María Magdalena Morales Hernández
Expediente 312/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 37 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 312/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 21/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- María Magdalena Morales Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de quince días, a fin de que las partes quejosa y tercero interesada se inconformaran en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, respecto del auto de doce de marzo de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en autos; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho auto, ha quedado FIRME para todos los efectos legales. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18 inciso b), del acuerdo en cita, toda vez que se concedió la protección constitucional en el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por lo que deberá conservarse por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, el auto que puso fin al asunto y el acuerdo del archivo y demás actuaciones que se consideren necesarias. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se negó la suspensión provisional y definitiva; el original y duplicado del incidente de suspensión son DESTRUIBLES, con fundamento en la fracción II inciso a), del artículo 20 y diverso 21, inciso c) del referido acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dichos expedientes. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Notifíquese. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de David Jorge Siu Huerta, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN A LA PARTE TERCERA INTERESADA, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveídos de diecisiete de febrero y dos de marzo de la presente anualidad, para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, los cuales fueron notificados en forma personal, sin que hayan desahogado la vista; en consecuencia este órgano jurisdiccional procede a resolver de acuerdo a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta conveniente precisar que, en el presente sumario el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa María Magdalena Morales Hernández. Inconforme con lo anterior, la citada quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia aludida en el párrafo que antecede, el cual, mediante auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo por interpuesto, se notificó a las partes dicho medio de impugnación y se remitió el asunto a la Superioridad de instancia, mismo que quedó registrado con el número de revisión civil 547/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí. Posteriormente, por medio del proveído de veintiocho de agosto de dos mil veinte, se recibió el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del citado Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, mediante el cual envió los autos originales del juicio de amparo 312/2019 promovido por María Magdalena Morales Hernández, así como un tomo de pruebas y el testimonio de la ejecutoria que dictó en el amparo en revisión administrativa 547/2019, en cuyos puntos resolutivos determinó: "PRIMERO.- Se revoca la resolución recurrida. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a María Magdalena Morales Hernández, contra las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos señalados en la última parte de esta ejecutoria". Al respecto, es de precisarse que el referido tribunal revocó la sentencia sujeta a revisión y concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados por la quejosa para el efecto de que la autoridad responsable Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad: "1.- Deje insubsistente el emplazamiento efectuado por edictos a la demandada en el juicio de origen, y; 2.- Ordene reponer el procedimiento desde esa actuación, para seguir el juicio de conformidad con las leyes que lo rigen hasta su conclusión, y ordene el emplazamiento de la demandada, en los diversos domicilios que le fueron proporcionados." En atención a lo anterior, el Juez Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, informó la imposibilidad que tuvo para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ello, en virtud de que se excusó para seguir conociendo del juicio de origen, por lo que el mismo fue turnado al Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, y se registró con el número 678/2019 de su estadística. En ese contexto, a través del oficio SC-II-513/2020 de treinta de septiembre de dos mil veinte, el citado Juez Primero Civil, informó que dejó sin efecto el emplazamiento practicado por edictos, a la quejosa María Magdalena Morales Hernández, así como el auto de catorce de enero de dos mil cinco, dictado en los autos del juicio de génesis y ordenó la reposición del procedimiento a partir de dicho proveído, ordenando emplazar nuevamente a la quejosa de mérito en los domicilios que le fueron proporcionados, para lo cual giró exhortos a los Jueces Mixtos de Primera Instancia de Tamazunchale y Ciudad de Maíz, San Luis Potosí, así como al Juez del Ramo Civil en Turno, de la ciudad de San Luis Potosí, capital, lo cual se corrobora con las constancias que se sirvió acompañar mediante el diverso SC-II-607/2020 de tres de noviembre de dos mil veinte. Posteriormente, mediante la comunicación SC-II-90/2021, el mencionado juzgador adjuntó el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, en el que ordenó practicar el emplazamiento a la parte quejosa en el domicilio señalado en el presente sumario constitucional para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y remitió copia certificada de dicho emplazamiento. En ese contexto, con el oficio SC-II-144/2021 de veintiséis de febrero del año que transcurre, informó que la aquí quejosa María Magdalena Morales Hernández contestó la demanda de primera instancia promovida por la tercera interesada María del Socorro Galarza Villanueva, lo que se traduce a que fue debidamente emplazada al controvertido de origen. En consecuencia, de acuerdo a lo que prevé el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina que se ha dado cumplimiento al fallo protector, y que no existe exceso o defecto en ello; toda vez que el Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, se ajustó a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, sin modificarlos o cambiarlos, pues dejó insubsistente el emplazamiento efectuado por edictos a la demandada en el juicio de origen, ordenó reponer el procedimiento desde esa actuación para seguir el juicio de conformidad con las leyes que lo rigen hasta su total conclusión y ordenó el emplazamiento de la demandada en los diversos domicilios que le fueron proporcionados, tal como quedó asentado en párrafos precedentes. Conforme a lo anterior, es claro que se cumplieron los efectos de la concesión del amparo precisados con anterioridad, sin existir un defecto o exceso en la misma; por lo tanto, ha lugar a tener por cumplimentada la ejecutoria de mérito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 120/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, página 774, con número de registro 2005227, que dice: "INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y tercera interesada.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveídos de diecisiete de febrero y dos de marzo de la presente anualidad, para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, los cuales fueron notificados en forma personal, sin que hayan desahogado la vista; en consecuencia este órgano jurisdiccional procede a resolver de acuerdo a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta conveniente precisar que, en el presente sumario el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa María Magdalena Morales Hernández. Inconforme con lo anterior, la citada quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia aludida en el párrafo que antecede, el cual, mediante auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo por interpuesto, se notificó a las partes dicho medio de impugnación y se remitió el asunto a la Superioridad de instancia, mismo que quedó registrado con el número de revisión civil 547/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí. Posteriormente, por medio del proveído de veintiocho de agosto de dos mil veinte, se recibió el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del citado Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, mediante el cual envió los autos originales del juicio de amparo 312/2019 promovido por María Magdalena Morales Hernández, así como un tomo de pruebas y el testimonio de la ejecutoria que dictó en el amparo en revisión administrativa 547/2019, en cuyos puntos resolutivos determinó: "PRIMERO.- Se revoca la resolución recurrida. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a María Magdalena Morales Hernández, contra las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos señalados en la última parte de esta ejecutoria". Al respecto, es de precisarse que el referido tribunal revocó la sentencia sujeta a revisión y concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados por la quejosa para el efecto de que la autoridad responsable Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad: "1.- Deje insubsistente el emplazamiento efectuado por edictos a la demandada en el juicio de origen, y; 2.- Ordene reponer el procedimiento desde esa actuación, para seguir el juicio de conformidad con las leyes que lo rigen hasta su conclusión, y ordene el emplazamiento de la demandada, en los diversos domicilios que le fueron proporcionados." En atención a lo anterior, el Juez Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, informó la imposibilidad que tuvo para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ello, en virtud de que se excusó para seguir conociendo del juicio de origen, por lo que el mismo fue turnado al Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, y se registró con el número 678/2019 de su estadística. En ese contexto, a través del oficio SC-II-513/2020 de treinta de septiembre de dos mil veinte, el citado Juez Primero Civil, informó que dejó sin efecto el emplazamiento practicado por edictos, a la quejosa María Magdalena Morales Hernández, así como el auto de catorce de enero de dos mil cinco, dictado en los autos del juicio de génesis y ordenó la reposición del procedimiento a partir de dicho proveído, ordenando emplazar nuevamente a la quejosa de mérito en los domicilios que le fueron proporcionados, para lo cual giró exhortos a los Jueces Mixtos de Primera Instancia de Tamazunchale y Ciudad de Maíz, San Luis Potosí, así como al Juez del Ramo Civil en Turno, de la ciudad de San Luis Potosí, capital, lo cual se corrobora con las constancias que se sirvió acompañar mediante el diverso SC-II-607/2020 de tres de noviembre de dos mil veinte. Posteriormente, mediante la comunicación SC-II-90/2021, el mencionado juzgador adjuntó el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, en el que ordenó practicar el emplazamiento a la parte quejosa en el domicilio señalado en el presente sumario constitucional para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y remitió copia certificada de dicho emplazamiento. En ese contexto, con el oficio SC-II-144/2021 de veintiséis de febrero del año que transcurre, informó que la aquí quejosa María Magdalena Morales Hernández contestó la demanda de primera instancia promovida por la tercera interesada María del Socorro Galarza Villanueva, lo que se traduce a que fue debidamente emplazada al controvertido de origen. En consecuencia, de acuerdo a lo que prevé el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina que se ha dado cumplimiento al fallo protector, y que no existe exceso o defecto en ello; toda vez que el Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, se ajustó a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, sin modificarlos o cambiarlos, pues dejó insubsistente el emplazamiento efectuado por edictos a la demandada en el juicio de origen, ordenó reponer el procedimiento desde esa actuación para seguir el juicio de conformidad con las leyes que lo rigen hasta su total conclusión y ordenó el emplazamiento de la demandada en los diversos domicilios que le fueron proporcionados, tal como quedó asentado en párrafos precedentes. Conforme a lo anterior, es claro que se cumplieron los efectos de la concesión del amparo precisados con anterioridad, sin existir un defecto o exceso en la misma; por lo tanto, ha lugar a tener por cumplimentada la ejecutoria de mérito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 120/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, página 774, con número de registro 2005227, que dice: "INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y tercera interesada.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveídos de diecisiete de febrero y dos de marzo de la presente anualidad, para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, los cuales fueron notificados en forma personal, sin que hayan desahogado la vista; en consecuencia este órgano jurisdiccional procede a resolver de acuerdo a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta conveniente precisar que, en el presente sumario el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa María Magdalena Morales Hernández. Inconforme con lo anterior, la citada quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia aludida en el párrafo que antecede, el cual, mediante auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo por interpuesto, se notificó a las partes dicho medio de impugnación y se remitió el asunto a la Superioridad de instancia, mismo que quedó registrado con el número de revisión civil 547/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí. Posteriormente, por medio del proveído de veintiocho de agosto de dos mil veinte, se recibió el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del citado Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, mediante el cual envió los autos originales del juicio de amparo 312/2019 promovido por María Magdalena Morales Hernández, así como un tomo de pruebas y el testimonio de la ejecutoria que dictó en el amparo en revisión administrativa 547/2019, en cuyos puntos resolutivos determinó: "PRIMERO.- Se revoca la resolución recurrida. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a María Magdalena Morales Hernández, contra las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos señalados en la última parte de esta ejecutoria". Al respecto, es de precisarse que el referido tribunal revocó la sentencia sujeta a revisión y concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados por la quejosa para el efecto de que la autoridad responsable Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad: "1.- Deje insubsistente el emplazamiento efectuado por edictos a la demandada en el juicio de origen, y; 2.- Ordene reponer el procedimiento desde esa actuación, para seguir el juicio de conformidad con las leyes que lo rigen hasta su conclusión, y ordene el emplazamiento de la demandada, en los diversos domicilios que le fueron proporcionados." En atención a lo anterior, el Juez Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, informó la imposibilidad que tuvo para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ello, en virtud de que se excusó para seguir conociendo del juicio de origen, por lo que el mismo fue turnado al Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, y se registró con el número 678/2019 de su estadística. En ese contexto, a través del oficio SC-II-513/2020 de treinta de septiembre de dos mil veinte, el citado Juez Primero Civil, informó que dejó sin efecto el emplazamiento practicado por edictos, a la quejosa María Magdalena Morales Hernández, así como el auto de catorce de enero de dos mil cinco, dictado en los autos del juicio de génesis y ordenó la reposición del procedimiento a partir de dicho proveído, ordenando emplazar nuevamente a la quejosa de mérito en los domicilios que le fueron proporcionados, para lo cual giró exhortos a los Jueces Mixtos de Primera Instancia de Tamazunchale y Ciudad de Maíz, San Luis Potosí, así como al Juez del Ramo Civil en Turno, de la ciudad de San Luis Potosí, capital, lo cual se corrobora con las constancias que se sirvió acompañar mediante el diverso SC-II-607/2020 de tres de noviembre de dos mil veinte. Posteriormente, mediante la comunicación SC-II-90/2021, el mencionado juzgador adjuntó el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, en el que ordenó practicar el emplazamiento a la parte quejosa en el domicilio señalado en el presente sumario constitucional para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y remitió copia certificada de dicho emplazamiento. En ese contexto, con el oficio SC-II-144/2021 de veintiséis de febrero del año que transcurre, informó que la aquí quejosa María Magdalena Morales Hernández contestó la demanda de primera instancia promovida por la tercera interesada María del Socorro Galarza Villanueva, lo que se traduce a que fue debidamente emplazada al controvertido de origen. En consecuencia, de acuerdo a lo que prevé el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina que se ha dado cumplimiento al fallo protector, y que no existe exceso o defecto en ello; toda vez que el Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, se ajustó a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, sin modificarlos o cambiarlos, pues dejó insubsistente el emplazamiento efectuado por edictos a la demandada en el juicio de origen, ordenó reponer el procedimiento desde esa actuación para seguir el juicio de conformidad con las leyes que lo rigen hasta su total conclusión y ordenó el emplazamiento de la demandada en los diversos domicilios que le fueron proporcionados, tal como quedó asentado en párrafos precedentes. Conforme a lo anterior, es claro que se cumplieron los efectos de la concesión del amparo precisados con anterioridad, sin existir un defecto o exceso en la misma; por lo tanto, ha lugar a tener por cumplimentada la ejecutoria de mérito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 120/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, página 774, con número de registro 2005227, que dice: "INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y tercera interesada.
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