantías se presentó el veintiséis de octubre del año que transcurre, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, según se advierte de la boleta que se generó con motivo de su recepción; por tanto, el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17, de la Ley de Amparo vigente, para ejercer la acción de amparo transcurrió con exceso, por lo que la presentación de la demanda de garantías resulta extemporánea. Es aplicable al tema, la Jurisprudencia del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, AL DISPONER QUE LOS ACTOS QUE SE HUBIERAN DICTADO O EMITIDO CON ANTERIORIDAD A ELLA Y QUE A SU ENTRADA EN VIGOR NO HUBIERE VENCIDO EL PLAZO PARA PRESENTARLA CONFORME A LA LEY ABROGADA, ES APLICABLE PARA LOS ACTOS QUE DE ACUERDO A ÉSTA CONTABAN CON UN TÉRMINO PARA EJERCER LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL, Y NO PARA AQUELLOS QUE CARECÍAN DE UNO FIJO Y PODÍAN IMPUGNARSE EN CUALQUIER MOMENTO. El contenido de la referida norma de tránsito reglamenta los plazos para la promoción de la demanda de amparo contra actos dictados con anterioridad al nuevo ordenamiento y que al momento en que entró en vigor (tres de abril de dos mil trece), aún no hubiera vencido el término conforme a la Ley de Amparo abrogada, y dispone que les serán aplicables los plazos establecidos en la nueva ley reglamentaria. De su análisis gramatical y lógico se concluye que el legislador solamente estableció tal regla para aquellos actos que conforme a la ley abrogada también contaban, precisamente, con un término para ejercer la acción constitucional, pues la propia norma se refiere a actos para los cuales el plazo no hubiese vencido, de donde el juzgador puede deducir el supuesto a que se refiere. Por lo anterior, esta disposición no es aplicable para los casos de excepción que en la ley abrogada carecían de un término fijo y podían impugnarse en cualquier momento.". Asimismo, sirve de apoyo el criterio que establece: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SI SE DICTÓ CON ANTERIORIDAD AL 3 DE ABRIL DE 2013, Y LA DEMANDA DE AMPARO SE PRESENTA DURANTE LA VIGENCIA DE LA ACTUAL LEY Y FUERA DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS QUE ESTABLECE PARA PROMOVERLA, ELLO NO ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN SU ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 17 Y 18 DE LA PROPIA LEY. No puede estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, tratándose de un auto de formal prisión dictado con anterioridad al 3 de abril de 2013, aun cuando la demanda se presente durante la vigencia de la actual ley y fuera del plazo de quince días que establece para promoverla. Es así, en tanto que el artículo quinto transitorio, párrafo segundo, del decreto por el que se expidió la ley, establece dos aspectos hipotéticos que deben acreditarse para que sea aplicable su consecuencia jurídica: a). Que los actos se hubieren dictado con anterioridad a la Ley de Amparo actual; y, b). Que a su entrada en vigor no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo conforme a la ley abrogada. Extremo este último que no se advierte colmado, en virtud de que conforme a la ley anterior, respecto de este tipo de actos, no se establecía término alguno para la promoción de la demanda de amparo, de conformidad con su artículo 22, fracción II. De lo que resulta evidente que no pueden aplicarse los plazos de la nueva ley contados a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame o a aquel que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución, pues tales actos, que importan un ataque a la libertad personal, no tenían establecido un plazo, sino, por el contrario, expresamente se permitía la promoción del amparo en cualquier tiempo. De razonar de otra manera, se llegaría al absurdo de estimar vencidos plazos anteriores a la vigencia de la nueva Ley de Amparo, lo cual es incorrecto, porque aun cuando las normas adjetivas no se consideran retroactivas, no pueden regular supuestos acaecidos con anterioridad al inicio de su vigencia.". En las relatadas condiciones, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; y por ende, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías. En el entendido de que el sobreseimiento decretado se hace extensivo respecto de los actos de ejecución del auto de vinculación a proceso que se atribuyen a la autoridad señalada como ejecutora Directora del Centro Regional de Readaptación Social Femenil de Cieneguillas, Zacatecas, al no reclamársele por vicios propios de legalidad, sino como consecuencia del acto que se reclama a la autoridad judicial señalada como responsable ordenadora. Es aplicable a esto último la Jurisprudencia 516, visible en la página 339, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor; se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de garantías 1974/2015, promovido por MARIA MAGDALENA OLMOS LOZANO, contra los actos reclamados a las autoridades responsables Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Jalpa, Zacatecas, Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Contra el Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Número Dos para Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ambos con sede en esta ciudad; y Directora del Centro Regional de Readaptación Social Femenil de Cieneguillas, Zacatecas, por los motivos indicados los considerandos II.3 y III de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza, hoy treinta de diciembre de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del Juzgado . DOY FE. L´JJMT/jral
- Principal
En uno de diciembre de dos mil quince, se da cuenta al Secretario encargado del despacho con un oficio con registro 23698 y anexos relativos que se adjuntan, así como con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a uno de diciembre de dos mil quince. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jalpa, Zacatecas; mediante el cual, en términos del acta de veinticinco de noviembre del año que corre, devuelve diligenciado en sus términos el despacho con número de orden 1178/2015 y de origen 682/2015 del índice de este Juzgado de Distrito, que le fue enviado a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado se emplazara a juicio constitucional al tercero interesado ENRIQUE MÁRQUEZ GONZÁLEZ, quien fue emplazado a través de Antonia González Ortega, en cuanto su apoderada legal. Acúsese el recibo de estilo. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ya obran en autos los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables; en esa virtud, con su contenido y constancias que respectivamente remitieron en apoyo a su informe justificado, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, tomando en consideración que del acta de emplazamiento asentada por el Actuario Judicial adscrito a este Tribunal, se advierte que tal y como está ordenado en el auto de doce de noviembre del año que transcurre, se hizo del conocimiento del referido tercero interesado, que debería señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, sin que a la fecha lo haya hecho; en consecuencia, se ordena notificarle por lista el presente auto, así como los posteriores que tengan el carácter de personales, de conformidad con lo previsto por el numeral 29 de la Ley de Amparo, hasta en tanto haga la designación correspondiente. En consecuencia, para dar oportunidad a que transcurra en su totalidad el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan del contenido de dichos informes y no queden en estado de indefensión, SE DIFIERE ANTICIPADAMENTE la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del dos de diciembre de dos mil quince, y en su lugar se señalan nuevamente las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE para que tenga verificativo. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Notifíquese personalmente a la quejosa, mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Lucy*
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, día y hora señaladas para la celebración de la audiencia incidental relacionada con el juicio de amparo 1974/2015, el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin contar con la asistencia de las partes. A continuación, el Secretario procede a relacionar las constancias que integran el presente incidente de suspensión entre las que destaca la copia de la demanda de garantías promovida por MARÍA MAGDALENA OLMOS LOZANO, el informe previo rendido por el JUEZ DE CONTROL Y TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE JALPA, ZACATECAS, así como con la interlocutoria emitida el cuatro de noviembre de dos mi quince, en la que se resolvió sobre los actos reclamados al AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN CONTRA EL SECUESTRO, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO DOS PARA ASUNTOS ESPECIALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, AMBOS EN ESTA CIUDAD, y DIRECTORA DEL CENTRO REGIONAL DE READAPTACIÓN SOCIAL FEMENIL, CON SEDE EN CIENEGUILLAS, ZACATECAS. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en la cual, el Secretario hace constar que ninguna de las partes las ofreció; y al no existir pruebas de las partes que tener por desahogadas, se cierra dicha etapa; y enseguida se pasa a la de alegatos, en la que de igual manera el Secretario da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes hizo valer el derecho que al efecto les confiere el artículo 144 de la Ley de la Materia; y al no haber más actuaciones y constancias que relacionar, se procede al dictado de la interlocutoria correspondiente. V I S T O S, para resolver, los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 1974/2015; y, R E S U L T A N D O: 1.- MARÍA MAGDALENA OLMOS LOZANO solicitó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados que hizo consistir en la orden de aprehensión por caso urgente y el auto de vinculación a proceso. 2. Por auto de veintisiete de octubre de dos mil quince, se proveyó respecto a la suspensión provisional solicitada, se requirió a las autoridades responsables su informe previo, mediante interlocutoria de emitida el cuatro de noviembre de dos mi quince, en la que se resolvió sobre los actos reclamados al AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN CONTRA EL SECUESTRO, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO DOS PARA ASUNTOS ESPECIALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, AMBOS EN ESTA CIUDAD, y DIRECTORA DEL CENTRO REGIONAL DE READAPTACIÓN SOCIAL FEMENIL, CON SEDE EN CIENEGUILLAS, ZACATECAS; asimismo, SE DIFIRIÓ por lo que ve al JUEZ DE CONTROL Y TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE JALPA, ZACATECAS, y se citó a las partes a la audiencia incidental, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: I. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es legalmente competente para resolver el presente incidente de suspensión, por tener competencia legal para conocer del juicio de garantías del cual deriva esta incidencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 37, y 125 de la Nueva Ley de Amparo; y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. II. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, el cual señala que la resolución que decida sobre la suspensión definitiva deberá contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Bajo esa tesitura, los actos reclamados en esta instancia esencialmente consisten en la orden de aprehensión por caso urgente y el auto de vinculación a proceso. III. La autoridad responsable JUEZ DE CONTROL Y TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE JALPA, ZACATECAS, al rendir su informe previo, convinieron expresamente en la existencia de los actos que se le reclaman. IV. Ahora bien, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la ORDEN DE APREHENSIÓN ejecutada por tratarse de CASO URGENTE que reclama la quejosa, RESULTA IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, toda vez que como lo manifiesta la quejosa en su demanda, el doce de marzo de dos mil quince, fue aprehendida y puesta a disposición del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento antes citado, además de que se encuentra privada de su libertad, lo que pone de manifiesto que dicha orden der captura ya fue ejecutada; en esas condiciones, no procede otorgar la indicada medida cautelar que solicita, pues ello equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales en su caso, son propios de la sentencia que se pronuncie en el expediente principal del que deriva esta incidencia. Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia número 12, consultable en la página 13, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación de 1917 a 2000, del contenido siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.- Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darse efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie.". V. Por otra parte, por lo que ve al diverso acto reclamado que hace consistir en el auto mediante el cual se le vincula a proceso, emitido por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Jalpa, Zacatecas, de dieciocho de marzo del año en curso; SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, de acuerdo con lo que dispone el artículo 163 de la Ley de Amparo vigente, por lo cual la misma se decreta para el único efecto de que la quejosa quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal se refiere, y a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento criminal que se le instruye; lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte al resolver la suspensión definitiva. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente interlocutoria, se NIEGA a MARÍA MAGDALENA OLMOS LOZANO la suspensión definitiva que solicita. SEGUNDO. Para los efectos indicados en el considerando quinto de la presente resolución, SE CONCEDE a MARÍA MAGDALENA OLMOS LOZANO, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada, respecto de los actos reclamados al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Jalpa, Zacatecas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. LUCY*
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