María Magdalena Noemi Paz Lugo
Expediente 2294/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2294/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/01/2022
Partes del expediente
- María Magdalena Noemi Paz Lugo
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha no obra en autos la constancia de notificación al perito oficial , del proveído de diez de enero de dos mil veintidós, consecuentemente, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, túrnense nuevamente los autos al Actuario Judicial que corresponde a fin de que lleve a cabo la notificación aludida a través de medios electrónicos tal y como lo solicitó dicho diestro el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno.
- Principal
Visto el oficio que suscribe el Juez y el Secretario de Acuerdos, ambos del Juzgado Noveno de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual pretenden rendir informe con justificación y ofrecer pruebas documentales; a lo que se provee: únicamente agréguese a los autos sin mayor acuerdo substancial en virtud que el siete de enero de dos mil veintidós, se dictó la sentencia correspondiente.
- Principal
Visto el estado de autos, de los que se advierte que no obra en autos la notificación electrónica al quejoso de la sentencia dictada en autos de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno; por lo que tomando en consideración resulta necesario notificar de dicho auto a la parte quejosa; consecuentemente, se instruye y conmina al Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, encargado del presente asunto, para que de inmediato notifique al quejoso , la sentencia dictada en autos. SENTENCIA DE FECHA VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO PRIMERO : SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO 1470/2020.. SEGUNDO LA JUSTICIA DE LA UNION AMPARA Y PROTEGE Zapopan, Jalisco, a veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. VISTOS para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 1470/2020-VIII-B, promovido por Juan Antonio Gutiérrez Orozco, por conducto de su apoderado Fernando Abel Macías Casillas, contra actos del Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y otras autoridades, por considerarlos violatorios de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 1, 5, 13, 14, 16, 17, 109 y 123, apartado B, constitucionales. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado electrónicamente el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, Juan Antonio Gutiérrez Orozco, por conducto de su apoderado Fernando Abel Macías Casillas, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Comisario de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, Gobernador Constitucional, Congreso y Secretario General de Gobierno, todos del Estado de Jalisco, que serán precisados en el considerando correspondiente. El quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 1, 5, 13, 14, 16, 17, 109 y 123, apartado B, constitucionales. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. Una vez recibida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se formó el expediente, se registró bajo el número 1470/2020-VIII-B y se previno a la parte quejosa para que el promovente acreditara su personería. Una vez cumplimentado el aludido requerimiento, mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el Acuerdo General 24/2013, modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis número P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, del mes de abril de dos mil cuatro, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Igualmente, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, foja 32, que es del tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados se hicieron consistir en: Del Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y del Comisario de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco: a) El auto de reposición de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, dictado en el procedimiento administrativo especial con número de expediente 010/2012, mediante el cual se instauró dicho procedimiento al hoy quejoso, y como consecuencia, todo lo actuado con posterioridad en el aludido procedimiento. b) La resolución definitiva de veinte de octubre de dos mil veinte, emitida en el procedimiento de mérito, mediante la cual se determinó cesar al quejoso del cargo que veía desempeñando como elemento operativo en la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Del Director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza: c) El oficio CESP/CEECC/RI/NA/0268/2012, de cinco de junio de dos mil doce, mediante el cual la responsable informó al Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que el quejoso obtuvo un resultado de NO APROBADO en las evaluaciones de control de confianza que le fueron practicadas. d) Reporte de evaluación integral con número de folio 3010, de fecha quince de febrero de dos mil doce. Del Gobernador Constitucional, Congreso y Secretario General de Gobierno, todos del Estado de Jalisco: e) La Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, en específico, los artículos 132, 135 y 136, fracciones II y IV de la mencionada legislación. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Comisario de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, Gobernador Constitucional, Congreso y Secretario General de Gobierno, todos del Estado de Jalisco, al rendir sus informes justificados aceptaron la certeza de los actos que se les reclaman, en el ámbito de sus respectivas competencias, lo que resulta suficiente para tener acreditada la veracidad de los mismos. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página doscientos treinta y uno, del Apéndice de dos mil, tomo VI, Quinta Época, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, tales afirmaciones se corroboran con las constancias que fueron remitidas por las autoridades responsables, consistentes en copia certificada tanto del procedimiento administrativo especial con número de expediente 010/2012, como del oficio CESP/CEECC/RI/NA/0268/2012, de cinco de junio de dos mil doce y con el reporte integral con número de folio 3010, de quince de febrero de dos mil doce, documentales públicas con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de garantías, por así contemplarlo el artículo 2° de la Ley de Amparo. Además, atendiendo al contenido de los artículos 86 (aplicado stricto sensu) y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°, la existencia de los actos imputados a las responsables legislativas, se corrobora con la publicación del propio ordenamiento legal, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" en el cual se advierte la participación de las autoridades mencionadas. Sobre este punto, resulta aplicable, por analogía, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 260, que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También aplica, el criterio sustentado por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicado en el órgano de difusión ya indicado, Tomo 65, Primera Parte, Séptima Época, página 15, que es del tenor siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar las causas de improcedencia, cuyo análisis se realiza por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, en términos de los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo y, la tesis de jurisprudencia número ochocientos catorce, consultable en la página quinientos cincuenta y tres, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no le partes, cualquiera que sea la instancia". En ese sentido, el Secretario General de Gobierno, al rendir su informe con justificación refirió que no debió ser requerido en el presente juicio de amparo, en virtud de que, el acto que se le atribuye es únicamente el refrendo del Decreto Legislativo que contiene la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. En virtud de lo anterior, se considera que, tal como lo refiere la aludida autoridad, respecto de la misma, en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII , del artículo 61, en relación con el diverso 108, fracción III , ambos de la Ley de Amparo. Cierto, los referidos numerales establecen que el juicio de amparo es improcedente, cuando no se reclame por vicios propios el refrendo del decreto promulgatorio de una ley o su publicación; ahora bien, el acto atribuido al Secretario General de Gobierno del Estado de Jalisco, se hace consistir, precisamente, en el refrendo del Decreto Legislativo que contiene la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado; el cuales no es impugnado por vicios propios, por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61 multicitado, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo; y por tanto, procede decretar el sobreseimiento, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del acto que le atribuye al Secretario General de Gobierno del Estado de Jalisco. En otro orden de ideas, por lo que ve a los actos reclamados al Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al Comisario de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y al Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, consistentes en el auto de reposición de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, dictado en el procedimiento administrativo especial con número de expediente 010/2012, mediante el cual se instauró dicho procedimiento al hoy quejoso, el oficio CESP/CEECC/RI/NA/0268/2012, de cinco de junio de dos mil doce y el reporte de evaluación integral con número de folio 3010, de fecha quince de febrero de dos mil doce, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia a que refiere el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. El artículo que se estima actualiza el motivo manifiesto e indudable de improcedencia de que se trata, es del tenor siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)". . Así, conforme al contenido de las porciones normativas trascritas, se puede establecer que la causa de improcedencia que nos ocupa, tiene como finalidad la de preservar lo que comúnmente se denomina cosa juzgada, por lo que tiende a evitar la promoción de nuevos juicios constitucionales planteados por el mismo quejoso con idéntico objetivo. Por ende, el juicio de amparo resulta improcedente, cuando los actos reclamados fueron materia de una ejecutoria o determinación en otro juicio de la misma naturaleza, siempre que haya además identidad de quejoso, autoridad responsable y acto reclamado, sin importar que las violaciones alegadas sean diversas; por ello, la hipótesis que nos ocupa utiliza la expresión "materia de una ejecutoria", para establecer así que se refiere a juicios completamente terminados. La institución de "la cosa juzgada" es necesaria porque otorga estabilidad, seguridad y firmeza de las relaciones jurídicas porque impide que se abra y, por consiguiente, se analice nuevamente una controversia previamente resuelta. El citado principio entonces, impide que en una segunda ocasión se realice el análisis de cuestiones litigiosas que ya fueron motivo de decisión en un amparo. En la especie, la parte quejosa señaló como actos reclamados, consistentes en el auto de reposición de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, dictado en el procedimiento administrativo especial con número de expediente 010/2012, mediante el cual se instauró dicho procedimiento al hoy quejoso, el oficio CESP/CEECC/RI/NA/0268/2012, de cinco de junio de dos mil doce y el reporte de evaluación integral con número de folio 3010, de fecha quince de febrero de dos mil doce. Así es, según información publicada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) misma que se invoca como hecho notorio, en términos de la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, se evidencia que el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, dictó sentencia en el amparo en revisión 195/2017, del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante la cual confirmó la diversa de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, dictada en los autos del juicio de amparo 564/2016, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, promovido por Juan Antonio Gutiérrez Orozco, en contra de: "[.] a) El Oficio CESP/CEECC/RI/NA/0268/2012. b) Reporte de evaluación integral folio número 3,010 (tres mil diez). c) Acuerdo emitido el veintidós de febrero de dos mil dieciséis en autos del procedimiento administrativo especial 010/2012. [.]" Sumario en el cual por un lado se sobreseyó en el juicio de amparo, y por otro se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. De lo anterior se hace patente que, como se adelantó, los actos aquí reclamados consistentes en el auto de reposición de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, dictado en el procedimiento administrativo especial con número de expediente 010/2012, el oficio CESP/CEECC/RI/NA/0268/2012, de cinco de junio de dos mil doce y el reporte de evaluación integral con número de folio 3010, de fecha quince de febrero de dos mil doce, ya fueron materia de examen por el Juez Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en el amparo indirecto 564/2016, de su índice, cuya resolución incluso fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, en el amparo en revisión 195/2017; por tanto, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado en ese juicio de amparo ya fue materia de una ejecutoria. Ello es así, al tomar en consideración que la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 564/2016, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, fue promovida por Juan Antonio Gutiérrez Orozco, y señaló como actos reclamados el auto de reposición de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, dictado en el procedimiento administrativo especial con número de expediente 010/2012, el oficio CESP/CEECC/RI/NA/0268/2012, de cinco de junio de dos mil doce y el reporte de evaluación integral con número de folio 3010, de fecha quince de febrero de dos mil doce. En tal virtud, lo resuelto en el juicio de amparo 564/2016, no puede ser materia de diverso juicio de amparo, toda vez que se trata de una cuestión firme, es decir, al respecto de la cual existe cosa juzgada, en términos de lo dispuesto por el artículo 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, según lo previene el numeral 2o. de la Ley de Amparo, por lo que variar lo determinado alteraría la fuerza de esta determinación, pues lo decidido se erige como verdad legal y no puede estar sujeto a discusión ni mucho menos reexaminarse, porque ello equivaldría a vulnerar la inmutabilidad de los efectos de una resolución cuya observancia es de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía y las razones jurídicas que la sustentan, la jurisprudencia, Consultable en la foja 91, tomo 181-186 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Asimismo, es aplicable la tesis publicada en la página cuarenta y uno, Primera Parte, Tomo XCIX, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso." Por tanto, en el presente asunto, resulta evidente que por lo que respecta a los actos reclamados consistentes en el auto de reposición de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, dictado en el procedimiento administrativo especial con número de expediente 010/2012, el oficio CESP/CEECC/RI/NA/0268/2012, de cinco de junio de dos mil doce y el reporte de evaluación integral con número de folio 3010, de fecha quince de febrero de dos mil doce, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, al actualizarse la figura de cosa juzgada, y por ende, se sobresee en el presente juicio de amparo. En otro orden de ideas, por lo que ve a los actos reclamados consistentes en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, en específico, sus artículos 132, 135 y 136, fracciones II y IV, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XIV , de la Ley de Amparo, mismo que se relaciona con los diversos 17 y 18 del citado cuerpo de leyes. Así es, la causa de improcedencia de que se trata, regula una presunción, que deriva del hecho de que cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad y tiene la posibilidad de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esa conducta revela una conformidad tácita con el acto. Conforme a lo anterior, no pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, aquellos actos que se consideran consentidos tácitamente porque no se reclamaron en la vía constitucional dentro de los plazos que la propia ley señala, esto es, dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos y, excepcionalmente, en los plazos previstos en los supuestos establecidos en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia. Los asertos precisados encuentran apoyo, por identidad de razón, la tesis publicada en la página 364 del Tomo IX, Junio de 1992, Octava Época, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." De igual forma, conviene destacar que, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de garantías, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Esto es, conforme a los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. En ese sentido, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. De igual manera, conviene destacar que el artículo 17 de la Ley de Amparo, de forma general, establece el plazo para promover el juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta. Por tanto, la esencia de los referidos artículos 17 y 18, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de garantías, el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Corrobora lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 115/2010, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación en el tomo XXXIII de Enero de 2011, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En atención a lo anterior, del contenido del escrito de demanda de amparo, queda en evidencia que la parte quejosa manifestó que tuvo conocimiento del primer acto de aplicación de los preceptos legales reclamados el veintisiete de octubre de dos mil veinte, con la notificación de la resolución de veinte de octubre del referido año, practicada por este órgano jurisdiccional al momento de hacer del conocimiento del quejoso el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria del amparo indirecto 536/2019, del índice de este juzgado de Distrito; sin embargo, de las constancias que integran el sumario en que se actúa, se evidencia que los numerales en comento le fueron aplicados al impetrante desde el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, con el dictado del acuerdo de reposición recamado, en los autos del procedimiento especial de origen, mismo que, como se adelantó, fue impugnado mediante el amparo indirecto 564/2016, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el cual fue promovido mediante escrito presentado en la entonces Oficina de Correspondencia Comín de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, lo que pone de manifiesto que al menos desde esa fecha tuvo conocimiento del primer acto de aplicación de los numerales reclamados, y por tanto, estuvo en posibilidad de impugnarlos con el citado juicio de amparo 564/2016; por consiguiente, es dicha data la que debe tomarse en consideración a efecto de computar la oportunidad con que se promovió la demanda. En esa virtud, y si se parte de la premisa de que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos que constituyen el primer acto de aplicación de los artículos impugnados, al menos, desde el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, el término de quince días para acudir a la presente instancia constitucional, empezó a correr a partir del día siguiente hábil a aquella data, esto es, el veinticinco de febrero siguiente, y feneció el dieciséis de marzo del referido año, descontándose los días veintisiete y veintiocho de febrero, cinco, seis, doce y trece de marzo de dos mil dieciséis, por ser sábados y domingos. Lo anterior, en virtud de que en la especie, se actualiza la segunda de las hipótesis previstas por el multicitado numeral 18 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que si fue hasta el día diecinueve de noviembre de dos mil veinte, cuando se presentó de manera electrónica la demanda que motivó el presente juicio de garantías, es de concluirse que la misma es extemporánea, ya que transcurrió con exceso el término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo para su presentación; y por ello, se estiman consentidos tácitamente los actos mencionados, actualizándose la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues, se insiste, el quejoso estuvo en posibilidad de impugnar los numerales reclamados con el juicio de amparo indirecto 564/2016, del Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número VI.2o. J/21, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en página doscientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, agosto de 1995, Novena Época, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Así, como la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, visible en página trescientos setenta y dos, tomo I, segunda parte-1, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "JUICIO DE AMPARO EXTEMPORÁNEO, ES IMPROCEDENTE. El juicio de amparo, en el caso, resulta improcedente cuyo estudio es preferente, sea que las partes lo aleguen o no, por ser una cuestión de orden público. De autos aparece que la sentencia combatida fue notificada a las partes por lista, el cuatro de abril del año retropróximo surtiendo sus efectos el día seis siguiente y la demanda de amparo de que se trata fue presentada ante el tribunal responsable el día catorce de mayo del mismo año, según se advierte en el sello recibidor y de la constancia que en el mismo aparece; se advierte, por tanto, que resulta extemporánea la demanda de amparo, por presentarse después de los quince días que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse la invocada causa de improcedencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, por lo que ve a los actos reclamados consistentes en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, en específico, sus artículos 132, 135 y 136, fracciones II y IV. En otro orden de ideas, las autoridades responsables pertenecientes a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, al momento de rendir su informe justificado, refirieron que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues al efecto alegan que los actos reclamados se emitieron en cumplimiento a la ejecutoria del amparo indirecto 536/2019, del índice de este órgano jurisdiccional. Resulta infundada la aludida afirmación. Es así, toda vez que basta imponerse del contenido de la sentencia emitida en el sumario de mérito, para advertir que en ésta, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el siguiente efecto: "En esas condiciones, procede conceder la protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable, de inmediato proceda a la elaboración de la resolución dentro del procedimiento administrativo especial 10/2012, para así respetar y cumplir lo que la garantía en cuestión exige y, por ende, resarcir al impetrante de garantías en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. [.]" En ese sentido, aunque es verdad que en el aludido sumario se concedió la protección constitucional para el efecto de que la autoridad responsable procediera a la elaboración de la resolución dentro del procedimiento administrativo especial 10/2012, lo cierto es que en dicha sentencia no se determinó sentido alguno en el cual la misma debiera ser emitida; es decir, de manera implícita se otorgó plenitud de jurisdicción. Por tanto, si en la resolución de veinte de octubre de dos mil veinte, emitida en el multicitado procedimiento especial la autoridad responsable determinó el cese del quejoso en el cargo que veía desempeñando como elemento operativo en la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, puede concluirse que el sentido de la referida resolución no fue emitido en cumplimiento del mencionado juicio de amparo; de ahí lo infundado de la causa de improcedencia en estudio. Al no advertir que se actualice alguna de las causales de improcedencia propuestas, lo conducente es analizar la constitucionalidad del referido acto. QUINTO. Conceptos de violación. En el presente caso no se transcriben los conceptos de violación, por no exigirlo algún precepto de la Ley de Amparo, además de que con ello no se deja en estado de indefensión al impetrante. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página ochocientos treinta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Estudio del fondo del asunto. Cabe señalar que de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, opera el principio de suplencia de la queja en favor del imperante de amparo pese a que la relación que mantiene con las autoridades responsables es de naturaleza administrativa al ser un elemento de seguridad pública; sin embargo, dicha relación en el ámbito de procedimientos de separación se suscita en un vínculo de subordinación respecto del patrón que es el propio Estado y el elemento en cita. Sirve de apoyo la jurisprudencia: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPARACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA. El precepto referido establece que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo; mandato que debe interpretarse como una ampliación del ámbito de tutela de esta institución en favor de todos los trabajadores, con independencia de la naturaleza de su relación con la parte patronal, lo cual incluye a los miembros de los cuerpos de seguridad pública, por ser personas al servicio del Estado. Así, esta interpretación resulta acorde con el núcleo de protección de la figura de la suplencia de la queja deficiente, pues si lo que con ella se pretende es salvaguardar los derechos de la clase trabajadora, posicionándolos en un plano de igualdad material frente al ejercicio de la labor jurisdiccional, es claro que dicha razón se surte igualmente tratándose de los miembros de las instituciones de seguridad pública, pues en este caso también se encuentran en una relación de subordinación donde la parte patronal, en principio, encuentra mayores facilidades para hacer valer sus pretensiones en juicio, máxime cuando, como en el caso, se trata del propio Estado". (Época: Décima Época. Registro: 2014203. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 7/2017 (10a.). Página: 12). «Esta tesis se publicó el viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 15 de mayo de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013». Sentado lo anterior, debe decirse que los conceptos de violación formulados resultan ineficaces por un lado y fundados por el otro. Así es, en el motivo de inconformidad identificado con el inciso j) de su demanda de amparo, el quejoso aduce que los actos reclamados son inconstitucionales, ya que las facultades de las autoridades municipales responsables para incoar y substanciar el procedimiento de separación, se encontraban prescritas de conformidad con el artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. Dicho concepto de violación es inoperante. Para evidenciar lo anterior, resulta necesario indicar algunos antecedentes de los actos reclamados: I. Mediante oficio CESP/CEECC/RI/NA/0268/2012, el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, informó al Presidente Municipal de Tlaquepaque, Jalisco, el resultado no aprobatorio de la parte quejosa JUAN ANTONIO GUTIÉRREZ OROZCO. II. Mediante acuerdo de siete de septiembre de dos mil doce, el quejoso fue encausado al procedimiento administrativo 010/2012. III. Seguido el procedimiento administrativo por el resto de sus etapas, el seis de marzo de dos mil catorce, se dictó resolución final en la que se determinó que la parte quejosa no acreditó la totalidad de requisitos de permanencia, por lo que decretó su remoción con efectos de destitución y/o cese como Policía Tercero adscrito a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. IV. Inconforme con lo anterior, el propio garantista promovió juicio de amparo indirecto, mismo que quedó registrado con el número 761/2014, del índice de este órgano jurisdiccional, y el cual se hace valer como hecho notorio, en el que hizo valer los siguientes conceptos de violación: IV.I. Prescripción de las facultades sancionatorias; ello, con fundamento en el artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. IV.II. Omisión de pronunciamiento sobre la excepción de caducidad; tal y como fue solicitado vía escrito presentado el tres de junio de dos mil trece. IV.III. Indebida fundamentación y motivación. IV.IV. Ilegalidad de la prueba poligráfica practicada en los exámenes de evaluación y control de confianza fundatorios de la causa administrativa. IV.V. Irretroactividad de la ley; toda vez, que resulta inaplicable la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. IV.VI. Violación al principio de congruencia. IV.VII. Contravención a la garantía de audiencia y defensa. V. En dicho juicio constitucional, el once de agosto de dos mil catorce, se determinó, en lo que aquí interesa, lo siguiente: "En ese mismo orden de ideas es infundado el concepto de violación en el cual, aduce el quejoso, que la resolución reclamada es contraventora de derechos fundamentales en la medida que, la autoridad responsable al emitir sentencia en los autos del expediente número 010/2012, no se pronunció de manera oficiosa respecto a la figura jurídica de la prescripción, ya que, indica, de la conducta imputada tuvo conocimiento desde el treinta y uno de agosto de dos mil doce y se le inició procedimiento hasta el seis de marzo de dos mil catorce, por tanto, fue sustanciado fuera de los términos y sin respetar los plazos establecidos, cuando ya habían fenecido sus facultades. Precisado lo anterior, y a efecto de evidenciar lo infundado de los planteamientos, resulta oportuno destacar los artículos del 118 al 126, relativos al "capítulo IV" denominado del procedimiento de responsabilidad administrativa, así como los diversos del 129 al 141, correspondientes al "capítulo V" -de la separación-, todos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, los que por su orden, dicen: "Capítulo IV Del procedimiento de responsabilidad administrativa Capítulo Único Iniciación, instrucción y resolución del procedimiento Artículo 118. Cuando un elemento operativo incurra en alguno de los supuestos previstos en el capítulo anterior de la ley, se realizará el presente procedimiento. Artículo 119. El procedimiento lo conocerá la instancia instructora competente y lo resolverá la Comisión de Honor y Justicia o su equivalente y en casos de excepción el Presidente Municipal. Para el caso del personal ministerial y pericial conocerán los órganos de control interno de las instituciones de procuración de justicia en que se encuentren adscritos. La resolución será emitida por el titular de la dependencia correspondiente. Artículo 120. El procedimiento se iniciará de oficio o por denuncia con la correspondiente notificación al elemento operativo de que se ha instaurado en su contra el mismo, haciendo de su conocimiento lo siguiente: a) La conducta que se le atribuye; b) La sanción que en su caso podría ser impuesta; c) El plazo que tiene para apersonarse al procedimiento, que será de cinco días hábiles; d) Así como las pruebas que existen en su contra; e) El derecho de ofrecer y desahogar probanzas, así como alegar a su favor, y f) Deberá señalar domicilio en el lugar donde se instaura el procedimiento para recibir notificaciones o correo electrónico, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, éstas le serán notificadas por estrados, incluyendo la resolución definitiva. Lo anterior con la finalidad de que se encuentre en posibilidades de ejercer su garantía de audiencia y defensa dentro del procedimiento. La prescripción para interponer la denuncia o iniciar el procedimiento de oficio a que se refiere este artículo, será de un año a partir de la fecha en que se cometió la conducta. En el caso de no apersonarse dentro del término establecido para ello, se tendrán por ciertos los hechos que se le atribuyen, y por perdido el derecho a ofrecer y desahogar pruebas, así como realizar alegatos. En el procedimiento no será admitida la prueba confesional a cargo de la autoridad mediante absolución de posiciones, ni incidente alguno; la valoración de las pruebas será conforme al código supletorio del presente procedimiento. En el caso de la prueba testimonial, cuando los testigos sean servidores públicos de la dependencia serán citados por la instancia que instruya el procedimiento; en el caso de que los testigos sean personas ajenas a la institución el oferente, deberá presentarlos el día y hora señalados para el desahogo de la diligencia; en caso de no presentarlos se le tendrá por perdido el derecho al desahogo de la prueba. Será supletorio para el presente procedimiento el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Artículo 121. Al iniciarse el procedimiento, si así conviene para la conducción y continuación de las investigaciones y cuando la falta lo amerite, la instancia instructora podrá determinar la suspensión o la reubicación provisional del servidor público sujeto a procedimiento de su función, cargo o comisión. La suspensión o reubicación regirá desde el momento en que sea notificada al interesado y cesará hasta que se resuelva en definitiva el procedimiento. Estas medidas de ninguna manera prejuzgan sobre la responsabilidad imputada. Si el servidor público suspendido o reubicado provisionalmente no resultare responsable de las faltas que se le atribuyen, será restituido en el goce de todos sus derechos desde el momento de la suspensión. Artículo 122. El elemento operativo en su escrito inicial de contestación expresará los hechos en que funde su defensa, debiendo acompañar las pruebas que considere pertinentes, para sustentar su defensa. Artículo 123. La institución de seguridad pública, dentro de los tres días hábiles, contados a partir del momento en que reciba el escrito, dictará acuerdo, en el que admitirá o desechará pruebas, y además señalará día y hora para la celebración de la audiencia para el desahogo de pruebas, así como para la formulación de alegatos, que deberá efectuarse dentro de los veinte días siguientes al en que se haya recibido el escrito de contestación del elemento operativo. (F. DE E., P.O. 24 DE ENERO DE 2013) En el mismo acuerdo se ordenará se notifique personalmente al elemento operativo, cuando menos cinco días de anticipación a la audiencia, con el apercibimiento de tener por cierto los hechos que se le atribuyen y por perdido el derecho del desahogo de pruebas admitidas, si no concurre a la audiencia sin causa justificada a juicio de la autoridad instructora. La autoridad instructora ordenará, en su caso, se giren los oficios necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o persona ajena al procedimiento y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en el cuerpo de leyes supletorio, y dictará las medidas que sean necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido, en caso de que no se reciba la documentación o información solicitada, antes del desahogo de la audiencia, se diferirá hasta en tanto se reciba la documentación solicitada, y la autoridad instructora girara oficios recordatorios respecto del requerimiento de la información. La autoridad instructora tendrá la facultad de recabar los medios de prueba que estime necesarios, ya sea antes de iniciar el procedimiento o bien durante el mismo, para mejor proveer. La autoridad instructora tendrá la facultad de realizar la certificación de las actuaciones del presente procedimiento, quien podrá delegar dicha atribución a quien se designe para ese efecto conforme a su reglamento. Los particulares y autoridades estarán obligados a proporcionar la información estrictamente necesaria para la instrucción del procedimiento, sin que opere la invocación del deber de reserva o confidencialidad. Cuando por la naturaleza de las pruebas admitidas, la institución de seguridad pública considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando se reciban primero las del elemento operativo y después las de la institución de seguridad pública. Este periodo no deberá exceder de treinta días. Artículo 124. La audiencia de pruebas y alegatos a que se refiere el artículo 125 constará de dos etapas: a) De desahogo de pruebas, y b) De alegatos Artículo 125. La autoridad instructora citará a las partes a la etapa del desahogo de pruebas y alegatos, la que se desarrollará de la siguiente manera: a) Se procederá al desahogo de las pruebas; b) Concluida la etapa anterior, las partes procederán de inmediato a realizar los alegatos correspondientes, iniciando en primer término el elemento operativo, y c) Una vez realizados dichos alegatos se tendrá por concluida la audiencia y se reservarán las actuaciones correspondientes para resolver lo que a derecho corresponda. Artículo 126. Al concluir el desahogo de las pruebas se declarará cerrada la instrucción y una vez formulados los alegatos de las partes, dentro de los treinta días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución, que deberá contener: I. Un extracto del escrito inicial o de contestación del elemento operativo; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado, y V. Los puntos resolutivos. Una vez emitida la resolución, se notificará en el término de tres días hábiles al elemento operativo, haciendo de su conocimiento que contra la misma no existe recurso ordinario alguno que se haga valer ante la institución de seguridad pública. Capítulo V De la separación Artículo 129. La separación del servicio por el incumplimiento de los requisitos de ingreso o permanencia de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, traerá como consecuencia la cesación de los efectos de su nombramiento, sin responsabilidad para la institución, o cuando en el caso de los policías en los procesos de promoción concurran las siguientes circunstancias: I. Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción sin que haya participado en los mismos, o que habiendo participado en dichos procesos, no hubiere obtenido el grado inmediato superior que le correspondería por causas imputables a él; II. Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables, y III. Que del expediente del integrante no se desprendan méritos suficientes a juicio de la instancia instructora para conservar su permanencia. El reglamento respectivo de las instituciones de seguridad pública, regulará los supuestos establecidos en las fracciones anteriores. Artículo 130. Una vez que tenga conocimiento la instancia correspondiente de que el elemento operativo haya incumplido con cualquiera de los requisitos de ingreso o permanencia señalados por esta ley, se levantará el acta administrativa correspondiente donde se señalarán las circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto del incumplimiento, remitiéndola a la instancia instructora correspondiente, para que esta a su vez inicie el procedimiento de separación. El procedimiento de separación iniciará una vez que concluyan los procesos relativos a la permanencia de los elementos operativos, tratándose de la evaluación de control de confianza bastará que se haya obtenido resultado positivo en el examen toxicológico, en ese caso se iniciara de inmediato. Artículo 131. El procedimiento se iniciará de oficio por la institución de seguridad pública a la cual se encuentre adscrito. Artículo 132. Iniciado el procedimiento, se emplazará al denunciado para que comparezca a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de dos días hábiles posteriores a la notificación. En el escrito respectivo se le informará al denunciado de la infracción que se le imputa y se le correrá traslado del procedimiento, para que manifieste lo que a su derecho corresponda, debiendo señalar domicilio en el lugar donde se instaura el procedimiento para recibir notificaciones o correo electrónico, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, éstas le serán notificadas por estrados. Artículo 133. El elemento operativo, sujeto al presente procedimiento especial, actuará personalmente o por conducto de apoderado quien en todo caso deberá ser un abogado o licenciado en derecho con cédula profesional que lo acredite como tal para su legal defensa, en los términos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, el cual será supletorio para el presente procedimiento. Artículo 134. La audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo de manera ininterrumpida, en forma oral y será conducida por la institución de seguridad pública, debiéndose levantar constancia de su desarrollo. La autoridad instructora tendrá la facultad de realizar la certificación de las actuaciones del presente procedimiento, quien podrá delegar dicha atribución a quien se designe para ese efecto conforme a su reglamento. Artículo 135. En el procedimiento especial no serán admitidas más pruebas que la documental, la valoración de las pruebas será conforme al Código de procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, supletorio del presente procedimiento. Artículo 136. La falta de asistencia por parte del elemento operativo no impedirá la celebración de la audiencia en el día y hora señalados, la que se desarrollará en los siguientes términos: I. Abierta la audiencia, la autoridad hará del conocimiento al elemento operativo o apoderado las causas que se le imputan en una intervención no mayor de quince minutos, resumiendo el hecho que motivó la denuncia y la relación de las pruebas que existen en el procedimiento; II. Una vez hecho lo anterior se le dará el uso de la voz al elemento operativo o a su apoderado, en un tiempo no mayor a treinta minutos, para que responda a los señalamientos, ofreciendo las pruebas documentales que a su juicio desvirtúen la imputación que se realiza; III. La instancia de la institución de seguridad pública resolverá sobre la admisión de pruebas y acto seguido procederá a su desahogo, y IV. Concluido el desahogo de las pruebas, la Institución de seguridad pública concederá el uso de la voz al elemento operativo o apoderado para que alegue por una sola vez y en tiempo no mayor a quince minutos. Una vez hecho lo anterior, se tendrá por concluida la audiencia. Artículo 137. La institución de seguridad pública, una vez concluida la audiencia, tendrá un término de quince días hábiles para formular un proyecto de resolución y lo presentará a la instancia correspondiente, para su aprobación y firma. Artículo 138. Una vez emitida la resolución, se notificará en el término de tres días hábiles al elemento operativo, haciendo de su conocimiento que contra la misma no existe recurso ordinario alguno que se haga valer ante la institución de seguridad pública. Artículo 139. No procederá recurso o juicio ordinario contra las resoluciones que dicte la instancia correspondiente. Artículo 140. Al concluir el servicio activo el integrante deberá entregar al funcionario designado para tal efecto, toda la información, documentación, equipo, materiales, identificaciones, valores u otros recursos que hayan sido puestos bajo su responsabilidad o custodia mediante acta de entrega recepción. En caso de no presentarse, sin causa justificada, a la realización de las evaluaciones de control de confianza, del desempeño o conocimientos de la función, se iniciará el procedimiento de separación. Artículo 141. Si el tribunal de control constitucional a través del juicio correspondiente resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, la institución sólo estará obligada a pagar una indemnización de tres meses de salario, veinte días por año de servicio y partes proporcionarles de las prestaciones de gratificación anual, vacaciones, gratificaciones o cualquier otra establecida en los presupuestos correspondientes, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio ni el pago de salarios vencidos, cualquiera que sea el resultado del juicio en los términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". De los preceptos citados en primer orden (118 al 126) se advierte que el procedimiento administrativo de responsabilidad se iniciará, instaurará y resolverá cuando alguno de los elementos operativos incurran en alguno de los supuestos previstos en el capítulo tercero de la presente ley; que de dicho procedimiento conocerá a instancia instructora competente y lo resolverá la Comisión de Honor y Justicia o su equivalente y en casos excepciones el Presidente Municipal, instauración que será de oficio o por denuncia, haciendo del conocimiento del infractor la conducta que se le atribuye, la sanción que en caso podría ser impuesta, el plazo que tiene para apersonarse, el cual será de cinco días hábiles, las pruebas que existen en su contra, el derecho de ofrecer y desahogar probanzas entre ellas la testimonial (excepción la confesional de la autoridad) y se señalará el lugar donde se instaure el procedimiento. Se precisa que la prescripción para interponer la denuncia o iniciar el procedimiento de oficio a que se refiere este artículo, será de un año a partir de la fecha en que se cometió la conducta. El elemento operativo al presentar su escrito de contestación deberá manifestar los hechos en que funde su defensa debiendo adjuntar las pruebas que estime conducentes, y la autoridad respectiva tendrá un término de tres días hábiles para dictar el acuerdo respecto de la admisión o desechamiento de los medios de convicción ofertados, además señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, la cual deberá sustanciarse dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que se haya recibido el libelo de contestación. Concluido el desahogo de las pruebas se declarará cerrada la instrucción y una vez formulados los alegatos, dentro del término de treinta días siguientes se formulará el proyecto de resolución y que una vez emitida la resolución se comunicara al elemento operativo, haciendo de su conocimiento que no existe recurso alguno que se haga valer en contra de la dependencia responsable. En cambio, de la cita de los artículos del capítulo V, relativos a la separación (129 a 141), se observa que estos regulan el procedimiento respecto de los elementos de seguridad pública que hayan incumplido los requisitos de ingreso o permanencia, lo que trae como consecuencia la cesación de los efectos de su nombramiento, sin responsabilidad para la dependencia. Para tal efecto se estableció que una vez que la autoridad correspondiente tuviera conocimiento de que uno de sus integrantes incumplió con cualquiera de los requisitos de ingreso o permanencia, levantará el acta administrativa donde precisará las circunstancias de modo, tiempo y lugar del incumplimiento, remitiéndola a la instancia instructora correspondiente. El aludido procedimiento se iniciará de oficio una vez que concluyan los procesos relativos a la permanencia, pero bastará que se haya obtenido resultado positivo en el examen toxicológico, para que éste se instaure de inmediato. Una vez que inicie el procedimiento, se emplazará al elemento de seguridad pública para que comparezca a una audiencia de pruebas y alegatos, la cual tendrá verificativo dentro del plazo de dos días siguientes a la notificación. La referida audiencia será substanciada de forma ininterrumpida y oral, en la cual no podrán ser admitidas más pruebas que la documental. Luego, concluida la diligencia aludida la institución de seguridad pública contará con un plazo de quince días hábiles para la formulación del proyecto de resolución y lo presentará a la instancia correspondiente, para su aprobación y firma, la cual será notificada al evaluado, comunicándole que contra dicha decisión no procede recurso alguno. Finalmente, se prevé que si un tribunal de control constitucional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, la institución sólo estará obligada a pagar una indemnización de tres meses de salario, veinte días por año de servicio y partes proporcionales de las prestaciones de gratificación anual, vacaciones, etcétera; sin que en ningún caso proceda la reincorporación en el servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio. Lo anterior permite evidenciar que las afirmaciones del quejoso resultan incorrectas, toda vez que pretende destacar que prescribió la facultad de la autoridad administrativa responsable para iniciar el procedimiento de separación que se le instauró bajo el número 010/2012; ello con apoyo en el artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco; sin embargo, el aludido precepto se ubica dentro del capítulo IV, que prevé un procedimiento diverso al de separación. Se afirma lo anterior, pues el artículo 118 de la legislación en consulta, prevé que el procedimiento previsto en ese apartado se iniciará cuando alguno de los elementos operativos incurra en alguna de las hipótesis previstas en el capítulo tercero, las cuales se contemplan en el artículo 106, que dice: "Artículo 106. Son causales de sanción las siguientes: I. No prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas de algún delito, así como no brindar protección a sus bienes y derechos, de conformidad con el ámbito de su competencia; II. Infligir, tolerar y permitir actos de tortura, sanciones crueles, inhumanas y degradantes, aun cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; III. Desempeñar sus funciones, solicitando o aceptando compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente; IV. No preservar las pruebas e indicios de probables hechos delictivos del lugar de los hechos, o de faltas administrativas de forma de que se pierda su calidad probatoria y se dificulte la correcta tramitación del procedimiento correspondiente; V. Disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros; VI. No informar a su superior jerárquico, a la brevedad posible, las omisiones, actos indebidos o constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica. Tratándose de actos u omisiones de un superior jerárquico, deberá informarlo al superior jerárquico de éste; VII. Permitir que personas ajenas a la corporación realicen actos inherentes a las atribuciones que tenga encomendadas. Así mismo no podrá hacerse acompañar de dichas personas a realizar actos de servicio; VIII. Asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuesta y juegos, o prostíbulos u otros centros de este tipo, sino media orden expresa para el desempeño de funciones o en casos de flagrancia; IX. Desempeñar otro cargo, empleo o comisión de cualquier naturaleza en los gobiernos federal, del Distrito Federal, de los estados y municipios, así como trabajos o servicios en instituciones privadas, salvo los de carácter docente y aquellos que autorice el titular de la institución de seguridad pública, siempre que éstos no sean incompatibles con sus funciones dentro del servicio; X. Asistir a su servicio en estado de embriaguez o consumir bebidas embriagantes durante su servicio; XI. Consumir durante su servicio o fuera de éste sustancias narcóticas, psicotrópicas o estupefacientes salvo prescripción médica; XII. Abandonar, sin causa justificada y sin el consentimiento de un superior, el área de servicio asignada; XIII. Negarse a cumplir el correctivo disciplinario impuesto, sin causa justificada; XIV. Cometer actos inmorales o de corrupción durante su servicio; XV. Incurrir en faltas de probidad u honradez, o en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos en contra de sus superiores jerárquicos o compañeros, o contra los familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio; XVI. Desobedecer, sin causa justificada una orden recibida de un superior jerárquico; XVII. Hacer anotaciones falsas o impropias en documentos de carácter oficial, instalaciones, así como en los documentos de control de asistencia, firmar o registrarse por otro elemento operativo en los documentos de control de asistencia o permitir a otra persona suplantar su firma o registro en las mismas; XVIII. Revelar, sin justificación alguna, información reservada y confidencial relativa a la institución de seguridad Pública, y en general todo aquello que afecte la seguridad de la misma o la integridad de cualquier persona; XIX. Introducción, posesión o comercio de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, enervantes, narcóticos, o instrumentos cuyo uso pueda afectar la seguridad de la corporación; XX. Destruir, sustraer, ocultar o traspapelar intencionalmente documentos o expedientes de la institución de seguridad pública, así como retenerlos o no proporcionar información relacionada con su función cuando se le solicite por quien esté facultado legalmente para tal efecto; XXI. Sustraer u ocultar intencionalmente material, vestuario, equipo y en general todo aquello propiedad de la corporación, de sus compañeros y demás personal de la corporación; XXII. Causar intencionalmente daño o destrucción de material, herramientas, vestuario, equipo y en general todo aquello propiedad de la corporación, de sus compañeros y demás personal de la misma; XXIII. Negarse a cumplir con las funciones encomendadas por sus superiores o incitar a sus compañeros a hacerlo; XXIV. Hacer acusaciones de hechos que no pudiera comprobar en contra de sus superiores jerárquicos, de sus compañeros y demás personal de la corporación; XXV. Manifestar públicamente su inconformidad contra las políticas de las instituciones de seguridad pública en horario de servicio o con los implementos de trabajo; XXVI. Poner en peligro a los particulares o a sus compañeros por causas de imprudencia, descuido, negligencia o abandono del servicio; XXVII. No desempeñar sus labores dentro de los horarios establecidos, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sin sujetarse a la dirección de sus jefes y a las leyes y reglamentos respectivos; XXVIII. Poner ilícitamente en libertad a las personas que estuvieren a disposición de la autoridad o faciliten su fuga; XXIX. Portar el armamento y equipo a su cargo fuera del servicio, sin causa justificada; XXX. Aplicar a sus subalternos, en forma dolosa o reiterada, correctivos disciplinarios notoriamente injustificados; XXXI. Obligar a sus subalternos a entregarles dinero o cualquier otro tipo de dádivas, o no denunciar el hecho cuando tenga conocimiento del mismo; XXXII. Utilizar dentro del servicio vehículos sin placas, robados o recuperados o cuya estancia sea ilegal en el país; XXXIII. Disparar su arma de fuego de cargo sin causa justificada; XXXIV. No elaborar y registrar el informe policial homologado de acuerdo con los lineamientos legales establecidos, y XXXV. No presentar con oportunidad y veracidad la declaración de situación patrimonial ante los organismos competentes". Sin que de las referidas hipótesis se observe como causa de inicio del procedimiento previsto en el capítulo IV, el que el elemento operativo no hubiere aprobado los exámenes de evaluación y control de confianza, que fue el motivo por el cual se instauró el procedimiento que se cuestiona. Aunado a lo anterior, debe tenerse en consideración que la permanencia de los miembros de las instituciones de seguridad pública (policías en el caso que interesa), está condicionada, entre otras cuestiones, a la aprobación de los procesos de evaluación de control de confianza que practica el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, que tiene a su cargo la dirección, aplicación y calificación de los procedimientos de evaluación correspondientes, con sujeción a los criterios, normas procedimientos técnicos y protocolos que se establezcan para tales efectos en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin que tal aspecto constituya una de las causas previstas en el artículo 106 citado en párrafos que anteceden. Máxime que las causas de responsabilidades previstas en el numeral 106, traen como consecuencia que el elemento de seguridad pueda ser sancionado con: amonestación con copia al expediente, suspensión temporal, remoción o remoción con inhabilitación; en cambio en el procedimiento de separación la consecuencia es la destitución definitiva del elemento de seguridad pública. En ese orden de ideas, es indudable que la prescripción que se prevén en el artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, así como el desarrollo de la audiencia a que alude el 123 de la legislación en cita, no rigen para el procedimiento de evaluación a que alude el capítulo cinco transcrito con antelación. De ahí que el argumento planteado resulte infundado. [.] Con base en lo expuesto, se advierte que la responsable no cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento y, por ende, transgredió el derecho de seguridad jurídica al no otorgar correctamente el derecho de previa audiencia y defensa establecido en el artículo 14 constitucional, al inicio procedimiento administrativo número 010/2012. Ello es así, porque al servidor público, hoy quejoso, no le dio la oportunidad de fraguar adecuadamente su defensa en la audiencia respectiva, atento a que no se advierte que le hubieran informado, en el momento del emplazamiento al procedimiento, qué examen o exámenes no aprobó y con qué elementos de prueba se determinó lo anterior; téngase en cuenta, se insiste, que según el oficio CESP/CEECC/RI//NA/0268/2012 de cinco de junio de dos mil catorce, emitido por el Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, se informó que había obtenido un resultado de no aprobado en la evaluación de control de confianza que se le practicó para conservar su permanencia dentro de una institución de seguridad pública; empero, al igual que en el reporte integral, no le hizo saber el resultado de cada uno de los exámenes que se le practicaron en dicha evaluación y en cuáles de ellos no obtuvo un resultado satisfactorio que arrojara en su conjunto una calificación general de no aprobado y, siendo que con posterioridad a la audiencia prevista por el artículo 136 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, se le corrió traslado con los exámenes de que fue objeto. Es decir, se le privó de la oportunidad de desvirtuar los señalamientos que se le imputaban, así como los parámetros o mediciones con los cuales la responsable determinó que el impetrante de garantías resultó no aprobado para continuar en una institución de seguridad pública; máxime que de las documentales correspondientes al procedimiento materia del acto reclamado, no se advierte que obren dichas evaluaciones, menos, como se dijo, que se le hayan hecho del conocimiento al impetrante del amparo, lo que viola en su perjuicio sus derechos de seguridad jurídica previstos en el artículo 14 constitucional, en específico, de su derecho de audiencia y defensa. Al respecto se cita la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.- La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento", Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado" . Consecuentemente, se impone conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, para el único efecto de que la autoridad Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, deje insubsistente la resolución de seis de marzo de dos mil catorce y reponga el procedimiento administrativo de origen 010/2012, para el efecto de que le dé a conocer al quejoso de manera puntual todas y cada una de las pruebas que el quejoso no aprobó; hecho lo cual, continúe con las diversas etapas procesales". VI. Contra lo ahí determinado, tanto la parte quejosa como las autoridades municipales responsables interpusieron recurso de revisión, del que conoció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el toca número 21/2014; quien en sesión de doce de febrero de dos mil quince, confirmó la sentencia recurrida. VII. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades municipales emitieron el acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil quince, por el cual dejaron insubsistente la resolución de seis de marzo de dos mil catorce y ordenaron reponer el procedimiento. Por auto de cinco de marzo siguiente, este Juzgado de Distrito determinó que la ejecutoria de amparo había sido cumplida. Contra lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de inconformidad del que conoció el indicado Quinto Tribunal Colegiado de Circuito bajo el toca número 18/2015; quien, en sesión de once de junio posterior, lo declaró fundado. VIII. Por último, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, las autoridades municipales emitieron un nuevo acuerdo de reposición, mismo que constituyó el acto reclamado tanton en el juicio de amparo 564/2016, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, como en el sumario en que se actúa. Es decir, lo anterior evidencia lo inoperante de los conceptos de violación hechos valer, pues en el juicio de amparo 761/2014, del índice de este órgano jurisdiccional, se dio plena contestación al motivo de impugnación que hizo consistir en que las facultades de las autoridades municipales responsables para incoar y substanciar el procedimiento de separación natural, se encontraban prescritas de conformidad con el artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. Tan fue así, que en dicho sumario se consideró al indicado numeral como inaplicable al procedimiento de separación instaurado en contra de la parte quejosa. Anterior determinación, que no fue controvertida vía el recurso de revisión planteado por el garantista, por lo que se encuentra firme y surtiendo efectos legales; tal y como se justifica con el testimonio del aludido recurso, visible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ello con fundamento en la tesis: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES SI PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO LEGAL, CUANDO YA FUERON MATERIA EN UN JUICIO DE AMPARO ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, EN CONTRA DE LA MISMA AUTORIDAD RESPONSABLE Y DERIVADO DEL MISMO ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, en el amparo directo puede alegarse la inconstitucionalidad de algún precepto legal dentro de los conceptos de violación de la demanda; sin embargo, si el planteamiento de inconstitucionalidad respectivo ya fue hecho valer en un juicio de amparo anterior en el propio asunto y de él se ocupó el tribunal correspondiente, habiendo causado estado su sentencia, en un ulterior juicio de amparo el concepto de violación respectivo será inoperante, puesto que al respecto, si bien no existe cosa juzgada en cuanto a la ley, pues en amparo directo no se otorga o niega la protección federal en relación con la misma, sí se da el consentimiento relativo, respecto del planteamiento dirigido contra la ley, toda vez que la revisión en amparo directo habría procedido, en tanto que al desestimar el referido concepto y otorgarse un amparo para efectos, se le causaba un perjuicio al quejoso, ya que de prosperar su concepto de violación, referido a la ley, no habría sido para efectos, y de no prosperar en la sentencia dictada en revisión, habría quedado en pie la concesión del amparo para efectos que no habría sido materia de ese recurso". (Época: Novena Época, Registro: 196439, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, Materia(s): Común, Tesis: 2a. L/98, Página: 244). En otro contexto, resulta infundado el motivo de disenso en el que se aduce que, contrario a lo afirmado por la responsable en la resolución reclamada, en la especie, operó la caducidad que establece el artículo 29 bis, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, por haber transcurrido ciento ochenta días naturales contados a partir de la notificación de la última determinación en el procedimiento de origen, sin promoción alguna. Se afirma infundado dicho concepto de violación, pues si bien dicho numeral dispone que se da tal figura en cualquier estado del juicio, si transcurren ciento ochenta días naturales contados a partir de la notificación de la última determinación judicial sin promoción alguna, lo cierto es que basta imponerse de las constancias que integran el procedimiento de origen, para advertir que entre la actuación de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis (audiencia de pruebas y alegatos) y el dictado de la resolución reclamada (veinte de octubre de dos mil veinte), no existía etapa procesal alguna por desahogar, tan es así, que en dicho periodo únicamente se emitió el proveído de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, en el que la autoridad responsable dio contestación al escrito formulado por la el apoderado del hoy quejoso, en el que, precisamente, solicitó que se declarara que en el procedimiento de origen había operado la figura jurídica en cuestión. De lo anterior puede concluirse que el procedimiento administrativo especial 010/2012, se encontraba citado para el dictado de la resolución definitiva desde el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis. En esas condiciones, si la caducidad de la instancia prevista en el artículo 29-Bis, del Código Adjetivo Civil Local opera de pleno derecho, cualquiera que sea el estado del juicio, desde la notificación del primer auto que se dicte en el mismo hasta antes de la citación para sentencia, resulta evidente que contrario a lo afirmado por el quejoso, en el procedimiento de origen no había operado la figura procesal en comento, pues el dictado de la resolución definitiva no es un acto atribuible a las partes en el procedimiento de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la tesis 1a. CCLXXIX/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 264, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. EL ARTÍCULO 29 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. La caducidad de la instancia constituye una de las formas atípicas de terminación de un juicio por el incumplimiento de las partes a su carga procesal de sujetarse a los plazos y términos fijados por la ley; ahora bien, el artículo 29 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco que la prevé, no transgrede el derecho al debido proceso al estar establecida en una ley formal y material, emitida por el órgano competente para legislar en la materia; además, persigue una finalidad válida, consistente en evitar la existencia de litigios pendientes por tiempo indefinido, darles estabilidad y poner fin a su indecisión, para proteger los principios constitucionales de seguridad jurídica y de que la administración de justicia se realice en plazos razonables; además de ser una medida necesaria porque garantiza las finalidades perseguidas, en cuanto impone una sanción a las partes si no se ajustan a los plazos y términos que fijen las leyes, y es proporcional, pues sólo tiene aplicación en las instancias y etapas del juicio en las que es necesaria la intervención de las partes para aportar elementos al Juez para que continúe con el procedimiento, y no opera por el solo transcurso del tiempo ni por la inactividad del juzgador, además de que sólo extingue la instancia y no priva a las partes de iniciar un nuevo juicio en el que hagan valer sus derechos. Asimismo, ilustra lo expuesto, por analogía, la tesis III.2o.C.35 C, visible en la página 911, Tomo XI, Mayo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que a la letra dice: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. OPERA DESDE EL EMPLAZAMIENTO HASTA ANTES DE CITACIÓN PARA SENTENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). De conformidad con el artículo 29 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, que entró en vigor el primero de marzo de mil novecientos noventa y cinco, la caducidad de la instancia operará de pleno derecho, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el emplazamiento hasta antes de citación para sentencia. Una recta interpretación de dicho numeral, lleva a concluir que una vez citado el asunto para sentencia, termina el plazo para que se actualice dicha figura procesal. En ese orden, si en un caso se interpuso apelación contra la sentencia de primera instancia, y la Sala responsable, en el acuerdo mediante el cual se abocó al conocimiento de la sustanciación de alzada, entre otras cosas, confirmó la calificación de grado y ordenó reservar los autos a la vista de los Magistrados para dictar la resolución correspondiente, resulta incuestionable que ya no podía actualizarse la caducidad de la instancia, aun cuando la sentencia se hubiera pronunciado después del término que para la caducidad de segunda instancia establece la ley adjetiva civil local -ciento ochenta días- pues, en términos de lo establecido por el numeral antes citado, ese plazo ya no podía iniciar, por existir con anterioridad, citación para sentencia." Así como la tesis III.5o.A.74 A (10a.), visible en la página 2325, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. NO OPERA ANTE LA INACTIVIDAD PROCESAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, AL NO PONER LOS AUTOS A LA VISTA DE LAS PARTES PARA QUE FORMULEN POR ESCRITO SUS ALEGATOS, CON EFECTOS DE CITACIÓN PARA SENTENCIA, PUES NO ES ATRIBUIBLE A ÉSTAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 29-Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco -de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa de la entidad- establece que la caducidad de la instancia operará de pleno derecho, en cualquier estado del juicio, desde la notificación del primer auto hasta antes de la citación para sentencia, cuando transcurridos ciento ochenta días naturales contados a partir de la notificación de la última determinación judicial no hubiere promoción de alguna de las partes tendiente a la prosecución del procedimiento. Por su parte, el numeral 47 de la ley mencionada en segundo término, en lo que interesa, establece que la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, de oficio o a petición de parte, dictará un acuerdo en el que mande poner los autos a la vista de las partes para que, dentro del plazo de tres días, formulen por escrito sus alegatos, lo que, a su vez, constituye una citación para sentencia. En consecuencia, al no ser atribuible a las partes la inactividad procesal del órgano jurisdiccional, en ese aspecto, no opera la caducidad de la instancia en el juicio en materia administrativa." En otro orden de ideas, uno de los conceptos de violación restantes, resulta fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado. Cierto, asiste la razón al quejoso al afirmar que con la emisión de la resolución de veinte de octubre de dos mil veinte, se transgreden sus derechos fundamentales, toda vez que las autoridades responsables, no tomaron en consideración la totalidad de las manifestaciones formuladas por el representante del quejoso en la audiencia de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, en específico, en lo concerniente a la solicitud de que el hoy solicitante del amparo fuera sujeto a reevaluación, para estar en aptitud de acreditar que cumple con los requisitos de permanencia como elemento de una institución policial. Así es, la hoy parte quejosa en la audiencia de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, entre otras cosas, solicitó que se le tuviera insistiendo en ejercitar el derecho de la parte encausada a ser reevaluado por autoridad competente, para estar en aptitud de acreditar que cumple con los requisitos de permanencia como elemento de una institución policial. Por su parte, las autoridades responsables, al emitir la resolución reclamada fue omisa en pronunciarse en relación con dicha solicitud, fuese en sentido favorable o desfavorable, con lo que se violan los principios de congruencia y exhaustividad de las resoluciones; puesto que subsistía la obligación de las autoridades responsables consistente en pronunciarse respecto de la totalidad de las propuestas expresadas por el peticionario del amparo; aun y cuando fuera para considerar que a pesar de ello, igualmente resultaba improcedente la solicitud del quejoso, puesto que dicha cuestión debió exponerse expresamente, a fin de que el éste tuviera pleno conocimiento de las razones por las cuales no resultaba procedente ser reevaluado. Así es, los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en las resoluciones, en esencia, están referidos a que éstas sean congruentes no sólo consigo mismas, sino también con la litis, en este caso, la resolución impugnada y la solicitud formulada en la audiencia de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, en el sentido de que el hoy quejoso fuera sujeto a reevaluación. Además, obliga a que la autoridad se pronuncie sobre su procedencia o improcedencia atendiendo a la totalidad de las razones que al efecto fueron expuestas; puesto que es obligación de la autoridad resolver sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de las partes, sin introducir consideraciones ajenas que pudieran llevarlo a hacer declaraciones en relación con preceptos legales que no fueron impugnados. En esas condiciones, si las autoridades responsables, al momento de dictar la resolución de veinte de octubre de dos mil veinte, fueron omisas en pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de la viabilidad de la reevaluación del encausado; es evidente que no se pronunció respecto de la totalidad de las cuestiones específicas expresadas por el hoy quejoso en la audiencia de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis; por consiguiente, es obvio que incumplió con el principio de exhaustividad de las resoluciones. Efectivamente, para considerar satisfecho el principio en comento, las autoridades responsables debieron establecer, entre otras cosas, por qué en la especie no era procedente someter al encausado a una reevaluación, para estar en aptitud de acreditar que cumple con los requisitos de permanencia como elemento de una institución policial o en su caso declarar la procedencia de la misma. Consecuentemente, al resultar fundado el mencionado concepto de violación, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, es procedente conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables: a) Dejen insubsistente la resolución de veinte de octubre de dos mil veinte; b) En otra que dicte, reitere lo que fue desvirtuado en la presente sentencia, se pronuncie con plenitud de jurisdicción respecto a si es procedente o no someter al quejoso a reevaluación como lo solicitó en la audiencia de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, para estar en aptitud de acreditar que cumple con los requisitos de permanencia como elemento de una institución policial; c) Hecho lo cual resuelva con plenitud de jurisdicción el procedimiento administrativo especial 010/2012. En virtud de lo anterior, se hace innecesario el estudio del resto de los conceptos de violación, pues el motivo de inconformidad ponderado con anterioridad, es suficiente para otorgar al peticionario de amparo la protección de la Justicia Federal y el de mayor beneficio. Sirve de apoyo la jurisprudencia de registro 387680, consultable en el Informe 1982, Parte II, Séptima Época, página 8, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 75, 76 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Juan Antonio Gutiérrez Orozco, por conducto su apoderado Fernando Abel Macías Casillas, contra los actos del Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Comisario de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, Gobernador Constitucional, Congreso y Secretario General de Gobierno, todos del Estado de Jalisco, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Antonio Gutiérrez Orozco, contra el acto que reclamó del Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Comisario de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, por las razones y para los efectos precisados en el considerando último del presente fallo.
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