María Magdalena Navarrete Jaimes

Expediente 1103/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1103/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
22/11/2019

Partes del expediente

  • María Magdalena Navarrete Jaimes
  • María Magdalena Navarrete Jaimes y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    * Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo (fojas 38 a 40). En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto que sobresee fuera de audiencia, ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Luego, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica. *

  2. Principal

    Vista la razón levantada por el Actuario Judicial de la adscripción, en la que hace constar el motivo por el cual no le fue posible notificar a la quejosa ***************, el proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve (fojas 38 a 40), dictado en el presente juicio de amparo, por los motivos expuestos. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la notificación de mérito y las subsecuentes, hágansele por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano de control constitucional. En el entendido de que las que tengan el carácter de personal, se harán conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, hasta en tanto señale domicilio para los efectos referidos. 25 OCTUBRE 2019 Visto el oficio y anexo de cuenta signado por el Profesional Ejecutivo Encargado de la Representación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante el cual informa que en veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, quedaron debidamente inscritos los contratos de Enajenación que ingresó la quejosa María Magdalena Navarrete Jaimes, y el nueve de octubre de dos mil diecinueve, se les hizo entrega de los certificados parcelarios números 1036315, 1036319 y 1036320, anexando el acuse de recibo que así lo justifica; a lo cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. Ahora, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable anexa a su oficio de cuenta, se advierte se actualiza la causal de improcedencia que enseguida se analiza. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, María Magdalena Navarrete Jaimes, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos de la siguiente autoridad: AUTORIDAD RESPONSABLE: Encargado de Despacho de la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional. ACTO RECLAMADO: La omisión a inscribir el contrato de cesión de derechos parcelarios, celebrado en el Ejido Jocutla, Municipio de Quechultenango, Guerrero. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente reclama del Encargado de Despacho de la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad: La omisión a inscribir el contrato de cesión de derechos parcelarios, celebrado en el Ejido Jocutla, Municipio de Quechultenango, Guerrero. En ese sentido, este Juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, de las constancias que adjuntó a su oficio de cuenta el Profesional Ejecutivo Encargado de la Representación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, se desprende que el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, quedaron debidamente inscritos los contratos de Enajenación que ingresó la quejosa María Magdalena Navarrete Jaimes, y en nueve de octubre de dos mil diecinueve, se les hizo entrega de los certificados parcelarios números 1036315, 1036319 y 1036320, anexando el acuse de recibo que así lo justifica (fojas 35 a 37). Por tanto, la omisión que reclama la quejosa de la autoridad responsable, cesó en sus efectos, porque el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, quedaron debidamente inscritos los contratos de Enajenación que ingresó la quejosa María Magdalena Navarrete Jaimes, y en nueve de octubre de dos mil diecinueve, se les hizo entrega de los certificados parcelarios números 1036315, 1036319 y 1036320, anexando el acuse de recibo que así lo justifica; lo que trae como consecuencia, que los efectos del acto reclamado han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. En esa tesitura, al advertirse que cesaron los efectos del acto reclamado lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, por actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En consecuencia, como se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia antes citada, por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En las narradas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las once horas con treinta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve (foja 32). Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Visto el oficio y anexo de cuenta signado por el Profesional Ejecutivo Encargado de la Representación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante el cual informa que en veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, quedaron debidamente inscritos los contratos de Enajenación que ingresó la quejosa María Magdalena Navarrete Jaimes, y el nueve de octubre de dos mil diecinueve, se les hizo entrega de los certificados parcelarios números 1036315, 1036319 y 1036320, anexando el acuse de recibo que así lo justifica; a lo cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. Ahora, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable anexa a su oficio de cuenta, se advierte se actualiza la causal de improcedencia que enseguida se analiza. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, María Magdalena Navarrete Jaimes, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos de la siguiente autoridad: AUTORIDAD RESPONSABLE: Encargado de Despacho de la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional. ACTO RECLAMADO: La omisión a inscribir el contrato de cesión de derechos parcelarios, celebrado en el Ejido Jocutla, Municipio de Quechultenango, Guerrero. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente reclama del Encargado de Despacho de la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad: La omisión a inscribir el contrato de cesión de derechos parcelarios, celebrado en el Ejido Jocutla, Municipio de Quechultenango, Guerrero. En ese sentido, este Juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, de las constancias que adjuntó a su oficio de cuenta el Profesional Ejecutivo Encargado de la Representación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, se desprende que el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, quedaron debidamente inscritos los contratos de Enajenación que ingresó la quejosa María Magdalena Navarrete Jaimes, y en nueve de octubre de dos mil diecinueve, se les hizo entrega de los certificados parcelarios números 1036315, 1036319 y 1036320, anexando el acuse de recibo que así lo justifica (fojas 35 a 37). Por tanto, la omisión que reclama la quejosa de la autoridad responsable, cesó en sus efectos, porque el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, quedaron debidamente inscritos los contratos de Enajenación que ingresó la quejosa María Magdalena Navarrete Jaimes, y en nueve de octubre de dos mil diecinueve, se les hizo entrega de los certificados parcelarios números 1036315, 1036319 y 1036320, anexando el acuse de recibo que así lo justifica; lo que trae como consecuencia, que los efectos del acto reclamado han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. En esa tesitura, al advertirse que cesaron los efectos del acto reclamado lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, por actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En consecuencia, como se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia antes citada, por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En las narradas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las once horas con treinta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve (foja 32). Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    ** Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no es posible llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día en el presente juicio de amparo (foja 18 reverso), al considerar que la parte quejosa no tuvo tiempo suficiente para imponerse de las constancias remitidas con motivo del informe justificado rendido por el Encargado de la Representación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad (foja 27); ello con base en lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo; en esas condiciones, la audiencia constitucional de mérito, se difiere para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. *******

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