María Magdalena Oceguera Urbina

Expediente 126/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 30 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
126/2022
Año
2022
Actuaciones
30
Última actuación
04/04/2023

Partes del expediente

  • María Magdalena Oceguera Urbina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Visto el estado actual que guarda el expediente y certificación de cuenta de la que se advierte que mediante proveído de veintiocho de febrero del presente año, se tuvo por cumplida en sus términos la sentencia donde se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, contra los actos del Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Tramitación Masiva en Zona Guadalupe y otra autoridad. En virtud de lo anterior, se aprecia que a la fecha, ha transcurrido plazo de quince días previsto en el primer párrafo del numeral 202, de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con dichas determinaciones. Consecuentemente, al no existir trámite pendiente alguno, con fundamento en el numeral 214, de la ley de la materia, se ordena el archivo del presente expediente, como asunto totalmente concluido.

  2. Incidental

    Visto el auto dictado en esta misma fecha dentro del juicio de amparo del que deriva el presente incidente, de los cuales se advierte que se ordenó el archivo del asunto como asunto concluido. En consecuencia, conforme a lo ordenado en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se concluye el original del presente cuaderno es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años después de concluido definitivamente, ya que se negó la suspensión provisional y definitiva, además no obran en autos documentos originales. Por otra parte, acorde al precepto 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, el duplicado de este cuaderno es destruible, transcurridos seis meses del dictado de la resolución incidental.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como la certificación de cuenta, se desprende que por auto dictado el uno de febrero del presente año, se dio vista a las partes con los oficios y constancias exhibidas por las responsables: 1. Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Tramitación Masiva en Zona Guadalupe; y, 2. Tercer Registrador Público de la Propiedad del Primer Distrito Registral del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación de dicho proveído, manifestaran lo que a su interés conviniere respecto a la forma en que dichas potestades dieron cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio, apercibidas que de ser omisas al respecto, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraren en el expediente y los datos aportados por el ente de imperio señalado como responsable. Establecido lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se procede a declarar si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. De autos de deprende que por resolución constitucional terminada de engrosar el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa María Magdalena Oceguera Urbina, en contra de los actos reclamados al Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Tramitación Masiva en Zona Guadalupe y otra autoridad, para los siguientes términos: Así, es evidente que la actuación de la responsable adolece de la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe cumplir, lo que desde luego, transgrede la legalida en perjuicio de María Magdalena Oceguera Urbina, pues sin conocer razones y fundamentos que llevaron a la autoridad responsable a resolver del modo que lo hizo respecto a la anotación marginal en el inmueble de marras, quedó en estado de indefensión. En virtud de lo anterior resulta incuestionable que la determinación reclamada, adolece de la debida motivación y fundamentación que todo acto de autoridad debe cumplir, lo que se traduce en una transgresión directa a los derechos fundamentales que le asisten a la ahora quejosa, particularmente el de legalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se impone conceder a María Magdalena Oceguera Urbina, el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva Zona Guadalupe, atienda lo siguiente: Deje insubsistente la determinación de quince de enero de dos mil veintiuno que dictó en la carpeta de investigación 605/2021-UTMGPE-06, atinente a la anotación marginal en la escritura pública 10,199 de nueve de febrero de dos mil diecisiete, respecto al lote de terreno marcado con el número nueve, manzana doce, colonia Vivienda Popular en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. En su lugar, dicte otro acuerdo con libertad de criterio, y determine si es o no menester ordenar la anotación marginal sobre el inmueble afecto, lo que deberá realizar de manera fundada y motivada; apoyando su decisión en los preceptos legales aplicables, determinación que podrá ser dictada en igual o diverso sentido, conforme al libre arbitrio y a los parámetros indicados. Es necesario puntualizar, que tomando en consideración que en el particular se está en presencia de violaciones formales en el pronunciamiento del acto reclamado, tal situación impide juzgarlo en cuanto al fondo, por carecerse de los elementos necesarios para ello, pues desconocidos su fundamento y motivo, los mismos no pueden ser objeto de apreciación jurídica alguna; y por ende, la reparación de la violación cometida, mediante el otorgamiento del amparo, sólo consiste en dejar insubsistente el acto formalmente ilegal, pero no implica que haya sido juzgada la constitucionalidad del propio acto en cuanto al fondo precisamente por desconocerse sus motivos y fundamentos, por lo que no puede impedirse a la autoridad que emita un nuevo acto en el que purgue los vicios formales del anterior, el cual, en su caso, podría reclamarse en un amparo, entonces sí, por violaciones de fondo; y tampoco puede obligársele a que haga su reiteración, pues si la propia autoridad encuentra que, ciertamente, el acto reclamado no podría apoyarse en irreprochables motivos y fundamentos legales, estará en aptitud de no insistir en el mismo. El efecto de la protección concedida, encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, correspondiente a la séptima época, visible en la página 51 del Semanario Judicial de la Federación 48 Tercera Parte, cuyo rubro y texto disponen: En la inteligencia, de que la protección constitucional se hace extensiva en lo que atañe a los actos de ejecución atribuidos a las autoridades ejecutoras Primer Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, consistente en la ejecución de la medida cautelar de anotación marginal, por no reclamarse por vicios propios sino vía consecuencia, de conformidad con la tesis jurisprudencial número 103, publicada a foja 67, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: Inconforme con tal resolución, en determinación de catorce de julio del año pasado, se le tuvo al tercero interesado José Antonio Rodríguez Cortez, interponiendo el recurso de revisión, el cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado, bajo el número de amparo en revisión 169/2022; luego, por ejecutoria de quince de diciembre de dos mil veintidós, el Tribunal de Alzada confirmó la resolución constitucional recurrida. Por lo que, en determinación de dos de enero del presente año, se requirió el cumplimiento respectivo a las autoridades responsables. Las cuales, a través de los oficios 2354/DJ/2023 y 404/2023, las responsables allegaron las actuaciones en las que informaron el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, mismas que adquieren valor probatorio pleno en los términos de lo previsto por los artículos 129, 202 y 217, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Enseguida, por acuerdo emitido el uno de febrero del presente año, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que hayan realizado exposición alguna; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento impuesto en ese proveído, en el sentido de resolver de oficio, si está o no cumplida la sentencia de amparo, procediéndose a determinar lo conducente. Ahora bien, dichos oficios ponen de relieve que en acatamiento a lo dispuesto en la ejecutoria de amparo, el Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Tramitación Masiva en Zona Guadalupe, procedió a realizar lo siguiente: En primer término, dejó insubsistente el acuerdo de quince de enero de dos mil veintiuno, a través del cual ordenó al Director del Instituto Regional Catastral del Estado de Nuevo León, la anotación marginal del inmueble descrito en la escritura pública 10,999 de nueve de febrero de dos mil diecisiete, respecto al lote de terreno marcado con el número nueve, manzana doce, colonia Vivienda Popular, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, dictada dentro de la carpeta de investigación 605/2020-UTMG9E06. Posteriormente, ordenó al Director del Instituto Regional Catastral del Estado, para que procediera a cancelar en forma inmediata dicha anotación marginal. Asimismo, resolvió con libertad de criterio y analizado las constancias que integran la carpeta de investigación, que lo procedente era reservarse por el momento de ordenar el aseguramiento provisional del inmueble descrito en la escritura pública número 10,199, inscrito bajo el número 527, volumen 169, libro 22 sección Propiedad, unidad Guadalupe de nueve de febrero de dos mil diecisiete, identificado como lote de terreno marcado con el número 9, de la manzana 12, de la colonia Vivienda Popular, asimismo, se reservó el derecho de ordenar la anotación marginal del mismo al Director del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León. Finalmente, ordenó al Detective de la Policía de Investigación en esta Ciudad, a fin de que designara elementos a su mando, para que investiguen que moradores ocupaban el inmueble o si existen terceros que ocupen el predio en comento o si el mismo pudiera estar enajenado. Por su parte, el Tercer Registrador Público de la Propiedad del Primer Distrito Registral del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, registró la cancelación de la anotación marginal, bajo la inscripción 174, volumen 88, libro 4, sección auxiliar, unidad Guadalupe, de fecha veinticuatro de enero del presente año. Se sigue de lo apuntado que se cumplió con el fallo protector, ello al quedar insubsistente el aseguramiento y anotación marginal reclamado, pues al respecto dispuso la fiscalía responsable reservarse asegurar nuevamente el predio; amen que el registro correspondiente quedó cancelado en las anotaciones del Tercer Registrador Público de la Propiedad del Primer Distrito Registral del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, quien justificó ese proceder con copia certificada la inscripción 174, volumen 88, libro 4, sección auxiliar, unidad Guadalupe, de fecha veinticuatro de enero del presente año. De lo anterior, se desprende que se restituyó a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales violados, con apego en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por lo que, de conformidad con lo previsto en el diverso artículo 196, tercer párrafo, de la propia ley, cabe declarar cumplida la ejecutoria de amparo. En ese sentido, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley Reglamentaria, que refiere al hecho de que si las autoridades responsables, en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, incurrieron en exceso o defecto, a juicio de este Órgano Jurisdiccional, es claro que no fueron más allá del alcance de la misma (exceso de ejecución), ni existió omisión en el estudio y resolución de las cuestiones que se les ordenó resolver conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que estaba vinculada (defecto de ejecución).

  4. Principal

    notifico a la quejosa ******, el proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, por medio de lista que fijo en los estrados de este Juzgado de Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, por no haber acudido a éste recinto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Doy Fe. ....De lo anterior, se desprende que se restituyó a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales violados, con apego en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por lo que, de conformidad con lo previsto en el diverso artículo 196, tercer párrafo, de la propia ley, cabe declarar cumplida la ejecutoria de amparo. En ese sentido, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley Reglamentaria, que refiere al hecho de que si las autoridades responsables, en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, incurrieron en exceso o defecto, a juicio de este Órgano Jurisdiccional, es claro que no fueron más allá del alcance de la misma (exceso de ejecución), ni existió omisión en el estudio y resolución de las cuestiones que se les ordenó resolver conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que estaba vinculada (defecto de ejecución).

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